Erika Mancilla Sánchez

Expediente 269/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
269/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
15/05/2017

Partes del expediente

  • Erika Mancilla Sánchez
  • Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación Para la Atención de Niños, Niñas Y Adolescentes, Unidad de Investigación A-5

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA 5: Ciudad de México, quince de mayo de dos mil diecisiete. Archivo Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, a través de la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no obran documentos originales en el mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 269/2017-5, promovido por ERIKA MANCILLA SÁNCHEZ, por propio derecho, contra actos del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, UNIDAD DE INVESTIGACIÓN A-5 y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Presentación de la demanda: veintiuno de marzo de dos mil diecisiete. Admisión: veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Emplazamiento al agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito: veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. C O N S I D E R A C I O N E S: Primero. Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza penal y las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de la Litis. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que los actos reclamados son los siguientes: La dilación en la averiguación previa FNNA/A/T3/0151/16-04, con motivo del incumplimiento de la orden de localización y presentación de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, respecto del presunto responsable MARCO ANTONIO MEZA LÓPEZ. Tercero. Certeza de los actos reclamados No Orden Autoridad Responsable Acto Reclamado Certeza Foja 1 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, UNIDAD DE INVESTIGACIÓN A-5 La dilación en la averiguación previa FNNA/A/T3/0151/16-04, con motivo del incumplimiento de la orden de localización y presentación de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, respecto del presunto responsable MARCO ANTONIO MEZA LÓPEZ. NIEGA (DESVIRTUADA) 24 2 PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO La dilación en la averiguación previa FNNA/A/T3/0151/16-04, con motivo del incumplimiento de la orden de localización y presentación de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, respecto del presunto responsable MARCO ANTONIO MEZA LÓPEZ. NIEGA 28 3 COORDINADOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO) EN LA FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, UNIDAD DE INVESTIGACIÓN A-5 La dilación en la averiguación previa FNNA/A/T3/0151/16-04, con motivo del incumplimiento de la orden de localización y presentación de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, respecto del presunto responsable MARCO ANTONIO MEZA LÓPEZ. NIEGA 22 Las autoridades responsables al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que de las constancias se aprecia que fueron dichas autoridades quienes al momento de resolver sobre el no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa FPMPF/AEAM/T3/00195/14-04 y la aprobación de la reserva respecto a la indagatoria FPMPF/AEAM/T1/429/14-09, realizaron la notificación mediante estrados, constancias que al ser documentales públicas se les concede valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Causales de improcedencia. El cinco de abril de dos mil diecisiete, el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, UNIDAD DE INVESTIGACIÓN A-5, hizo valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En la especie, quien resuelve estima que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5º de la presente Ley, concerniente a la falta de interés jurídico o legítimo de la parte quejosa para reclamar la dilación en la averiguación previa FNNA/A/T3/0151/16-04, con motivo del incumplimiento de la orden de localización y presentación de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, respecto del presunto responsable MARCO ANTONIO MEZA LÓPEZ, conforme los siguientes motivos: La referida causal de improcedencia está prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6° del mismo ordenamiento, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso [.]". Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta ley. [.]". Cabe destacar que la disposición contenida en el artículo 6 de la Ley de Amparo, establece uno de los principios fundamentales del juicio de garantías, el cual consiste en la posibilidad de que la parte quejosa acuda al juicio de amparo cuando sea titular de un derecho que sea transgredido por un acto de autoridad, esto es, que se haya afectado su esfera jurídica de derechos y acuda en su defensa. El artículo 107, fracción I, constitucional, establece: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." [.]". De la porción normativa del aludido precepto constitucional, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden legal. Ahora bien, precisa destacar que la reforma al artículo 107 de la Constitución General de la República, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio constitucional; sin embargo, ello no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se promueva dicha instancia, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Así se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la tesis XLIII/2013, publicada en la página 822, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y contenido son: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo anterior, se concluye que el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación que le da la posibilidad al accionante del amparo, de acreditar un interés legítimo, cuando resulte afectado con el acto de autoridad que en su caso reclame, es decir, que afecte su esfera de derechos públicos subjetivos y que, por ende, no constituya únicamente un interés simple en los términos expuestos. Así, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que le sea trasgredido de manera personal y directa. Sin embargo, en el presente asunto el promovente jamás demostró que la falta de notificación de carácter personal vulnero su derecho