Ernestina Payan Murillo
Expediente 491/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 43 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 491/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 17/11/2023
Partes del expediente
- Ernestina Payan Murillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Principal
Resolución interlocutoria Vistos, para resolver el incidente de insolvencia económica planteado por el quejoso Ernestina Payán Murillo, dentro del juicio de amparo 491/2023; y, Resultando Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito que se presentó el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado, Ernestina Payán Murillo, por propio derecho, promovió la demanda de amparo contra los actos y autoridades que, previa aclaración de su denominación, son las siguientes: Autoridades responsables Juez Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana. Actuarios Adscritos al Juzgado Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana. Juez Noveno de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana Actuarios Adscritos al Juzgado Noveno de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana. Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad de Tijuana, Baja California. Actos reclamados "IV.- ACTO RECLAMADO. Reclamo de las autoridades señaladas como responsables tanto ordenadoras y como ejecutoras la privación total o parcial, en forma temporal o definitiva, de mi propiedad, posesión y de todos aquello derechos relativos de propiedad que me concede nuestra Carta Magna por ser la suscrita la legítima propietaria del inmueble identificado como Porción de terreno que cuenta con una superficie de 9,888.761 metros cuadrados (Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Punto Setecientos Sesenta y Un Metros Cuadrados) el cual se ubica y forma parte de una Fracción del Terreno Rústico que forma parte del Rancho los Tecolotes situado al Sur de esta ciudad de Tijuana, Baja 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.74 Daniela Cecilia Félix Chávez California, porción de Terreno que se encuentra Inmerso en la superficie mayor del Polígono "Registralmente" Identificado como: Fracción de Terreno Rustico que forma parte del Rancho los tecolotes sitio al sur de esta ciudad, con una superficie de 241 Hectáreas (Dos Cientos % Cuarenta y Un Hectáreas) 5.1.80. metros cuadrados (dicho predio mayor en el cual se encuentra inmersa mi propiedad, se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad bajo Partida: Sección Sentencias, Tomo, 15, Inscripción 2779, de Fecha 30 de abril de 1958) inmueble del que la suscrita soy legítima propietaria por haberlo adquirido mediante Juicio de Prescripción Positiva con Sentencia Definitiva a mi favor, la cual fue dictada el 20 de abril de 2012, causando estado el 2 de octubre de 2012, dentro del Expediente 1680/2010 del Juzgado Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, lo que acredito con las copias certificadas de dicha sentencia, así como con la copia de recibo de pago de predial que de igual manera se encuentra a nombre de la suscrita, inmueble que arroja en base a la Sentencia dictada a mi favor y del Levantamiento que en copia simple anexo a la presente, los siguientes: lados, Rumbos, Distancias, Vértices, Ang. Int. y Coordenadas: Cuadro de Construcción Del Polígono Físico Sin Sobreposición Cuadro de Construcción Del Polígono Físico Sin Sobreposición LAD O RUMBO DISTA NCIA VER T. ANG.IN T COORDENADAS Y X 1-6 N 48º44,39? E 135.37 1 1 96º20´6 ? 3,591,133. 9319 499,339. 1395 6-7 S 51º55,24? E 23.209 6 100º40´ 2? 3,591,223. 1988 499,440. 9077 7-3 S 16º02,18? W 162.63 2 7 112º2´, 18? 3,591,208. 8858 499,459. 1771 3-4 N 67º36,49? W 27.799 3 83º39´7 ? 3,591,052. 5839 499,414. 2450 4-1 N 34º55,15? W 86.300 4 147º18´ 27? 3,591,063. 1711 499,388. 5414 SUPERFICIE=9,888.76 MTROS CUADRADOS Lo anterior debido a la FALTA DE EMPLAZAMIENTO al juicio ordinario civ 151/2021 del Juzgado Cuarto de lo Civil, así como al diverso 1854/2019 del Juzgad Noveno de lo Civil ambos del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y todas la actuaciones practicadas dentro de los expedientes antes mencionados, YA QUE LA SUSCRITA SOY LEGITIMA PROPIETARIA del inmueble identificado como Porción de terreno que cuenta con una superficie de 9,888.761 metros cuadrados (Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Punto Setecientos Sesenta y Un Metros Cuadrados) el cual se ubica y forma parte de una Fracción del Terreno Rustico que forma parte del Rancho los Tecolotes situado al Sur de esta ciudad de Tijuana, Baja California, porción de Terreno que se encuentra Inmerso en la 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.74 Daniela Cecilia Félix Chávez superficie mayor del Polígono "Registralmente" Identificado como: una Fracción de Terreno Rustico que forma parte del Rancho los Tecolotes sitio al sur de esta ciudad, con una superficie de 241 Hectáreas (Dos Cientos Cuarenta y Un Hectáreas 5.1.80. metros cuadrados (dicho predio mayor en el cual se encuentra inmersa mi propiedad, se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad bajo Partida: Sección Sentencias, Tomo 