ERIKA DORANTES CORTES y Otros.
Expediente 856/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 856/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 27/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Erika Dorantes Cortes
- ERIKA DORANTES CORTES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
MESA "3" VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE COMO SE ADVIERTE QUE EL DÍA DE HOY, EN EL JUICIO DE AMPARO 856/2015-1, DEL CUAL DERIVA EL PRESENTE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN PROMOVIDO POR ERIKA DORANTES CORTES Y FIDEL ESTEFANO PEÑA RIVERA, POR PROPIO DERECHO Y SIMULTÁNEAMENTE EN REPRESENTACIÓN DE SUS MENORES HIJAS, MARÍA JIMENA Y JANA ESTEFANI, AMBAS DE APELLIDOS PEÑA DORANTES, QUEDÓ FIRME EL AUTO DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE PASADO, EN EL QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EL JUICIO DE GARANTÍAS Y SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEFINITIVO. POR OTRA PARTE, EN CUANTO AL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEDUCIDO DEL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA SE NEGÓ RESPECTO A LOS ACTOS RECLAMADO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, JUEZ VIGÉSIMO PRIMERO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SECRETARIO DE ACUERDOS ADSCRITO AL JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL LICENCIADO VÍCTOR HUGO NERÍA SÁNCHEZ, EN TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO TERCERO Y SE CONCEDIÓ POR LO QUE RESPECTA AL ACTO RECLAMADO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, JUEZ VIGÉSIMO PRIMERO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SECRETARIO DE ACUERDOS ADSCRITO AL JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL LICENCIADO VÍCTOR HUGO NERÍA SÁNCHEZ, EN TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO SEGUNDO Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA FUE CONCEDIDA POR LO QUE RESPECTA AL ACTO RECLAMADO, CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN III, PRIMER PÁRRAFO, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009 DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE LA JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SE HACE CONSTAR QUE SERÁ SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO EL ARCHIVO DEL JUICIO PRINCIPAL COMO ASUNTO CONCLUIDO. FINALMENTE, HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL APARTADO VIGÉSIMO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA "3" VISTA LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL QUE ANTECEDE; COMO SE ADVIERTE QUE EL PLAZO DE DIEZ DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, PARA QUE LOS QUEJOSOS ERIKA DORANTES CORTES Y FIDEL ESTEFANO PEÑA RIVERA, POR PROPIO DERECHO Y SIMULTÁNEAMENTE EN REPRESENTACIÓN DE SUS MENORES HIJAS, MARÍA JIMENA Y JANA ESTEFANI, AMBAS DE APELLIDOS PEÑA DORANTES, SE INCONFORMARÁN CON LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTIOCHO DE OCTUBRE PASADO, EN LA QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; HA TRANSCURRIDO SIN QUE HUBIESE SIDO RECURRIDA TAL SENTENCIA; CON APOYO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, EN TÉRMINOS DE SU DIVERSO 2º, SE DECLARA QUE DICHA RESOLUCIÓN, HA CAUSADO EJECUTORIA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE LA MATERIA SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. POR OTRA PARTE, COMO DE LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL QUE ANTECEDE SE DESPRENDE QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE CARECE DE DOCUMENTOS ORIGINALES Y DE RELEVANCIA HISTÓRICA, JURÍDICA Y DOCUMENTAL, PARA EFECTOS ARCHIVISTICOS, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN II, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, SE HACE CONSTAR QUE EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO SU ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. ASIMISMO, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO VIGÉSIMO, FRACCIÓN III, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, EL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DERIVADO DEL EXPEDIENTE EN QUE ACTÚA, SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE SEIS MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. FINALMENTE, HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL APARTADO VIGÉSIMO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO.
- Principal
MESA "3" VISTA LA RAZÓN ASENTADA POR EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO LICENCIADO LUIS MORA HERNÁNDEZ, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE NO FUE POSIBLE NOTIFICAR A LOS QUEJOSOS ERIKA DORANTES CORTES Y FIDEL ESTEFANO PEÑA RIVERA, POR PROPIO DERECHO Y SIMULTÁNEAMENTE EN REPRESENTACIÓN DE SUS MENORES HIJAS, MARÍA JIMENA Y JANA ESTEFANI, AMBAS DE APELLIDOS PEÑA DORANTES, EL ACUERDO DE FECHA VEINTIOCHO DE OCTUBRE PASADO, EN VIRTUD DE QUE AL CONSTITUIRSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, FUE ATENDIDO POR CORREA Y PATIÑO JOSÉ, QUIEN INDICO SER PORTERO Y QUE EN ESE MOMENTO NO SE ENCONTRABAN LAS PERSONAS BUSCADAS, POR LO QUE PROCEDIÓ A FIJAR EL AVISO CORRESPONDIENTE; POR ELLO AL HABER TRANSCURRIDO LOS DOS DÍAS QUE SE LES DIERON PARA ACUDIR AL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y NOTIFICARSE PERSONALMENTE DICHA DETERMINACIÓN, CON APOYO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFÍQUESE A LOS QUEJOSOS, DICHA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DE LISTA. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense para que surtan sus efectos legales el oficio sin número firmado por el Juez Vigésimo Primero Penal en el Distrito Federal, por el que remite copia certificada de la audiencia de desahogo de pruebas de las menores testigos MARÍA JIMENA PEÑA DORANTES y JANA ESTEFANÍA PEÑA DORANTES, de fecha cinco de octubre pasado, en la que se llevó acabo la testimonial de la menor María Jimena Peña Dorantes y se tuvo por desistidos a los procesados, respecto a la testimonial a cargo de Jana Estefanía Peña Dorantes; en tal virtud, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ante ello y tomando en consideración que conforme a la técnica que rige el juicio de amparo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, corresponde a este Juzgador de Control Constitucional, analizar de oficio si en el caso se actualiza la citada hipótesis que hace improcedente el presente juicio de amparo, por ser su estudio preferente y de orden público. Resulta aplicable a lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo SEXTO TRANSITORIO de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, en