a desplegar una defensa adecuada. Lo anterior, toda vez que de las constancias que integran el juicio en que se actúa, no se evidencia que el quejoso desahogara las diligencias necesarias para intervenir a las indagatorias FPMPF/AEAM/T3/00195/14-04 y FPMPF/AEAM/T1/429/14-09 y así poder ejercer los derechos que le correspondan una vez acreditada su personalidad. En efecto, de acuerdo al contenido de las constancias que obran en autos, se concluye que el quejoso carece de la calidad de víctima u ofendido dentro de las averiguaciones previas d origen para así tener por demostrado el interés legítimo o afectación a su esfera jurídica de derechos para promover amparo respecto de la falta de notificación personal. Ello, dado que si bien es cierto que las averiguaciones previas FPMPF/AEAM/T3/00195/14-04 y FPMPF/AEAM/T1/429/14-09 se formaron en consecuencia de las denuncias interpuestas por la finada Esperanza Reyes Romero, también lo es que no autorizó al hoy promovente a efecto de intervenir en dichas indagatorias. Es decir, al no existir identidad entre la partes procesales con el hoy quejoso es evidente su falta de interés jurídico para para promover el presente juicio de derechos fundamentales. Y tratándose de interés, la afectación debe acreditarse fehacientemente sin que esté permitido inferirla con base en presunciones, o de manera indirecta, como pudiera ser en el caso, que el interés se vea acreditado porque una persona que carece de las calidades especificas antes citadas, consulte las actuaciones derivadas de una indagatoria. Pues para tener por reconocido el interés para promover juicio de amparo y reclamar actos que estima trasgreden sus derechos humanos, la parte quejosa tuvo que demostrar que efectivamente tiene la calidad de imputado, víctima u ofendido, para que así se estuviera en posibilidad de examinar la legalidad o no de los actos reclamados, ello es lo que permite concluir que el quejoso carece de interés para promover amparo. En consecuencia, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Aunado a que, tal como lo manifestó el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, UNIDAD DE INVESTIGACIÓN A-5 al rendir su informe justificado, en el caso, no existe el acto reclamado precisado como la dilación en la averiguación previa FNNA/A/T3/0151/16-04, con motivo del incumplimiento de la orden de localización y presentación de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, respecto del presunto responsable MARCO ANTONIO MEZA LÓPEZ, pues de las constancias acompaño a éste, se colige que la POLICÍA DE INVESTIGACIÓN ADSCRITA A LA COORDINACIÓN DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN PARA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES dio cumplimiento a la orden de localización y presentación de ocho de diciembre de dos mil dieciséis y consecuentemente, MARCO ANTONIO MEZA LÓPEZ compareció ante esa representación social el veintinueve de marzo del año en curso; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio (veintiuno de marzo de dos mil diecisiete). Por tanto, la omisión reclamada no puede continuar surtiendo sus efectos. Quinto. Protección de datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Sexto. Envío de sentencia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, 2º, fracción XV, 5°, 7º y 8°, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 1°, fracción III, 25, 28, 29, 30, 34 y 65 del Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, a través del cual se implementa la publicación en internet de las sentencias ejecutorias y resoluciones públicas relevantes, generadas, entre otros órganos del propio por Consejo, por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a fin de incentivar el interés de la población en el conocimiento de las resoluciones jurisdiccionales, para fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información y que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, se ordena a la Secretaria de este Juzgado que se elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establecen los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en último término y envíese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, y con fundamento en los numerales 63 fracción IV, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio, promovido por ERIKA MANCILLA SÁNCHEZ, contra los actos y por las autoridades precisadas en el considerando tercero de la presente resolución, por las razones ahí expuestas. Segundo. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del considerando cuarto de la presente resolución. Tercero. Envíese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) la versión pública correspondiente, en términos de lo ordenado en el considerando quinto. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma la juez María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante la secretaria Olivia Campos Valderrama que autoriza y da fe.

  3. Principal

    MESA 5: Ciudad de México, a diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado de cuenta. Atento a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Asimismo, se tiene como domicilio de la autoridad oficiante el que precisa en su informe y como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que designa. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA "5" Ciudad de México, a diecisiete de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación y cuenta que anteceden, se advierte que para esta fecha está señalada la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; sin embargo, del estado que guardan los autos se aprecia que mediante proveído de cinco de abril de dos mil diecisiete, se puso a la vista de las partes el informe justificado rendido por la responsable, por lo que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días, que debe concederse respecto de la vista dada a las partes con el informe de mérito. En tal virtud, para dar margen a que transcurra dicho plazo, se difiere la aludida audiencia constitucional y, para su verificativo, se señalan las diez horas del veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Notifíquese.

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