Erika Cuapio Carrillo
Expediente 1068/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1068/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Erika Cuapio Carrillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Visto, intégrese a las presentes actuaciones el oficio signado por Javier Velázquez Fernández, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, mediante el cual manifiesta la imposibilidad para dar cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintitrés de diciembre pasado, por los motivos que aduce en el mismo; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, del oficio que se provee, se aprecia que el veintiocho de febrero del año que transcurre, tuvo verificativo la audiencia intermedia, en la cual se dictó auto de apertura a juicio oral, y se asignó la carpeta relativa mediante oficio 6942/2019-ADM, a sus homólogos Abelardo Gil Martínez, José Hugo Salvador González Jiménez e Idalia Arciniega Arias, como Tribunal de Enjuiciamiento bajo el número 07/2019/JO/CENTRO. En consecuencia, con copia simple del oficio de cuenta que al efecto se anexe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 17/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO; requiérase a Abelardo Gil Martínez, José Hugo Salvador González Jiménez e Idalia Arciniega Arias, Jueces adscritos al Tribunal de Enjuiciamiento, con sede en la ciudad de Puebla, para que dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de que tenga conocimiento de este proveído, remitan copia certificada de la versión escrita de la sentencia emitida en contra de Raúl Suárez Arenas, respecto de los hechos narrados en el escrito de acusación del ministerio público, del que se le envía copia simple, en concreto, la parte donde se contestó la solicitud del decomiso del vehículo marca Chevrolet, tipo Sonic, rojo, con placas de circulación XWX6841 del Estado de Tlaxcala, con número de serie 3G1J85DG3HS525078 -que por esta vía defiende la parte quejosa-, solicitado por 1. María Antonia Laura Peral Rodríguez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Trata de Personas de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Puebla, dentro de la carpeta de investigación CDI/147/2017/FISDAI; en su caso, su correspondiente registro debidamente certificado del audio y video de la misma. Se apercibe a las citadas autoridades que de no hacerlo, se les impondrá, de forma separada, una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de autos, se aprecia que mediante proveído de trece de diciembre del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable 1. María Antonia Laura Peral Rodríguez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Trata de Personas de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Puebla, remitiendo diversas constancias que obran dentro de la carpeta de investigación CDI/147/2017/FISDAI, de su estadística (de la que emana el acto reclamado), de las que se aprecia que mediante acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en la indagatoria de referencia manifestó, en lo que interesa, lo siguiente: "(.) se solicitó el decomiso de dicho vehículo para garantizar la reparación del deño de la víctima, lo cual fue aceptado por el Juez de Control y en juicio se dejó subsistente para la audiencia de Ejecución de Sentencias, por lo que el vehículo si guarda estrecha relación con los hechos, aunado que no se cuenta con una sentencia firme (.). En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 17/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO; requiérase a Javier Velázquez Fernández, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, para que dentro del término de doce horas contado a partir de que tenga conocimiento de este proveído, remita copia certificada de la audiencia en la que dejó subsistente el decomiso del vehículo marca Chevrolet, tipo Sonic, rojo, con placas de circulación XWX6841 del Estado de Tlaxcala, con número de serie 3G1J85DG3HS525078 -que por esta vía defiende la parte quejosa-, solicitado por 1. María Antonia Laura Peral Rodríguez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Trata de Personas de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Puebla, dentro de la carpeta de investigación CDI/147/2017/FISDAI; en su caso, su correspondiente registro debidamente certificado del audio y video de la misma; y, de haber, de la sentencia relativa. Se apercibe a la citada autoridad que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los presentes autos el escrito signado por Jannet Ruiz Santos, Asesora Jurídica de la tercera interesada de identidad reservada de iniciales R.R.P., atento al contenido del mismo, se provee: En primer término, téngase a la ocursante apersonándose al presente juicio; y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el indicado en su escrito de cuenta. Del mismo modo, se tiene por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la tercera interesada de referencia a Alberta Villamil Lucas, esto es, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, al tener registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, que la acredita como Profesional Asociado en Archivonomía, no así como Licenciada en Derecho. Finalmente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se le tienen por realizadas las manifestaciones que vierte a manera de alegatos, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio signado por la autoridad responsable 1. María Antonia Laura Peral Rodríguez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Trata de Personas de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado por esta autoridad en proveído de once de diciembre pasado, remite copia cotejada de diversas constancias que obran dentro de la carpeta de investigación CDI/147/2017/FISDAI, de su estadística (de la que emana el acto reclamado). Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 117, párrafo quinto, y 119 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y ténganse como prueba de la citada autoridad responsable, la documental que anexa a su oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno, esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, del estado procesal de autos se aprecia que se emplazó a juicio a la parte tercera interesada el doce de diciembre del año que transcurre; asimismo, que se encuentran señaladas las diez horas con veinte minutos del veinte de diciembre próximo (foja 25 vuelta), para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que al ser evidente que no habrán transcurrido los ocho días que deben mediar entre la vista de las constancias que conforman el controvertido en que se actúa y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente, y en su lugar se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal, mismas que a continuación se reproducen: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten."
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