Erika Domínguez Pineda

Expediente 23/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 34 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
23/2021
Año
2021
Actuaciones
34
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Erika Domínguez Pineda
  • Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Morelia, Michoacán
  • Erika Domínguez Pineda y Otros.
  • Samuel Alexis Rentería Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV-2, se provee lo siguiente: Acuse. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el que acusa de recibo del diverso 15424/2022, mediante el cual se le informó el archivo del juicio en que se actúa, y se le devolvió los autos originales que anexo a su informe justificado.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV-2, se provee lo siguiente: 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en los artículos 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3. Incidente de suspensión. En los autos del cuaderno incidental la suspensión provisional y la suspensión definitiva se negó en relación a los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Devolución de constancias. Toda vez que del sumario se aprecia que el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, adjuntó a su informe justificado dos tomos del juicio ordinario familiar 803/2016 y toca de apelación 255/2020-I, formándose tres tomos de prueba por separado; sin embargo, toda vez que resulta innecesaria su permanencia, devuélvanse al mismo, sin que haya lugar acusar recibo de su recepción.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, el juicio de amparo indirecto 23/2021, promovido por Erika Domínguez Pineda, por sí y en representación del niño de iniciales A.R.D., por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado y otra autoridad; al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama del magistrado responsable: La sentencia emitida el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca I-255/2020, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Samuel Rentería Castillo, en contra de la interlocutoria pronunciada en el juicio ordinario familiar 803/2016, que sobre divorcio necesario y otras prestaciones, promovió Erika Domínguez Pineda, en contra de aquél, a través de la que se revocó la interlocutoria emitida el dos de octubre de dos mil veinte y se declaró improcedente el incidente de ejecución de sentencia sobre pago de alimentos devengados en favor de la quejosa, por sí y en cuanto representante del entonces niño S.A.R.D. y del diverso infante A.R.D., ambos hijos de los contendientes, dejando a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la vía y términos que se consideraran pertinentes. Mientras que del juez de origen impugna la ejecución de la sentencia citada en el párrafo que antecede. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados tuvieron verificativo dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. El magistrado responsable, al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto que se le atribuye y para corroborarlo remitió los autos originales el juicio ordinario familiar número 803/2016 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del distrito judicial de Morelia, así como del toca de apelación I-255/2020 del índice de dicha sala. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentos públicos expedidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. Por su parte, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del referido distrito, al rendir su respectivo informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama, al caso la ejecución del fallo emitido por la alzada en el toca de apelación I-255/2020, indicando que a la data de rendición de su informe, no había recibido el testimonio de la resolución dictada en esa instancia, por lo que señaló ignora el sentido de la ejecutoria pronunciada por aquella autoridad, de tal suerte que en su concepto jurídicamente no es posible que se lleve a cabo su ejecución. No obstante tales señalamientos, es pertinente tener como cierta la ejecución que se le reclama, pues la autoridad ordenadora aceptó la existencia de la sentencia que se le impugna; por ende, los actos de ejecución que de ella se deriven corresponderá realizarlos al citado juez, por lo cual es inminente el cumplimiento de la sentencia de apelación. CUARTA. Análisis de la procedencia del juicio. Tal tópico constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna, ni este órgano jurisdiccional advierte la actualización de hipótesis en ese sentido; por ende, lo pertinente es llevar a cabo el análisis de la sentencia impugnada. QUINTA. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue hacerlo. SEXTA. Antecedentes. De las constancias allegadas por la quejosa y el juez responsable, se obtiene que: Erika Domínguez Pineda presentó demanda de divorcio en la vía ordinaria familiar, frente a Samuel Rentería Castillo, en la que además demando alimentos para ella y sus hijos S.A.R.D. y A.R.D.; por razón de turno correspondió conocer de la aludida demanda al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar de Morelia, Michoacán, en donde se registró como 803/2016, y se admitió a trámite dictándose las providencias del caso. Emplazado el demandado, tanto éste como la actora, presentaron ante la responsable convenio a fin de concluir el juicio, mismo que fue ratificado ante la presencia del juez de origen, en el que, entre otras cosas, se fijaron los alimentos que percibiría la actora y sus hijos. El dieciocho de enero de dos mil diecisiete, la responsable emitió sentencia definitiva en la que declaró disuelto el vínculo matrimonial de los contendientes, y aprobó en convenio presentado por las partes, para todos los efectos legales a que haya lugar, entre otros. Mediante escrito de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio subyacente, Erika Domínguez Pineda, por propio derecho y en representación de sus hijos S.A.R.D. y A.R.D., formuló incidente de ejecución de sentencia sobre pago de alimentos devengados, de conformidad con el acuerdo de consenso de voluntades elevado a la categoría de cosa juzgada; tal incidencia se admitió y seguido por sus cauces, en interlocutoria de dos de octubre de dos mil veinte, se declaró parcialmente procedente, condenando al incidentado Samuel Rentería Castillo a pagar $108,667.00 (ciento ocho mil seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de alimentos a favor de sus hijos, respecto de los meses de febrero de dos mil diecisiete a diciembre de dos mil diecinueve. Inconforme con dicha determinación, Samuel Rentería Castillo interpuso en su contra recurso de apelación, el que correspondió conocer al magistrado responsable quien registró dicho medio de impugnación como toca de apelación número I-255/2020, y mediante sentencia de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en la que determinó fundado uno de los motivos de agravio, por ende, revocó la determinación alzada y declaró improcedente el incidente de ejecución de referencia, dejando a salvo los derechos de la incidentista a fin que los hiciera valer en la vía correspondiente, esto es, mediante el juicio especial oral a que alude el Código Familiar del Estado de Michoacán. Siendo esta determinación la que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. SÉPTIMA. Estudio de fondo. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa, son infundados aún bajo la óptica de suplencia de la queja deficiente que a favor del niño quejoso, prevé el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, a fin de salvaguardar su interés superior. La peticionaria de amparo señala que la sentencia reclamada es violatoria de sus derechos y de su hijo de iniciales A.R.D., por falta de fundamentación y motivación, ya que el magistrado responsable no está en lo correcto al decretar la improcedencia del incidente planteado, pues dicha vía es procedente para formular su reclamo, en protección de los derechos de sus hijos a recibir alimentos, el que se encuentra protegido no sólo por las disposiciones nacionales, sino por los ordenamientos internacionales que cita. Como se indicó, es infundado dicho planteamiento, y para dar claridad a dicha calificativa, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 16 constitucional, que establece: "Artículo 16.Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. . ". De acuerdo con el citado precepto constitucional, todo mandamiento de autoridad, debe encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, la obligación de quien lo emite, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que se expresen una serie de razonamientos lógico jurídicos sobre el por qué la autoridad consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, debiendo existir una debida adecuación entre unos y otros. En el caso particular, se advierte que el magistrado responsable colmó a cabalidad con dicha imposición constitucional, toda vez que expresó con precisión los preceptos legales aplicables como fundamento para la emisión de sus sentencia, al caso los artículos 474, 785, 786, 789, 791 y 1000, fracción I del Código Familiar vigente, el artículo 14 y 17 Constitucionales, las tesis y jurisprudencias que estimó aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto, consistentes en que el incidente de origen, al ser un procedimiento nuevo, que nació a la vida jurídica el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, cuando ya estaba en vigor el nuevo Código Familiar, se rige por este último ordenamiento legal, en términos del transitorio cuarto de dicho decreto, puesto que sólo los asuntos en los que la demanda o solicitud se hubiere presentado ante la Oficialía de Partes y Tumo o ante el juzgado, en los distritos judiciales en donde no exista oficialía, antes de la iniciación de vigencia de este Código, se sustanciarán y decidirán conforme al Código vigente en la fecha de presentación, lo que si bien aconteció con el juicio de divorcio donde se fijó la pensión, del que emana la presente incidencia, respecto de ésta última, no se actualiza tal hipótesis, ya que se reitera, su inicio se dio durante la vigencia del nuevo Código Familiar, por lo que, como ya se indicó, se rigen por éste último ordenamiento legal, estableciendo la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal, encontrándose por ende, fundado y motivado, lo que torna infundado el referido argumento de la peticionaria de amparo. En otro aspecto, señala la promovente que la determinación de que se debe tomar como base para la elección de la vía en la tramitación de la incidencia planteada, el nuevo Código Familiar, contradice al principio jurídico de la firmeza del procedimiento, y por la indebida aplicación e interpretación del Transitorio Cuarto, del vigente Código Familiar. Lo anterior deviene infundado, ello porque del expediente de primera instancia y del toca de apelación se desprende que el juez resolvió el procedimiento de divorcio con base en el Código Familiar que estuvo vigente hasta antes del treinta de noviembre de dos mil quince. Luego, conforme al artículo 926 del Código Familiar abrogado, se advierte que las resoluciones judiciales dictadas en negocios de alimentos, pueden alterarse o modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente; empero, el código Familiar citado abrogado, dispone en su Título Primero, denominado De las acciones y excepciones, artículo 755, que son principales todas las acciones, salvo las que nacen de una obligación que garantiza otra fianza, prenda o hipoteca, así como aquellas que tienen por objeto reclamar la responsabilidad civil en que se haya incurrido por falta de cumplimiento de contrato o por