Erleyka Nayarky Vegas Soto y Otros.
Expediente 852/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 852/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Erleyka Nayarky Vegas Soto y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA "2" Ciudad de México, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos de éste cuaderno de antecedentes, el oficio que signa el secretario del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito mediante el cual remite testimonio de la resolución de once de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en los autos del conflicto competencial administrativo 36/2021, suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de esta ciudad y este Juzgado Federal, cuyo resolutivo es: "ÚNICO. Es competente el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer de la demanda de amparo presentada por -----------------------------------------------------------------------, contra las autoridades y actos reclamados que quedaron precisados en el resultando primero de esta resolución." Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y, de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en el artículo 6° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales, acúsese recibo por interconexión. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso j), del numeral 21 de dicho ordenamiento y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, transcurridos tres años. En consecuencia, una vez transcurrida dicha temporalidad, dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.
- Principal
MESA "2" Ciudad de México, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la actuaria adscrita al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual hace del conocimiento de este órgano de control constitucional, que recibió el comunicado remitido por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el cual remitió el juicio de amparo ----/2021 de su estadística, promovido por --------------------, asesor jurídico federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, Especializado en Atención a Personas en Movilidad y Sujetas de Protección Internacional, en nombre y representación de las directas quejosas ------------------------------------------------------------------------------------, con motivo del conflicto competencial suscitado entre aquél Juzgado en Materia Administrativa y este órgano de control constitucional. Asimismo, informa que admitió a trámite dicho conflicto competencial, registrándolo en dicho Tribunal bajo el número de conflicto competencial CCA-36/2021, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
MESA "2" Ciudad de México, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el comunicado que envía por duplicado el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través de los cuales, transcribe el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno de cuya parte medular se desprende que no compartía el planteamiento desarrollado por esta potestad, por lo que insistió en declinar competencia; ello, pues -a su respetable criterio- la naturaleza jurídica de los actos reclamados es eminentemente penal. En razón de lo expuesto, informa que planteó conflicto competencial respecto del juicio de amparo --------- de su estadística al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
MESA "2" Ciudad de México, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se incorpora a las constancias el comunicado que envía el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual declina competencia y remite el juicio de amparo 1238/2021 de su índice, promovido por ---------------------, asesor jurídico federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, Especializado en Atención a Personas en Movilidad y Sujetas de Protección Internacional, en nombre y representación de las directas quejosas -----------------------------------------contra los actos y autoridades que en la demanda que dio origen a dicho juicio se precisan. Regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número ---/2021-2, fórmese el expediente electrónico e impreso y expídase el acuse de recibo. Ahora, conviene destacar que la remisión de las constancias descritas obedece a que el Juzgado en cita declinó competencia (por razón de materia) y para sostener tal postura, empleó los argumentos que a continuación se reproducen: "En el caso concreto, la parte quejosa reclama el alojamiento temporal y/o detención en los recintos establecidos por el Instituto Nacional de Migración; por lo que se estima que dichos actos encuadran dentro de los supuestos de competencia de los jueces de distrito de amparo en materia penal, según lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual refiere:(Transcribe artículos) Como se observa, el precepto transcrito atribuye competencia a los jueces de distrito de amparo en materia penal para conocer de los juicios de amparo en los que se reclamen actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal de la parte quejosa, así como aquéllos que puedan derivar en su deportación. De lo que se sigue que aunque el acto reclamado en la especie fue ordenado y ejecutado por autoridad de carácter administrativo, esto es, del Instituto Nacional de Migración, ello no actualiza la competencia material de este juzgado de distrito, pues el artículo transcrito es enfático al atribuir la competencia material a los jueces de distrito de amparo en materia de amparo sobre aquellos asuntos en los que se reclamen actos que afecten la libertad personal del quejoso, cualquiera que sea la naturaleza de la autoridad responsable. Además, si bien el acto reclamado deriva de la imposición de medidas a la parte quejosa dentro del procedimiento administrativo migratorio, ello no impide considerar que el asunto encuadra dentro de la materia penal, pues con el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunos tribunales federales han interpretado que una privación de libertad se configura cuando una persona no puede o no tiene la posibilidad de salir o abandonar por su propia voluntad el recinto o establecimiento en el cual se encuentra o ha sido alojada, con independencia de la denominación de la medida decretada (alojamiento temporal, arresto, aseguramiento, arraigo, prisión preventiva, entre otros). Por lo anterior, en términos del artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se considera que el conocimiento de este asunto corresponde a un juez de distrito de amparo en materia penal, pues con independencia de la naturaleza de la autoridad responsable, se reclaman actos que afectan la libertad personal de la parte quejosa, quien se encuentra alojada temporalmente dentro de las instalaciones designadas por el Instituto Nacional de Migración." (Lo destacado es propio) Una vez posicionado de los razonamientos expresados por el órgano especializado declinante, en congruencia con las constancias que integran el amparo indirecto ----/2021 de su estadística, se colige que aquéllos no se comparten, en atención a lo siguiente. Como cuestión inicial, cabe señalar que -------------------------------------, en su carácter de Asesor Jurídico Federal, accionó la justicia constitucional a nombre de -------------------------------------------- por estimar que los siguientes actos se emitieron al margen de lo dispuesto en la Norma Suprema: A) El aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de treinta y seis horas, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, conocida como "Las Agujas". B) La negativa de permitir al quejoso nombrar representante legal. C) Negativa de acceso a su representante legal a la estación migratoria para entrevistarse de manera personal y directa. DE acuerdo con lo previsto en el artículo 107, fracción VIII de la Ley de Migración. D) Cualquier acto de incomunicación. E) La omisión de notificar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados sobre la pretensión del quejoso de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, en términos de la Ley sobre Refugiados, protección Complementaria y Asilo Político. Los cuales atribuyó -en específico- a las autoridades responsables que enseguida se transcriben: 1. Titular de la Oficina de Representación en la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración. 2. Director General de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración. 3. Director de Resoluciones Migratorias de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria. 4. Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración. 5. Subdirector de Operación de Seguridad y Custodia en la Estación Migratoria en la Ciudad de México. 6. Subdirectora de Servicios Operativos y Atención al Migrante, en la Estación Migratoria en la Ciudad de México. Así, el promovente reclama de la totalidad de autoridades: "El aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de treinta y seis horas, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, conocida como 'Las Agujas'". Por su parte, es conciso en señalar que las emisoras de los actos restantes, identificados con los incisos B), C), D y E), únicamente se los atribuye a las autoridades señaladas en los números 4, 5 y 6. Además, realiza la siguiente aclaración: "------------------------------------------------------------------------------" Con ese contexto, ahora conviene señalar que en el acuerdo de treinta de septiembre, la autoridad jurisdiccional declinante -entre otras cuestiones de control estadístico interno-: recibió la demanda, la registró como ----/2021 y luego de determinar carecer de competencia con base en los razonamientos antes plasmados, resolvió: "En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano siempre y cuando la parte quejosa haya ratificado la demanda de Amparo indirecto 852/2021-2 demanda para el efecto que las autoridades migratorias pongan de inmediato en libertad a los quejosos (sic) --------------------------------------------------------, y que una vez hecho lo anterior se abstengan de ejecutar sobre este cualquier orden de deportación, expulsión, retorno, devolución o figura similar. Asimismo, con fundamento en el propio numeral 126 de la Ley de Amparo la suspensión de plano tiene como efecto que cese el estado de incomunicación en el que se encuentra la quejosa, para lo cual las autoridades migratorias deberán permitir que de inmediato pueda entablar comunicación y ser visitado por sus familiares, personas de confianza o abogados y defensores. En el entendido de que si al momento de que constituirse la o el actuario judicial adscrito a este órgano se encuentra acompañado del abogado o defensor de la parte quejosa, la autoridad migratoria deberá permitir la entrada de este último, sin posibilidad de alegar que la parte promovente no le ha autorizado o reconocido ese carácter. Lo anterior, salvo que una vez que el abogado o defensor se encuentre dentro de la estación migratoria, la parte quejosa se niegue a reconocerle el carácter que ostenta. Finalmente, se concede la suspensión de plano a fin de la autoridad responsable cese de inmediato cualquier acto de tortura, malos tratos o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, de conformidad con el artículo 147 de la Ley de Amparo, a fin de salvaguardar la materia del juicio de amparo y velar porque la parte quejosa no evada los trámites migratorios que se encuentra obligada a realizar ante el Instituto Nacional de Migración, se requiere a -------------------------------------------------------, para que de manera oportuna y rigurosa lleven a cabo lo siguiente: 1) Dentro del plazo de veinticuatro horas deberán informar a este órgano jurisdiccional sobre el establecimiento de un domicilio en la Ciudad de México, teniendo estrictamente prohibido abandonar dicha jurisdicción, salvo previa autorización de este juzgado. 2) Deberán comparecer ante la presencia judicial EL CUARTO LUNES DE CADA MES, dentro del horario de las 7.45 a las 13.45 horas. (siete cuarenta y cinco a las trece cuarenta y cinco horas), a efecto de firmar el acta de comparecencia que para ello levante el secretario de juzgado que corresponda, y asegurar a este órgano jurisdiccional que no ha abandonado la circunscripción descrita en el numeral que antecede, así como que ha continuado con su trámite migratorio. Al respecto, dígase a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional se encuentra ubicado dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Boulevard Adolfo López Mateos 1950, colonia Tlacopac, Ciudad de México, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01049, por lo que atendiendo a las medidas sanitarias para combatir la propagación del virus SARSCOV-2 Covid-19, impuestas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá tramitar previa y oportunamente el código QR correspondiente con el que se le permitirá acceder al inmueble en el que se ubica este juzgado, el cual podrá obtener en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con alguna de las condiciones de efectividad impuestas por este juzgador, la medida cautelar dejará de surtir efectos y se informará a las autoridades migratorias sobre dicha determinación, a efecto de que procedan a ejecutar el acto reclamado." (Lo destacado es de origen). Los autos dan cuenta que el treinta de septiembre del año en curso, el actuario judicial adscrito a ese órgano jurisdiccional notificó a las quejosas el proveído en cuestión y las tres fueron unánimes en ratificar la demanda, de modo que la suspensión de oficio y de plano concedida, se materializó jurídicamente y adquirió vigencia desde ese momento. En retrospectiva, se tiene que el Juzgado de Distrito especializado consideró fincar competencia a esta sede judicial con el argumento toral consistente en que los actos relativos al alojamiento temporal y/o detención se ajustan a la hipótesis de competencia establecida en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Con todo, este órgano regulador de la constitución, de forma respetuosa, no comparte los planteamientos que derivaron en la incompetencia que nos constriñe. Para justificar tal aserción, de forma inicial destaca que los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, regulan la competencia de los jueces de Distrito especializados en las materias penal y administrativa, mismos que establecen: "ARTÍCULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "ARTÍCULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Pues bien, de la interpretación de la primera de las disposiciones transcritas, se aprecia como regla general, la competencia de los jueces de Distrito en Materia Penal, para conocer de los actos de autoridad que impliquen una afectación a la libertad personal del gobernado, así como, de aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, excepción hecha de las correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. Asimismo contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. Por su parte, la exégesis del segundo de los numerales transcritos revela que corresponde al juez de Distrito en Materia Administrativa conocer de las demandas de amparo, que se promuevan, entre otras, contra actos de autoridades administrativas o con naturaleza propia de esa materia. Establecido lo anterior y con base en los antecedentes narrados, este Juzgado de Distrito estima, en principio, que los actos reclamados se encuentran relacionados con un procedimiento migratorio de naturaleza meramente administrativa, ya que del análisis de las constancias de autos se desprende que el acto que reclamó el promovente de las directas quejosas como "aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de treinta y seis horas, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México", según lo dispuesto por los artículos 1, 99 y 106 de la Ley de Migración, se trata en realidad de una medida administrativa denominada legalmente como "alojamiento" en una estación migratoria. Así, en el caso, se aprecia que el acto reclamado deriva directamente de la aplicación y ejecución de los artículos 991 y 1112 de la Ley de Migración, por parte de la autoridad migratoria, como lo es el Instituto Nacional de Migración, -en su creación órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación -, actualmente órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, encargado de la aplicación de las leyes migratorias en auxilio de la citada Secretaría como dependencia de la Administración Pública Federal. Aunado a lo anterior, debe destacarse que de la lectura de la demanda de amparo no se desprende que las quejosas hayan reclamado actos a los que se refiere el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Inclusive, el promovente fue preciso en aclarar que "NO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO ALGUNA ORDEN DE DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, O DE RETORNO ASISTIDO, TODA VEZ QUE LA QUEJOSA EXTERNA SU PRETENSIÓN DE SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADOS". En este sentido, cabe apuntar que en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, o posibles agresiones realizadas por elementos de personas morales que actúan en auxilio del Instituto Nacional de Migración, es inconcuso que corresponde al ámbito competencial de las autoridades migratorias de naturaleza administrativa, diversas al ministerio público, ya que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la aplicación de las leyes de la materia en tratándose de irregularidades en el ingreso y estancia en el territorio nacional. Ello, se corrobora con el informe de cumplimiento a la suspensión de plano rendido por el Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, mediante oficio -------------------fechado el uno de octubre del año en curso -folio 20259 del control del Juzgado declinante-, en el que esa autoridad responsable señaló que las quejosas "egresaron de esta Estación Migratoria el día treinta de septiembre del presente año, quedando sujetas a control de firmas los días miércoles en un horario de. en las instalaciones que ocupa esta Estación Migratoria. a efecto de que continúen con la tramitación de su Procedimiento Administrativo Migratorio"; además, para sostener tales aseveraciones, acompañó a su informe copias certificadas de los acuerdos de libertad respectivos. De manera que, como se dijo, los actos privativos de libertad por los que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México estimó carecer de competencia, cesaron con motivo de la medida cautelar que, de forma oficiosa y de plano, dictó. Sobre todo porque, en términos de lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley de Amparo6, para que los efectos de la suspensión de los actos reclamados subsistan, las quejosas tendrán que acudir ante la autoridad que la concedió; en el caso, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México