ERIKA VELASCO PÉREZ y Otros.

Expediente 410/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
410/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
21/01/2021

Partes del expediente

  • ERIKA VELASCO PÉREZ y Otros.
  • Erika Velasco Pérez
  • SILVIA PÉREZ JIMÉNEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte en el presente asunto se encontraban suspendidos los plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha circular tuvo como objetivo el salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del citado Consejo, en la cual se determinó adoptar como medida especial el regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero pasado, lo cual ya aconteció; por ende, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo. En ese tenor, es necesario destacar que de conformidad a lo establecido en dicha circular, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; es decir, los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En el entendido de que la reanudación de plazos y términos decretada, operará hasta que se notifique la presente determinación. Finalmente, se hace la precisión que este acuerdo deberá notificarse por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a que la suspensión se decretó en la ya citada circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, que se publicó en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal y obedeció a un problema de salud -pandemia- cuyo conocimiento es de dominio público nacional, por lo que su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del código procedimental citado y, por ende, permite a los justiciables tener plena certeza que a partir del doce de enero de este año, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo y se reactiva el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, con las salvedades ahí expuestas. Lo anterior sin perjuicio de que, de constar en autos una vía de contacto remoto con alguna de las partes (correo electrónico y servicios de mensajería instantánea), pueda hacerse de su conocimiento el contenido de este auto, mediante esa vía; lo cual es acorde con lo establecido en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que de existir esa vía de contacto con las partes, se conmina al actuario judicial adscrito, levante la razón correspondiente para que se agregue a los autos. Además, por cuanto hace a las autoridades responsables, de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a ellas deberá notificarse por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable al que se le notificará de manera personal dicho acuerdo (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos, por lo que, si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia, se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo, con inclusión del diferimiento de la audiencia, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio, lo que en el caso no ocurre. A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente a ello, se remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios, para que estas las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita; amén de la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. Razón actuarial de cuenta. En diverso aspecto, agréguese sin mayor proveído la razón actuarial de cuenta, por medio de la cual la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional señala los motivos por los que no pudo confirmar la recepción de los oficios 22826/2020, 22827/2020 y 22828/2020 que contienen insertos el auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, los cuales envió a las responsables por la vía electrónica, dado que con esos comunicados se pretendía notificar el diferimiento de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el treinta de noviembre siguiente, en la que se dictó la sentencia correspondiente y ese fallo causó ejecutoria, por lo que se dispuso el archivo definitivo del presente expediente como asunto concluido el diecisiete de diciembre posterior. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. En atención a la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hiciera manifestación alguna; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y a pesar de que en este juicio de amparo se sobreseyó respecto de los actos reclamados, en el auto de cuatro de agosto del año en curso se concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, se advierte que causó ejecutoria la sentencia en la que se sobreseyó el juicio de amparo 410/2020; que en el acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veinte, se negó la suspensión provisional y en la interlocutoria pronunciada el diecinueve de octubre de la citada anualidad, se negó la medida cautelar definitiva; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que en este incidente de suspensión se negaron la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso c), del artículo 21 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  4. Principal

    V I S T O S los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 410/2020, promovido por . . . , por propio derecho y en representación de las menores de edad de identidad reservada A.V.P. y E.V.P., contra actos del Representante de Bienes Comunales, Propietario, **, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el cuatro de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, turnado ese mismo día a este Juzgado Quinto de Distrito, . .. , por propio derecho y en representación de las menores de edad de identidad reservada A.V.P. y E.V.P, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. . . . en su carácter de Representante de Bienes Comunales, Propietario. . .. en su carácter de Representante de Bienes Comunales, Suplente. . . . , en su carácter de Secretario de Bienes Comunales. IV.