Erika Natalia Sánchez Moreno y Otros.
Expediente 791/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 791/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Erika Natalia Sánchez Moreno y Otros.
- A. B. S. y Otros.
- Erika Natalia Sánchez Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Colegiado informa que quedó firme auto. Glósese a los autos el oficio remitidos por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite el auto de ocho de octubre de la presente anualidad, dentro del recurso de revisión civil 157/2021, en el cual declara firme el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó el recurso de revisión interpuesto por la quejosa ********************, en representación de su hija ******************** Acúsese el recibo de estilo. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Colegiado informa que desechó recurso de revisión. Téngase por recibido el oficio que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, por medio del cual informa que registró el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa bajo el número 157/2021, de su índice; asimismo, que en proveído de veinticuatro de septiembre de la presente anualidad, desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la quejosa Erika Natalia Sánchez Moreno, en representación de su hija A.B.S., en contra del auto de tres de septiembre de la presente anualidad, en el que este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Estese en espera de que el tribunal de alzada informe que quedó firme dicha determinación, para estar en condiciones de proveer lo que conforme a derecho corresponde. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por María Alejandra Merino Cisneros, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual da cumplimiento a la prevención que le fue formulada en auto de treinta de agosto de la presente anualidad, para lo cual, remite un legajo de copias simples del juicio especial oral familiar alimentos 290/2019 y copia simple del acta de nacimiento de la menor A.B.S.; con lo que se tiene acreditando que Erika Natalia Sánchez Moreno -aquí quejosa-, es representante legítima de la menor A.B.S. Es de precisar que si bien es cierto en proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, se hizo saber a la quejosa que el requerimiento debía cumplirse en forma directa por ésta; sin embargo, atendiendo a que la prevención únicamente fue para que acreditara la representación del aludido menor, esto es, exhibiera el documento idóneo con el que se justificara, resulta factible que cumpla la autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al tratarse de un requisito formal, esto es, no se trata de una aclaración en el escrito inicial de demanda o ampliación. Tiene aplicación por ilustrativa la jurisprudencia de rubro y texto: "AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO VIGENTE HASTA EL 28 DE ENERO DE 2010. CASOS EN LOS QUE ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES. El citado precepto señala que los particulares podrán autorizar a un licenciado en derecho para que a su nombre, entre otras cosas, haga promociones de trámite, y dentro de este concepto se encuentra la formulación y presentación del escrito por virtud del cual se desahoga el requerimiento de exhibir los documentos que debieron acompañarse a la demanda en términos del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por tanto, sólo el inicio de la acción, marcado por la presentación del escrito de demanda, es exigible directamente al actor (y en su defecto, a su representante legal), pero las irregularidades en su presentación, al ser de índole formal, podrá subsanarlas el autorizado en términos amplios, a quien se conceden facultades tendentes a facilitar los derechos de defensa de quien lo autoriza. Por ello, en el caso de los requisitos previstos en las fracciones I a V del artículo 15 citado, no debe exigirse al autorizado que acredite su condición de licenciado en derecho, habida cuenta que se está en presencia de actos que si bien suponen la satisfacción de un trámite procesal, se traducen únicamente en la entrega material de documentos; en cambio, en el caso de los requisitos previstos en el artículo 15, fracciones VI a IX, el autorizado en términos amplios puede cumplir la prevención respectiva, siempre y cuando en el auto de requerimiento se le reconozca su carácter de licenciado en derecho, ya sea expresa o tácitamente." SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 1, 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Erika Natalia Sánchez Moreno, por propio derecho y en representación de la menor A.B.S., contra actos del Juez Quinto Oral Familiar de Primera Instancia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado es: "Consistente en la negativa de recibir elementos que se conducen para el conocimiento de la verdad de los puntos controvertidos, y pueden arrojar pruebas para un mejor proveer, todo procurando el interés superior de la menor A.B.S." Ahora bien, para una mejor comprensión del presente asunto, resulta necesario resaltar algunos antecedentes del juicio de origen, que bajo protesta de decir verdad formula la parte quejosa. Ante el Juzgado Quinto Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, se encuentra radicado el expediente 290/2019, promovido por Erika Natalia Sánchez Moreno, por propio derecho y en representación de la menor A.B.S., en contra de Francisco Xavier Bedia Reyes, mismo que se admitió a trámite el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, ordenándose en dicha data el emplazamiento del demandado a través de exhorto, así como medidas provisionales de custodia y una pensión alimenticia provisional. Posteriormente, el diecinueve de febrero de dos mil veinte, el demandado dio contestación a la demanda interpuesta en su contra. Acto seguido, el seis de agosto de la presente anualidad, Erika Natalia Sánchez Moreno -aquí quejosa-, presenta escrito ante la responsable, por medio del cual solicita: ".No obstante de anteriormente manifestado, solicito la prueba de INSPECCIÓN JUDICIAL, conforme al artículo 971 en su fracción III, se pretende demostrar lo siguiente: -Verificar la ubicación y existencia de las huertas. -Pregunte a vecinos de quienes son dichas huertas. -Preguntar a los trabajadores quien se ostenta como su patrón. -Tomar fotografías necesarias para acreditar que se trata de plantíos de agave." Escrito respecto del cual recayó el acuerdo de once de agosto, en el que la responsable a la letra dice: ".Dígasele que no ha lugar a tener por enunciando "elementos sobre hechos vertidos en el presente litigio", ni ha lugar a proveer en cuanto al fondo de los medios de prueba que oferta." En diverso escrito presentado el mismo seis de agosto, la quejosa solicita a la responsable: ".por lo que solicito de una manera pronta y expedita se mande hacer las pruebas psicológicas necesarias al C. Francisco Xavier Bedia Reyes, para acreditar el grado de violencia que maneja al relacionarse con las personas con las que interactúa; y, como consecuencia, se pueda determinar si es apto para convivir con nuestra menor hija." ".De igual forma solicito sea admitida la prueba química toxicológica, que permita determinar si hay niveles de alcohol en su sangre y qué grados." A lo que en la misma data de once de agosto, la responsable acuerda: ".Dígasele que no ha lugar a tener por enunciando "elementos sobre hechos vertidos en el presente litigio", ni ha lugar a proveer en cuanto al fondo de los medios de prueba que oferta." Siendo este el acto aquí reclamado. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a examinar la demanda de amparo, debe analizarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Ahora, el precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]. De acuerdo con lo transcrito, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, se atiende a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de la parte quejosa, la imposición de una multa, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. En ese sentido, los actos dentro de juicio susceptibles de ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto, son aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación, la cual se actualiza cuando tales actos cumplen con dos notas distintivas que son: Afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo. Esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. Es importante tener presente que estas dos notas distintivas necesariamente deben actualizarse en el mismo momento, pues de lo contrario no se estará ante un acto de imposible reparación al carecer de uno de sus elementos esenciales. Por tanto, los actos dentro de juicio que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales no pueden ser considerados de imposible reparación toda vez que sus consecuencias son exclusivamente formales las cuales, por su propia naturaleza, son susceptibles de repararse si se obtiene sentencia favorable. Esto es así pues, como se vio, si tal afectación desaparece por el hecho de obtener sentencia favorable, entonces es claro que aquélla no trascendió y, en consecuencia, no provocó un daño real y concreto en la esfera jurídica del justiciable. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es congruente con la lógica del sistema de amparo establecido tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo. En efecto, de la fracción III del artículo 107 constitucional y los artículos 170, 172 y 175, fracción IV, de la Ley de Amparo se desprende, para lo que al caso interesa, que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Asimismo, que en la demanda correspondiente pueden controvertirse tanto las violaciones que se hubiesen cometido al dictar la sentencia, laudo o resolución reclamada como aquellas que se hubiesen actualizado durante el procedimiento, siempre que en este último caso hubiesen trascendido al resultado del fallo y afectado las defensas del quejoso. Como se ve, en el juicio de amparo directo el acto reclamado siempre es una sentencia, laudo o resolución que pone fin al procedimiento, sin embargo, ello no impide combatir las violaciones procesales que se hubiesen actualizado durante el procedimiento. Por tanto, las violaciones procesales están sujetas al principio de concentración porque tiende a que el proceso se realice en el menor tiempo posible y con la mayor unidad lo que determina que las cuestiones accidentales o incidentales no deben entorpecer el estudio del debate fundamental. Para ello, es necesario, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. De acuerdo con lo anterior, es claro que las violaciones procesales están sujetas a dicho principio toda vez que el interesado no puede impugnarlas mediante juicios de amparo independientes sino que debe esperarse a que se dicte la sentencia definitiva y en el juicio de amparo directo que se promueva en su contra, plantear todas y cada una de dichas violaciones. Con tal forma de proceder se garantiza la concentración de tales violaciones al poderlas resolver simultáneamente en una sola sentencia. Por tanto, los autos de once de agosto de la presente anualidad, -que es el acto reclamado- dictados dentro del juicio especial oral familiar alimentos 290/2019, promovido por Erika Natalia Sánchez Moreno -aquí quejosa-, y en representante de la menor A.B.S., en el cual se niega la admisión de las pruebas de inspección judicial, psicología y toxicología que ofrece, sólo tiene efectos procesales y no afecta de manera alguna derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, ello motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Esto es así, porque dichos autos no constituyen un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, pues como se advierte de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, la prueba de inspección judicial, psicológica y de toxicología que ofrece, lo hace para evidenciar el temperamento del deudor alimentista; sin embargo, no se advierte una afectación o agresión en contra de la menor A.B.S.; por lo que no se está en presencia de un acto que afecte derechos sustantivos. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva; esto es, al resolverse en definitiva el juicio especial oral familiar alimentos 290/2019, e incluso, podría no causarle una afectación; por tanto, sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el juicio de origen sea adverso al interés de la aquí quejosa, de manera que mientras éste no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría a la promovente del amparo. Sustenta el criterio la jurisprudencia P. /J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P. /J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." No varía el anterior criterio el interés superior de la menor, en razón de que no se advierta vulneración de sus derechos sustantivos con la emisión del acto reclamado, pues la aquí quejosa únicamente combate en esta instancia constitucional la negativa de admitir pruebas para mejor proveer, es decir, únicamente combate una cuestión procesal, no así alguna vulneración a las medidas cautelares adoptadas en favor de la menor. Luego, como el acto reclamado en la presente vía no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, en los términos en que fue impugnado por la parte quejosa, este último no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento; por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en esas condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues ello se vería reflejado hasta que se dicte la sentencia que ponga fin al juicio familiar de origen. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1o de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis cuya síntesis es: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José´ de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé´ la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." En esas condiciones, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V (aplicado en sentido contrario), y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, y por consecuencia, SE DESECHA la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO se notifica a la PARTE QUEJOSA ERIKA NATALIA SÁNCHEZ MORENO, EN CUANTO REPRESENTANTE LEGÍTIMA DE SU MENOR HIJA A.B.S., la determinación de TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, toda vez que no acudió dentro de los dos días a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante el citatorio que se dejó en el domicilio señalado para recibir notificaciones en esta ciudad; el contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por María Alejandra Merino Cisneros, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual da cumplimiento a la prevención que le fue formulada en auto de treinta de agosto de la presente anualidad, para lo cual, remite un legajo de copias simples del juicio especial oral familiar alimentos 290/2019 y copia simple del acta de nacimiento de la menor A.B.S.; con lo que se tiene acreditando que Erika Natalia Sánchez Moreno -aquí quejosa-, es representante legítima de la menor A.B.S. Es de precisar que si bien es cierto en proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, se hizo saber a la quejosa que el requerimiento debía cumplirse en forma directa por ésta; sin embargo, atendiendo a que la prevención únicamente fue para que acreditara la representación del aludido menor, esto es, exhibiera el documento idóneo con el que se justificara, resulta factible que cumpla la autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al tratarse de un requisito formal, esto es, no se trata de una aclaración en el escrito inicial de demanda o ampliación. Tiene aplicación por ilustrativa la jurisprudencia de rubro y texto: "AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO VIGENTE HASTA EL 28 DE ENERO DE 2010. CASOS EN LOS QUE ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES. El citado precepto señala que los particulares podrán autorizar a un licenciado en derecho para que a su nombre, entre otras cosas, haga promociones de trámite, y dentro de este concepto se encuentra la formulación y presentación del escrito por virtud del cual se desahoga el requerimiento de exhibir los documentos que debieron acompañarse a la demanda en términos