Eridani Ruíz Gazca
Expediente 397/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 397/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eridani Ruíz Gazca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos, del que se advierte que el dos de marzo de dos mil dieciocho, se declaró firme el auto que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, por lo que se ordenó su archivo y la devolución de las constancias exhibidas por la sala responsable como justificación a su informe. Por otro lado, visto el oficio de cuenta por el cual el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; remite nuevamente el toca I-6/2017, así como el duplicado del proceso penal 10/2016 y su acumulado 17/2016 en tres tomos. Ahora, toda vez que de la certificación que antecede se advierte que en el juicio V-17/2018 del índice de este juzgado, el veintidós de enero de dos mil dieciocho, se ordenó tener a la vista los expedientes mencionados al momento de resolver, por tanto, se canalizan para que obren en aquél al estar concluido el en que se actúa. Lo anterior hágase del conocimiento de la autoridad oficiante para los efectos legales conducentes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. Por otro lado, como resulta innecesario que en autos obren el toca I-6/2017 y el duplicado del proceso penal 10/2016 y su acumulado 17/2016 que remitió la autoridad responsable, se ordena enviárselos, con la atenta solicitud del acuse de recibo dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrá como recibido a entera satisfacción. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURABLE dado que en la especie se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y en los cuadernos incidentales. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda en el incidente de suspensión respectivo. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de veinte de diciembre del año próximo pasado, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; mismo que fue notificado a las partes el veintiuno y veintisiete siguientes (fojas 131, 134 y 137). En consecuencia, este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, se tiene que por sentencia engrosada el diez de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 54 a 67), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional a la quejosa Eridani o Eridini Ruiz Gasca o Ruiz Gazca, para los efectos que se reproducen: que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución impugnada y, en su lugar, dicte otra en la cual, analice los aspectos destacados; hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda, en la inteligencia que podrá ser en igual o distinto sentido, pero ahora sí fundada y motivadamente". Lo anterior, según las consideraciones de la sentencia de amparo en la que se estableció que la resolución de la Sala responsable adoleció de una adecuada motivación, en contravención a los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, al soslayar establecer la forma en la cual se acreditó cada uno de los elementos normativos del ilícito de extorsión con las pruebas siguientes: denuncia de Francisco Talavera Talavera; declaración de Alma Delia Vargas Zúñiga, Edson Javier Cerda Huante y Gerardo Lorenzo Salinas Tejeda; documentales privadas consistentes en las copias certificadas de dos pagarés suscritos el veintinueve de abril de dos mil trece y dos recibos extendidos a nombre del citado Talavera Talavera, el dos de enero y veinte de febrero, ambos de dos mil catorce, respectivamente. En efecto, -asentó- que la Sala penal responsable se concretó en analizar una parte de los agravios formulados por la quejosa, vía apelación, para concluir, por lo que hacía a la denuncia de Francisco Talavera Talavera, que evidenció el delito de extorsión cometido en su agravio, pues lo en ella relatado era creíble al tratarse de hechos que vivió y robustecerse con las constancias integradoras del proceso. Sin embargo, aun cuando reseñó el contenido de esa denuncia, no precisó cuáles eran los datos que acreditaron cada uno de los elementos conformadores de la materialidad del delito de extorsión; esto es, en esta parte de la resolución, se limitó a concluir que la denuncia del ofendido era eficaz para acreditar el citado ilícito, sin expresar las razones por las cuales ese dato fue suficiente para tal fin. Más cuando la denuncia constituía los hechos sobre los cuales debía versar el ejercicio de investigación por parte de la autoridad competente y no la prueba en sí; aunado a ello, que la autoridad mencionó que la denuncia formulada por Francisco Talavera Talavera se encontró robustecida con el resto del material probatorio, pero tampoco precisó a cuáles pruebas se refería; es decir, cómo es que lo narrado por el citado halló sustento en el resto del material de convicción obrante en autos del proceso penal de origen. Pues si bien citó el contenido de las declaraciones de Alma Delia Vargas Zúñiga, los deposados de Edson Javier Cerda Huante y Gerardo Lorenzo Salinas Tejeda, al igual que las copias certificadas de dos pagarés y dos recibos de pago, cierto era que, al analizar el contenido de tales pruebas lo hizo sólo para dar respuesta a los agravios formulados por la defensa, pero de ninguna manera expresó cómo tales medios de persuasión corroboraron el dicho del ofendido. Aunado a lo anterior, -agregó- que la resolución adoleció de fundamentación y motivación porque la autoridad responsable concedió valor probatorio de indicio a la declaración de Alma Delia Vargas Zúñiga, por reunir los requisitos de los artículos 209, 325, 334 y 335 del Código de Procedimientos Penales del Estado, cuando lo aducido por ésta en torno a las circunstancias en las cuales su cónyuge accedió a firmar con la acusada y coinculpado un pagaré, lo conoció por referencias de su consorte; de ahí que la decisión de la Sala responsable de tener acreditados los hechos narrados en la denuncia precisamente con una prueba sustentada en ella, fuera incorrecta. Sin que se soslayara que aun cuando en materia penal no existe la tacha de testigos, ello en modo alguno tenía el alcance de conceder algún valor de convicción a las pruebas en las cuales intervinieron los familiares del ofendido, por el simple hecho de estar unidos por algún lazo. Ello era así, pues la justipreciación y alcances de la prueba debía estar en función de la correlación existente entre lo afirmado por la victima y los datos aportados por algún familiar, en este caso, su cónyuge, pero de ninguna manera significaba que por ser esposa del denunciante fuera razón suficiente para conceder algún valor de convicción, más