Ernestina Ruiz Tejeda

Expediente 542/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
542/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Ernestina Ruiz Tejeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada en autos, el cual se registró bajo el amparo en revisión administrativo 415/2023-I, de su índice. Atento a ello, se toma conocimiento de lo informado por el Tribunal oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, toda vez que la superioridad solicita se permita el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, a fin de consultar las constancias del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de que haga las modificaciones correspondientes a fin de hacer disponible el expediente electrónico al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, para que esté en aptitud de imponerse de las constancias relativas al presente juicio. Finalmente, hágase del conocimiento lo anterior al Tribunal de que se trata. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra debidamente integrado el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se ordena remitir al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en turno, el original del escrito de expresión de agravios, así como la copia correspondiente para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción; al cual se deberá acompañar el expediente original del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, once de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta signado por ********************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa ********************; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada en autos. En consecuencia, distribúyase entre las partes copia simple del escrito de expresión de agravios, y dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítanse los autos a la superioridad para su substanciación, acompañándole el escrito original de expresión de agravios y copia correspondiente. En su oportunidad, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente y córrase traslado a las partes con el escrito de agravios.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que al consultar las constancias que integran el juicio de amparo 461/2021-G, del índice de este órgano jurisdiccional, mismas que obran en copia certificada en el presente asunto, se obtiene lo siguiente: Que la demanda de amparo fue promovida por Ernestina Ruiz Tejeda y otros, contra actos del Congreso y Gobernadora del Estado de Baja California, así como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y Departamento de Nóminas y Pensiones y Jubilaciones de este último Instituto, todas con residencia en Mexicali, consistentes en la emisión y promulgación de los artículos 16, último párrafo, y 25, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta, y su aplicación. Que en sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal en favor de la citada quejosa, y otros, para los efectos ahí señalados; resolución que fue impugnada mediante recurso de revisión interpuesto por la delegada de la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Luego, por acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintidós, se agregó a los autos testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 273/2022 administrativo, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, mediante el resolvió confirmar la sentencia recurrida; de ahí que se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo. Seguidos los trámites de Ley, en proveído de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, se determinó que la ejecutoria de amparo había quedado cumplida sin excesos ni defectos; y, toda vez que la parte quejosa no interpuso dentro del término legal recurso de inconformidad en contra del citado auto, por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por consentido el mismo y se tuvo el asunto por totalmente concluido. Ahora, del escrito inicial de demanda que dio origen al presente juicio de derechos humanos 542/2023-B, se advierte que fue promovida por Ernestina Ruiz Tejeda, contra actos del Congreso y Gobernadora del Estado de Baja California, así como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, todas con residencia en Mexicali, consistentes en la emisión y promulgación de los artículos 16, último párrafo, y 25, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta, y su aplicación. Ahora bien, en el caso, la suscrita considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" Ahora bien, del análisis de la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se pone de manifiesto que a fin de que se actualice la misma, deben colmar dos elementos: a) Que se trate de leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; b) Que se trate de un caso que se encuentre en los términos de la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo; es decir, que el otro juicio de amparo en el cual se pronunció ya una ejecutoria, se trate del mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Esto es así, pues la aludida causa de improcedencia no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo y, al citar las disposiciones mencionadas, las fracciones que le preceden, se contraen exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Sobre la base expuesta, es evidente que los actos que pretenden combatir en esta instancia constitucional ya han sido materia de diverso juicio promovido por la misma quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XCV/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página mil ciento siete, libro 29, abril de dos mil dieciséis, de la décima época, cuyo rubro y texto son: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." Así también la tesis número V.2o.215K, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el del Semanario Judicial de la Federación, en la página doscientos cincuenta y seis, del tomo XIV, de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, con el siguiente rubro y texto: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTICULO 73, FRACCION IV, DE LA LEY DE AMPARO). La causa de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución." Así como la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en la página doscientos veinticinco, del tomo XII, de julio de mil novecientos noventa y tres, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. (FRACCION IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción a virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Es importante precisar que la cosa juzgada no sólo opera cuando en la sentencia de un diverso juicio de amparo se haya analizado la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino que también se actualiza por diversas circunstancias, tales como que se haya determinado la inatacabilidad de los mismos a través de un juicio de garantías. Esto, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues esta situación no puede ser desconocida en el nuevo juicio de amparo. Criterio que es de observancia obligatoria, en virtud de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultable en el Semanario Judicial de la Federación, en la página noventa y uno, del volumen 181- 186, tercera parte, correspondiente a la séptima época, que establece lo siguiente: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Por tanto, se advierte la actualización de la cosa juzgada, ya que el promovente pretende reclamar los mismos actos atribuidos a las mismas autoridades responsables, entre otra; situación que ya fue motivo de análisis en el juicio de amparo 461/2021-G, del índice de este órgano jurisdiccional, en el cual se dictó sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en favor de la aquí quejosa, entre otros, resolución que fue confirmada por la superioridad, llevándose a cabo el trámite para su cumplimiento, siendo que por acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, se determinó que la ejecutoria de amparo había quedado cumplida sin excesos ni defectos, pronunciamiento este último que se tuvo por consentido por diverso auto de veinticuatro de febrero del año en curso, al no haber sido recurrido por la parte quejosa dentro del término legal. Lo anterior, sin que se soslaye que en el presente asunto, la parte quejosa hubiere reclamado la misma normatividad que en el juicio de amparo en el juicio de amparo 461/2021-G, pero con motivo de un acto de aplicación distinto y de fecha posterior a aquélla en que quedó firme la sentencia en que se le otorgó la protección constitucional; sin embargo, al respecto cabe precisar que el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, al resolver el recurso de revisión 273/2022 administrativo, de su índice, determinó que la concesión del amparo implicaba que ésta se extendía a todas las normas y actos cuya validez dependiera de la norma invalidada, lo que se traducía en su inaplicación presente y futura en cuanto a la aquí quejosa y otros, a partir del último acto de aplicación y en el cual se sustentó la instauración del juicio constitucional en aquél asunto (veintisiete de mayo de dos mil veintiuno), al tratarse de actos de tracto sucesivo; consideraciones que indudablemente llevan a concluir, que dicha resolución amparatoria se extiende al acto de aplicación con base en el cual ahora se pretende reclamar la citada normatividad en este juicio de amparo, actualizando así la causa de improcedencia de cosa juzgada. De ahí que lo procedente sea decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de amparo. Sustenta dicha determinación, la tesis I.16o.T.7 K (10a.), visible en la página 2646, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Décima Época, Materia Común, emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Por lo tanto, queda sin efecto la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con veinte minutos del veintiséis de julio de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, y háganse las anotaciones de rigor el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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