Erika Flores Lopez
Expediente 836/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 17/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Erika Flores Lopez
- ERIKA FLORES LOPEZ y Otros.
- Juez de Oralidad Penal Y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, Con Sede En Puebla (Adriana de Lourdes Martínez Jiménez)
- Carlos Alberto Martinez Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión; y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Raúl Bonilla Hernández, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por autorización contenida mediante oficio CCJ/ST/2537/2020, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la secretaria Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. ELIUT En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 836/2020-D, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Erika Flores López y Carlos Alberto Martínez Vázquez; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veinte mediante buzón judicial y remitida en archivo digital a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC"; Erika Flores López y Carlos Alberto Martínez Vázquez solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro y otras autoridades. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 14, 16, 20 apartado B, fracciones I, II, III, IV, VI y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Desechamiento parcial y auto admisorio. Por acuerdo dictado el treinta de octubre de dos mil veinte, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 836/2020-D; asimismo, determinó lo siguiente: 1. Desechó parcialmente la demanda de amparo, respecto a los actos reclamados consistentes en: i) la omisión de informar el número de carpeta de investigación, el nombre del o los acusadores, las pruebas de cargo que existen en contra de los quejosos, así como la oportunidad de declarar y ofrecer pruebas de descargo dentro de la o las carpetas de investigación iniciadas en su contra (no se acató el principio de definitividad); y, ii) la inspección de personas que se les pudiera practicar por elementos de las policías estatal, municipal y ministerial del Estado de Puebla (acto futuro e incierto); 2. En diverso sentido, admitió a trámite la acción constitucional en relación con las órdenes de aprehensión, búsqueda y detención, así como su ejecución; y, 3. Tramitó por cuerda separada el incidente de suspensión; requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero. Cita para audiencia. Mediante proveído de doce de noviembre de noviembre de dos mil veinte, se fijaron las diez horas con veinte minutos del treinta del actual, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos privativos de la libertad atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que los quejosos Erika Flores López y Carlos Alberto Martínez Vázquez reclaman: ( Las órdenes de aprehensión, búsqueda, detención; y, ( Su ejecución. Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, los quejosos atribuyen los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado 1 Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, Abelardo Gil Martínez, a través del propio órgano jurisdiccional. Niega. 2 Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, Rosalva Elena Zarate Herrera. Niega. 3 Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, Javier Vázquez Fernández. Niega. 4 Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, Celestino Martínez Bones, a través del propio órgano jurisdiccional. Niega. 5 Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, Blanca Laura Ollivier Palacios, a través del propio órgano jurisdiccional. Niega. 6 Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, Idalia Arciniega Arias. Niega. 7 Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, Juan Jesús Gutiérrez Estrada, a través del propio órgano jurisdiccional. Niega. 8 Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez. Niega. 9 Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, Miriam Huerta Lechuga. Niega 10 Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, Adriana Martínez Jiménez. Niega 11 Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, Enrique López Criollo. Niega 12 Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Karla Patricia Ambrosio Vargas a través del propio órgano jurisdiccional. Niega 13 David Rodríguez González, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro- Poniente, con sede en Cholula, en lugar del juez Aarón Hernández Chino. Niega 14 Fernando Martínez Espinosa, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro- Poniente, con sede en Cholula. Niega 15 Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante. Niega 16 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega 17 Titular Agente de Investigación de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula. Niega 18 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a la Comandancia del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla. Omisa 19 Secretario de Seguridad Pública a través de quien legalmente lo representa. Niega 20 Secretaria de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, por conducto de su representante. Niega Las autoridades responsables negaron la existencia de los actos que se les reclama, consistentes en las órdenes de aprehensión, búsqueda, detención; y, su ejecución, sin que en autos exista prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos que ahora reclama la parte quejosa. Por tanto, correspondía a la parte quejosa la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos; esto es, aportar los medios de prueba en la audiencia constitucional para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que los actos sí existen y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. Consecuentemente, al no cumplir con la carga procesal de integrar al juicio de amparo prueba alguna que por su idoneidad pudiese desvirtuar las negativas de las autoridades responsables y acreditar que, como lo afirman, existe un acto de autoridad que le genera perjuicio en su esfera jurídica, no obstante que se le dio vista con el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio respecto de las autoridades responsables y los actos reclamados. No es obstáculo a la determinación anterior, el hecho de que la autoridad responsable ejecutora 18. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a la Comandancia del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla omitiera rendir su respectivo informe justificado, en virtud de que las responsables señaladas como ordenadoras negaron la existencia de las órdenes privativas de libertad reclamadas, por lo que es evidente que dicha autoridad no puede ejecutar acto alguno. Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 63, 74, 76 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Erika Flores López y Carlos Alberto Martínez Vázquez, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del ministerio público federal adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Regularización de procedimiento. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo dictado el cinco de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a los jueces responsables 2. Rosalva Elena Zarate Herrera, 3. Javier Vázquez Fernández, 6. Idalia Arciniega Arias, 8. Carlos Guillermo, Ramírez Rodríguez, 9. Mirian Huerta Lechuga, 10. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez y 11. Enrique López Criollo, todos adscritos al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, rindiendo su informe justificado y comunicando que los jueces: 1. Abelardo Gil Martínez, 4. Celestino Martínez Bones, 5. Blanca Laura Ollivier Palacios, 7. Juan Jesús Gutiérrez Estrada y 12. Karla Patricia Ambrosio Vargas, ya no se encuentran adscritos al juzgado indicado. Igualmente, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, computados legalmente, manifestara lo que a su interés y derecho conviniera, en relación con la denominación de las citadas autoridades, apercibiéndola que de no hacerlo, se tendrían por inexistentes. Sin embargo, del informe justificado correspondiente, se advierte que éste se rindió por los suscribientes antes señalados y en representación de los Jueces 1. Abelardo Gil Martínez, 4. Celestino Martínez Bones, 5. Blanca Laura Ollivier Palacios, 7. Juan Jesús Gutiérrez Estrada y 12. Karla Patricia Ambrosio Vargas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se regulariza el procedimiento en el presente asunto, en razón de que únicamente se informó que los jueces: 1. Abelardo Gil Martínez, 4. Celestino Martínez Bones, 5. Blanca Laura Ollivier Palacios, 7. Juan Jesús Gutiérrez Estrada y 12. Karla Patricia Ambrosio Vargas, ya no se encontraban adscritos al juzgado indicado, lo que significa que las autoridades no dejaron de existir sino que ya no se encuentran adscritos, pues el emplazamiento de las referidas autoridades responsables para que rindan su informe justificado se practicó a los jueces responsables y no así a las personas que ostentan dicha calidad; de lo contrario se entorpecería el trámite del juicio de amparo, ya que no se notificaría a la institución, sino a individuos que fungieron con tal carácter y que por alguna causa, ya no ostentan el cargo respectivo, esto es, a una persona que ya no cuenta con la calidad de juez, o bien, fue readscrito a diverso órgano jurisdiccional. Por tanto, se deja sin efecto el auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, sólo respecto a la parte relativa que dice: ".Por lo anterior, se ordena dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días computado legalmente, para que manifieste lo que a su interés y derecho convenga, en relación con la denominación de las referidas autoridades, apercibida que de no hacerlo, se tendrán por inexistentes; mientras tanto, suspéndase desde este momento toda comunicación oficial con aquéllas." Finalmente, intégrese el pedimento 168/2020, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, donde solicita: 1. Que se le tenga formulando alegatos; 2. Se sobresea el presente juicio de amparo; y, 3. Se le expida copia de la sentencia correspondiente. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 124 del último ordenamiento legal citado; téngasele por hechas las manifestaciones vertidas en vía de alegatos; solicitando que se sobresea el presente juicio de amparo; y, en su momento, expídasele a su costa copia autorizada de la resolución que se dicte en este expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de noviembre de dos mil veinte. Visto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, intégrese a sus autos el INFORME JUSTIFICADO rendido por la autoridad responsable 20. Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, por conducto de su representante; por tanto, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. A su vez, con fundamento en el artículo 9, primer párrafo de la Ley de Amparo, se le tiene designando como delegados a la personas que menciona. En otro orden, y en virtud que fueron señaladas las once horas con treinta minutos del diecinueve de noviembre próximo, para la celebración de la audiencia constitucional, resulta evidente que no se encontrará debidamente integrado el presente juicio de amparo para esa data. Por lo que, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantías consagradas en el artículo 17 Constitucional, procede diferirla anticipadamente; y, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. Notifíquese por lista a las partes.
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