cuando, como se dijo, la declaración de la ateste se sustentó en el propio dicho del ofendido. Además, otro dato que evidenció la falta de fundamentación y motivación, fue que inobservó el principio de exhaustividad, pues al analizar las declaraciones de Edson Javier Cerda Huante y Gerardo Lorenzo Salinas Tejeda, omitió establecer cuáles datos de tales deposados acreditaban cada uno de los elementos conformadores del delito de extorsión. Toda vez que únicamente se constriñó a dar respuesta a los agravios formulados con relación al valor probatorio de tales declaraciones, pero de ninguna manera estableció su eficacia y alcance. Asimismo, que soslayó analizar las ampliaciones de declaración emitidas por los atestes citados en los párrafos anteriores, el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, pues pugnaba con lo declarado por el ofendido en su ampliación de declaración, al contradecir el deposado de los testigos. Igualmente, pasó por alto lo referente a analizar y valorar las pruebas consistentes en las constancias de Teléfonos de México y el dictamen pericial en geolocalización de teléfono móvil. Además, que la falta de fundamentación y motivación de la resolución analizada se evidenció cuando la Sala responsable al analizar el contenido de los dos pagarés fechados el veintinueve de abril de dos mil trece cuyo beneficiario es José Melecio Ruíz Torres, y dos recibos extendidos a nombre del ofendido Francisco Talavera Talavera, el dos de enero y veinte de febrero, ambos de dos mil catorce, firmados por la quejosa, concluyó que tales documentos avalaban el dicho del ofendido, en el sentido de haber sido presionado para firmar el pagaré por una supuesta deuda que tenía con el padre de la solicitante del amparo; empero soslayó que de la propia denuncia de Talavera Talavera, se desprendía que éste afirmó que la acusada y su coinculpado le dijeron tener unos cheques extendidos por él a nombre de su padre por concepto de un préstamo. Es decir, que el adeudo por el cual firmó el pagaré de quinientos mil pesos, no derivaba de los documentos que en copia certificada anexó a su denuncia; datos que no ponderó al momento de analizar el agravio que gravitaba en torno a la valoración de los mencionados documentos. De igual manera, los vicios destacados en la resolución impugnada eran patentes porque la Sala responsable omitió pronunciarse con relación a las declaraciones de Noé Sánchez Zavala, Xóchitl Berenice Heredia Rangel y Melesio Romel Ruiz Gasca, así como el dictamen pericial en materia contable, pese a la obligación constitucional y legal de analizar su contenido y alcance, al formar parte de los medios de convicción obrantes en la indagatoria penal, previo al dictado del referido auto de término constitucional para que la autoridad estuviera en aptitud de determinar si avalaban la acusación, en su caso, eran intrascendentes. Sentencia que causó ejecutoria el ocho de diciembre de dos mil diecisiete y se requirió su cumplimiento (fojas 88-89). Ahora bien, en acatamiento al fallo concesivo emitido por el juzgado auxiliar, el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficios 1402 y 1428 (fojas 92 y 96), allegó copia certificada de lo siguiente: Auto de doce de diciembre del año inmediato anterior, en el cual dejó insubsistente la resolución de veintisiete de marzo de la anualidad pasada, en el toca I-6/2017. Determinación de quince de diciembre de dos mil diecisiete, pronunciada en el referido toca, en acatamiento al fallo protector, en la que para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, dividió el estudio de los elementos del delito de extorsión en dos puntos -8.1 y 8.2- (fojas 103 a 116 en los que realizó lo siguiente: En el elemento normativo consistente en que se obligue a una persona a realizar un acto u omisión en su perjuicio, o en el de un tercero, empleando como medio la intimidación o la violencia, después de que llevó a cabo el análisis de la denuncia de Francisco Talavera Talavera, estableció que: ".en el mes de octubre de 2013 dos mil trece, Eridani Ruiz Gasca y Melesio Romel Ruíz Gasca, le informaron de una deuda que tenía con su padre, la cual debía pagar a los integrantes de los Caballeros Templarios, pues si no cumplía le harían algún daño a él o a su familia, o bien le dijeron que les firmara un pagaré por la cantidad de $500,000.00 quinientos mil pesos, los cuales debía pagar en 5 cinco meses; debido a esas amenazas le causó un estado de zozobra, por ello les firmó ese documento, incluso, las veces que la acusada o su hermano le pedían dinero, les daba lo que tenía, porque tenía miedo a que cumplieran las intimidaciones" (foja 106). Después, al estudiar la declaración de Alma Delia Vargas Zúñiga, asentó que no se debía desvalor, toda vez que proporcionó información sobre hechos previos y posteriores al delito; y, ante ello, convalidó el dicho de Francisco Talavera Talavera; esto era porque afirmó que la acusada era una de las personas que amenazó a su esposo para que pagara un dinero que supuestamente le debía a su padre, que le dijo que dicha cantidad la cobraría un grupo criminal, que si no pagaba el efectivo, le podrían hacer daño, le sugirió que firmara un pagaré; a consecuencia de esos anuncios intimidatorios, el ofendido tuvo miedo de que le hicieran daño, por ello signó el documento mercantil, el cual se utilizó para demandar al pasivo; que si bien la ateste no estuvo presente en la firma del título de crédito, ello no era motivo para quitarle valor, pues con posterioridad se enteró de su existencia, al constarle que su marido en diversas ocasiones dio dinero a la procesada y a su hermano, con motivo de esa deuda. Luego, en lo referente a los testimonios de Edson Javier Cerda Huante y Gerardo Lorenzo Salinas Tejeda, por lo que respecta al primero, asentó que: ".se justifica el delito y además corrobora lo expresado por Francisco Talavera Talavera, porque el ateste estuvo presente cuando el agraviado recibió dos llamadas telefónicas; la primera la de su hijo informándole que fueron a buscarlo Melesio y Eridani Ruíz Gasca, acompañados de dos hombres armados; y la segunda de Eridani Ruíz Gasca, diciéndole que lo esperaba en su domicilio; además, el ateste apreció que el ofendido se puso nervioso y al llegar a ese sitio ahí estaba la acusada, quien le dijo al agraviado que lo estaban esperando las personas que solucionarían lo de la deuda, lo que evidencia que el afectado estaba siendo extorsionado por la enjuiciada" (foja 110). Enseguida, en lo concerniente al segundo de los citados, fijó que: ".corrobora la denuncia de Francisco Talavera