actos u omisiones que estén sujetos a ella por ley, y el precepto 756 prevé que extinguida la acción principal, no puede hacerse valer la incidental. Lo expuesto, permite concluir que al haberse dictado sentencia ejecutoriada y haberse impuesto la pensión de alimentos (acción principal) bajo el código anterior, el incidente que nos ocupa, por ser un procedimiento nuevo, que nació a la vida jurídica el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, cuando ya estaba en vigor el Código Familiar vigente, se debe regir conforme a este último Código. Pues, el pago de alimentos devengados que pretende la quejosa al constituir un aspecto autónomo de la acción principal que se dirimió en el juicio de divorcio de origen debe solicitarse mediante una nueva demanda, la cual, acorde al artículo cuarto transitorio del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, vigente a partir del veintiséis de septiembre de dos mil dos mil dieciséis, será sustanciado con las reglas que prevé dicha codificación, atendiendo a la fecha en que ésta presentada la demanda incidental; de tal manera, que conforme a los artículos 1000, fracción I y 474 del Código Familiar vigente, las cuestiones relativas a los alimentos deberán promoverse siguiendo las reglas del juicio especial oral. Por tanto, no puede considerarse una transgresión al principio jurídico de la firmeza del procedimiento, pues como ya se señaló, es una pretensión autónoma (pago de alimentos devengados) de la acción principal (divorcio y fijación de alimentos) que se dirimió en el juicio de origen, la cual debe promoverse acorde al artículo cuarto transitorio del Código Familiar vigente, sin que se pueda traducir en una mala interpretación por parte del magistrado responsable. Luego, al ser la improcedencia de la vía un presupuesto procesal que debe estudiarse de oficio antes de resolver el fondo de la cuestión planteada, el hecho de que no se haya entrado al fondo del incidente de ejecución de sentencia sobre pago de alimentos devengados propuesto por la parte quejosa, no le vulnera las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Lo anterior, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues de no serlo, el juez estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por ello, el estudio de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden público, debe analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. De modo que, aunque exista un auto que admita la demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin que la parte demandada la hubiere impugnado mediante el recurso correspondiente o a través de una excepción, ello no implica que, por el supuesto consentimiento de los gobernados, la vía establecida por el legislador no deba tomarse en cuenta. Así, constituye obligación del juzgador estudiar de oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 constitucional, en aras de garantizar que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier momento de la contienda, incluso en el momento de dictar la sentencia definitiva, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 25/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 576, Novena Época, registro 178665, que dice: PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. El derecho a la tutela jurisdiccional establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino que está restringido por diversas condiciones y plazos utilizados para garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes procesales determinan cuál es la vía en que debe intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución de un juicio en la forma establecida por aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por ello, el estudio de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden público, debe analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, aunque exista un auto que admita la demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin que la parte demandada la hubiere impugnado mediante el recurso correspondiente o a través de una excepción, ello no implica que, por el supuesto consentimiento de los gobernados, la vía establecida por el legislador no deba tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo con las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Luego entonces, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier momento de la contienda, incluso en el momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente." Acotándose que lo resuelto por la responsable en la forma anotada, no vulnera la tutela judicial efectiva a que tiene derecho la quejosa, esto es, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión. Dado que dicho derecho le fue respetado, merced que tuvo la oportunidad de comparecer ante una autoridad jurisdiccional a dirimir sus pretensiones, quien seguido el procedimiento, a través de un fallo, resolvió la controversia planteada a favor de la actora (ahora quejosa), determinación que fue objeto de impugnación por la demandada, y revocada por el tribunal de alzada, al considerar que la vía intentada no era la procesalmente correcta, determinación última que ahora constituye el acto reclamado. Lo anterior implica que el derecho público subjetivo que toda persona tiene, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, le ha sido respetado a la quejosa. Sin que el respeto al derecho a la tutela judicial efectiva implique que toda controversia que se plantee ante una autoridad jurisdiccional resulte procedente en aras de respetar dicho derecho, sino que para ello, entre otras cuestiones, es necesario que el planteamiento se realice en los términos que fijan las leyes, al caso, en la vía jurisdiccional que indique la legislación que rige el acto, como en el caso específico lo determinó la responsable en su resolución combatida, esto es, respetando los presupuestos procesales necesarios, resolver lo contrario implicaría, por parte de las autoridades jurisdiccionales, el desconocimiento de los principios constitucionales y legales que rigen su función de impartir justicia en los términos y condiciones contenidos en la norma procesal creada con anterioridad al acto sometido a controversia judicial, lo que generaría incertidumbre e inseguridad jurídica para las partes en conflicto. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.)de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2007621, Décima Época, materia constitucional, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 909, que señala: DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia acceso a una tutela judicial efectiva, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio". Igual circunstancia ocurre con el interés superior del infante quejoso, que si bien permite al órgano jurisdiccional suplir los argumentos que de forma deficiente se plantean a su favor; lo cierto, es que ello no implica que bajo esa figura, pueda darse entrada a un asunto notoriamente improcedente, precisamente porque parte de proteger su interés superior, es generarle certeza con relación a los medios legales que permiten defender sus derechos. En esas circunstancias, anta lo infundado de los conceptos de violación expuestos, lo procedente es negar a la parte quejosa, la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto, y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Erika Domínguez Pineda, por propio derecho y en cuanto representante de su hijo A.R.D., contra el acto que reclamó del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, en cuanto autoridad ordenadora y del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad, en cuanto autoridad ejecutora, conforme a los razonamientos expuestos en la última consideración de este fallo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, juez Cuarto de Distrito en el estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; dando fe, bajo la misma forma de suscripción, la secretaria Claudia Paulina García Ortiz, quien da fe. Cpgo OFICIO(S) 13670 y 13671

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de mayo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos se advierte que transcurrió el término de cinco días para la promovente Erika Domínguez Pineda, diera cumplimiento a la prevención formulada en auto de uno de abril del año en curso, sin que hubiere cumplido con la misma. En tales condiciones, se le hace efectivo el apercibimiento ahí contenido; por tanto, únicamente se le tiene promoviendo por propio derecho y en cuanto representante del menor de iniciales A.R.D., y respecto de Samuel Alexis Rentería Domínguez se tiene por no presentada. 1.2. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Erika Domínguez Pineda, por propio derecho y en cuanto representante del menor de iniciales A.R.D., contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y otra autoridad. 1.3. Suspensión. Como en su momento se aperturó y se resolvió en definitiva sobre la suspensión solicitada no ha lugar a hacer pronunciamiento al respecto. 1.4. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 1.5. Informe justificado. Toda vez que ya obran en autos los informes justificados a las autoridades responsables, se da vista con ellos a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. 1.6. Ministerio Público. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 1.7. Tercero interesado. Tiene ese carácter Samuel Rentería Castillo, quien fue emplazado a juicio y tiene señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, por tanto, se ordena hacer de su conocimiento esta determinación. 1.8. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica, de igual, forma se le tiene autorizando para tal efecto a las personas que señala. 1.9. Causas de sobreseimiento. Solicítese a las partes que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este juzgado, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), como lo dispone el numeral 251 del citado ordenamiento. 1.10. Designación de representante especial del menor. A.R.D. De autos se advierte que, en su momento, el Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en esta ciudad designó a Alejandro León Costes represente especial del menor quejoso, por tanto, se ordena hacer de su conocimiento esta determinación para que continúe con el cargo conferido. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 2.3. Datos de contacto de las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono oficial 443 3226960 extensiones 1162 y 1261 Correo electrónico 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 7:45 A 14:45 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Morelia, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.8. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.9. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.9.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.9.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.9.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.9.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.9.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado al siguiente medio de contacto: Mensajería instantánea (WhatsApp) 452 171 1369 Correo electrónico del juzgado 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.9.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.9.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.9.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.10. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a las partes y defensor especial Alejandro León Cortés, de la Defensoría Pública Federal; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Cristina García Maya, que da fe.

Quedan 30 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano