Ernesto Becerril Real y/o Raul Hernandez Suarez

Expediente 1939/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1939/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
09/01/2018

Partes del expediente

  • Ernesto Becerril Real y/o Raul Hernandez Suarez

Actuaciones

  1. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; nueve de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, pues el mismo se resolvió mediante una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual forma, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ernesto Becerril Real y/o Raúl Hernández Suarez, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1939/2017-IV. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, en la página 890 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro y texto son: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De la interpretación del precepto legal parcialmente transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso a, fracción III de su artículo 107 en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del agraviado trascendiendo al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procurar que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos humanos, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del aludido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Por ello, se concluye que la sanción que corresponde al no cumplimiento del principio de la definitividad que se examina, consiste precisamente en el desechamiento del juicio intentado, merced a la improcedencia de la acción de amparo que en su caso se promueva. Así pues, de la intelección del precepto legal que sirve de sustento a esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: El acto reclamado emane de una autoridad de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. IV. Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. Ahora, los quejosos reclaman en esta vía de amparo la sentencia interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el incidente de liquidación de intereses en el expediente 70/2014 del índice de la responsable. En tales condiciones, el estudio oficioso del asunto permite observar la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues la interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, que resolvió el incidente de liquidación de intereses dictado en el expediente 70/2014 del índice de la responsable, procede el recurso de apelación. Se estima lo anterior, pues del escrito de demanda Ernesto Becerril Real y/o Raúl Hernández Suarez, expresaron los antecedentes siguientes: 1. En fecha 25 de enero de 2013 los suscritos ERNESTO BECERRIL REAL y/o RAUL HERNANDEZ SUEREZ, celebramos convenio con JAVIER JORGE HURTADORUIZ, en el que se obligó a pagar la cantidad de $51,500.00 CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N al día 05 de Abril de 2013, mismo que no 10 hizo. 2. Derivado al incumplimiento de pago oportuno por parte de JAVIER JORGE HURTADO RUIZ, los suscritos ERNESTO BECERRIL REAL y/o RAUL HERNANDEZ SUEREZ, nos vimos en la necesidad de reclamar el pago vía judicial en fecha 8 de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, en Oficialía de Partes del Juzgado Mixto de Cuantía Menor de el Oro, demanda con la cual se inició a trámite del expediente 394/16, radicado en el Juzgado Mixto de Cuantía Menor del Distrito Judicial de el Oro de Hidalgo, Estado de México; donde los suscritos Ernesto Becerril Real y Raúl Hernández Suarez, promovimos Juicio Ordinario Civil contra Javier Jorge Hurtado Ruiz, demandando el pago de Intereses Legales por Incumplimiento al Convenio de Fecha 25 de enero de 2013 , celebrado entre los suscritos y el tercero interesado en el expediente 70/2014, ante el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México. 3. En fecha 30 de enero de 2017 Javier Jorge Hurtado Ruiz, contestó la demanda entablada en su contra, negando su procedencia y opuso excepciones y defensas que a su interés convino. 4. En fecha 8 de febrero de 2017 dos mil diecisiete, se celebró la audiencia de Conciliación y Depuración Procesal misma a la que asistió Raúl Hernández Suarez, junto con el demandado Javier Jorge Hurtado Ruiz, en la cual no habiendo conciliación entre las partes se ordenó abrir juicio a prueba. 5. Los suscritos ERNESTO BECERRIL REAL y/o RAUL HERNANDEZ SUAREZ ofrecimos pruebas el 16 de Febrero de 2017 dos mil diecisiete, las que fueron proveídas el 17 diecisiete del Febrero y año 2017 dos mil diecisiete. La parte demandada también oferto medios convictos las cuales, se proveyeron el 15 de febrero de 2017 os mil diecisiete. 6. En fecha 22 de marzo de 2017 dos mil diecisiete se turnó el asunto al Juez Mixto de Cuantía Menor de El Oro, Estado de México, para dictar la sentencia de fondo quedando las partes citadas para oír sentencia. 7. En fecha 5 de abril del 2017dos mil diecisiete, el Juez Mixto de Cuantía Menor de El Oro, Estado de México, emitió auto, en el que se inhibe a la competencia del juez natural. 8. En fecha 20 de abril de 2017 dos mil diecisiete los suscritos Ernesto Becerril Real y Raúl Hernández Suarez promovimos RECURSO DE APELACION interpuesto ante el C. Juez de Cuantía Menor de el Oro, Estado de México para que se canalizara a los C. Magistrados de la Sala Civil en Turno de Toluca, Estado de México, recurso en contra el auto de fecha 5 de abril de 2017 dos mil diecisiete, en el expediente 394/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por los apelantes. 9. En fecha 25 veinticinco de Mayo de 2017 dos mil diecisiete, los Magistrados e Integrantes de la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México emitieron SENTENCIA de la toca número 276/2017 formada con motivo del recurso de apelación Interpuesto por Ernesto Becerril Real y Raúl Hernández Suarez, contra el auto de fecha 5 de abril de 2017 dos mil diecisiete, emitido por el Juez Mixto de Cuantía Menor del Distrito Judicial de El Oro de Hidalgo, Estado de México, en el expediente 394/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por los apelantes contra Javier Jorge Hurtado Ruiz. 10. LA SENTENCIA de fecha 25 veinticinc de Mayo de 2017 dos mil diecisiet, toca número 276/2017 formada con motivo del recurso de apelación, donde los considerandos CUARTO, página 25/31 que menciona: CUARTO. ANALISIS y CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS. A partir de lo considerado, si en la propia Carta Magna, se consagra el derecho humano de tutela jurisdiccional, en el cual se obliga a juzgadores a respetar formalidades esenciales del procedimiento, dentro de las cuales se encuentra el relativo a la vía, es decir el medio en el cual se debe implementar una pretensión, por ello los agravios en los cuales refieren los apelantes que la transacción se encuentra prevista en el Código Civil, es inoperante, porque en el caso en estudio como se razono los recurrentes reclaman intereses moratorios derivados de la no satisfacción oportuna de obligaciones adquiridas en una transacción judicial que se elevó a la categoría de cosa juzgada en el expediente 70/2014, Y en tal virtud, la vía idónea para deducir la pretensión será la establecida en los numerales 1346, 1348 Y 1349 del Código de Comercio. 11. LA SENTENCIA de fecha 25 veinticincode Mayo de 2017 dos mil diecisiete, toca número 276/2017 formada con motivo del recurso deapelación, donde los RESOLUTIVOS PRIMERO Y SEGUNDO: RES UELVE: PRIMERO. Son parcialmente fundados los agravios expresados por Ernesto Becerril Real y Raúl Hernández Suarez, en consecuencia: SEGUNDO. Se revoca el auto dictado el 5 de abril de 2017 por el Juez Mixto de Cuantía Menor del Distrito Judicial de El Oro de Hidalgo, Estado de México, en el expediente 394/2016, para en su lugar proveer: Con fundamento en los numerales 1, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Garantías judiciales previstas en el artículo 8 numero 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se resuelve improcedente la vía deducida en juicio por Ernesto Becerril Real y Raúl Hemández Suarez, a virtud de que existe continencia de la causa porque los actores en realidad pretenden el pago de intereses moratorios derivados de no satisfacción de obligaciones a cargo del demandado derivadas en una transacción judicial, que es la verdad legal en el diverso juicio 70/2014 del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de el Oro de Hidalgo, Estado de México, lo legal, es dejar a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que a sus intereses convenga, ante el juez que aprobó la misma. 12. En cumplimiento a la Ejecutoria de fecha 25 de Mayo de 2017, los suscritos ERNESTO BECERRIL REAL y/o RAUL HERNANDEZ SUAREZ presentamos ocurso en el expediente 70/2014 tramitado ante el C. Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de el Oro, Estado de México, consistente en Incidente de liquidación de pago de intereses legales. 13. Previa su sustanciación de este incidente, en fecha 23 de Noviembre del año 2017, el C. Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, emitió sentencia interlocutoria para resolver el incidente de liquidación de intereses, tramitado por Ernesto becerril real y/o Raúl Hernández Suarez en el juicio ejecutivo mercantil, instaurado en contra de Javier Jorge hurtado Ruiz, en el expediente número 70/2014 del que se resolvió: RESUELVE PRIMERO.- Ha sido improcedente el incidente de liquidación de intereses legales presentado por Ernesto Becerril Real y/o Raúl Hernández Suarez, en consecuencia SEGUNDO.- Se absuelve al demandado de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en esta incidencia. TERCERO.- Notifíquese personalmente. Ahora, este juzgado sostiene la improcedencia de la acción constitucional, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues contra la interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, que resolvió el incidente de liquidación de intereses dictado en el expediente 70/2014, resulta procedente el recurso de apelación. Lo anterior es así, pues los artículos 1,339 y 1,356 del Código de Comercio vigente, disponen: Art. 1,339. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al párrafo anterior, lo serán por la apelación que se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. . Art. 1,356. Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo. Del texto resaltado se colige que el medio de impugnación de referencia puede intentarse en segunda instancia. Es aplicable al caso la tesis VI.1°. C.60 C, página 2795, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Octubre de 2014, Tomo III, del tenor literal siguiente: APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. SU TRAMITACIÓN ES INMEDIATA CONTRA AUTOS Y RESOLUCIONES PRONUNCIADOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SIEMPRE QUE CAUSEN UN GRAVAMEN NO REPARABLE EN LA RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN A DICHA ETAPA. Del artículo 1339 del Código de Comercio se advierte que, tratándose del recurso de apelación, éste procede y debe admitirse en efecto devolutivo, de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva; contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento; disponiendo como presupuesto para su procedencia y tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, que hayan sido dictados en el trámite del procedimiento. Por ende, con fundamento en el diverso numeral 1345, fracción IX, se concluye que procede dicho recurso y debe admitirse en tramitación inmediata, cuando se interpone contra las resoluciones o autos que siendo apelables, se pronuncien en la etapa de ejecución de sentencia, en el entendido de que acorde con lo sustentado en la jurisprudencia 1a./J. 13/99, con registro -IUS 194073-, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, página 112, de rubro: EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL, RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN., la regla de procedencia del recurso, prevista en el artículo 1341 del citado código no sólo aplica para actos dictados dentro del juicio, sino también para los emitidos en ejecución de sentencia, a condición de que causen un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución. Por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, los quejosos debieron agotar el recurso de apelación contra el acto reclamado, pues los artículos 1,339 y 1,356 del Código de Comercio vigente, al establecer la legislación la procedencia de la apelación, resulta evidente que debió interponer el recurso de referencia, circunstancia que no aconteció. Lo anterior evidencia que, el medio de defensa legal idóneo para combatir el acto reclamado es el recurso de apelación; pero como la parte agraviada no lo hizo valer previamente al ejercicio de la acción constitucional que se atiende, contraviene el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Al caso es aplicable, por similitud jurídica la jurisprudencia publicada con el número 573 en la página 515, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común del tenor literal siguiente: RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada Ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la Ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional. De igual modo, por analogía jurídica la diversa visible en la página 649, del Semanario Judicial de la Federación, enero a junio de 1989, Tomo III Segunda Parte-2, del contenido siguiente: RECURSOS ORDINARIOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR NO AGOTARLOS. LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO. Si bien en términos de los artículos 430 y 432 del Código de Procedimientos Civiles, sólo son apelables los autos que recaigan en asuntos cuyo valor exceda de cincuenta días de salario mínimo vigente en la región o cuyo valor no sea susceptible de valuarse en dinero; sin embargo, el numeral 416 de la propia ley, prevé que los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el Juez o Tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, en cuyas condiciones, si el agraviado no agotó el recurso de revocación, dejando así satisfecho el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Y la jurisprudencia consultable en la página 211, del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 1993, Tomo XI, cuyo rubro y texto son: AMPARO, ES IMPROCEDENTE, SI CONTRA EL ACTO RECLAMADO PROCEDE ALGUN RECURSO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente si el acto que se reclama podía ser modificado, revocado o nulificado a través del recurso de revocación conforme a las prevenciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Lo anterior, no implica una denegación de la justicia, pues si bien es cierto, en el presente asunto se reclama la interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, que resolvió el incidente de liquidación de intereses dictado en el expediente 70/2014; por tanto, dicho actuar no se encuentra en los supuestos de excepción al principio de definitivadad y por ende, no es opcional la interposición del recurso de apelación; por ello, deberá estarse a las formalidades rectoras del procedimiento de la ley de la materia. Se estima aplicable, la jurisprudencia publicada con el número VII.2o.C.J/23, en la página 921, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2006, Tomo XXIV, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción demand, a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia número III.2o.C.3 K, publicada en la página 2066, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Materia Común, Novena Época, que precisa: IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica, consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Y la tesis IV.2º.A.19 K, consultable en la página 2056, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2013, Libro