Ernesto Contreras Mercado
Expediente 1037/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1037/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 07/03/2017
Partes del expediente
- Ernesto Contreras Mercado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de marzo de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia terminada de engrosar el diez de febrero de dos mil diecisiete, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales conducentes; háganse y las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. En ese orden, al Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Segunda de la Fiscalía Especializada en Combatir Delitos Relacionados con el Transporte Publico con Sede en Metepec, Estado de México, devuélvanse las constancias remitidas como complemento a su informe justificado. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario David Andrés Mata Ríos, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1037/2016-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Ernesto Contreras Mercado por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES. "A) PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. B) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA MESA DOS DE TRANSPORTE TOLUCA, CON SEDE EN METEPEC DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA PARA COMBATIR DELITOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO." ACTOS RECLAMADOS. "UNO. La omisión de las autoridades responsables de practicar todas las diligencias necesarias para formular imputación en contra de AUSTROBERTO LARA GARCÍA, por el delito de lesiones agravadas cometido en mi contra y de desahogar las diligencias que se practicarán con el enunciado de formular imputación correspondiente, ya que, a pesar de que informó a un Juez de Distrito que el dos de febrero de dos mil dieciséis solicito fecha para audiencia en la que formularía imputación, lo cierto es que, hasta la data actual, las citadas autoridades responsables permanecen sin practicar las diligencias correspondientes y mucho menos ha formulado la imputación en contra del mencionado AUSTROBERTO LARA GARCÍA." SEGUNDO. Derechos humanos violados. La parte quejosa señaló como derechos humanos violados, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del amparo. Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito, se registró con el juicio de amparo indirecto 1037/2016-I; y por auto de ocho de julio de dos mil dieciséis, se desechó la demanda. CUARTO. Recurso de Queja. Inconforme con la determinación anterior el ahora quejoso interpuso el recurso de queja 135/2016 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, resuelto el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, en el sentido de declararlo fundado. QUINTO. Admisión de la demanda. Mediante auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis, y en cumplimiento a la ejecutoria del Tribunal Colegiado, se admitió a trámite la demanda de amparo; asimismo, se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se señaló hora y día para la audiencia constitucional; la cual, previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Jugado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 51, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado es una omisión atribuida a una autoridad con residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito (Toluca, Estado de México). SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, tal como lo prevé el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo; realizando para tal efecto, un análisis conjunto de la demanda de garantías que atienda a lo que materialmente se pretende, tal y como lo ha dispuesto nuestro máximo Tribunal de la República. Es aplicable en este sentido, la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004 consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo se deduce que el quejoso reclama la omisión del Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa dos de transporte Toluca, con sede en Metepec de la Fiscalía Especializada para Combatir Delitos Relacionados con el Transporte en Toluca, Estado De México, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, de realizar las diligencias para formular imputación en contra de Austroberto Lara García. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Segunda de la Fiscalía Especializada en Combatir delitos relacionados con el Transporte Público Toluca, con sede en Metepec, Estado de México (foja 107) y el Procurador General de Justicia del Estado de México al rendir su informe justificado manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama; sin embargo de sus manifestaciones se advierte la existencia del acto reclamado, por tanto, se desvirtúa su negativa, pues a la fecha de presentación de la demanda se aprecia que aún no realizaba las diligencias para verificar la procedencia de formular imputación contra Austroberto Lara García. Al caso es aplicable, la tesis 9, consultable en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Tercera Parte, Séptima Época de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." CUARTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, antes que cualquier otra cuestión, en conformidad con lo dispuesto artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese tenor, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone la actualización del sobreseimiento si durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contendidas en el artículo 61 del cuerpo legal mencionado. No obstante la certeza del acto impugnado, el suscrito juzgador advierte que en la especie opera una causa de improcedencia de estudio oficioso y preferente al fondo del asunto, como es la prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (. . .)" La cesación de efectos del acto reclamado, de manera abstracta, consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, realizada de forma general por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Por ende, la razón justificatoria de la improcedencia de mérito, no es la paralización simple del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, el cual tampoco dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En este sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, Tomo IX, Materia Común, número de registro 193758, cuyos texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Si