Erika Gienger Vázquez
Expediente 780/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 780/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Erika Gienger Vázquez
Actuaciones
- Principal
Mesa de Amparo IV-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Se declara que el acuerdo que desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este expediente causó estado, y se archiva este expediente como asunto concluido. [...] De igual forma, se indica que conforme a la segunda certificación señalada en la nota de cuenta en este expediente no existen documentos considerados como originales... NOTIFÍQUESE.
- Principal
...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese el líbelo señalado en la cuenta al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la parte quejosa desahoga la prevención formulada en proveído del pasado seis de septiembre; por tanto, se provee: De conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, dado que advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal, no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente improcedentes. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El proceder anterior tiene como base lo previsto por el arábigo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. En la especie se configuran las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIII y XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que establecen el plazo para promover la demanda de amparo, sus excepciones, así como los lineamientos para computarlo. Dichos preceptos establecen textualmente lo siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.] Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los preceptos transcritos se observa, en lo que a esta determinación interesa, que el legislador federal previó un plazo general de quince días para presentar la demanda de amparo, con excepciones específicas de treinta días, tratándose de leyes autoaplicativas o del procedimiento de extradición; ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; siete años, si el amparo se promueve contra actos que puedan ser violatorios de los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal, y cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, se advierte que, salvo que se trate de normas generales autoaplicativas, el propio legislador determinó de manera categórica tres supuestos a partir de los cuales debe comenzar a computarse ese plazo, a saber: a) a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o b) a partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, o c) a partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior se sigue que la Ley de Amparo describe como referente para iniciar el cómputo respectivo el momento en el cual el quejoso tiene noticia del acto reclamado, bien sea por la notificación de este último o porque el propio quejoso tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo o de su ejecución -supuestos que deben estar plenamente acreditados en el expediente respectivo-, con la única salvedad de aquellos casos en que se reclame una norma general autoaplicativa, en que el plazo respectivo comenzará a partir del día de su entrada en vigor. En el caso concreto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, ya que la promovente ***********, señala como acto reclamado el acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecinueve, emitido por el Juez de Control de Cuarto del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, dictado en el cuaderno de antecedentes 12/2019. Ahora bien, la peticionaria manifiesta que fue notificada del acto reclamado el trece de agosto siguiente, por tanto, queda claro que ******* contaba con el plazo general de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que no se actualiza ninguna de las excepciones a que se refiere dicho numeral , y la forma en que debe computarse el plazo para efecto de la oportunidad de la demanda es conforme a la hipótesis descrita en el inciso a) . Lo anterior, considerando que con base en los artículos 87 y 89 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la quejosa fue notificada vía correo electrónico, por lo que se trató de una notificación de forma especial, que surte sus efectos el mismo día de su realización, la cual no es necesario corroborar documentalmente porque según lo previsto en el citado numeral 89, si la persona se ostenta sabedora de la misma, ésta surtirá efectos legales. En esa tesitura, si el plazo debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y es el caso que tal hecho se verificó el trece de agosto de dos mil diecinueve; entonces dicha notificación surtió sus efectos legales en esa propia fecha, esto es, el trece de agosto, por lo que el plazo de quince días transcurrió del catorce de agosto al tres de septiembre del año en curso, una vez descontados los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de agosto, así como el uno de septiembre del presente año, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, como la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, es obvio que para esa fecha ya había transcurrido el lapso respectivo. Por lo tanto, ante la constatación de la causal de improcedencia precisada lo que procede es desechar de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente...
- Principal
...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 780/2019. En cuanto a la admisibilidad de la demanda, esa circunstancia tendrá que ser postergada, ya que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en la ley de la materia, uno de los cuales es el que marca el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en lo referente establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda ; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Así, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la disidente no satisfizo íntegramente el diverso requisito previsto por el ordinal 108, fracción V, de la ley de la materia porque omitió señalar la fecha en la que tuvo conocimiento del auto de nueve de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el cuaderno de antecedentes 12/2019 del índice del Juez de Control de Cuarto del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, por el cual le hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído del pasado diecinueve de junio. Circunstancia que constituye una irregularidad en la demanda porque se trata de un dato indispensable para que este Juzgado de Distrito pueda verificar su presentación oportuna, el cual está asociado con la procedencia del juicio constitucional que es un aspecto de orden público y de estudio oficioso. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 114, fracción I, en relación con el diverso 108 ibídem, prevéngase a la quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, con copias simples, para correr traslado a las partes, tal y como lo dispone el numeral 108 del ordenamiento legal en cita, cumpla con lo siguiente: ? Manifieste bajo protesta de decir verdad la fecha y forma en que tuvo conocimiento del acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el cuaderno de antecedentes 12/2019 del índice del Juzgado de Control de Cuarto del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca. Se le apercibe que de no cumplir con lo ordenado en el plazo que se indica, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte promovente que el artículo 261 de la Ley de Amparo vigente, establece una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso o su abogado cuando afirmen hechos falsos u omitan los que le constan en relación con el acto reclamado. Domicilio y autorizados del quejoso. Se tiene la quejosa señalando para oír recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, y por autorizado en términos amplios del ordinal 12 de la ley de la materia a Víctor de *********, con cédula profesional 6545348, la cual aparece inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona restante que indica debido a que no se encuentra inscrita en el referido sistema de cédulas. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este órgano jurisdiccional; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente...
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