tanto que no se opone a la normatividad vigente, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 163/2005 , del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto. Lo anterior, sin que sea menester dar vista a los quejosos ERIKA DORANTES CORTES y FIDEL ESTEFANO PEÑA RIVERA, por propio derecho y simultáneamente en representación de nuestras menores hijas, MARÍA JIMENA y JANA ESTEFANI, ambas de apellidos PEÑA DORANTES, con la actualización de dicha causa de improcedencia, advertida, como lo previene el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues de la interpretación del párrafo segundo de dicho precepto, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" -Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito-. Sustenta lo anterior la jurisprudencia por reiteración de criterios, VI.1o.T. J/1 (10a.) , que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes. En esas condiciones, este Juzgador advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, es menester señalar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de los quejosos ERIKA DORANTES CORTES y FIDEL ESTEFANO PEÑA RIVERA, por propio derecho y simultáneamente en representación de nuestras menores hijas, MARÍA JIMENA y JANA ESTEFANI, ambas de apellidos PEÑA DORANTES, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la consonancia armónica de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI, y 77, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Lo anterior conduce a este Juzgador Constitucional, a concluir que el acto reclamado por los quejosos ERIKA DORANTES CORTES y FIDEL ESTEFANO PEÑA RIVERA, por propio derecho y simultáneamente en representación de nuestras menores hijas, MARÍA JIMENA y JANA ESTEFANI, ambas de apellidos PEÑA DORANTES, consistente en: "el auto de fecha primero de septiembre de dos mil quince emitido dentro de la Causa Penal 97/2015 que se substancia bajo el índice del Juzgado Vigésimo Primero Penal del Distrito Federal, el que en lo que interesa acuerda: ".UNA VEZ MÁS, ES DE CONSIDERARSE QUE ESTA AUTORIDAD ES OBSERVADORA" DE TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS QUE LA LEY OTORGA A LAS MENORES EN CITA, DE LO QUE SE DESPRENDE QUE DE DECLARAR EN ESTE ASUNTO, SE "TOMARÍAN" TODAS Y CADA UNA DE LAS MEDIDAS CONDUCENTES PARA SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD FISÍCA Y PSICOLOGÍCA (LUNES SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A LAS DIEZ HORAS)."; ".APERCIBIDOS CON ARRESTO DE TREINTA Y SEIS HORAS (QUEJOSOS PADRES DE LAS MENORES DE EDAD) EN CASO DE NO PRESENTAR LAS MENORES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN III Y 37 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL."; "POR LO QUE NO SE ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN HECHO VALER POR LA PARTE AGRAVIADA.", sin embargo de las constancias que envió el Juez se advierte que el cinco de octubre, tuvo verificativo la testimonial de María Jimena Peña Dorantes y se tuvo por desistidos a los procesados, respecto a la testimonial a cargo de Jana Estefanía Peña Dorantes; por tanto, es inconcuso que la medida de apremio consistente en la orden de arresto de treinta y seis horas, en caso de no presentar a las menores a la diligencia, ha quedado sin efectos por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, por cesación de efectos del acto reclamado por cuyo motivo se impone en términos del diverso 63, fracción V de la Ley de Amparo, DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Sustentan lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo SEXTO TRANSITORIO de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a la normatividad vigente, las jurisprudencias III.2o.C. J/22 y VII.P. J/4 , del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa a los solicitantes del amparo, en virtud de que la determinación se sustenta en una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la cesación de efectos; de modo que resulta ocioso analizar las posibles violaciones contenidas en el acto reclamado, pues al dejar de surtir sus efectos, deja de dañar la esfera de derechos de los accionantes del amparo, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto práctico tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación al respecto, conforme a lo dispuesto en el artículo SEXTO TRANSITORIO de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a la normatividad vigente, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003 , de rubro y tenor siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sobreseimiento que se hace extensivo, a los actos de ejecución reclamados al Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Vigésimo Primero Penal del Distrito Federal, licenciado Víctor Hugo Neria Sánchez, toda vez que la autoridad ordenadora Juzgado Vigésimo Primero Penal del Distrito Federal, remitió copia certificada de la audiencia de desahogo de pruebas de cinco de octubre pasado, por lo que no existe orden de arresto que cumplimentar; como del informe justificado firmado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se advierte que negó el acto reclamado por los quejosos, en término del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por las razones expuestas se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, debiéndose hacer del conocimiento de las partes tal circunstancia para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
MESA "3" CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 61 Y 62 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, AGRÉGUESE A LOS AUTOS ÚNICAMENTE PARA QUE OBRE COMO CONSTANCIA EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SIN QUE HAYA LUGAR A DICTAR PROVIDENCIA ALGUNA AL RESPECTO EN VIRTUD DE QUE EN AUTO DE DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, SE TUVO A LA AUTORIDAD ALUDIDA RINDIENDO EL INFORME DE QUE SE TRATA. POR OTRA PARTE, AGRÉGUESE EL OFICIO SIN NÚMERO SUSCRITO POR EL JUEZ VIGÉSIMO PRIMERO PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE INFORMA QUE EN AUDIENCIA DE CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, SE DESAHOGARON LAS AMPLIACIONES DE LAS MENORES TESTIGOS MARÍA JIMENA PEÑA DORANTES Y JANA ESTEFANIA PEÑA DORANTES; EN CONSECUENCIA, REQUIÉRASE A DICHA AUTORIDAD PARA QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS, CONTADAS A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS LA LEGAL NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO REMITA COPIA CERTIFICADA DE LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN LO DICHO EN SU OFICIO.
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