Ernestina Pérez Santillán

Expediente 353/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
353/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
29/10/2020

Partes del expediente

  • Ernestina Pérez Santillán

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos, del sumario se advierte que aún no se notifica a las partes la sentencia dictada en este juicio de amparo; por tanto, en obvio de dilaciones procesales, se ordena a la fedataria llevadora de este expediente notificar la sentencia dictada en este asunto. Notifíquese y cúmplase."

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos, del sumario se advierte que aún no se notifica a las partes la sentencia dictada en este juicio de amparo; por tanto, en obvio de dilaciones procesales, se ordena a la fedataria llevadora de este expediente notificar la sentencia dictada en este asunto. Notifíquese y cúmplase...INSERCIÓN: ... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del siete de septiembre de dos mil veinte, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, con el secretario Gamaliel Sánchez Cruz procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 353/2020, entre las que se encuentran las siguientes: (i) la demanda de amparo, (ii) el auto de tres de junio de dos mil veinte, donde se admite a trámite el escrito inicial y (iii) los acuses por los que se requirió el informe justificado a las autoridades responsables. Acto seguido, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar y se ordena la apertura de la fase probatoria. Etapa probatoria. En esta fase se hace constar que la inconforme exhibió diversas documentales, las cuales se admiten y se desahogan en razón de propia naturaleza, conforme a lo dispuesto por los numerales 123 y 124 de la Ley de Amparo, por lo que se cierra este período para pasar al de alegatos. De igual manera, en uso de la palabra el agente del Ministerio Público adscrito manifiesta: que en virtud de que no obran los informes justificados de las autoridades responsables, solicito se traiga a la vista el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo y se certifique el sentido de que los informes previos que hayan rendido las autoridades responsables y el resultado se tenga como prueba de mi parte en esta audiencia, previa copia certificada que de los mismos se agregue a estos autos. Enseguida se acuerda: como lo solicita el representante social de la Federación adscrito a este órgano, practique la secretaria la certificación correspondiente, téngase como prueba de su parte el resultado de dicha certificación y agréguense a los autos copia certificada de los informes relativos. En cumplimiento a lo anterior, la secretaria certifica: que en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo obran los informes previos rendidos por las autoridades responsables, en los que se negaron los actos reclamados por la quejosa, por lo que se agregan a los autos copia certificada de los informes relativos para que sean tomados en consideración como corresponda, por lo que se cierra esta etapa. Etapa de alegatos. En este estadio de la audiencia se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal formuló sus alegatos y el resto de las partes no ejerció su derecho a alegar, por lo que se cierra dicho período; luego, al no existir diligencias pendientes por realizar el juez declara vistos los autos y procede a dictar la resolución correspondiente, firmando quienes en ella intervinieron. El juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Ricardo Alfonso Morcillo Moguel. (FIRMADO ELECTRONICAMENTE) El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. La secretaria. Fanny Vásquez Saavedra (FIRMADO ELECTRONICAMENTE) S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 353/2020 promovido por Ernestina Pérez Santillán en contra de los actos de las autoridades que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES 1. En consideración de la quejosa las autoridades señaladas como responsables pretenden ejecutar en su contra: la ilegal determinación para impedirle dedicarse al ejercicio del comercio; la orden de privación de su derecho a la libertad de tránsito para impedirle la venta de sus productos, como es la venta de pan; la orden de confiscación de sus productos de venta al público; la imposición de una multa por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 en moneda nacional); y, la orden de detención girada en su contra, sin justificación alguna. 2. La disidente sostiene que los actos impugnados vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 5, 8, 11, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 3. La demanda de amparo fue presentada el dos de junio de dos mil veinte, ante la Secretaria de Guardia de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca; donde quedó registrada con el progresivo 353/2020. 4. La quejosa señaló como responsables ordenadoras al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, al Regidor de Hacienda y a los Integrantes, todos del Ayuntamiento de San Antonio de la Cal, Oaxaca y como ejecutora al Director de la Policía Municipal del Ayuntamiento de San Antonio de la Cal, Oaxaca, a quienes atribuyó los actos reclamados consistentes en: La ilegal determinación para impedirle dedicarse al ejercicio del comercio; La orden de privación de su derecho a la libertad de tránsito para impedirle la venta de sus productos, como es la venta de pan; La orden de confiscación de sus productos de venta al público; La imposición de una multa por la cantidad de $10,000.00 (cinco mil pesos 00/100 en moneda nacional); y, La orden de detención girada en su contra. Así como la ejecución de las actuaciones descritas. 