la autoridad responsable deja sin efectos el acto reclamado, de forma principal, al revocarlo, anularlo o declararlo sin materia, aunque puede ser también por cualquier determinación semejante. b) Al interponerse recurso ordinario contra el acto reclamado, pues la resolución nueva, substituye al acto impugnado en el juicio constitucional. Por su aplicación al caso se cita, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, publicada en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 1998, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 196820, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Precisado lo anterior, el acto reclamado materia del presente considerando encuadra en el supuesto señalado en el inciso a), pues el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Segunda de la Fiscalía Especializada en Combatir delitos relacionados con el Transporte Público Toluca, con sede en Metepec, Estado de México, posteriormente a la presentación de la demanda realizó diversas actuaciones a fin de llevar a cabo la imputación de Austroberto Lara García. Efectivamente, el acto reclamado en el presente asunto es: la omisión del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Segunda de la Fiscalía Especializada en Combatir delitos relacionados con el Transporte Público Toluca, con sede en Metepec, Estado de México; de llevar a cabo las diligencias necesarias para lograr la formulación de imputación en contra de Austroberto Lara García. En ese tenor, de las constancias remitidas por dicha responsable como complemento a su informe justificado, se advierte que si bien, en la fecha de presentación de la demanda (seis de julio de dos mil dieciséis), la autoridad responsable había solicitado audiencia para la formulación de imputación de Austroberto Lara García (dos de febrero de dos mil dieciséis), ésta no se llevó a cabo; y posteriormente el diecinueve de abril del mismo año, nuevamente realizó la solicitud de audiencia para formulación de imputación sin detenido y/o en su caso de solicitud de orden de aprehensión, siendo ésta diligencia la última que se realizó antes del inicio del presente juicio de amparo. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecia que la responsable interpuso recurso de apelación en contra de lo resuelto en la diversa audiencia de formulación de imputación llevada a cabo el cuatro de octubre de la misma anualidad, en la que se negó la orden de aprehensión solicitada en contra de Austroberto Lara García. Por consiguiente, es válido señalar que la autoridad responsable sí ha realizado diversas diligencias posteriores a la presentación de la demanda de amparo (seis de julio de dos mil dieciséis), tendentes a formalizar la investigación en sede judicial a través de la imputación de Austroberto Lara García; de ahí que haya cesado la afectación de los derechos fundamentales del quejoso. Lo detallado tiene relevancia singular, al considerar de forma primordial lo establecido en el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues para el caso de haberse concedido la protección constitucional, los efectos serían, que la autoridad responsable realizara diversas diligencias a fin de lograr la imputación de Austroberto Lara García, empero, como esas diligencias ya se están realizando, es inconcuso que la omisión reclamada ha cesado, pues las violaciones que en determinado momento pudieron cometerse contra sus derechos fundamentales, fueron reparadas de forma por la propia responsable, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior sirve de apoyo, la tesis P.CL/97, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 197367, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esas condiciones, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo instado por Ernesto Contreras Mercado, contra la omisión atribuida al Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa dos de transporte Toluca, con sede en Metepec de la Fiscalía Especializada para Combatir Delitos Relacionados con el Transporte en Toluca, Estado De México, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y otra autoridad, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Asimismo, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por el quejoso, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. Lo anterior se encuentra contemplado en la jurisprudencia 1027, visible en la página 707, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Es aplicable la tesis publicada en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, Décima Época, cuyo rubro es: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA." Y la diversa publicada en la página 2274, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, cuyo rubro es: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO." Finalmente, no es óbice para el dictado de la presente resolución que el posible tercero interesado no haya sido emplazado, puesto que, el sentido de la misma, no le genera perjuicio alguno. Resulta aplicable la tesis publicada en la página 575, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 211430, cuyos rubro y texto son los siguientes: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SOBRESEE EN EL JUICIO. La finalidad perseguida por el artículo 91, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, de reponer el procedimiento al advertirse que en forma indebida no fue oída alguna de las partes que tuviera derecho de intervenir conforme a la ley, como lo es el tercero perjudicado, debe entenderse en el sentido de que en un juicio constitucional no queden firmes las irregularidades procesales que pudieran lesionar los intereses de alguna de las partes, lo que no sucedería en el caso de sobreseimiento decretado por el juez federal pues no perjudica a dicho tercero y, por ende, no puede producirle beneficio alguno la reposición del procedimiento." En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 119, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ernesto Contreras Mercado, contra el acto y autoridad precisada en el resultando primero, y por las razones expuestas en el último considerando. Notifíquese, y personalmente al quejoso. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta el día de hoy diez de febrero de dos mil diecisiete, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza y da fe.