15, Inscripción 2779, de Fecha 30 de abril de 1958), por haberlo adquirido mediante Juicio de Prescripción Positiva con Sentencia Definitiva a mi favor. Segundo. Radicación. Este órgano jurisdiccional en proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, ordenó la formación del expediente impreso bajo el registro número 491/2023, admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional. Tercero. En proveído de dos de junio de dos mil veintitrés, se tuvo a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado; asimismo, se reconoció el carácter de tercero interesado a Perla Yadira Osuna Estrada y se ordenó su emplazamiento en los términos ahí planteados. Luego, en proveído de cuatro de julio de dos mil veintitrés, se ordenó agotar medios de localización y girar los oficios correspondientes a fin de que las diversas dependencias y empresas requeridas proporcionaran información para emplazar a la tercero interesada Perla Yadira Osuna Estrada; sin embargo, al obtenerse resultados desfavorables en los domicilios que se proporcionaron, en el proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó el emplazamiento de dicha tercero por medio de edictos a costa de la quejosa. Seguidamente, el seis de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte quejosa planteando el incidente de insolvencia económica para que este órgano jurisdiccional, determine si está o no en condiciones de sufragar el costo de los edictos a su costa, lo anterior, con la finalidad de emplazar a juicio a la tercero interesada mencionada y en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés se fijó fecha y hora para la audiencia incidental de que se trata la cual previo diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, así como por lo dispuesto por los artículos 107, fracciones X y XVII de la Constitución General de la República; Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019, emitidos por el Pleno del 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.74 Daniela Cecilia Félix Chávez Consejo de la Judicatura Federal; artículos 66 y 67 y demás relativos de la Ley de Amparo, en virtud que la incidencia planteada por la parte quejosa deriva del juicio de amparo 491/2023-A, que se está tramitando ante este órgano jurisdiccional. Sustenta lo anterior, por los motivos que la integran la jurisprudencia en materia civil, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, sexta época, volumen LX, cuarta parte, página 290, registro 818030, de rubro y texto: "INCIDENTES, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS. Es competente para conocer de los incidentes la autoridad que conoce del negocio principal, y si es competente un Juez de Distrito para conocer de los incidentes que del propio juicio deriven.". Segundo. La Ley de Amparo prevé que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero interesado y deba emplazársele mediante edictos a costa del quejoso, que este último tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos a fin de actualizar la excepción prevista en el citado artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren dicha condición social. Entonces, es dable concluir que para que el juzgador exceptúe al quejoso del pago de los edictos, debe tratarse de una persona de escasos recursos; condición económica que no sólo debe relatarse sino acreditarse, mediante los elementos de convicción que estime necesarios. Ahora bien, la parte quejosa mediante escrito presentado el seis de septiembre del año en curso, expresó la imposibilidad para sufragar los gastos de los mismos en los términos siguientes: "(...) SOY DE LAS PERSONAS CONSIDERADAS VULNERABLES POR SER DE LA TERCERA EDAD (lo que acredito con copia del mi acta de nacimiento, mi Clave Única de Registro de Población CURP y copia de mi INE) Y DE ESCASOS RECURSOS, situación de escasos recursos que su señoría podrá advertir como hecho notorio, ya que como se desprende de la Sentencia dictada en el Juicio ordinario Civil de Prescripción radicado en el Juzgado Quinto de lo Civil de este Partido Judicial bajo número de expediente 1680/2010, en la cual en los Resolutivos se me declara propietaria del inmueble que es materia del presente juicio de amparo y se ordena que con copia certificada de dicha sentencia deberá ser inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad para que la suscrita aparezca como propietaria de dicho inmueble ante la dependencia antes citada, PERO DEBIDO A MIS PROBLEMAS DE SALUD E INSOLVENCIA ECONOMICA NO ME HA SIDO POSIBLE INCRIBIR DICHA SENTENCIA ante dicha Dependencia Pública, para que mi propiedad fuera oponible a terceros, situación que dio lugar a la invasión a mi propiedad por parte de la aquí tercero interesada. 11. Así también, como se podrá percatar su señoría de los autos del cuaderno incidental 491/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, en fecha 1 de junio de 2023 a las nueve horas con quince minutos se celebró la audiencia incidental, en la cual se resolvió conceder a la suscrita la suspensión definitiva solicitada, fijándome a la suscrita como Garantía la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 pesos moneda nacional), cantidad monetaria que me ha sido imposible consignar ante este H. Juzgado Federal, por ser económicamente insolvente. 12. Así también, hago del conocimiento a su señoría que debido a mi edad avanzada no cuento con empleo razón por la cual no cuento con capacidad económica para sufragar el pago a mi costa de los edictos ordenados por su señoría para emplazar a la tercera interesada Perla Vadira Osuna Estrada mediante auto de fecha 23 de agosto de dos mil veintitrés y el cual me fue notificado el 24 del 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.74 Daniela Cecilia Félix Chávez mismo mes y año, ya que no cuento con recurso propios para pagar los edictos ordenados, ya que debido a mi edad y condición de salud estoy bajo el cuidado de mi hija y no cuento recursos propios y no cuento con ninguna otra propiedad siendo únicamente la que es materia del presente juicio de amparo, por lo que, para acreditar todo antes manifestado y de conformidad con artículo 17 Segundo Párrafo de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, es que solicito se giren atentos oficios al Registro Público de la Propiedad y el Comercio de esta ciudad y a la Dirección General de Catastro Municipal para efecto de que informen si la suscrita cuento con propiedades registradas a mi nombre, así también, en caso de ser necesario se gire atento oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para el efecto de que dicha dependencia realice una búsqueda en su base de datos de todas la Instituciones Bancarias o Financieras que forman parte de su base e informe a esta H. Juzgado si existen cuentas bancarias a nombre de la suscrita y ante la existencia de dichas cuentas bancarias se sirva a bien señalar dichos número de cuentas bancarias e interbancarias y a remitir los estados de cuenta bancarios. 13. Así mismo, manifiesto que los pocos recursos económicos que me son proporcionados por mi hija los ocupo en cuestiones relacionadas a mi salud, ya que debido a mi edad avanzada padezco de enfermedades como lo son DIABETES MELLITUS TIPO 2 bajo tratamiento e HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTEMIA en tratamiento desde hace 15 años de evolución, lo que acredito con copia de las documentales consistentes en los últimos Análisis Clínicos y Bacteriológicos realizados en el Laboratorio Klein y expedido por el Químico Farmacobiólogo Ana Griselda Valles Lizardo con Cédula Profesional 17743-02/09, Certificado Médico realizado en el Consultorio Médico Inmedica y expedido por la Doctora María José Guadalupe Vázquez Moreno Médico Cirujano y Partero con Cédula Profesional 6255514 y la Receta Médica expedida por el Doctor Ignacio Antonio Cantú Camargo, Médico Cirujano con Cédula Profesional 5675118, documentales que anexas adjunto a la presente (copias que se adjuntan ya que las originales ya obran dentro de los autos del presente juicio de amparo 491/2023). (...)" Y para acreditar su situación de insolvencia económica -en lo que aquí interesa- ofreció como pruebas lo siguiente: 1. Impresión digital de la Clave Única del Registro de Población (CURP) de la quejosa. 2. Copia simple de la credencial para votar y del de acta de nacimiento, ambas de la quejosa. 3. Constancia del resultado de análisis clínicos y bacteriológicos de trece de agosto de dos mil veintitrés a nombre de la quejosa. 4. Certificado médico de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés suscrito a nombre de la quejosa. 5. Receta médica de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés expedidas a nombre de la quejosa. 6. Copia certificada de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil de prescripción positiva 1680/2010 del índice del Juzgado Quinto de lo Civil, del Partido Judicial de esta ciudad. 7. Informe de autoridad del Registro Público de la Propiedad y Comercio, con residencia en esta ciudad, en el que refirió que no encontró registro alguno en su base de datos respecto de la quejosa. 8. Informe de autoridad del Director de Catastro Municipal del XXIV Ayuntamiento de esta ciudad. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.74 Daniela Cecilia Félix Chávez 9. Impresión del recibo de pago predial a nombre de la quejosa respecto del bien en controversia. Documentales a las que se otorga valor probatorio en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, dichas probanzas resultan insuficientes para acreditar la insolvencia económica de la directa quejosa para sufragar el pago de los edictos para emplazar a la parte tercero interesada, ya que con las primeras dos sólo se acredita que la quejosa es un adulto mayor. Respecto a la tercera, cuarta y quinta no existe certeza de su contenido, ya que no se advierte que éstas hayan sido ratificadas por sus suscriptores, dado que al ser documentales privadas tuvieron que haber sido perfeccionadas, lo cual no aconteció en el caso. Por lo que hace a las restantes probanzas, se acredita lo manifestado por la propia quejosa en su escrito de demanda, en el sentido de que es propietaria del bien materia del juicio de origen, el cual no se encuentra registrado en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio; además, que dicho bien Tributa ante Catastro Municipal a nombre de la quejosa y que tiene un adeudo del impuesto predial. De igual manera, la parte quejosa ofreció como prueba la copia simple de un contrato privado de cesión de derechos de veintitrés de junio de dos mil diez; no obstante, dicha documental, al ser exhibida "en copia fotostática simple", carece de valor probatorio pleno y sólo genera simple presunción de la existencia del documento que reproduce pero sin que sea bastante, para justificar el hecho que se pretende demostrar. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 3a. 18, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 379, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 207434, de rubro "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS." No pasa desapercibido por quien resuelve, que la parte quejosa ofreció el informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien manifestó a este juzgado la imposibilidad de informar respecto a lo solicitado, de lo cual se dio vista a la parte quejosa, quien fue omisa en manifestar algo al respecto, por lo que no se tiene certeza si la quejosa posee cuentas bancarias a su nombre. Además, de las actuaciones que integran el presente asunto se pone de manifiesto la capacidad para cubrir honorarios de abogados particulares (con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo); lo cual conduce a presumir que no se trata de una persona económicamente insolvente. Lo anterior, lleva a concluir que la quejosa no se ubica en el supuesto de excepción que establece la norma, a fin de que se le pueda otorgar un trato preferencial en cuanto a cubrir el costo de la publicación de edictos. Ello así, toda vez que el estado de "insolvencia" es una situación excepcional en el patrimonio de las personas que debe ser justificada si se afirma su existencia, lo que no hizo la parte quejosa, por lo que ante los datos que se desprenden de las pruebas que obran en autos, le correspondía a ella aportar las probanzas idóneas y suficientes para acreditar su insolvencia económica; ello, porque los medios de convicción son personales de la parte quejosa incidentista y sólo ella está en condiciones de exhibirlas. Al respecto se cita la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 390, del Tomo III, Abril de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se comparte y que dispone lo siguiente: "ESTADO DE INSOLVENCIA. DEBE ENCONTRARSE DEBIDAMENTE DEMOSTRADO EN AUTOS. El estado de 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.74 Daniela Cecilia Félix Chávez insolvencia por ser una situación excepcional en el patrimonio de las personas, debe encontrarse debidamente demostrado en autos; así pues, si existen constancias tendientes a demostrar aun de manera presuntiva que el deudor posee algunos bienes con los que pudiera sufragarse la deuda, ello es suficiente para que no se declare su insolvencia; ya que ésta no solamente tiene efectos en materia patrimonial, sino que también tiene consecuencias en materia penal, laboral y fiscal entre otras, atento a lo cual, dada la gravedad que implica, sólo puede llegarse a él cuando en autos no exista una sola probanza, que implique siquiera presuntivamente que se posean bienes que pudieran cubrir el adeudo de que se trate.". Por ende, si la parte quejosa no aportó diverso medio de convicción que demostrara su falta de capacidad económica para sufragar el pago de los edictos, le subsiste esa carga procesal, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en la administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, y en el caso, el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo. Apoya lo precisado, la jurisprudencia 22/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, Página: 24, de rubro y contenido siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.74 Daniela Cecilia Félix Chávez Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo." De ahí que al no haber demostrado la parte quejosa su situación de insolvencia o precariedad económica a fin de dispensar el pago de la publicación de edictos y solicitar el beneficio excepcional de que el Consejo de la Judicatura Federal absorba el gasto correspondiente, procede declarar infundado el incidente de insolvencia económica en términos del artículo 27, fracción III, incisos b) y c), de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 66 y 67 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. Resulta infundado el incidente de insolvencia económica planteado por la parte quejosa Ernestina Payán Murillo por las razones que se precisan en el considerando segundo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, hoy diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de juzgado que autoriza y da fe hoy diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe
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uicio de amparo 491/2023-F AUDIENCIA DE INCIDENTE DE INSOLVENCIA ECONÓMICA En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las doce horas con doce minutos dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia relativa al incidente de insolvencia económica, dentro del juicio de amparo 491/2023-F, estando en audiencia pública Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida de Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de juzgado que autoriza y da fe, se declara abierta sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria procede a relacionar las constancias que obran en autos siendo éstas: a) escrito inicial de demanda; b) auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que se admitió a trámite la demanda de amparo; c) auto de dos de junio de dos mil veintitrés, en el que se tuvo a la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Civil, con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe justificado y enviando adjuntas las constancias relativas al juicio de origen, por el que se tuvo por reconocido el carácter de tercero interesada a Perla Yadira Osuna Estrada; d) proveído de cuatro de julio de dos mil veintitrés, en el que se ordenaron los oficios de búsqueda y de domicilio de la tercero interesada en referencia; e) proveído de veintitrés de agosto del año en curso, en el que se ordenó el emplazamiento por edictos de la tercero interesada Perla Yadira Osuna Estrada; f) escrito a traves del cual la parte quejosa interpone 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.74 Daniela Cecilia Félix Chávez incidente de insolvencia económica y proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se apertura el incidente de insolvencia económica para que este órgano jurisdiccional, determine si la quejosa está o no en condiciones de sufragar el costo de los edictos a su costa, lo anterior, con la finalidad de emplazar a juicio a la tercero interesada en mención; g) informes rendidos por las autoridades auxiliares y los cuales fueron requeridos en el proveído de veintidós de septiembre del año en curso. A lo que la Juez acuerda: téngase por realizada la relación de constancias que antecede. Después, se declara abierto el periodo probatorio, en el cual, la Secretaria da cuenta con los informes rendidos por las autoridades requeridas en auto de quince de febrero de este año. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en los numerales 66 y 67 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales señaladas con anterioridad, las cuales se tienen por desahogadas debido a su propia y especial naturaleza, debiéndose tomar en consideración al resolver lo que en derecho corresponda. Seguidamente se declara cerrado el periodo probatorio. Enseguida, se abre el periodo de alegatos, en donde se hace que ninguna de las partes los formuló La Juez acuerda: Se tiene por hecha la manifestación realizada por la Secretaria y por precluido el derecho de las partes a formular alegatos; en consecuencia, toda vez que no obran alegatos pendientes por desahogar, se cierra el presente periodo. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.74 Daniela Cecilia Félix Chávez Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la interlocutoria que en derecho corresponda. _____________________ Martha Blake Valenzuela Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. _________________________ Daniela Cecilia Félix Chávez Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad.
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Tijuana, Baja California, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia para resolver el incidente de insolvencia económica se encontraba señalada para el día veintitrés de octubre del año en curso; sin embargo, mediante aviso de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, emitido por el Coordinador de Jueces de Distrito en Tijuana, Baja California, se informó que se declararon inhábiles los días del jueves diecinueve al martes veinticuatro de octubre del presente año, con motivo del paro Nacional convocado por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación a fin de ejercer el derecho a la protesta que les asiste a los servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales; por lo que no transcurrirán términos ni plazos procesales en los asuntos que se tramitan en los tribunales que encabezan los jueces de distrito de esta ciudad. En razón de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia para resolver el incidente de insolvencia económica señalada para el día veintitrés de octubre pasado y se fijan las doce horas con doce minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio enviado por la autoridad auxiliar Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en auto de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, hace del conocimiento su imposibilidad para rendir la información solicitada; por tanto, con su contenido dese vista a la parte quejosa por el término de tres días legalmente computados, a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga. En otro orden, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento la impresión del correo electrónico enviada por la autoridad auxiliar Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, toda vez que en esta fecha manifestó su imposibilidad para rendir el informe requerido. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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