Talavera, porque al ateste le consta que el día a que hace referencia, el ofendido recibió dos llamadas a su teléfono celular; la primera fue de su hijo diciéndole al agraviado que lo fueron a buscar Melesio Romel y Eridani, junco con dos personas que iban armadas; y la segunda, Eridani, para citar al afectado en su domicilio; ante ello el ateste apreció que el pasivo estaba nervioso y cuando llegaron a ese lugar, ahí estaba la procesada, quien expresó al pasivo que ahí se encontraban las personas que iban a cobrarle, lo que pone de manifiesto que es verídico lo que el afectado dijo en su denuncia, respecto de que la acusada, es una de las personas que lo estaban extorsionando" (foja 111). Además, continúo la alzada, que las ampliaciones de declaraciones emitidas por los citados deponentes el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, previo a que se dictara el auto de formal prisión en contra de la quejosa, en particular, en la parte que refirieron que el día veintidós de junio de dos mil catorce, es decir, cuando la autoridad tuvo acreditado el delito de extorsión (tiempo), después de haber acompañado a Francisco Talavera Talavera a la firma de unos convenios a Caurio de Guadalupe, Municipio de Villa Jiménez, regresaron a una casa de un piso con zaguán blanco donde se encontraba una camioneta color verde, marca explorer, lugar al cual se dirigió el denunciante y donde lo esperaban precisamente la quejosa Eridani o Eridini Ruiz Gasca o Ruiz Gazca y coinculpado, pero no advirtieron la presencia de otras personas. Lo anterior, no era motivo para desvalorarlos, porque se advertía que estuvieron presentes en ese lugar y narraron lo que observaron por medio de sus sentidos, lo cual corroboró la denuncia de Francisco Talavera Talavera, quien refirió que ese día estuvo en compañía de los atestes, quienes lo llevaron al domicilio de la inculpada. Asimismo, no resultaba inadvertido que en la ampliación de declaración de Talavera Talavera, éste estuvo de acuerdo con su denuncia; pero al contestar el interrogatorio de la defensa, informó que en la época en que los atestes hicieron referencia, lo llevaron a la casa de la acusada, al bajar del vehículo vio que de una camioneta color verde, marca explorer, placas americanas, de la cual descendieron dos sujetos armados, quienes lo metieron al domicilio a la fuerza. Dato anterior que era contradictorio con relación a lo expresado por Edson Javier Cerna Huante y Gerardo Lorenzo Salinas Tejeda -quienes no refirieron la presencia de los hombres armados-; sin embargo, ello no era motivo para quitarle valora a la acusación y lo expresado por los deponentes, puesto que si éstos no mencionaron que vieron a los sujetos armados, esto no significó que no hubiera pasado lo que afirmó el ofendido, habida cuenta de que cabía la posibilidad que los testigos estando en ese lugar no advirtieron que estaban esos individuos; además, hasta ese momento procesal estaba demostrado que el agraviado fue intimidado para firmar un pagaré, pues se le anunció que el adeudo que tenía sería cobrado por un grupo criminal, quienes le harían algún daño a él y su familia, amenazas que influyeron en el ánimo del pasivo para firmar ese documento, incluso, cada vez que la acusada y su hermano le pedían dinero, lo entregaba por temor a que se cumplieran dichas amenazas. A continuación, analizó y valoró las pruebas consistentes en las constancias de Teléfonos de México y el dictamen pericial en geolocalización de teléfono móvil, en la parte relativa a que el veintidós de junio de dos mil catorce, el teléfono identificado con el número 4361059607, al cual Eridani o Eridini Ruiz Gasca o Ruiz Gazca le llamaba, no recibió comunicación alguna, pues ese día el teléfono se encontraba en el Cerro del Tule, es decir, a una distancia aproximada de cuarenta kilómetros de Zacapu y veinticuatro más de Caurio donde Edson Javier Cerda Huante y Gerardo Lorenzo Salinas Tejeda afirmaron estar el veintidós de junio de dos mil catorce, cuando el ofendido Francisco Talavera Talavera recibió la llamada de su hijo y de la ahora quejosa. No obstante, ello no era suficiente para desvalorar la denuncia de Francisco Talavera Talavera y los testimonios de Edson Javier Cerda Huante y Gerardo Lorenzo Salinas Tejeda, porque si bien el veintidós de junio de dos mil catorce, del citado número telefónico, propiedad del ofendido, no se recibió ninguna llamada del teléfono de la acusada, ello no justificó que la imputada no se comunicara con el agraviado, ya que éste solamente informó que ese día la enjuiciada le habló por teléfono sin decir de cual número; pero como lo estableció, hasta ese momento procesal estaba probado que Eridani entabló por vía telefónica comunicación con el afectado citándolo en su domicilio, donde éste llegó en compañía de los declarantes, quienes apreciaron que el pasivo estaba nervioso y que solucionaría lo relacionado a una deuda. Del mismo modo, continúo con el análisis de las documentales consistente en dos pagarés fechados el veintinueve de abril de dos mil trece cuyo beneficiario es José Melesio Ruiz Torres, y dos recibos extendidos a nombre del citado Talavera Talavera, el dos de enero y veinte de febrero, ambos de dos mil catorce, firmados por Eridani o Eridini Ruiz Gasca o Ruiz Gazca, las que consideró adecuadamente valoradas por el juez de origen conforme a los artículos 321, 325 y 327 del Código de Procedimientos Penales del Estado; toda vez que se desprendían indicios respecto a que el pasivo, en cuanto deudor, firmó dos pagarés a la orden de José Melesio Ruíz Torres, por diversas cantidades, los cuales fueron pagados. A causa de ello, la Sala responsable sostuvo que el ofendido pidió prestado dinero a José Melesio Ruíz Torres, padre de la acusada, por lo que era factible establecer que los descendientes de aquél aprovecharon la existencia de unos pagarés, para informarle al pasivo de la supuesta deuda contraída, no obstante que el afectado la había pagado fue intimidado por parte de aquéllos diciéndole que dicho dinero lo cobraría un grupo criminal para que le hicieran daño, o bien, les firmara un pagaré por la cantidad de quinientos mil pesos, pero como el agraviado no tenía esa cantidad, aunado al temor de que se cumplieran esas amenazas, les firmó ese documento, por ese motivo el dos de enero y el veinte de febrero de dos mil catorce, el pasivo dio dinero a la quejosa, y en un pago ésta recibió una camioneta a cambio de dinero, con lo que robusteció la afirmación del agraviado, respecto a que fue obligado a firmar el título de crédito por una supuesta deuda que tenía con el progenitor de la procesada. Posteriormente, en el elemento normativo consistente en que el proceder del agente activo sea para obtener un provecho indebido, estableció que se acreditó con la denuncia del Francisco Talavera Talavera, de la que se evidenció que la extorsión fue con la intención de obtener un provecho indebido, pues expuso que la acusada y su hermano le indicaron que tenían dos pagarés que supuestamente había firmado a su padre, y que esa deuda la habían traspasado a los integrantes del cártel de los Caballeros Templarios y que a ellos les tenía que pagar ese adeudo; el ofendido ante el temor de que ese grupo criminal le hiciera algún daño a él o a su familia, decidió firmar un pagaré por quinientos mil pesos, incluso, les estuvo dando diversas cantidades de dinero, por el temor a que se cumplieran sus amenazas. Datos que -dijo la sala- se obtuvieron de las manifestaciones del denunciante, y que eran congruentes con lo exteriorizado por Alma Delia Vargas Zúñiga, referente a que su esposo Talavera Talavera estaba siendo extorsionado, puesto que la acusada y su hermano obligaron al ofendido a que firmara un pagaré por una supuesta deuda que había contraído con el padre de éstos, indicándole que esa deuda la cobrarían los Caballeros Templarios, por eso el agraviado en diversas ocasiones entregó dinero a aquéllos, incluso algunas veces la imputada elaboró un recibo y lo firmó. En tales condiciones, era indudable que la intimidación que Eridani Ruíz Gasca y otras personas causaron a Francisco Talavera Talavera, fue para obtener del denunciante un beneficio económico indebido, lo cual se materializó cuando el ofendido firmó un título de crédito por quinientos mil pesos, a favor de la acusada, por ello el ofendido en diversas ocasiones entregó dinero a la procesada, la que le expresó que la deuda la había traspasado a una organización criminal, y por el temor a que le hicieran algún daño a él o a su familia, cada vez que le pedían dinero, buscaba la forma de obtenerlo y darlo a la acusada o a su hermano. En ese contexto, continúo la alzada, que de acuerdo a la declaración de Noé Sánchez Zavala, no le favorecía a Eridani Ruíz Gasca, puesto que aquél dijo estar de acuerdo en lo que se le acusaba, respecto a que sabía que Melesio Romel Ruíz Gasca, estaba extorsionando al ofendido por una supuesta deuda y que él aprovechó esa circunstancia para pedirle dinero al ofendido; que era cierto que el ateste expresó no conocer a Eridania Ruíz Gasca, lo cual no le beneficiaba, porque el hecho de que no la hubiera mencionado, no justificó que aquélla no cometiera el delito, puesto que como estableció, la acusada en compañía de su hermano, supo que su papá le había prestado dinero al ofendido, quien dijo haber cubierto el adeudo, le comunicaron a éste que todavía no estaba saldada, porque tenían los documentos, pero ese dinero se lo debían a un grupo criminal que le harían algún daño a él o a su familia, o bien que les firmara un pagaré, tales amenazas influyeron al ofendido para que tuviera miedo, por ese motivo firmó dicho instrumento, el cual posteriormente fue el documento base de la acción para demandarle por la vía ejecutiva el pago, aun y cuando el ofendido ya había dado diferentes cantidades de dinero. Luego, respecto a la declaración de Xóchitl Berenice Heredia Rangel, estableció que tampoco le beneficiaba a la acusada, porque la ateste dijo que era esposa de Noé Sánchez Zavala, conocía a Melesio Romel Ruíz Gasca, porque en una ocasión se lo presentó su marido y desconocía los hechos, o sea, la deponente relató diversos hechos que no fueron materia de esa apelación. Después, en relación al dictamen pericial contable, determinó que en nada le favorecía a la procesada, puesto que el perito en materia de contabilidad de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, concluyó que de acuerdo al examen de la documentación que integraba el expediente y de las pruebas que consideró necesarias el resultado fue de trescientos ochenta y seis mil pesos, esto es, el peritaje se refirió a los documentos que el ofendido pagó al papá de la acusada, sin que concerniera al pagaré por quinientos mil pesos. Asimismo, precisó que el deposado de Melesio Romel Ruíz Gasca no justificó la negativa de la enjuiciada, porque aquél negó los hechos que se le atribuyeron, al decir que su padre hacía negocios con el ofendido respecto de la venta de vehículos, éste dejo de pagarle, por ello acordaron que la deuda que tenía se la pagaría a su progenitor por medio de su hermana, llegaron a un convenio escrito de pago, materializado el treinta de octubre de dos mil trece, en el despacho del licenciado Antonio Rosas Almanza; su hermana y él no tenían tratos con personas de la delincuencia organizada, tampoco amenazó o extorsionó al afectado y no conocía a Noé Sánchez Zavala. Negativa que hasta ese momento procesal no quedó demostrada, pues sus argumentos fueron desestimados por Francisco Talavera Talavera, donde afirmó que Melesio Romel Ruíz Gasca, junto con su hermana Eridani Ruíz Gasca, lo llamaron y citaron para decirle que la deuda que él tenía con el padre de ambos, ya era de los Caballeros Templarios, lo obligaron a firmar un pagaré; también lo identificó como quien acudió a su vivienda en compañía de dos personas armadas y luego, cuando se reunieron en casa de su padre, ya estaba con dos hombres que le exigieron que pagara ese compromiso, o de lo contrario se sujetara a las consecuencias, pues podrían causarle algún mal tanto a él como a su familia. Además, lo señaló como a quien entregó un vehículo Honda, que le fue exigido vía telefónica por uno de los hombres que contrató para cobrarle y a partir de ahí, por órdenes suyas, inició la entrega de diversas cantidades de dinero. Aunado a lo anterior, Noé Sánchez Zavala dijo que Melesio Romel Ruíz Gasca contrató a Juan, como supuesto miembro de la delincuencia organizada, para que recuperara la deuda que el ofendido tenía con ellos; luego, junto con Juan se entrevistaron con Melesio, éste pidió consejo a Noé para que lo orientara que hacer para lograr aquel pago. También, la negativa de Melesio Romel Ruíz Gasca, en el sentido de que no conocía a Noé Sánchez Zavala, se desvaneció con el dicho de Xóchitl Berenice Heredia Rangel, esposa de aquél, quien afirmó que conocía a Melesio, porque su esposo se lo presentó. Luego, estableció que una vez que llevó a cabo el análisis y valoración de los medios de convicción -de hecho y de derecho-, eran suficientes para acreditar los elementos constitutivos del cuerpo del delito de extorsión acorde con el numeral 236 del Código Penal del Estado, así