Ernesto Becerril Real y Otros.

Expediente 975/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
975/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
14/08/2017

Partes del expediente

  • Ernesto Becerril Real y Otros.
  • Ernesto Becerril Real

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VIII) Toluca, Estado de México; catorce de agosto de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual comunica la determinación de diez de agosto de dos mil diecisiete, donde declara firme el auto de seis de julio pasado, donde la citada autoridad, desechó la demanda promovida por Ernesto Becerril Real y Raúl Hernández Suárez, remitida por incompetencia por este Juzgado de Distrito; de lo que se toma conocimiento. Notifíquese. Así lo acordó y firma Victor Manuel Rendón Sosa, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judiciatura Federal, quien actúa con la Secretario Sabrina Melissa Bernal Rosales que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    VIII. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual comunica la determinación de seis de julio de dos mil diecisiete, donde desechó la demanda promovida por Ernesto Becerril Real y Raúl Hernández Suárez, remitida por incompetencia por este Juzgado de Distrito; de lo que se toma conocimiento.

  3. Principal

    VIII.- SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DELISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 21 DE JUNIO DE 2017, QUE EN SÍNTESIS DICE: RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por Ernesto Becerril Real y Raúl Hernández Suárez, contra actos de la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro de gobierno con el número 975/2017-VIII. INCOMPETENCIA. Ahora bien, del contenido de la demanda que nos ocupa, se desprende que los promoventes reclaman esencialmente: La determinación emitida el veinticinco de mayo de este año, por la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca 276/2017, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra el auto de cinco de abril de este año por el Juez Mixto de Cuantía Menor del Distrito Judicial de El Oro de Hidalgo, Estado de México en el expediente 394/2016, en la cual resuelve improcedente la vía deducida en el juicio natural y deja a salvo los derechos de Ernesto Becerril Real y Raúl Hernández Suárez, para hacerla en la vía y forma que a su interés convenga. Luego, es oportuno señalar que en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo. En efecto, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." Asimismo, el artículo 47, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." En ese tenor, el acto reclamado consiste en la determinación emitida el veinticinco de mayo de este año, por la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca 276/2017, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra el auto de cinco de abril de este año por el Juez Mixto de Cuantía Menor del Distrito Judicial de El Oro de Hidalgo, Estado de México en el expediente 394/2016, en la cual resuelve improcedente la vía deducida en el juicio natural y deja a salvo los derechos de Ernesto Becerril Real y Raúl Hernández Suárez, para hacerla en la vía y forma que a su interés convenga. Luego, del análisis de la determinación que se reclama se advierte que a través de ésta se pone fin al juicio, ya que deja a salvo los derechos de los promoventes para hacerlos valer en la vía y forma que les convenga, es decir, lo da por terminado sin resolver dicho asunto en lo principal, por ende, tal resolución sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, por tratarse precisamente de una resolución que pone fin al juicio de origen, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, se estima que el estudio de la demanda de amparo promovida por Ernesto Becerril Real y Raúl Hernández Suárez, contra el acto reclamado antes precisado, compete al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en vía de amparo uni-instancial. En esas condiciones, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo presentada por Ernesto Becerril Real y Raúl Hernández Suárez; por tanto, remítase la demanda de amparo con cuatro copias de la misma, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en esta Ciudad, en Turno, para los efectos legales de su competencia. Es aplicable la jurisprudencia PC.XXX. J/8 K (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 854, del Libro 7, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, de junio de dos mil catorce, Décima Época, con número de registro 2006612, que establece: "AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 16/2003). Los párrafos primero y tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 establecen lo que debe entenderse por sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio para los efectos del numeral 44 del propio ordenamiento, "y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", lo cual condujo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interpretar que al existir un recurso ordinario, el Tribunal Colegiado de Circuito no era competente para conocer de la demanda, dada la ubicación de esos dispositivos en el capítulo de competencia; sin embargo, en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor a partir del 3 de abril del año citado, simplemente se establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pero ya no se añade lo referente a que las leyes no concedan recurso ordinario en su contra, por lo que es dable interpretar que la existencia de un recurso incide sólo en la improcedencia del juicio, mas no en la competencia del órgano jurisdiccional indicado. Lo anterior es así, ya que en el tercer párrafo del último precepto mencionado se prevé que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, las sentencias definitivas o resoluciones puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, en el nuevo contexto normativo resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." Finalmente, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 6/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, del Libro 17, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil quince, Décima Época, con número de registro 2008791, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. En este contexto, remítanse los autos del juicio de amparo indirecto 975/2015 y cuatro copias de demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto sea turnado administrativamente al Tribunal Colegiado en turno correspondiente y conozca del acto reclamado en el presente auto. Igualmente, se solicita a la superioridad el acuse de recibo correspondiente. Con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO. En diverso orden, de conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DIAS Y HORAS INHABILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Cesar Herrera Peralta, Rogelio Ruíz Martínez, Salvador Matías Martínez y Fernando Ruiz Fuentes, por encontrarse registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las personas restantes en términos de la última parte del último párrafo del citado numeral; limitación que se establece hasta en tanto tengan registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Acorde con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal celebrada en Sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza el uso de los métodos electrónicos en el cuaderno principal únicamente para las actuaciones realizadas por este Juzgado de Distrito. SOLICITUD DE COPIAS. Atento a lo anterior, de conformidad con lo establecido con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, expídase a su costa las copias simples que solicita, en el entendido que quien comparezca, deberá exhibir copia simple de una identificación oficial vigente, para que se certifique y glose en autos para debida constancia legal. REPRESENTANTE COMUN. En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común en el presente asunto a Ernesto Becerril Real. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 5°, 7° y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada.

  4. Principal

    VIII.Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese para que surta los efectos legales conducentes el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual comunica la determinación de veintiséis de junio actual, donde dicho Tribunal de Alzada asumió el conocimiento de la demanda promovida por Ernesto Becerril Real y Raúl Hernández Suárez. Atento a lo anterior, al no haber promoción pendiente de acordar, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido; las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Ahora bien, En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto (punto vigésimo, fracciónI, párrafo primero y segundo). - A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo de referencia. En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

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