- Principal
I. (SE LISTA CITATORIO QUEJOSO), SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO ERNESTO CONTRERAS MERCADO, LA SENTENCIA DE DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, LA CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: I. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1037/2016-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Ernesto Contreras Mercado por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES. "A) PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. B) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA MESA DOS DE TRANSPORTE TOLUCA, CON SEDE EN METEPEC DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA PARA COMBATIR DELITOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO." ACTOS RECLAMADOS. "UNO. La omisión de las autoridades responsables de practicar todas las diligencias necesarias para formular imputación en contra de AUSTROBERTO LARA GARCÍA, por el delito de lesiones agravadas cometido en mi contra y de desahogar las diligencias que se practicarán con el enunciado de formular imputación correspondiente, ya que, a pesar de que informó a un Juez de Distrito que el dos de febrero de dos mil dieciséis solicito fecha para audiencia en la que formularía imputación, lo cierto es que, hasta la data actual, las citadas autoridades responsables permanecen sin practicar las diligencias correspondientes y mucho menos ha formulado la imputación en contra del mencionado AUSTROBERTO LARA GARCÍA." SEGUNDO. Derechos humanos violados. La parte quejosa señaló como derechos humanos violados, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del amparo. Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito, se registró con el juicio de amparo indirecto 1037/2016-I; y por auto de ocho de julio de dos mil dieciséis, se desechó la demanda. CUARTO. Recurso de Queja. Inconforme con la determinación anterior el ahora quejoso interpuso el recurso de queja 135/2016 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, resuelto el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, en el sentido de declararlo fundado. QUINTO. Admisión de la demanda. Mediante auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis, y en cumplimiento a la ejecutoria del Tribunal Colegiado, se admitió a trámite la demanda de amparo; asimismo, se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se señaló hora y día para la audiencia constitucional; la cual, previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Jugado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 51, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado es una omisión atribuida a una autoridad con residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito (Toluca, Estado de México). SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, tal como lo prevé el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo; realizando para tal efecto, un análisis conjunto de la demanda de garantías que atienda a lo que materialmente se pretende, tal y como lo ha dispuesto nuestro máximo Tribunal de la República. Es aplicable en este sentido, la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004 consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo se deduce que el quejoso reclama la omisión del Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa dos de transporte Toluca, con sede en Metepec de la Fiscalía Especializada para Combatir Delitos Relacionados con el Transporte en Toluca, Estado De México, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, de realizar las diligencias para formular imputación en contra de Austroberto Lara García. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Segunda de la Fiscalía Especializada en Combatir delitos relacionados con el Transporte Público Toluca, con sede en Metepec, Estado de México (foja 107) y el Procurador General de Justicia del Estado de México al rendir su informe justificado manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama; sin embargo de sus manifestaciones se advierte la existencia del acto reclamado, por tanto, se desvirtúa su negativa, pues a la fecha de presentación de la demanda se aprecia que aún no realizaba las diligencias para verificar la procedencia de formular imputación contra Austroberto Lara García. Al caso es aplicable, la tesis 9, consultable en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Tercera Parte, Séptima Época de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." CUARTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, antes que cualquier otra cuestión, en conformidad con lo dispuesto artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese tenor, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone la actualización del sobreseimiento si durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contendidas en el artículo 61 del cuerpo legal mencionado. No obstante la certeza del acto impugnado, el suscrito juzgador advierte que en la especie opera una causa de improcedencia de estudio oficioso y preferente al fondo del asunto, como es la prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (. . .)" La cesación de efectos del acto reclamado, de manera abstracta, consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, realizada de forma general por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Por ende, la razón justificatoria de la improcedencia de mérito, no es la paralización simple del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, el cual tampoco dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En este sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, Tomo IX, Materia Común, número de registro 193758, cuyos texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Si la autoridad responsable deja sin efectos el acto reclamado, de forma principal, al revocarlo, anularlo o declararlo sin materia, aunque puede ser también por cualquier determinación semejante. b) Al interponerse recurso ordinario contra el acto reclamado, pues la resolución nueva, substituye al acto impugnado en el juicio constitucional. Por su aplicación al caso se cita, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, publicada en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 1998, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 196820, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Precisado lo anterior, el acto reclamado materia del presente considerando encuadra en el supuesto señalado en el inciso a), pues el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Segunda de la Fiscalía Especializada en Combatir delitos relacionados con el Transporte Público Toluca, con sede en Metepec, Estado de México, posteriormente a la presentación de la demanda realizó diversas actuaciones a fin de llevar a cabo la imputación de Austroberto Lara García. Efectivamente, el acto reclamado en el presente asunto es: la omisión del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Segunda de la Fiscalía Especializada en Combatir delitos relacionados con el Transporte Público Toluca, con sede en Metepec, Estado de México; de llevar a cabo las diligencias necesarias para lograr la formulación de imputación en contra de Austroberto Lara García. En ese tenor, de las constancias remitidas por dicha responsable como complemento a su informe justificado, se advierte que si bien, en la fecha de presentación de la demanda (seis de julio de dos mil dieciséis), la autoridad responsable había solicitado audiencia para la formulación de imputación de Austroberto Lara García (dos de febrero de dos mil dieciséis), ésta no se llevó a cabo; y posteriormente el diecinueve de abril del mismo año, nuevamente realizó la solicitud de audiencia para formulación de imputación sin detenido y/o en su caso de solicitud de orden de aprehensión, siendo ésta diligencia la última que se realizó antes del inicio del presente juicio de amparo. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecia que la responsable interpuso recurso de apelación en contra de lo resuelto en la diversa audiencia de formulación de imputación llevada a cabo el cuatro de octubre de la misma anualidad, en la que se negó la orden de aprehensión solicitada en contra de Austroberto Lara García. Por consiguiente, es válido señalar que la autoridad responsable sí ha realizado diversas diligencias posteriores a la presentación de la demanda de amparo (seis de julio de dos mil dieciséis), tendentes a formalizar la investigación en sede judicial a través de la imputación de Austroberto Lara García; de ahí que haya cesado la afectación de los derechos fundamentales del quejoso. Lo detallado tiene relevancia singular, al considerar de forma primordial lo establecido en el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues para el caso de haberse concedido la protección constitucional, los efectos serían, que la autoridad responsable realizara diversas diligencias a fin de lograr la imputación de Austroberto Lara García, empero, como esas diligencias ya se están realizando, es inconcuso que la omisión reclamada ha cesado, pues las violaciones que en determinado momento pudieron cometerse contra sus derechos fundamentales, fueron reparadas de forma por la propia responsable, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior sirve de apoyo, la tesis P.CL/97, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 197367, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esas condiciones, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo instado por Ernesto Contreras Mercado, contra la omisión atribuida al Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa dos de transporte Toluca, con sede en Metepec de la Fiscalía Especializada para Combatir Delitos Relacionados con el Transporte en Toluca, Estado De México, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y otra autoridad, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Asimismo, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por el quejoso, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. Lo anterior se encuentra contemplado en la jurisprudencia 1027, visible en la página 707, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Es aplicable la tesis publicada en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, Décima Época, cuyo rubro es: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA." Y la diversa publicada en la página 2274, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, cuyo rubro es: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO." Finalmente, no es óbice para el dictado de la presente resolución que el posible tercero interesado no haya sido emplazado, puesto que, el sentido de la misma, no le genera perjuicio alguno. Resulta aplicable la tesis publicada en la página 575, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 211430, cuyos rubro y texto son los siguientes: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SOBRESEE EN EL JUICIO. La finalidad perseguida por el artículo 91, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, de reponer el procedimiento al advertirse que en forma indebida no fue oída alguna de las partes que tuviera derecho de intervenir conforme a la ley, como lo es el tercero perjudicado, debe entenderse en el sentido de que en un juicio constitucional no queden firmes las irregularidades procesales que pudieran lesionar los intereses de alguna de las partes, lo que no sucedería en el caso de sobreseimiento decretado por el juez federal pues no perjudica a dicho tercero y, por ende, no puede producirle beneficio alguno la reposición del procedimiento." En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 119, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ernesto Contreras Mercado, contra el acto y autoridad precisada en el resultando primero, y por las razones expuestas en el último considerando. Notifíquese, y personalmente al quejoso. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta el día de hoy diez de febrero de dos mil diecisiete, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. En términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, agréguese a los autos el oficio por medio del cual el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Segunda de la Fiscalía Especializada en Combatir Delitos Relacionados con el Transporte Público con Sede en Metepec, Estado de México, rinden su informe justificado y adjunta copias certificadas de la Carpeta de Investigación 160230620022915. En atención al volumen de las constancias remitidas por la oficiante, fórmese cuaderno por separado debidamente identificado para que se tenga a la vista en el momento procesal oportuno. Finalmente, en términos del artículo 28, fracción I, de la citada ley, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa del diverso 2º, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la responsable en el oficio de cuenta, siempre y cuando coincida con el su oficina principal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
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