como la probable responsabilidad de Eridani Ruíz Gasca, además, que no estaba justificada alguna causa excluyente de incriminación. Finalmente, confirmó el auto de formal prisión apelado de veinte de noviembre de dos mil dieciséis, pronunciado en el proceso penal 17/2016, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del distrito judicial de Zacapu, Michoacán. Ahora bien, del examen de las documentales mencionadas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, hacen patente que el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, cumplió con el fallo protector, ello atendiendo a que el doce de diciembre de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la resolución reclamada de veintisiete de marzo de dos mil dieciséis, emitida en el toca I-6/2017. En su lugar, dictó otra, en la que analizó y valoró las pruebas consistentes en la denuncia de Francisco Talavera Talavera; la declaración de Alma Delia Vargas Zúñiga, Edson Javier Cerda Huante y Gerardo Lorenzo Salinas Tejeda, así como la ampliación del testimonio rendido por los dos últimos atestes el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis; las documentales privadas consistentes en las copias certificadas de dos pagarés suscritos el veintinueve de abril de dos mil trece y dos recibos extendidos a nombre del citado Talavera Talavera, el dos de enero y veinte de febrero, ambos de dos mil catorce, respectivamente, al igual que las constancias de Teléfonos de México y el dictamen pericial en geolocalización de teléfono móvil, así como las declaraciones de Noé Sánchez Zavala, Xóchitl Berenice Heredia Rangel y Melesio Romel Ruiz Gasca y, del mismo modo, el dictamen pericial en materia contable. Además, precisó los datos que acreditaron cada uno de los elementos conformadores de la materialidad del delito de extorsión, hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, una vez que analizó los datos aportados, así como los anteriormente destacados, estimó acreditado tanto el cuerpo del delito como la probable responsabilidad, y determinó lo que en derecho correspondió -confirmó el auto de formal prisión emitido el veinte de noviembre de dos mil dieciséis-, pero de manera fundada y motivada. Por consiguiente, el suscrito considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia protectora de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató con lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues el doce de diciembre de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la resolución de veintisiete de marzo de ese año, emitida en el toca I-6/2017. En consonancia con lo anterior, en su lugar dictó una nueva determinación en la que analizó y valoró las pruebas consistentes en la denuncia de Francisco Talavera Talavera; la declaración de Alma Delia Vargas Zúñiga, Edson Javier Cerda Huante y Gerardo Lorenzo Salinas Tejeda, así como la ampliación del testimonio rendido por los dos últimos atestes el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis; las documentales privadas consistentes en las copias certificadas de dos pagarés suscritos el veintinueve de abril de dos mil trece y dos recibos extendidos a nombre del citado Talavera Talavera, el dos de enero y veinte de febrero, ambos de dos mil catorce, respectivamente, al igual que las constancias de Teléfonos de México y el dictamen pericial en geolocalización de teléfono móvil, así como las declaraciones de Noé Sánchez Zavala, Xóchitl Berenice Heredia Rangel y Melesio Romel Ruiz Gasca y, del mismo modo, el dictamen pericial en materia contable. Además, precisó los datos que acreditaron cada uno de los elementos conformadores de la materialidad del delito de extorsión, hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, una vez que estudió los datos aportados, así como los anteriormente destacados, estimó acreditado tanto el cuerpo del delito como la probable responsabilidad, y determinó lo que en derecho correspondió -confirmó el auto de formal prisión emitido el veinte de noviembre de dos mil dieciséis-. Tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsables no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues, su actuar fue dejar insubsistente una resolución y emitir otra, en la que analizara unos aspectos, hecho lo anterior, resolviera lo que en derecho correspondiera, en igual o distinto sentido, pero fundada y motivadamente. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, igualmente a lo relativo a los cuadernos incidentales, así como a la devolución de las constancias de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ERIDINI O ERIDANI RUIZ GAZCA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de veinte de diciembre del año próximo pasado, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; mismo que fue notificado a las partes el veintiuno y veintisiete siguientes fojas 131, 134 y 137. En consecuencia, este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Al respecto, se tiene que por sentencia engrosada el diez de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 54 a 67), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional a la quejosa Eridani o Eridini Ruiz Gasca o Ruiz Gazca, para los efectos que se reproducen: que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución impugnada y, en su lugar, dicte otra en la cual, analice los aspectos destacados; hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda, en la inteligencia que podrá ser en igual o distinto sentido, pero ahora sí fundada y motivadamente. Lo anterior, según las consideraciones de la sentencia de amparo en la que se estableció que la resolución de la Sala responsable adoleció de una adecuada motivación, en contravención a los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, al soslayar establecer la forma en la cual se acreditó cada uno de los elementos normativos del ilícito de extorsión con las pruebas siguientes: denuncia de Francisco Talavera Talavera; declaración de Alma Delia Vargas Zúñiga, Edson Javier Cerda Huante y Gerardo Lorenzo Salinas Tejeda; documentales privadas consistentes en las copias certificadas de dos pagarés suscritos el veintinueve de abril de dos mil trece y dos recibos extendidos a nombre del citado Talavera Talavera, el dos de enero y veinte de febrero, ambos de dos mil catorce, respectivamente. En efecto, asentó que la Sala penal responsable se concretó en analizar una parte de los agravios formulados por la quejosa, vía apelación, para concluir, por lo que hacía a la denuncia de Francisco Talavera Talavera, que evidenció el delito de extorsión cometido en su agravio, pues lo en ella relatado