- ACTOS RECLAMADOS. "a). La orden verbal o escrita de desalojo y despojo respecto del inmueble que sirve para casa habitación de la suscrita, así como de mis menores hijas quienes responden al nombre de . .. ambas de apellidos . . . , hechos realizados en mi propiedad ubicado en carretera a la Cabecera Municipal, sin número, Agencia de Policía del Mamey, Municipio de Santiago Amoltepec. Actos emitidos fuera de todo procedimiento judicial y en contra de los Derechos Humanos de la suscrita y de mis menores hijas. b). La orden verbal o escrita de privación ilegal de libertad de la suscrita, así como de mis menores hijas quienes responden al nombre de . . . ambas de apellidos . . . C). Por último y de manera autónoma y destacada la orden de destierro, así como las ordenes consistentes en la privación ilegal de mi libertad o vida, azotes, tortura y demás actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Derechos Humanos Vulnerados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, y señaló como derechos fundamentales violados los contemplados en los artículos 1, 2, 4, párrafo octavo y noveno, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, TERCERO. Tramitación del juicio. En proveído de cuatro de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo quedando registrada con el número 410/2020, y se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados precisados en el inciso b) que antecede; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; otorgó intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.. . En esa tesitura, con base en lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, se advierten como actos reclamados en esencia: La orden verbal o escrita de desalojo y despojo de bien inmueble que sirve de casa habitación de la quejosa y sus menores hijas. La orden de destierro, así como de privación ilegal de la libertad o vida, azotes, tortura y demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. CUARTO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.. . La técnica expositiva de las sentencias en el juicio de amparo, impone como presupuesto de orden lógico, la verificación previa de la existencia del acto reclamado; lo anterior, pues dependiendo de ello se adoptará la postura del fallo; es decir, si el acto reclamado es inexistente, la sentencia debe finalizar con ese pronunciamiento. Por el contrario, si éste existe, entonces podrá procederse al análisis de las causales de improcedencia en su contra, o bien el estudio de fondo del asunto. En su parte conducente, resulta ilustrativa la jurisprudencia XVII.2º. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, Núm. 76, Abril de 1994, Octava Época, del que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Las autoridades responsables . . . , en su carácter de Representante Propietario, Representante Suplente y Secretario del Representante, de los Bienes Comunales de Santiago Amoltepec, Sola de Vega, Oaxaca, respectivamente, al rendir su informe justificado manifestaron que no han emitido alguna orden verbal o escrita de despojo y desalojo del bien inmueble que refiere la quejosa . . . Asimismo, que hayan emitido una orden verbal o escrita de privación ilegal de la libertad contra la quejosa y de sus menores hijas, ya que no son competentes para conocer de dichos hechos, al igual que, tampoco emitieron orden de destierro, ni alguno prohibido por el artículo 22 Constitucional. Agregando que son representantes de bienes comunales que tiene que ver con la tenencia y posesión de la tierra, que a petición de las personas de nombre . . . , quienes están en posesión de una fracción de terreno que pretendía vender la quejosa . .., fue que intervinieron, citando a la quejosa y a sus menores hijas el día cinco de julio de dos mil veinte, en las oficinas de la representación de los Bienes Comunales, ubicado en el palacio Municipal, para resolver el problema suscitado. Sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En efecto, dicha negativa correspondía desvirtuarla a la quejosa, en razón de que es principio general del derecho que los actos negativos no son materia de prueba, por lo que en este caso, se arroja la carga respectiva al agraviado, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuyo texto previene que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción; en la especie, la existencia de los actos reclamados, que por tratarse de hechos positivos es posible probarlos, no así la negativa de hechos porque evidentemente no existe materia qué probar. Lo anterior, no obstante que mediante escrito registrado con folio número 6338, la quejosa . .. haya allegado a este juicio de amparo copias certificadas ante el Notario Público número Veintiocho de esta Entidad Federativa, del acta de posesión de veintiocho de octubre de dos mil ocho, en virtud, de que en esta solo se demuestra que le fue otorgado en posesión a sus menores hijas de identidad reservada A.V.P. y E.V.P., una fracción de terreno ubicado en la comunidad de "El Mamey", municipio de Santiago Amoltepec, Oaxaca, que era propiedad de su finado esposo, por conducto de . . . y . . , en su calidad de representantes de Bienes Comunales Propietario y Suplente del municipio de Santiago Amoltepec, Oaxaca. Así, como del acta de acuerdo de cinco de julio de dos mil veinte, levantada por los citados representantes de bienes Comunales propietario y suplente del municipio de Santiago Amoltepec, pues en ella solo se consignan hechos de un arreglo familiar en el que llegaron la aquí quejosa, las menores de edad bajo su responsabilidad y las personas que comparecieron de nombres . . . en el que se comprometen en no vender el terreno que le fue otorgado en posesión a las menores, ubicado en la comunidad de "El Mamey", municipio de Santiago Amoltepec, Oaxaca, y que en caso de querer vender, lo consultarían con sus tíos correspondientes para llegar a un acuerdo, y de verderlo sería con la familia, comprometiéndose la aquí quejosa . ., en cuidar el patrimonio de las jóvenes. Documentales a las que se le otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo segundo. Al respecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. . . Sin embargo, con dichas documentales, únicamente se demuestra lo ahí asentado por quienes lo suscriben, más no que se les pretenda desalojar o despojar de la fracción de terreno, que dice la quejosa tienen su casa habitación, ubicado en la comunidad de El Mamey, municipio de Santiago Amoltepec, Oaxaca, así como que se hayan emitido una orden de privación ilegal de la libertad en contra la quejosa y de sus menores hijas, ni actos de destierro, ni alguno prohibido por el artículo 22 Constitucional. En esas condiciones, al no obrar dato alguno que demuestre la existencia de los actos que quedaron precisados en este considerando, se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, del Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS... Y la tesis VI.2o.A.4 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible a página 903, del Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO... QUINTO. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Ahora bien, toda vez que la quejosa en su escrito de demanda, reclama entre otros actos la tortura, y manifestó que el día veintiocho de julio de dos mil veinte, cuando se encontraba en el interior de su domicilio llegaron las autoridades comunales . . ., en su calidad de propietario, suplente y secretario respectivamente, en compañía de las personas de nombre . . , quienes llevaban machetes, palos y armas de fuego, se introdujeron a su domicilio y de forma violenta y agresiva hicieron destrozos y le ocasionaron lesiones físicas a su hija menor de identidad reservada E.V.P., por lo que tiene el temor fundado de que a ella y a sus menores hijas se les prive de su libertad, les causen daños personales, como maltrato físico y azotes como acostumbran las autoridades comunales y se vulneren sus derechos humanos de ella y sus menores hijas; acontecimientos que pudieran ser constitutivos de un hecho ilícito, en términos de lo establecido en los artículos 15 y 237, fracción III, de la ley de la materia, por tanto, se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para su conocimiento y a efecto que realice las actuaciones que a su representación convenga, a cuyo efecto deberá entregársele copias certificadas de los documentos que integran el presente juicio de amparo. Tiene aplicación por las razones que la informan la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos título y texto son: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA.. . No pasa desapercibido que la autoridad responsable . . , en su calidad representantes de Bienes Comunales propietario, suplente y secretario respectivamente, del municipio de Santiago Amoltepec, Oaxaca, hayan negado la existencia de cualquier acto de tortura o maltrato en contra de las quejosas, pues con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1° y 21 constitucionales; 1° y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; y, 1°, 3°, 6° y 8° de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que disponen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Párrafo reformado DOF 10-06-2011 Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Párrafo reformado DOF 04-12-2006, 10-06-2011 Artículo reformado DOF 14-08-2001". "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Artículo reformado DOF 03-02-1983, 31-12-1994, 03-07-1996, 20-06-2005, 18-06-2008". Ley Federal Para Prevenir y Sancionar la Tortura. "Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto la prevención y sanción de la tortura y se aplicará en todo el territorio nacional en Materia de Fuero Federal y en el Distrito Federal en Materia de Fuero Común." "Artículo 11°. El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato, si no lo hiciere, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión, y de quince a sesenta días multa, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes. Para la determinación de los días multa se estará a la remisión que se hace en la parte final del artículo 4o. de este ordenamiento." Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura. "Artículo 1. Los Estados Partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención." "Artículo 3. Serán responsables del delito de tortura:- - - a) Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.- - - b) Las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a) ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices." "Artículo 6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.- - - Los Estados Partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad.- - - Igualmente, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción." "Artículo 8. Los Estados Partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente.- - - Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados Partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.- - - Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado." Por tanto, es obligación de este juzgador de conformidad con los precitados artículos, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales, suscritos por el Estado Mexicano; que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando del representante social; que las disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura se aplicarán en todo el territorio nacional; que los servidores públicos que conozcan de un hecho de tortura están obligados a denunciarlo de inmediato. Asimismo, establecen que los Estados parte de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de la que el Estado Mexicano forma parte, por haberla suscrito el diez de febrero de mil novecientos ochenta y seis, tienen la obligación de prevenir y sancionar la tortura; que son responsables del delito de tortura los empleados o funcionarios públicos que ordenen, instiguen e induzcan a la comisión de la tortura, lo cometan directamente, o pudiendo impedirlo, no lo hagan; que todas las autoridades que conozcan de una denuncia de tortura están obligadas a tomar medidas efectivas, para prevenir y sancionar tales conductas, en el ámbito de su jurisdicción, además de garantizar a toda persona que denuncie la tortura, el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente, lo cual se hará de oficio y de inmediato a través de las autoridades respectivas, mediante las investigaciones atinentes al caso y cuando corresponda iniciar el respectivo proceso penal. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los preceptos 73, 74, 75, 76, 119, 123 y 124 de la invocada ley; se, R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por . . , por su propio derecho y en representación de las menores de edad de identidad reservada A.V.P. y E.V.P., contra las autoridades, por los actos y motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que cumpla con lo determinado en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese; y personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano