Erik Avalos Reyes

Expediente 443/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
443/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2018

Partes del expediente

  • Erik Avalos Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Copia simple. Agréguese a los autos el escrito, signado por Yolanda Lucero Cruz Gómez, representante del quejoso Erik Ávalos Reyes, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa, copia simple de las constancias que solicita, autorizando para recibirla a la persona que señala en su escrito, previo recibo que se deje en autos. Así lo acordó y firma Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por licencia del Titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Glósese a los autos el oficio 3571/2018, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo directo 189/2017 y anexos, así como la determinación de tres de mayo de dos mil dieciocho, mediante la cual estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda promovida por Erik Ávalos Reyes, por su propio derecho, contra actos del Tribunal Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Por lo que este juzgado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, se avoca a su conocimiento; acúsese recibo de estilo. Con las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe, fórmese un cuaderno de pruebas por separado para mejor manejo del expediente. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 443/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Vista la demanda promovida por Erik Ávalos Reyes, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 107 fracción V y 172 fracción IX, todos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. "El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Artículo 172. "En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la violación a las reglas esenciales del procedimiento consistente en la no admisión del recurso de apelación, interpuesto en contra del dictamen interlocutorio para resolver el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, del cual se negó a conocer la responsable, dentro del expediente 003/2016. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio natural de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable; en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y los Tratados Internacionales en los que México es parte, en favor del promovente, como serían la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Ello es así, pues basta imponerse de la demanda de amparo, para advertir que la parte quejosa se duele de una determinación de la responsable que, como se vio, es indudable que se trata de un acto meramente intraprocesal. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse vía amparo directo, una vez que se dicte la sentencia definitiva. Ello es así, en virtud de que en el juicio de origen todavía no se dicta sentencia ni se sabe el sentido de esta, de manera que, mientras dicha resolución no se pronuncie, se está en la posibilidad de que sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría al promovente del amparo. En este orden de ideas, el acto impugnado en sede constitucional tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa para ser considerado como de imposible reparación. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la misma y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. En esas condiciones, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, todos de la Ley de Amparo; y por consecuencia, SE DESECHA la demanda de amparo, promovida por Erik Ávalos Reyes, contra del Tribunal Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad y otra autoridad. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En términos del artículo 26 fracción I de la Ley de Amparo se tiene como su domicilio para recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Yolanda Lucero Cruz Gómez y Sandra Luz Moreno Calderón, ya que acreditan tener la facultad para ejercer la profesión de abogadas al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que los restantes únicamente podrán imponerse de los autos hasta en tanto acrediten tener la profesión de licenciado en derecho. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Finalmente, toda vez que el citado Tribunal Colegiado anexó a su oficio, copia de un escrito signado por el apoderado jurídico de Iván Gutiérrez Escobar, en el que promueve recurso de queja; por tanto, toda vez que se advierte que no tiene relación con la demanda aquí planteada, en consecuencia, en obvio de mayor dilación procesal, devuélvasele de inmediato; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Por este medio se notifica a quejoso y autorizados el siguiente auto: Morelia, Michoacán, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Glósese a los autos el oficio 3571/2018, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo directo 189/2017 y anexos, así como la determinación de tres de mayo de dos mil dieciocho, mediante la cual estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda promovida por Erik Ávalos Reyes, por su propio derecho, contra actos del Tribunal Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Por lo que este juzgado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, se avoca a su conocimiento; acúsese recibo de estilo. Con las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe, fórmese un cuaderno de pruebas por separado para mejor manejo del expediente. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 443/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Vista la demanda promovida por Erik Ávalos Reyes, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 107 fracción V y 172 fracción IX, todos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. "El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Artículo 172. "En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la violación a las reglas esenciales del procedimiento consistente en la no admisión del recurso de apelación, interpuesto en contra del dictamen interlocutorio para resolver el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, del cual se negó a conocer la responsable, dentro del expediente 003/2016. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio natural de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable; en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y los Tratados Internacionales en los que México es parte, en favor del promovente, como serían la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Ello es así, pues basta imponerse de la demanda de amparo, para advertir que la parte quejosa se duele de una determinación de la responsable que, como se vio, es indudable que se trata de un acto meramente intraprocesal. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse vía amparo directo, una vez que se dicte la sentencia definitiva. Ello es así, en virtud de que en el juicio de origen todavía no se dicta sentencia ni se sabe el sentido de esta, de manera que, mientras dicha resolución no se pronuncie, se está en la posibilidad de que sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría al promovente del amparo. En este orden de ideas, el acto impugnado en sede constitucional tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa para ser considerado como de imposible reparación. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la misma y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. En esas condiciones, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, todos de la Ley de Amparo; y por consecuencia, SE DESECHA la demanda de amparo, promovida por Erik Ávalos Reyes, contra del Tribunal Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad y otra autoridad. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En términos del artículo 26 fracción I de la Ley de Amparo se tiene como su domicilio para recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Yolanda Lucero Cruz Gómez y Sandra Luz Moreno Calderón, ya que acreditan tener la facultad para ejercer la profesión de abogadas al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que los restantes únicamente podrán imponerse de los autos hasta en tanto acrediten tener la profesión de licenciado en derecho. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Finalmente, toda vez que el citado Tribunal Colegiado anexó a su oficio, copia de un escrito signado por el apoderado jurídico de Iván Gutiérrez Escobar, en el que promueve recurso de queja; por tanto, toda vez que se advierte que no tiene relación con la demanda aquí planteada, en consecuencia, en obvio de mayor dilación procesal, devuélvasele de inmediato; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

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