era creíble al tratarse de hechos que vivió y robustecerse con las constancias integradoras del proceso. Sin embargo, aun cuando reseñó el contenido de esa denuncia, no precisó cuáles eran los datos que acreditaron cada uno de los elementos conformadores de la materialidad del delito de extorsión; esto es, en esta parte de la resolución, se limitó a concluir que la denuncia del ofendido era eficaz para acreditar el citado ilícito, sin expresar las razones por las cuales ese dato fue suficiente para tal fin. Más cuando la denuncia constituía los hechos sobre los cuales debía versar el ejercicio de investigación por parte de la autoridad competente y no la prueba en sí; aunado a ello, que la autoridad mencionó que la denuncia formulada por Francisco Talavera Talavera se encontró robustecida con el resto del material probatorio, pero tampoco precisó a cuáles pruebas se refería; es decir, cómo es que lo narrado por el citado halló sustento en el resto del material de convicción obrante en autos del proceso penal de origen. Pues si bien citó el contenido de las declaraciones de Alma Delia Vargas Zúñiga, los deposados de Edson Javier Cerda Huante y Gerardo Lorenzo Salinas Tejeda, al igual que las copias certificadas de dos pagarés y dos recibos de pago, cierto era que, al analizar el contenido de tales pruebas lo hizo sólo para dar respuesta a los agravios formulados por la defensa, pero de ninguna manera expresó cómo tales medios de persuasión corroboraron el dicho del ofendido. Aunado a lo anterior, agregó que la resolución adoleció de fundamentación y motivación porque la autoridad responsable concedió valor probatorio de indicio a la declaración de Alma Delia Vargas Zúñiga, por reunir los requisitos de los artículos 209, 325, 334 y 335 del Código de Procedimientos Penales del Estado, cuando lo aducido por ésta en torno a las circunstancias en las cuales su cónyuge accedió a firmar con la acusada y coinculpado un pagaré, lo conoció por referencias de su consorte; de ahí que la decisión de la Sala responsable de tener acreditados los hechos narrados en la denuncia precisamente con una prueba sustentada en ella, fuera incorrecta. Sin que se soslayara que aun cuando en materia penal no existe la tacha de testigos, ello en modo alguno tenía el alcance de conceder algún valor de convicción a las pruebas en las cuales intervinieron los familiares del ofendido, por el simple hecho de estar unidos por algún lazo. Ello era así, pues la justipreciación y alcances de la prueba debía estar en función de la correlación existente entre lo afirmado por la victima y los datos aportados por algún familiar, en este caso, su cónyuge, pero de ninguna manera significaba que por ser esposa del denunciante fuera razón suficiente para conceder algún valor de convicción, más cuando, como se dijo, la declaración de la ateste se sustentó en el propio dicho del ofendido. Además, otro dato que evidenció la falta de fundamentación y motivación, fue que inobservó el principio de exhaustividad, pues al analizar las declaraciones de Edson Javier Cerda Huante y Gerardo Lorenzo Salinas Tejeda, omitió establecer cuáles datos de tales deposados acreditaban cada uno de los elementos conformadores del delito de extorsión. Toda vez que únicamente se constriñó a dar respuesta a los agravios formulados con relación al valor probatorio de tales declaraciones, pero de ninguna manera estableció su eficacia y alcance. Asimismo, que soslayó analizar las ampliaciones de declaración emitidas por los atestes citados en los párrafos anteriores, el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, pues pugnaba con lo declarado por el ofendido en su ampliación de declaración, al contradecir el deposado de los testigos. Igualmente, pasó por alto lo referente a analizar y valorar las pruebas consistentes en las constancias de Teléfonos de México y el dictamen pericial en geolocalización de teléfono móvil. Además, que la falta de fundamentación y motivación de la resolución analizada se evidenció cuando la Sala responsable al analizar el contenido de los dos pagarés fechados el veintinueve de abril de dos mil trece cuyo beneficiario es José Melecio Ruíz Torres, y dos recibos extendidos a nombre del ofendido Francisco Talavera Talavera, el dos de enero y veinte de febrero, ambos de dos mil catorce, firmados por la quejosa, concluyó que tales documentos avalaban el dicho del ofendido, en el sentido de haber sido presionado para firmar el pagaré por una supuesta deuda que tenía con el padre de la solicitante del amparo; empero soslayó que de la propia denuncia de Talavera Talavera, se desprendía que éste afirmó que la acusada y su coinculpado le dijeron tener unos cheques extendidos por él a nombre de su padre por concepto de un préstamo. Es decir, que el adeudo por el cual firmó el pagaré de quinientos mil pesos, no derivaba de los documentos que en copia certificada anexó a su denuncia; datos que no ponderó al momento de analizar el agravio que gravitaba en torno a la valoración de los mencionados documentos. De igual manera, los vicios destacados en la resolución impugnada eran patentes porque la Sala responsable omitió pronunciarse con relación a las declaraciones de Noé Sánchez Zavala, Xóchitl Berenice Heredia Rangel y Melesio Romel Ruiz Gasca, así como el dictamen pericial en materia contable, pese a la obligación constitucional y legal de analizar su contenido y alcance, al formar parte de los medios de convicción obrantes en la indagatoria penal, previo al dictado del referido auto de término constitucional para que la autoridad estuviera en aptitud de determinar si avalaban la acusación, en su caso, eran intrascendentes. Sentencia que causó ejecutoria el ocho de diciembre de dos mil diecisiete y se requirió su cumplimiento fojas 88-89. Ahora bien, en acatamiento al fallo concesivo emitido por el juzgado auxiliar, el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficios 1402 y 1428 fojas 92 y 96, allegó copia certificada de lo siguiente: Auto de doce de diciembre del año inmediato anterior, en el cual dejó insubsistente la resolución de veintisiete de marzo de la anualidad pasada, en el toca I-6/2017. Determinación de quince de diciembre de dos mil diecisiete, pronunciada en el referido toca, en acatamiento al fallo protector, en la que para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, dividió el estudio de los elementos del delito de extorsión en dos puntos -8.1 y 8.2 fojas 103 a 116 en los que realizó lo siguiente: En el elemento normativo consistente en que se obligue a una persona a realizar un acto u omisión en su perjuicio, o