5. Por acuerdo de tres de junio actual, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda, la cual registró bajo el expediente 353/2020; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. 6. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 7. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, 4 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que pretenden ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS 8. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 9. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 10. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme combate los actos siguientes: Al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, al Regidor de Hacienda y a los Integrantes, todos del Ayuntamiento de San Antonio de la Cal, Oaxaca, reclama: La ilegal determinación para impedirle dedicarse al ejercicio del comercio; La orden de privación de su derecho a la libertad de tránsito para impedirle la venta de sus productos, como es la venta de pan; La orden de confiscación de sus productos de venta al público; La imposición de una multa por la cantidad de $5,000.00 (diez mil pesos 00/100 en moneda nacional); y, La orden de detención girada en su contra. Al Director de la Policía Municipal del Ayuntamiento de San Antonio de la Cal, Oaxaca, impugna: La ejecución de las actuaciones descritas. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS 11. Las autoridades responsables, pese a quedar notificadas de la petición de informe justificado, no rindieron el mismo; no obstante ello, del proemio de esta determinación, se advierte que los actos atribuidos a las autoridades responsables, resultan inexistentes, esto es así, pues las autoridades responsables negaron su existencia al rendir sus informes previos en el incidente de suspensión derivado de este juicio, el cual el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, ofreció como prueba, agregándose a los autos copia certificada de los mismos. 12. Es aplicable a lo anterior la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3861, tomo LXXI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: INFORME JUSTIFICADO, OMISIÓN DEL. CASO EN QUE DEBE RECURRIRSE AL PREVIO. Es correcto el sobreseimiento dictado por un Juez de Distrito, por la inexistencia de los actos atribuidos a determinada autoridad responsable, porque aunque ésta no haga la reproducción de su informe previo y se pueda tener por cierto el acto que se le reclame y por no rendido su informe justificado correspondiente, si el Ministerio Público solicita que la secretaria del juzgado respectivo, haga una certificación acerca del sentido en el cual aquella autoridad responsable había rendido su informe previo, si es que de esa certificación aparece que negó el acto que se le imputaba, por lo que es indudable que tal acto debe tenerse como inexistente sobre todo si la parte quejosa no rinde prueba alguna en contrario que lo desvirtúe. 12. Por otro lado, debe destacarse que la parte quejosa no desvirtuó tales negativas, pues no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito, máxime que tuvo conocimiento de los aludidos informes previos, y del diverso auto de cinco de agosto del año en curso, dictado en este juicio de amparo, mediante el cual se hizo saber la audiencia señalada para esta fecha, sin que tampoco como se indicó, haya referido su deseo de estar presente en la misma. 13. En ese contexto, si la inconforme no desvirtuó las negativas que las referidas autoridades sostuvieron ni demostró con alguna prueba la intervención de esos entes públicos en los actos que les reprochó es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 14. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." 15. También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." 16. En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos reprochados a las referidas entidades públicas. VI. DECISIÓN 17. En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en este juicio constitucional en cuanto a los actos impugnados a los entes públicos responsables. 18. Sin que sea óbice para arribar a la anterior conclusión, el hecho de que la quejosa no haya tenido conocimiento del contenido de los informes relativos en esta audiencia, por el plazo de ocho días a que se refiere el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, en virtud de que en autos no existe indicio alguno que evidencie que la negativa categórica de las responsables, pudiera desvirtuarse con alguna prueba ofrecida por la quejosa; así como también la parte quejosa haya sido omisa en contestar sobre la existencia o inexistencia de la autoridad ejecutora, ya es un hecho notorio para este juzgado que que al no existir mandamiento por parte de las autoridades responsables menos puede existir de dicho ejecución , máxime que el pasado veintiocho de agosto, se tuvo informando al ahora ex Síndico Municipal de San Antonio de la Cal, Oaxaca que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó la invalidez de la elección de veinticuatro de noviembre de dos mil diecinueve, para la cual habían sido electos diez personas más como integrantes del cabildo de dicho ayuntamiento, motivo por el a partir del quince de julio, el municipio se encuentra acéfalo, es decir, de momento no existen las autoridades responsable, situación que corrobora que la inexistencia de los actos; por tanto, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, procede resolver este asunto en los términos apuntados. 19. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ernestina Pérez Santillán, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)

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