Ernestina Bermejo García

Expediente 720/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
720/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/07/2023

Partes del expediente

  • Ernestina Bermejo García

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. 1. Juzgado Octavo de Distrito acusa recibo y acepta competencia. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, por medio del cual acusa el recibo correspondiente e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Ernestina Bermejo García, por propio derecho, contra actos del Director de Litigación de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán y otras autoridades; asunto que ordenó registrar con el número 434/2023 de su índice, y que finalmente determinó desechar al considerar que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 05/06/24 18:17:48 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0a.64 CARLOS FERNANDO CABRERA LOPEZ 2.1. Valoración. En términos del artículo 19, fracción I, inciso a)1 , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del año en curso, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 19, inciso I, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de seis meses de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que en el presente cuaderno la parte quejosa no exhibió documentos originales. 4. Constancia. Como lo establece el artículo 34, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de junio de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por ********************, por propio derecho, contra actos del Director de Litigación de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán y otras autoridades; fórmese expediente y Regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 720/2023. 1.1. Se forma un tomo de pruebas. Con el legajo de copias constantes en ciento cincuenta fojas que acompañó la parte quejosa a su escrito de demanda, relativas a la carpeta de investigación con número único de caso ********************, fórmese un cuaderno de prueba por separado para mejor manejo del expediente, identificándose como Tomo I. Asimismo, se tiene por recibido el disco compacto que adjunta. 2. Precisión del acto reclamado. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, del análisis integral de la misma, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Director de Litigación de la Fiscalía Regional, Titular de la Agencia Segunda de Investigación y Agente del Ministerio Público ********************, todos con residencia en Jiquilpan, Michoacán, lo siguiente: La omisión de formular imputación en contra de ******************** por los delitos de lesiones calificadas, despojo y amenazas dentro de la carpeta de investigación número ********************. Ahora bien, la quejosa señala como autoridad responsable al Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán; sin embargo, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que no le atribuye acto u omisión alguna, sino que de lo que se duele son las omisiones de las autoridades arriba referidas que acontecieron en la audiencia de formulación de imputación celebrada el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. 3. Se declara incompetencia por razón de territorio. Se estima que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, resulta legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio. Lo anterior conforme con lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del numeral trascrito, se advierten tres hipótesis que demarcan la competencia del juicio de amparo por los Jueces de Distrito, a saber: a) Que será competente para conocer de la demanda de amparo, el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Que será competente para conocer de la demanda, el Juez de Distrito en donde se presente, cuando un acto pueda tener ejecución en más de un distrito o haya iniciado su ejecución en uno y se siga ejecutando en otro. c) Que será competente para conocer de la demanda, el Juez de Distrito ante quien se haya presentado, cuando el acto reclamado carezca de ejecución material. En ese entendido, en principio, debe precisarse bajo qué regla o reglas de competencia para conocer de un juicio de amparo por razón de territorio se ubica el acto reclamado, por lo que debe atenderse a la naturaleza jurídica del mismo y sus consecuencias a fin de determinar si son de ejecución material o no, para estar así en posibilidad de establecer la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se deba conocer del asunto de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Amparo. Primero debe estudiarse la forma en la cual se dividen los actos, de forma genérica, de acuerdo a su naturaleza y consecuencias, para lo cual se acude a lo establecido por esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 343/2019, en el cual se indicó que los actos que se reclaman en el juicio de amparo se dividen en: 1. Positivos. 2. Negativos, y éstos a su vez en: Actos negativos simples. Actos negativos con efectos positivos. Actos negativos prohibitivos. 3. Omisivos o abstenciones. En primer lugar tenemos los actos positivos, que son los que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima que vulnera sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad manifiesta su voluntad para no conceder al quejoso lo que estima que le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta de las autoridades que se traduce en no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de actos se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. En ese sentido, los actos negativos se subdividen en: Actos negativos simples, son aquéllos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos simples, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. Actos negativos con efectos positivos, son aquellos que en apariencia son negativos, pero en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no solo exterioriza una negativa en relación con la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. Actos negativos prohibitivos, son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un "no hacer", por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran el quehacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso. Por último, los actos omisivos o abstenciones son aquéllos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. En este sentido, se tiene que los actos omisivos, per se, carecen de una ejecución material pues se concretizan en la medida de que la autoridad deja de actuar en la forma en que la Ley se lo impone. Empero, cuando la omisión forma parte de un deber, como cuando la fiscalía se abstiene de formular imputación o de realizar actos de investigación, ello trae aparejada una ejecución material en la medida que, con la omisión aludida vulnera el derecho de acceso a la justica en detrimento de la víctima. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del que se obtiene en lo que interesa que corresponde al Ministerio Público en presencia del juez formular la imputación. Precisado lo anterior, la omisión de la que se duele la parte quejosa consistente en la de formular imputación en contra de ******************** por los delitos de lesiones calificadas, despojo y amenazas dentro de la carpeta de investigación número ********************, lo que como se demostrará irroga una ejecución material fuera del lugar en el que éste Juzgado ejerce jurisdicción. Es decir, si en el caso, la quejosa se duele de la omisión de la fiscalía con residencia en Jiquilpan, Michoacán, de formular imputación en contra de ******************** por determinados hechos que considera como delitos dentro de la carpeta de investigación número ********************, es inconcuso que tales omisiones traen consigo un efecto de ejecución material, porque en relación con ello, la inconforme estima que se trasgreden sus derechos fundamentales. En efecto, se afirma lo anterior, puesto que de la demanda de amparo, las constancias que obran en la carpeta de investigación, así como del disco compacto que contiene la audiencia de formulación de imputación ante el juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, se advierte que la fiscalía responsable "omitió" formular imputación en contra de ******************** por los delitos de lesiones calificadas, despojo y amenazas, empero sí lo hizo por el injusto de lesiones por razón de parentesco. Entonces, si la hoy quejosa se duele de la omisión de las autoridades responsables de formular imputación por diversos delitos que estima que se actualizan, y dicha abstención considera que se encuentra relacionada con un deber de actuar por parte de la Fiscalía, se tiene que la omisión reprochada, si encuentra una ejecución material, y como ello aconteció por una parte en cuanto a la investigación en Jiquilpan, Michoacán, y en la audiencia de formulación de imputación ante el juez de Primera instancia Penal oral con residencia en Sahuayo, en el Estado, es incuestionable que en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, se considera que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, resulta legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio. Por su contenido, resulta aplicable la jurisprudencia, visible en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Marzo de 2023, Tomo IV, página 2922, de la Undécima Época, con registro digital: 2026195, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EN CONTRA DE LA OMISIÓN DE INVESTIGAR ACTOS DE TORTURA, TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES Y DELITOS VINCULADOS; Y DE ESTABLECER Y COORDINAR EL REGISTRO NACIONAL DEL DELITO DE TORTURA, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN DE ESOS HECHOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Hechos: Uno de los tribunales contendientes consideró que tales actos constituyen omisiones con efectos positivos que traen como consecuencia una ejecución material en el lugar en donde se recibió la denuncia, por lo cual estimó competente al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en donde reside la autoridad que recibió la denuncia; mientras el diverso órgano contendiente determinó que dichos actos carecían de ejecución material y la circunstancia de que se tenga que integrar una carpeta de investigación no se traduce en un acto de ejecución, al constituir una actuación posterior a los actos de abstención reclamados, por lo que no debía confundirse la naturaleza de los actos con el perjuicio que pudiera ocasionar, fincando competencia al Juez de Distrito ante el cual se presentó la demanda. Criterio jurídico: Es competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, porque las omisiones reclamadas tienen ejecución material en esa localidad, dado que allí radican las Fiscalías Especializadas en la investigación de ese delito. Justificación: Los actos reclamados consistentes en la omisión de investigar actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y delitos vinculados; la omisión de establecer y coordinar el Registro Nacional del Delito de Tortura, en el plazo establecido por el artículo quinto transitorio de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, constituyen actos que tienen ejecución material, pues su naturaleza forma parte de un deber de hacer insuspendible de la Fiscalía Especializada en investigar ese delito, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de la parte quejosa, ya que la circunstancia de que