del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por tanto, sólo el inicio de la acción, marcado por la presentación del escrito de demanda, es exigible directamente al actor (y en su defecto, a su representante legal), pero las irregularidades en su presentación, al ser de índole formal, podrá subsanarlas el autorizado en términos amplios, a quien se conceden facultades tendentes a facilitar los derechos de defensa de quien lo autoriza. Por ello, en el caso de los requisitos previstos en las fracciones I a V del artículo 15 citado, no debe exigirse al autorizado que acredite su condición de licenciado en derecho, habida cuenta que se está en presencia de actos que si bien suponen la satisfacción de un trámite procesal, se traducen únicamente en la entrega material de documentos; en cambio, en el caso de los requisitos previstos en el artículo 15, fracciones VI a IX, el autorizado en términos amplios puede cumplir la prevención respectiva, siempre y cuando en el auto de requerimiento se le reconozca su carácter de licenciado en derecho, ya sea expresa o tácitamente." SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 1, 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Erika Natalia Sánchez Moreno, por propio derecho y en representación de la menor A.B.S., contra actos del Juez Quinto Oral Familiar de Primera Instancia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado es: "Consistente en la negativa de recibir elementos que se conducen para el conocimiento de la verdad de los puntos controvertidos, y pueden arrojar pruebas para un mejor proveer, todo procurando el interés superior de la menor A.B.S." Ahora bien, para una mejor comprensión del presente asunto, resulta necesario resaltar algunos antecedentes del juicio de origen, que bajo protesta de decir verdad formula la parte quejosa. Ante el Juzgado Quinto Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, se encuentra radicado el expediente 290/2019, promovido por Erika Natalia Sánchez Moreno, por propio derecho y en representación de la menor A.B.S., en contra de Francisco Xavier Bedia Reyes, mismo que se admitió a trámite el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, ordenándose en dicha data el emplazamiento del demandado a través de exhorto, así como medidas provisionales de custodia y una pensión alimenticia provisional. Posteriormente, el diecinueve de febrero de dos mil veinte, el demandado dio contestación a la demanda interpuesta en su contra. Acto seguido, el seis de agosto de la presente anualidad, Erika Natalia Sánchez Moreno -aquí quejosa-, presenta escrito ante la responsable, por medio del cual solicita: ".No obstante de anteriormente manifestado, solicito la prueba de INSPECCIÓN JUDICIAL, conforme al artículo 971 en su fracción III, se pretende demostrar lo siguiente: -Verificar la ubicación y existencia de las huertas. -Pregunte a vecinos de quienes son dichas huertas. -Preguntar a los trabajadores quien se ostenta como su patrón. -Tomar fotografías necesarias para acreditar que se trata de plantíos de agave." Escrito respecto del cual recayó el acuerdo de once de agosto, en el que la responsable a la letra dice: ".Dígasele que no ha lugar a tener por enunciando "elementos sobre hechos vertidos en el presente litigio", ni ha lugar a proveer en cuanto al fondo de los medios de prueba que oferta." En diverso escrito presentado el mismo seis de agosto, la quejosa solicita a la responsable: ".por lo que solicito de una manera pronta y expedita se mande hacer las pruebas psicológicas necesarias al C. Francisco Xavier Bedia Reyes, para acreditar el grado de violencia que maneja al relacionarse con las personas con las que interactúa; y, como consecuencia, se pueda determinar si es apto para convivir con nuestra menor hija." ".De igual forma solicito sea admitida la prueba química toxicológica, que permita determinar si hay niveles de alcohol en su sangre y qué grados." A lo que en la misma data de once de agosto, la responsable acuerda: ".Dígasele que no ha lugar a tener por enunciando "elementos sobre hechos vertidos en el presente litigio", ni ha lugar a proveer en cuanto al fondo de los medios de prueba que oferta." Siendo este el acto aquí reclamado. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a examinar la demanda de amparo, debe analizarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Ahora, el precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]. De acuerdo con lo transcrito, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, se atiende a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de la parte quejosa, la imposición de una multa, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. En ese sentido, los actos dentro de juicio susceptibles de ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto, son aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación, la cual se actualiza cuando tales actos cumplen con dos notas distintivas que son: Afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo. Esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. Es importante tener presente que estas dos notas distintivas necesariamente deben actualizarse en el mismo momento, pues de lo contrario no se estará ante un acto de imposible reparación al carecer de uno de sus elementos esenciales. Por tanto, los actos dentro de juicio que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales no pueden ser considerados de imposible reparación toda vez que sus consecuencias son exclusivamente formales las cuales, por su propia naturaleza, son susceptibles de repararse si se obtiene sentencia favorable. Esto es así pues, como se vio, si tal afectación desaparece por el hecho de obtener sentencia favorable, entonces es claro que aquélla no trascendió y, en consecuencia, no provocó un daño real y concreto en la esfera jurídica del justiciable. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es congruente con la lógica del sistema de amparo establecido tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo. En efecto, de la fracción III del artículo 107 constitucional y los artículos 170, 172 y 175, fracción IV, de la Ley de Amparo se desprende, para lo que al caso interesa, que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Asimismo, que en la demanda correspondiente pueden controvertirse tanto las violaciones que se hubiesen cometido al dictar la sentencia, laudo o resolución reclamada como aquellas que se hubiesen actualizado durante el procedimiento, siempre que en este último caso hubiesen trascendido al resultado del fallo y afectado las defensas del quejoso. Como se ve, en el juicio de amparo directo el acto reclamado siempre es una sentencia, laudo o resolución que pone fin al procedimiento, sin embargo, ello no impide combatir las violaciones procesales que se hubiesen actualizado durante el procedimiento. Por tanto, las violaciones procesales están sujetas al principio de concentración porque tiende a que el proceso se realice en el menor tiempo posible y con la mayor unidad lo que determina que las cuestiones accidentales o incidentales no deben entorpecer el estudio del debate fundamental. Para ello, es necesario, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. De acuerdo con lo anterior, es claro que las violaciones procesales están sujetas a dicho principio toda vez que el interesado no puede impugnarlas mediante juicios de amparo independientes sino que debe esperarse a que se dicte la sentencia definitiva y en el juicio de amparo directo que se promueva en su contra, plantear todas y cada una de dichas violaciones. Con tal forma de proceder se garantiza la concentración de tales violaciones al poderlas resolver simultáneamente en una sola sentencia. Por tanto, los autos de once de agosto de la presente anualidad, -que es el acto reclamado- dictados dentro del juicio especial oral familiar alimentos 290/2019, promovido por Erika Natalia Sánchez Moreno -aquí quejosa-, y en representante de la menor A.B.S., en el cual se niega la admisión de las pruebas de inspección judicial, psicología y toxicología que ofrece, sólo tiene efectos procesales y no afecta de manera alguna derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, ello motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Esto es así, porque dichos autos no constituyen un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, pues como se advierte de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, la prueba de inspección judicial, psicológica y de toxicología que ofrece, lo hace para evidenciar el temperamento del deudor alimentista; sin embargo, no se advierte una afectación o agresión en contra de la menor A.B.S.; por lo que no se está en presencia de un acto que afecte derechos sustantivos. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva; esto es, al resolverse en definitiva el juicio especial oral familiar alimentos 290/2019, e incluso, podría no causarle una afectación; por tanto, sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el juicio de origen sea adverso al interés de la aquí quejosa, de manera que mientras éste no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría a la promovente del amparo. Sustenta el criterio la jurisprudencia P. /J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P. /J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." No varía el anterior criterio el interés superior de la menor, en razón de que no se advierta vulneración de sus derechos sustantivos con la emisión del acto reclamado, pues la aquí quejosa únicamente combate en esta instancia constitucional la negativa de admitir pruebas para mejor proveer, es decir, únicamente combate una cuestión procesal, no así alguna vulneración a las medidas cautelares adoptadas en favor de la menor. Luego, como el acto reclamado en la presente vía no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, en los términos en que fue impugnado por la parte quejosa, este último no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento; por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en esas condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues ello se vería reflejado hasta que se dicte la sentencia que ponga fin al juicio familiar de origen. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1o de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis cuya síntesis es: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José´ de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé´ la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." En esas condiciones, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V (aplicado en sentido contrario), y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, y por consecuencia, SE DESECHA la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
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