Erik Randal Lopez Merino
Expediente 1494/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1494/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Erik Randal Lopez Merino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental (anexo I), devuélvase a la autoridad responsable Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que por una parte se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos, el ocurso signado al parecer por el quejoso Erick o Erik Randal López Merino; visto su contenido, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad lo que solicita, por los siguientes motivos: En primer lugar, el desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva a emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios. Por cuanto hace al tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su criterio jurisprudencial 2a./J. 33/2000, consideró que el desistimiento de la demanda de amparo se puede manifestar en cualquiera de las instancias del juicio, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria. La jurisprudencia invocada, es del rubro y texto siguientes: DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. Ahora bien, de autos se advierte que el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia constitucional, siendo que el treinta de diciembre siguiente se dictó la sentencia definitiva correspondiente en la se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, por lo que en auto de dieciocho de enero de dos mil diecisiete la misma causó ejecutoria, y en el diverso auto de dieciséis de febrero pasado, se declaró cumplida la ejecutoria de mérito. En ese tenor, se estima que el desistimiento del presente juico de amparo formulado por el ocursante es improcedente, porque la realiza después de que se tuvo por cumplida la sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 82/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios. No se soslaya que la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2ª. LI/2014 (10ª.), estableció que es procedente que la parte quejosa pueda desistirse al cumplimiento de la sentencia de amparo, siempre y cuando la concesión del amparo tenga por efecto que las autoridades responsables devuelvan las cantidades monetarias a que fueron condenadas por la autoridad jurisdiccional a través del juicio constitucional; sin embargo, tal supuesto no se actualiza en el caso, ya que el amparo que se otorgó al impetrante del amparo no tiene por efecto la devolución de alguna suma monetaria, además de que, como se dijo, la sentencia ya se tuvo por cumplida. La tesis aislada mencionada, es del rubro y texto siguientes: INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA ANTE EL DESISTIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE TRATE DE INTERESES PATRIMONIALES PREVIA RATIFICACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Según el principio de prosecución judicial, el interés de los quejosos por dar vida y continuar con el juicio, así como con los procedimientos emanados dentro de éste, representa un aspecto necesario dentro del trámite del juicio de amparo hasta su resolución final, pues de lo contrario, no habría razón para emitir una sentencia o agotar las instancias procesales respectivas. De ahí que, si bien el orden público requiere del cumplimiento de las sentencias como respuesta a la eficacia de reparación de cualquier derecho humano violado, lo cierto es que cuando la concesión del amparo tenga por efecto que las autoridades responsables devuelvan las cantidades monetarias a que fueron condenadas por la autoridad jurisdiccional a través del juicio constitucional es procedente, previa ratificación de su voluntad ante el órgano jurisdiccional en el cual se encuentra radicado el incidente de inejecución de sentencia, que los beneficiados con la concesión del amparo desistan de su cumplimiento, pues ante tal manifestación y tratándose del pago de pesos, el perjuicio patrimonial sólo corresponde a ellos; de suerte que ya no subsiste la materia del incidente de inejecución y, por tanto, debe declararse sin materia, sin que esto implique que la autoridad haya cumplido, sino que se actualiza un presupuesto procesal que impide la continuación del procedimiento de ejecución, sin que pueda aplicárseles, en su caso, la norma declarada inconstitucional.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Visto, el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Jueza Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngasele manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con su contenido, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga; apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de noviembre de dos mil dieciséis. Visto; agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, para que surta los efectos legales procedentes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Asimismo, con fundamento en el artículo 119, en relación con el diverso 123, ambos de la Ley de la materia, téngasele ofreciendo como prueba la documental que acompaña al oficio de cuenta, la cual se desahoga dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, en razón al cuantioso número de fojas que conforman las copias certificadas del proceso 194/2016 que dificulta su manejo y consulta al integrarlo al juicio en que se actúa, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, fórmese el anexo I, conservando el folio de origen, a fin de que el día que tenga verificativo la audiencia constitucional pueda ser apreciado debidamente. En diverso aspecto, de actuaciones se advierte que mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis se reservó proveer lo conducente respecto de la existencia de la parte tercero interesada hasta en tanto la autoridad responsable rindiera su informe justificado y, como ello ya aconteció, se provee: Del proceso penal de origen, se aprecia que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de tercero interesado a quien resulte ser el legítimo propietario de la camioneta marza Ford Ranger, color negro, con camper color plata, número de serie 8AFDR5AD1B6383767, motor importado, con número de placas de circulación SK26634 del Estado de Puebla, por ser el agraviado del delito de desmantelamiento de vehículo robado agravado en la causa natural. Atento a lo anterior, toda vez que de las constancias que remitió el juez responsable en apoyo a su informe de ley no se advierte que se haya apersonado persona alguna al proceso de origen a defender los derechos que le conciernen y, al no tener certeza de la identidad de quien tiene el derecho a la reparación del daño material proveniente del delito, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo (contrario sentido), no ha lugar a tener como tercera interesada a persona alguna, sin perjuicio de que pueda apersonarse a este sumario constitucional una vez que haya hecho lo propio ante el juez de la causa. Por otro lado, toda vez que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Puebla, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario adscrito llevador de este expediente, realice lo siguiente: a) Notifique el presente acuerdo a la parte quejosa; y, b) Le corra traslado al quejoso con copia simple del informe justificado rendido por la autoridad responsable. Finalmente, ya que fueron señaladas las nueve horas con veinte minutos del veintidós de noviembre próximo para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, dado lo acordado en párrafos anteriores, resulta evidente que para esa fecha aún se encontrará transcurriendo el término de ocho días para que las partes se impongan del contenido del informe justificado de cuenta; por lo que, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal procede diferirla anticipadamente, señalándose para tal efecto las doce horas con cincuenta minutos del treinta de noviembre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa.
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