quien, inclusive, acentúo: "Deberán comparecer ante la presencia judicial EL CUARTO LUNES DE CADA MES, dentro del horario de las 7.45 a las 13.45 horas. (siete cuarenta y cinco a las trece cuarenta y cinco horas), a efecto de firmar el acta de comparecencia que para ello levante el secretario de juzgado que corresponda, y asegurar a este órgano jurisdiccional que no ha abandonado la circunscripción descrita en el numeral que antecede, así como que ha continuado con su trámite migratorio." Y para ese propósito -firma de acta de comparecencia- precisó el domicilio donde se ubica esa sede judicial. En esa medida, cabe destacar que la finalidad de la competencia por materia consiste en que, en el juzgado o tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo cual permite a los juzgadores un mayor discernimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir la garantía de justicia pronta, completa e imparcial tutelada en el artículo 17 de la Constitución Federal. De ahí que, si un acto es en sí mismo de una especialidad específica y proviene de una autoridad que tiene una materia asignada, eso permite determinar la competencia de un juez para conocer del amparo que en su contra se promueva; si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada, pero sin perder de vista los actos concretos de su aplicación que en su caso emitan las autoridades que los dictan. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis -------, determinó que para fijar la competencia por materia de los jueces de Distrito en los juicios de amparo, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable; por tanto, para determinar la competencia por materia debe atenderse a dichos elementos y no a los conceptos de violación expresados, pues no constituyen un criterio apto para determinar a quién compete conocer del asunto. Luego, un asunto corresponde a la materia administrativa cuando en los actos se involucra la actividad o funciones del Estado; las relaciones que existan entre el Estado y los particulares; y, en forma especial, las relaciones que se den entre la administración pública -federal, estatal o municipal- con los gobernados o como en el caso la vigilancia y control del flujo migratorio en el territorio nacional, así como el bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, en la que éste actúa con el carácter de autoridad, pues puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado. En este tenor, el acto reclamado consistente en la indebida cuantificación de una pensión a cargo del Instituto pertenece a la materia administrativa, porque no se cuestiona el derecho a obtenerla, ni está en juego su revocación, sino que esa prestación económica está otorgada a favor del trabajador o de su derechohabiente, y solamente se impugna su determinación líquida por no contener la cantidad correspondiente a los incrementos que le corresponden de acuerdo con la norma aplicable; de ahí que la competencia por materia para conocer del juicio de garantías instaurado en su contra se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa en los lugares en que exista esa competencia especial, sin perjuicio de que los órganos jurisdiccionales con competencia mixta conozcan de dichos juicios donde no exista la competencia especializada". De igual forma, es importante precisar que el Máximo Tribunal del país ha decidido que las disposiciones relativas a la Ley de Amparo manifiestan un claro espíritu en el sentido de la indivisibilidad de la demanda considerándola un todo8, para evitar la división en la continencia de la causa. Luego, dado que el promovente controvierte por esta vía constitucional diversos actos que resultan independientes de la privación de la libertad alegada -actualmente inexistente-, se estima que los actos reclamados deben analizarse a la luz de la materia que los rige -administrativa-, para que la constitucionalidad de dichos actos sea analizada por un juez competente especializado en esa materia. Por las consideraciones relatadas, este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal NO ACEPTA la competencia declinada. Consecuentemente, previa formación del cuaderno de antecedentes, devuélvase el presente asunto al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y solicítesele para que, de no tener inconveniente legal alguno, una vez que existan en su poder los presentes autos, acuse el recibo de estilo correspondiente, en el que informe si insiste o no en declinar la competencia planteada. Domicilio de la parte quejosa y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en las Oficinas centrales del Instituto Federal de Defensoría Pública ubicadas en Bucareli 22 y 24, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Por otra parte, se tienen por autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas -----------------------------------------------------------------------------------------. Luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la ley que rige la materia, se tiene por autorizado a ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, quedando a salvo su derecho para acreditar encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Consulta de expediente electrónico y domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones Ahora bien, en relación a la solicitud para consultar el expediente electrónico, a través del usuario "Albertoalvarez89", el cual, después de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte su registro el diez de agosto de dos mil dieciocho; se autoriza la consulta electrónica del presente asunto a través de los mismos; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización. Atento a lo anterior, infórmese a la parte interesada que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los usuarios señalados para tal efecto. De igual forma, con fundamento en los artículos 55 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autorizan las notificaciones vía electrónica al usuario citado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del referido acuerdo. En el entendido que dichas notificaciones que deriven del presente sumario constitucional, se tendrán por hecha en el citado usuario. Notifíquese; y personalmente.
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