XVIII, Tomo 3, Décima Época, cuyo rubro y texto son: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA QUE LO PREVÉ, RESPETA EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen en favor de las personas los derechos humanos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, los cuales suponen un estándar internacional mínimo de protección que los Estados miembros de dicho instrumento internacional deben adoptar en sus normas de derecho interno. Bajo esta perspectiva, el hecho de que el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo condicione la procedencia del juicio de amparo al agotamiento de los recursos ordinarios, respeta ese estándar internacional pues, en primer lugar, no se priva al particular del acceso a la justicia o a un recurso judicial efectivo, dado que dentro del derecho positivo mexicano existen otros medios de defensa como el juicio contencioso administrativo federal previsto en los artículos 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o bien, los recursos ante la propia autoridad administrativa y, en segundo, el principio de definitividad del juicio de amparo contiene un presupuesto procesal que se encuentra justificado en el hecho de evitar su proliferación innecesaria, en atención a su naturaleza de medio extraordinario. Aunado a lo anterior, el alcance de los referidos derechos humanos no implica soslayar presupuestos procesales que no resulten excesivos o desproporcionales para hacer procedente una vía jurisdiccional, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXXI/2012 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012, página 1587, de rubro: DERECHO DE AC SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Por tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Ernesto Becerril Real y/o Raúl Hernández Suarez, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México. DOMICILIO. Asimismo, con apoyo en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el señalado por el quejoso en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Cesar Herrera Peralta, Rogelio Ruiz Martínez y Fernando Ruiz Fuentes, puesto que cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, por autorizada en términos de la segunda parte del citado precepto legal a la persona restante que refiere el quejoso, restricción que se establece hasta en tanto cuenten con registro en dicho sistema. Al respecto se estima aplicable la tesis I.11o.A.4 A, publicada en la página 1188 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, del Tomo XXIII, Materia Administrativa, Novena Época, de rubro siguiente: SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES.- De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    se notifica por lista a la parte quejosa Ernesto Becerril Real y/o Raúl Hernández Suarez, el auto de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, en cumplimiento al citatorio de fecha veintidós de los cursntes. Toluca, Estado de México; veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ernesto Becerril Real y/o Raúl Hernández Suarez, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1939/2017-IV. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, en la página 890 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro y texto son: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De la interpretación del precepto legal parcialmente transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso a, fracción III de su artículo 107 en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del agraviado trascendiendo al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procurar que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos humanos, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del aludido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Por ello, se concluye que la sanción que corresponde al no cumplimiento del principio de la definitividad que se examina, consiste precisamente en el desechamiento del juicio intentado, merced a la improcedencia de la acción de amparo que en su caso se promueva. Así pues, de la intelección del precepto legal que sirve de sustento a esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: El acto reclamado emane de una autoridad de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. IV. Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. Ahora, los quejosos reclaman en esta vía de amparo la sentencia interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el incidente de liquidación de intereses en el expediente 70/2014 del índice de la responsable. En tales condiciones, el estudio oficioso del asunto permite observar la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues la interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, que resolvió el incidente de liquidación de intereses dictado en el expediente 70/2014 del índice de la responsable, procede el recurso de apelación. Se estima lo anterior, pues del escrito de demanda Ernesto Becerril Real y/o Raúl Hernández Suarez, expresaron los antecedentes siguientes: 1. En fecha 25 de enero de 2013 los suscritos ERNESTO BECERRIL REAL y/o RAUL HERNANDEZ SUEREZ, celebramos convenio con JAVIER JORGE HURTADORUIZ, en el que se obligó a pagar la cantidad de $51,500.00 CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N al día 05 de Abril de 2013, mismo que no 10 hizo. 2. Derivado al incumplimiento de pago oportuno por parte de JAVIER JORGE HURTADO RUIZ, los suscritos ERNESTO BECERRIL REAL y/o RAUL HERNANDEZ SUEREZ, nos vimos en la necesidad de reclamar el pago vía judicial en fecha 8 de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, en Oficialía de Partes del Juzgado Mixto de Cuantía Menor de el Oro, demanda con la cual se inició a trámite del expediente 394/16, radicado en el Juzgado Mixto de Cuantía Menor del Distrito Judicial de el Oro de Hidalgo, Estado de México; donde los suscritos Ernesto Becerril Real y Raúl Hernández Suarez, promovimos Juicio Ordinario Civil contra Javier Jorge Hurtado Ruiz, demandando el pago de Intereses Legales por Incumplimiento al Convenio de Fecha 25 de enero de 2013 , celebrado entre los suscritos y el tercero interesado en el expediente 70/2014, ante el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México. 3. En fecha 30 de enero de 2017 Javier Jorge Hurtado Ruiz, contestó la demanda entablada en su contra, negando su procedencia y opuso excepciones y defensas que a su interés convino. 4. En fecha 8 de febrero de 2017 dos mil diecisiete, se celebró la audiencia de Conciliación y Depuración Procesal misma a la que asistió Raúl Hernández Suarez, junto con el demandado Javier Jorge Hurtado Ruiz, en la cual no habiendo conciliación entre las partes se ordenó abrir juicio a prueba. 5. Los suscritos ERNESTO BECERRIL REAL y/o RAUL HERNANDEZ SUAREZ ofrecimos pruebas el 16 de Febrero de 2017 dos mil diecisiete, las que fueron proveídas el 17 diecisiete del Febrero y año 2017 dos mil diecisiete. La parte demandada también oferto medios convictos las cuales, se proveyeron el 15 de febrero de 2017 os mil diecisiete. 6. En fecha 22 de marzo de 2017 dos mil diecisiete se turnó el asunto al Juez Mixto de Cuantía Menor de El Oro, Estado de México, para dictar la sentencia de fondo quedando las partes citadas para oír sentencia. 7. En fecha 5 de abril del 2017dos mil diecisiete, el Juez Mixto de Cuantía Menor de El Oro, Estado de México, emitió auto, en el que se inhibe a la competencia del juez natural. 8. En fecha 20 de abril de 2017 dos mil diecisiete los suscritos Ernesto Becerril Real y Raúl Hernández Suarez promovimos RECURSO DE APELACION interpuesto ante el C. Juez de Cuantía Menor de el Oro, Estado de México para que se canalizara a los C. Magistrados de la Sala Civil en Turno de Toluca, Estado de México, recurso en contra el auto de fecha 5 de abril de 2017 dos mil diecisiete, en el expediente 394/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por los apelantes. 9. En fecha 25 veinticinco de Mayo de 2017 dos mil diecisiete, los Magistrados e Integrantes de la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México emitieron SENTENCIA de la toca número 276/2017 formada con motivo del recurso de apelación Interpuesto por Ernesto Becerril Real y Raúl Hernández Suarez, contra el auto de fecha 5 de abril de 2017 dos mil diecisiete, emitido por el Juez Mixto de Cuantía Menor del Distrito Judicial de El Oro de Hidalgo, Estado de México, en el expediente 394/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por los apelantes contra Javier Jorge Hurtado Ruiz. 10. LA SENTENCIA de fecha 25 veinticinc de Mayo de 2017 dos mil diecisiet, toca número 276/2017 formada con motivo del recurso de apelación, donde los considerandos CUARTO, página 25/31 que menciona: CUARTO. ANALISIS y CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS. A partir de lo considerado, si en la propia Carta Magna, se consagra el derecho humano de tutela jurisdiccional, en el cual se obliga a juzgadores a respetar formalidades esenciales del procedimiento, dentro de las cuales se encuentra el relativo a la vía, es decir el medio en el cual se debe implementar una pretensión, por ello los agravios en los cuales refieren los apelantes que la transacción se encuentra prevista en el Código Civil, es inoperante, porque en el caso en estudio como se razono los recurrentes reclaman intereses moratorios derivados de la no satisfacción oportuna de obligaciones adquiridas en una transacción judicial que se elevó a la categoría de cosa juzgada en el expediente 70/2014, Y en tal virtud, la vía idónea para deducir la pretensión será la establecida en los numerales 1346, 1348 Y 1349 del Código de Comercio. 11. LA SENTENCIA de fecha 25 veinticincode Mayo de 2017 dos mil diecisiete, toca número 276/2017 formada con motivo del recurso deapelación, donde los RESOLUTIVOS PRIMERO Y SEGUNDO: RES UELVE: PRIMERO. Son parcialmente fundados los agravios expresados por Ernesto Becerril Real y Raúl Hernández Suarez, en consecuencia: SEGUNDO. Se revoca el auto dictado el 5 de abril de 2017 por el Juez Mixto de Cuantía Menor del Distrito Judicial de El Oro de Hidalgo, Estado de México, en el expediente 394/2016, para en su lugar proveer: Con fundamento en los numerales 1, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Garantías judiciales previstas en el artículo 8 numero 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se resuelve improcedente la vía deducida en juicio por Ernesto Becerril Real y Raúl Hemández Suarez, a virtud de que existe continencia de la causa porque los actores en realidad pretenden el pago de intereses moratorios derivados de no satisfacción de obligaciones a cargo del demandado derivadas en una transacción judicial, que es la verdad legal en el diverso juicio 70/2014 del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de el Oro de Hidalgo, Estado de México, lo legal, es dejar a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que a sus intereses convenga, ante el juez que aprobó la misma. 12. En cumplimiento a la Ejecutoria de fecha 25 de Mayo de 2017, los suscritos ERNESTO BECERRIL REAL y/o RAUL HERNANDEZ SUAREZ presentamos ocurso en el expediente 70/2014 tramitado ante el C. Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de el Oro, Estado de México, consistente en Incidente de liquidación de pago de intereses legales. 13. Previa su sustanciación de este incidente, en fecha 23 de Noviembre del año 2017, el C. Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, emitió sentencia interlocutoria para resolver el incidente de liquidación de intereses, tramitado por Ernesto becerril real y/o Raúl Hernández Suarez en el juicio ejecutivo mercantil, instaurado en contra de Javier Jorge hurtado Ruiz, en el expediente número 70/2014 del que se resolvió: RESUELVE PRIMERO.- Ha sido improcedente el incidente de liquidación de intereses legales presentado por Ernesto Becerril Real y/o Raúl Hernández Suarez, en consecuencia SEGUNDO.- Se absuelve al demandado de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en esta incidencia. TERCERO.- Notifíquese personalmente. Ahora, este juzgado sostiene la improcedencia de la acción constitucional, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues contra la interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, que resolvió el incidente de liquidación de intereses dictado en el expediente 70/2014, resulta procedente el recurso de apelación. Lo anterior es así, pues los artículos 1,339 y 1,356 del Código de Comercio vigente, disponen: Art. 1,339. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al párrafo anterior, lo serán por la apelación que se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. . Art. 1,356. Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo. Del texto resaltado se colige que el medio de impugnación de referencia puede intentarse en segunda instancia. Es aplicable al caso la tesis VI.1°. C.60 C, página 2795, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Octubre de 2014, Tomo III, del tenor literal siguiente: APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. SU TRAMITACIÓN ES INMEDIATA CONTRA AUTOS Y RESOLUCIONES PRONUNCIADOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SIEMPRE QUE CAUSEN UN GRAVAMEN NO REPARABLE EN LA RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN A DICHA ETAPA. Del artículo 1339 del Código de Comercio se advierte que, tratándose del recurso de apelación, éste procede y debe admitirse en efecto devolutivo, de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva; contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento; disponiendo como presupuesto para su procedencia y tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, que hayan sido dictados en el trámite del procedimiento. Por ende, con fundamento en el diverso numeral 1345, fracción IX, se concluye que procede dicho recurso y debe admitirse en tramitación inmediata, cuando se interpone contra las resoluciones o autos que siendo apelables, se pronuncien en la etapa de ejecución de sentencia, en el entendido de que acorde con lo sustentado en la jurisprudencia 1a./J. 13/99, con registro -IUS 194073-, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, página 112, de rubro: EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL, RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN., la regla de procedencia del recurso, prevista en el artículo 1341 del citado código no sólo aplica para actos dictados dentro del juicio, sino también para los emitidos en ejecución de sentencia, a condición de que causen un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución. Por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, los quejosos debieron agotar el recurso de apelación contra el acto reclamado, pues los artículos 1,339 y 1,356 del Código de Comercio vigente, al establecer la legislación la procedencia de la apelación, resulta evidente que debió interponer el recurso de referencia, circunstancia que no aconteció. Lo anterior evidencia que, el medio de defensa legal idóneo para combatir el acto reclamado es el recurso de apelación; pero como la parte agraviada no lo hizo valer previamente al ejercicio de la acción constitucional que se atiende, contraviene el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Al caso es aplicable, por similitud jurídica la jurisprudencia publicada con el número 573 en la página 515, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común del tenor literal siguiente: RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada Ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la Ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional. De igual modo, por analogía jurídica la diversa visible en la página 649, del Semanario Judicial de la Federación, enero a junio de 1989, Tomo III Segunda Parte-2, del contenido siguiente: RECURSOS ORDINARIOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR NO AGOTARLOS. LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO. Si bien en términos de los artículos 430 y 432 del Código de Procedimientos Civiles, sólo son apelables los autos que recaigan en asuntos cuyo valor exceda de cincuenta días de salario mínimo vigente en la región o cuyo valor no sea susceptible de valuarse en dinero; sin embargo, el numeral 416 de la propia ley, prevé que los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el Juez o Tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, en cuyas condiciones, si el agraviado no agotó el recurso de revocación, dejando así satisfecho el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Y la jurisprudencia consultable en la página 211, del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 1993, Tomo XI, cuyo rubro y texto son: AMPARO, ES IMPROCEDENTE, SI CONTRA EL ACTO RECLAMADO PROCEDE ALGUN RECURSO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente si el acto que se reclama podía ser modificado, revocado o nulificado a través del recurso de revocación conforme a las prevenciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Lo anterior, no implica una denegación de la justicia, pues si bien es cierto, en el presente asunto se reclama la interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, que resolvió el incidente de liquidación de intereses dictado en el expediente 70/2014; por tanto, dicho actuar no se encuentra en los supuestos de excepción al principio de definitivadad y por ende, no es opcional la interposición del recurso de apelación; por ello, deberá estarse a las formalidades rectoras del procedimiento de la ley de la materia. Se estima aplicable, la jurisprudencia publicada con el número VII.2o.C.J/23, en la página 921, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2006, Tomo XXIV, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción demand, a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia número III.2o.C.3 K, publicada en la página 2066, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Materia Común, Novena Época, que precisa: IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica, consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Y la tesis IV.2º.A.19 K, consultable en la página 2056, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2013, Libro XVIII, Tomo 3, Décima Época, cuyo rubro y texto son: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA QUE LO PREVÉ, RESPETA EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen en favor de las personas los derechos humanos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, los cuales suponen un estándar internacional mínimo de protección que los Estados miembros de dicho instrumento internacional deben adoptar en sus normas de derecho interno. Bajo esta perspectiva, el hecho de que el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo condicione la procedencia del juicio de amparo al agotamiento de los recursos ordinarios, respeta ese estándar internacional pues, en primer lugar, no se priva al particular del acceso a la justicia o a un recurso judicial efectivo, dado que dentro del derecho positivo mexicano existen otros medios de defensa como el juicio contencioso administrativo federal previsto en los artículos 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o bien, los recursos ante la propia autoridad administrativa y, en segundo, el principio de definitividad del juicio de amparo contiene un presupuesto procesal que se encuentra justificado en el hecho de evitar su proliferación innecesaria, en atención a su naturaleza de medio extraordinario. Aunado a lo anterior, el alcance de los referidos derechos humanos no implica soslayar presupuestos procesales que no resulten excesivos o desproporcionales para hacer procedente una vía jurisdiccional, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXXI/2012 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012, página 1587, de rubro: DERECHO DE AC SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Por tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Ernesto Becerril Real y/o Raúl Hernández Suarez, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México. DOMICILIO. Asimismo, con apoyo en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el señalado por el quejoso en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Cesar Herrera Peralta, Rogelio Ruiz Martínez y Fernando Ruiz Fuentes, puesto que cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, por autorizada en términos de la segunda parte del citado precepto legal a la persona restante que refiere el quejoso, restricción que se establece hasta en tanto cuenten con registro en dicho sistema. Al respecto se estima aplicable la tesis I.11o.A.4 A, publicada en la página 1188 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, del Tomo XXIII, Materia Administrativa, Novena Época, de rubro siguiente: SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES.- De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.

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