las autoridades ministeriales sean omisas, se traduce en actos omisivos que, por sí, traen consigo un efecto de ejecución material, pues al rehusarse la responsable a investigar y a establecer y coordinar el Registro Nacional del Delito de Tortura, ésta adopta una conducta omisiva, con efectos de no hacer y, por tanto, sus consecuencias o efectos también consisten en un no hacer, cuya consecuencia es de efectos positivos al vulnerar el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa; por tanto, de conformidad con el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido contra un acto de tal naturaleza debe fincarse a favor del Juez de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, en cuya jurisdicción radican las Fiscalías Especializadas en la investigación de esos hechos, ya que es el lugar donde se materializa positivamente la omisión, por lo tanto, su ejecución, que es el elemento que toma en cuenta dicha porción normativa para determinar la competencia". Consecuentemente, se toma en cuenta que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en lo conducente expresamente dispone: [...]XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro.. En consecuencia, lo procedente es remitir la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para que sea turnada al Juzgado de Distrito en turno con residencia en esa ciudad. De ahí que, como ya se mencionó la competencia por razón de territorio no corresponda a un juzgado de distrito con residencia en esta ciudad, sino un juzgado que ejerza su jurisdicción en la localidad en la cual se ejecutó el acto reclamado. Remítanse los presentes autos, así como un tomo de pruebas y un disco compacto, solicitando el acuse de recibo respectivo así como el informe de si acepta o no la competencia planteada. Regístrese en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este Juzgado de Distrito; con copia simple que se obtenga de la demanda de amparo, fórmese cuaderno de antecedentes; en su oportunidad elabórense las anotaciones correspondientes. 4. Suspensión del acto reclamado. Sin que sea necesario proveer sobre la suspensión del acto controvertido en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, puesto que no se encuentran dentro de los supuestos previstos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los diversos del numeral 15, primer párrafo, dado que no pone en peligro la integridad del peticionario, tampoco en la hipótesis del artículo 126, ambos de la ley de la materia. 5. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que ******************** gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 6. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 7. Uso de medios electrónicos. Por lo que ve a la diversa solicitud que realiza, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: a) solicitarlo por escrito o por comparecencia; y, b) señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos. En el entendido que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRPES, QUE DICE: Morelia, Michoacán, trece de junio de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por ********************, por propio derecho, contra actos del Director de Litigación de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán y otras autoridades; fórmese expediente y Regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 720/2023. 1.1. Se forma un tomo de pruebas. Con el legajo de copias constantes en ciento cincuenta fojas que acompañó la parte quejosa a su escrito de demanda, relativas a la carpeta de investigación con número único de caso ********************, fórmese un cuaderno de prueba por separado para mejor manejo del expediente, identificándose como Tomo I. Asimismo, se tiene por recibido el disco compacto que adjunta. 2. Precisión del acto reclamado. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, del análisis integral de la misma, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Director de Litigación de la Fiscalía Regional, Titular de la Agencia Segunda de Investigación y Agente del Ministerio Público ********************, todos con residencia en Jiquilpan, Michoacán, lo siguiente: La omisión de formular imputación en contra de ******************** por los delitos de lesiones calificadas, despojo y amenazas dentro de la carpeta de investigación número ********************. Ahora bien, la quejosa señala como autoridad responsable al Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán; sin embargo, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que no le atribuye acto u omisión alguna, sino que de lo que se duele son las omisiones de las autoridades arriba referidas que acontecieron en la audiencia de formulación de imputación celebrada el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. 3. Se declara incompetencia por razón de territorio. Se estima que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, resulta legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio. Lo anterior conforme con lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del numeral trascrito, se advierten tres hipótesis que demarcan la competencia del juicio de amparo por los Jueces de Distrito, a saber: a) Que será competente para conocer de la demanda de amparo, el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Que será competente para conocer de la demanda, el Juez de Distrito en donde se presente, cuando un acto pueda tener ejecución en más de un distrito o haya iniciado su ejecución en uno y se siga ejecutando en otro. c) Que será competente para conocer de la demanda, el Juez de Distrito ante quien se haya presentado, cuando el acto reclamado carezca de ejecución material. En ese entendido, en principio, debe precisarse bajo qué regla o reglas de competencia para conocer de un juicio de amparo por razón de territorio se ubica el acto reclamado, por lo que debe atenderse a la naturaleza jurídica del mismo y sus consecuencias a fin de determinar si son de ejecución material o no, para estar así en posibilidad de establecer la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se deba conocer del asunto de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Amparo. Primero debe estudiarse la forma en la cual se dividen los actos, de forma genérica, de acuerdo a su naturaleza y consecuencias, para lo cual se acude a lo establecido por esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 343/2019, en el cual se indicó que los actos que se reclaman en el juicio de amparo se dividen en: 1. Positivos. 2. Negativos, y éstos a su vez en: Actos negativos simples. Actos negativos con efectos positivos. Actos negativos prohibitivos. 3. Omisivos o abstenciones. En primer lugar tenemos los actos positivos, que son los que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima que vulnera sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad manifiesta su voluntad para no conceder al quejoso lo que estima que le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta de las autoridades que se traduce en no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de actos se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. En ese sentido, los actos negativos se subdividen en: Actos negativos simples, son aquéllos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos simples, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. Actos negativos con efectos positivos, son aquellos que en apariencia son negativos, pero en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no solo exterioriza una negativa en relación con la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. Actos negativos prohibitivos, son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un "no hacer", por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran el quehacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso. Por último, los actos omisivos o abstenciones son aquéllos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. En este sentido, se tiene que los actos omisivos, per se, carecen de una ejecución material pues se concretizan en la medida de que la autoridad deja de actuar en la forma en que la Ley se lo impone. Empero, cuando la omisión forma parte de un deber, como cuando la fiscalía se abstiene de formular imputación o de realizar actos de investigación, ello trae aparejada una ejecución material en la medida que, con la omisión aludida vulnera el derecho de acceso a la justica en detrimento de la víctima. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del que se obtiene en lo que interesa que corresponde al Ministerio Público en presencia del juez formular la imputación. Precisado lo anterior, la omisión de la que se duele la parte quejosa consistente en la de formular imputación en contra de ******************** por los delitos de lesiones calificadas, despojo y amenazas dentro de la carpeta de investigación número ********************, lo que como se demostrará irroga una ejecución material fuera del lugar en el que éste Juzgado ejerce jurisdicción. Es decir, si en el caso, la quejosa se duele de la omisión de la fiscalía con residencia en Jiquilpan, Michoacán, de formular imputación en contra de ******************** por determinados hechos que considera como delitos dentro de la carpeta de investigación número ********************, es inconcuso que tales omisiones traen consigo un efecto de ejecución material, porque en relación con ello, la inconforme estima que se trasgreden sus derechos fundamentales. En efecto, se afirma lo anterior, puesto que de la demanda de amparo, las constancias que obran en la carpeta de investigación, así como del disco compacto que contiene la audiencia de formulación de imputación ante el juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, se advierte que la fiscalía responsable "omitió" formular imputación en contra de ******************** por los delitos de lesiones calificadas, despojo y amenazas, empero sí lo hizo por el injusto de lesiones por razón de parentesco. Entonces, si la hoy quejosa se duele de la omisión de las autoridades responsables de formular imputación por diversos delitos que estima que se actualizan, y dicha abstención considera que se encuentra relacionada con un deber de actuar por parte de la Fiscalía, se tiene que la omisión reprochada, si encuentra una ejecución material, y como ello aconteció por una parte en cuanto a la investigación en Jiquilpan, Michoacán, y en la audiencia de formulación de imputación ante el juez de Primera instancia Penal oral con residencia en Sahuayo, en el Estado, es incuestionable que en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, se considera que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, resulta legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio. Por su contenido, resulta aplicable la jurisprudencia, visible en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Marzo de 2023, Tomo IV, página 2922, de la Undécima Época, con registro digital: 2026195, de rubro y texto siguientes: ... 7. Uso de medios electrónicos. Por lo que ve a la diversa solicitud que realiza, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: a) solicitarlo por escrito o por comparecencia; y, b) señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos. En el entendido que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. ... Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

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