en el de un tercero, empleando como medio la intimidación o la violencia, después de que llevó a cabo el análisis de la denuncia de Francisco Talavera Talavera, estableció que: en el mes de octubre de 2013 dos mil trece, Eridani Ruiz Gasca y Melesio Romel Ruíz Gasca, le informaron de una deuda que tenía con su padre, la cual debía pagar a los integrantes de los Caballeros Templarios, pues si no cumplía le harían algún daño a él o a su familia, o bien le dijeron que les firmara un pagaré por la cantidad de $500,000.00 quinientos mil pesos, los cuales debía pagar en 5 cinco meses; debido a esas amenazas le causó un estado de zozobra, por ello les firmó ese documento, incluso, las veces que la acusada o su hermano le pedían dinero, les daba lo que tenía, porque tenía miedo a que cumplieran las intimidaciones foja 106. Después, al estudiar la declaración de Alma Delia Vargas Zúñiga, asentó que no se debía desvalor, toda vez que proporcionó información sobre hechos previos y posteriores al delito; y, ante ello, convalidó el dicho de Francisco Talavera Talavera; esto era porque afirmó que la acusada era una de las personas que amenazó a su esposo para que pagara un dinero que supuestamente le debía a su padre, que le dijo que dicha cantidad la cobraría un grupo criminal, que si no pagaba el efectivo, le podrían hacer daño, le sugirió que firmara un pagaré; a consecuencia de esos anuncios intimidatorios, el ofendido tuvo miedo de que le hicieran daño, por ello signó el documento mercantil, el cual se utilizó para demandar al pasivo; que si bien la ateste no estuvo presente en la firma del título de crédito, ello no era motivo para quitarle valor, pues con posterioridad se enteró de su existencia, al constarle que su marido en diversas ocasiones dio dinero a la procesada y a su hermano, con motivo de esa deuda. Luego, en lo referente a los testimonios de Edson Javier Cerda Huante y Gerardo Lorenzo Salinas Tejeda, por lo que respecta al primero, asentó que:se justifica el delito y además corrobora lo expresado por Francisco Talavera Talavera, porque el ateste estuvo presente cuando el agraviado recibió dos llamadas telefónicas; la primera la de su hijo informándole que fueron a buscarlo Melesio y Eridani Ruíz Gasca, acompañados de dos hombres armados; y la segunda de Eridani Ruíz Gasca, diciéndole que lo esperaba en su domicilio; además, el ateste apreció que el ofendido se puso nervioso y al llegar a ese sitio ahí estaba la acusada, quien le dijo al agraviado que lo estaban esperando las personas que solucionarían lo de la deuda, lo que evidencia que el afectado estaba siendo extorsionado por la enjuiciada foja 110. Enseguida, en lo concerniente al segundo de los citados, fijó que: .corrobora la denuncia de Francisco Talavera Talavera, porque al ateste le consta que el día a que hace referencia, el ofendido recibió dos llamadas a su teléfono celular; la primera fue de su hijo diciéndole al agraviado que lo fueron a buscar Melesio Romel y Eridani, junco con dos personas que iban armadas; y la segunda, Eridani, para citar al afectado en su domicilio; ante ello el ateste apreció que el pasivo estaba nervioso y cuando llegaron a ese lugar, ahí estaba la procesada, quien expresó al pasivo que ahí se encontraban las personas que iban a cobrarle, lo que pone de manifiesto que es verídico lo que el afectado dijo en su denuncia, respecto de que la acusada, es una de las personas que lo estaban extorsionando foja 111. Además, continúo la alzada, que las ampliaciones de declaraciones emitidas por los citados deponentes el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, previo a que se dictara el auto de formal prisión en contra de la quejosa, en particular, en la parte que refirieron que el día veintidós de junio de dos mil catorce, es decir, cuando la autoridad tuvo acreditado el delito de extorsión (tiempo), después de haber acompañado a Francisco Talavera Talavera a la firma de unos convenios a Caurio de Guadalupe, Municipio de Villa Jiménez, regresaron a una casa de un piso con zaguán blanco donde se encontraba una camioneta color verde, marca explorer, lugar al cual se dirigió el denunciante y donde lo esperaban precisamente la quejosa Eridani o Eridini Ruiz Gasca o Ruiz Gazca y coinculpado, pero no advirtieron la presencia de otras personas. Lo anterior, no era motivo para desvalorarlos, porque se advertía que estuvieron presentes en ese lugar y narraron lo que observaron por medio de sus sentidos, lo cual corroboró la denuncia de Francisco Talavera Talavera, quien refirió que ese día estuvo en compañía de los atestes, quienes lo llevaron al domicilio de la inculpada. Asimismo, no resultaba inadvertido que en la ampliación de declaración de Talavera Talavera, éste estuvo de acuerdo con su denuncia; pero al contestar el interrogatorio de la defensa, informó que en la época en que los atestes hicieron referencia, lo llevaron a la casa de la acusada, al bajar del vehículo vio que de una camioneta color verde, marca explorer, placas americanas, de la cual descendieron dos sujetos armados, quienes lo metieron al domicilio a la fuerza. Dato anterior que era contradictorio con relación a lo expresado por Edson Javier Cerna Huante y Gerardo Lorenzo Salinas Tejeda -quienes no refirieron la presencia de los hombres armados-; sin embargo, ello no era motivo para quitarle valora a la acusación y lo expresado por los deponentes, puesto que si éstos no mencionaron que vieron a los sujetos armados, esto no significó que no hubiera pasado lo que afirmó el ofendido, habida cuenta de que cabía la posibilidad que los testigos estando en ese lugar no advirtieron que estaban esos individuos; además, hasta ese momento procesal estaba demostrado que el agraviado fue intimidado para firmar un pagaré, pues se le anunció que el adeudo que tenía sería cobrado por un grupo criminal, quienes le harían algún daño a él y su familia, amenazas que influyeron en el ánimo del pasivo para firmar ese documento, incluso, cada vez que la acusada y su hermano le pedían dinero, lo entregaba por temor a que se cumplieran dichas amenazas. A continuación, analizó y valoró las pruebas consistentes en las constancias Teléfonos de México y el dictamen pericial en geolocalización de teléfono móvil, en la parte relativa a que el veintidós de junio de dos mil catorce, el teléfono identificado con el número 4361059607, al cual Eridani o Eridini Ruiz Gasca o Ruiz Gazca le llamaba, no recibió comunicación alguna, pues ese día el teléfono se encontraba en el Cerro del Tule, es decir, a una distancia aproximada de cuarenta kilómetros de Zacapu y veinticuatro más de Caurio donde Edson Javier Cerda Huante y Gerardo Lorenzo Salinas Tejeda afirmaron estar el veintidós de junio de dos mil catorce, cuando el ofendido Francisco Talavera Talavera recibió la llamada de su hijo y de la ahora quejosa. No obstante, ello no era suficiente para desvalorar la denuncia de Francisco Talavera Talavera y los testimonios de Edson Javier Cerda Huante y Gerardo Lorenzo Salinas Tejeda, porque si bien el veintidós de junio de dos mil catorce, del citado número telefónico, propiedad del ofendido, no se recibió ninguna llamada del teléfono de la acusada, ello no justificó que la imputada no se comunicara con el agraviado, ya que éste solamente informó que ese día la enjuiciada le habló por teléfono sin decir de cual número; pero como lo estableció, hasta ese momento procesal estaba probado que Eridani entabló por vía telefónica comunicación con el afectado citándolo en su domicilio, donde éste llegó en compañía de los declarantes, quienes apreciaron que el pasivo estaba nervioso y que solucionaría lo relacionado a una deuda. Del mismo modo, continúo con el análisis de las documentales consistente en dos pagarés fechados el veintinueve de abril de dos mil trece cuyo beneficiario es José Melesio Ruiz Torres, y dos recibos extendidos a nombre del citado Talavera Talavera, el dos de enero y veinte de febrero, ambos de dos mil catorce, firmados por Eridani o Eridini Ruiz Gasca o Ruiz Gazca, las que consideró adecuadamente valoradas por el juez de origen conforme a los artículos 321, 325 y 327 del Código de Procedimientos Penales del Estado; toda vez que se desprendían indicios respecto a que el pasivo, en cuanto deudor, firmó dos pagarés a la orden de José Melesio Ruíz Torres, por diversas cantidades, los cuales fueron pagados. A causa de ello, la Sala responsable sostuvo que el ofendido pidió prestado dinero a José Melesio Ruíz Torres, padre de la acusada, por lo que era factible establecer que los descendientes de aquél aprovecharon la existencia de unos pagarés, para informarle al pasivo de la supuesta deuda contraída, no obstante que el afectado la había pagado fue intimidado por parte de aquéllos diciéndole que dicho dinero lo cobraría un grupo criminal para que le hicieran daño, o bien, les firmara un pagaré por la cantidad de quinientos mil pesos, pero como el agraviado no tenía esa cantidad, aunado al temor de que se cumplieran esas amenazas, les firmó ese documento, por ese motivo el dos de enero y el veinte de febrero de dos mil catorce, el pasivo dio dinero a la quejosa, y en un pago ésta recibió una camioneta a cambio de dinero, con lo que robusteció la afirmación del agraviado, respecto a que fue obligado a firmar el título de crédito por una supuesta deuda que tenía con el progenitor de la procesada. Posteriormente, en el elemento normativo consistente en que el proceder del agente activo sea para obtener un provecho indebido, estableció que se acreditó con la denuncia del Francisco Talavera Talavera, de la que se evidenció que la extorsión fue con la intención de obtener un provecho indebido, pues expuso que la acusada y su hermano le indicaron que tenían dos pagarés que supuestamente había firmado a su padre, y que esa deuda la habían traspasado a los integrantes del cártel de los Caballeros Templarios y que a ellos les tenía que pagar ese adeudo; el ofendido ante el temor de que ese grupo criminal le hiciera algún daño a él o a su familia, decidió firmar un pagaré por quinientos mil pesos, incluso, les estuvo dando diversas cantidades de dinero, por el temor a que se cumplieran sus amenazas. Datos que -dijo la sala- se obtuvieron de las manifestaciones del denunciante, y que eran congruentes con lo exteriorizado por Alma Delia Vargas Zúñiga, referente a que su esposo Talavera Talavera estaba siendo extorsionado, puesto que la acusada y su hermano obligaron al ofendido a que firmara un pagaré por una supuesta deuda que había contraído con el padre de éstos, indicándole que esa deuda la cobrarían los Caballeros Templarios, por eso el agraviado en diversas ocasiones entregó dinero a aquéllos, incluso algunas veces la imputada elaboró un recibo y lo firmó. En tales condiciones, era indudable que la intimidación que Eridani Ruíz Gasca y otras personas causaron a Francisco Talavera Talavera, fue para obtener del denunciante un beneficio económico indebido, lo cual se materializó cuando el ofendido firmó un título de crédito por quinientos mil pesos, a favor de la acusada, por ello el ofendido en diversas ocasiones entregó dinero a la procesada, la que le expresó que la deuda la había traspasado a una organización criminal, y por el temor a que le hicieran algún daño a él o a su familia, cada vez que le pedían dinero, buscaba la forma de obtenerlo y darlo a la acusada o a su hermano. En ese contexto, continúo la alzada, que de acuerdo a la declaración de Noé Sánchez Zavala, no le favorecía a Eridani Ruíz Gasca, puesto que aquél dijo estar de acuerdo en lo que se le acusaba, respecto a que sabía que Melesio Romel Ruíz Gasca, estaba extorsionando al ofendido por una supuesta deuda y que él aprovechó esa circunstancia para pedirle dinero al ofendido; que era cierto que el ateste expresó no conocer a Eridania Ruíz Gasca, lo cual no le beneficiaba, porque el hecho de que no la hubiera mencionado, no justificó que aquélla no cometiera el delito, puesto que como estableció, la acusada en compañía de su hermano, supo que su papá le había prestado dinero al ofendido, quien dijo haber cubierto el adeudo, le comunicaron a éste que todavía no estaba saldada, porque tenían los documentos, pero ese dinero se lo debían a un grupo criminal que le harían algún daño a él o a su familia, o bien que les firmara un pagaré, tales amenazas influyeron al ofendido para que tuviera miedo, por ese motivo firmó dicho instrumento, el cual posteriormente fue el documento base de la acción para demandarle por la vía ejecutiva el pago, aun y cuando el ofendido ya había dado diferentes cantidades de dinero. Luego, respecto a la declaración de Xóchitl Berenice Heredia Rangel, estableció que tampoco le beneficiaba a la acusada, porque la ateste dijo que era esposa de Noé Sánchez Zavala, conocía a Melesio Romel Ruíz Gasca, porque en una ocasión se lo presentó su marido y desconocía los hechos, o sea, la deponente relató diversos hechos que no fueron materia de esa apelación. Después, en relación al dictamen pericial contable, determinó que en nada le favorecía a la procesada, puesto que el perito en materia de contabilidad de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, concluyó que de acuerdo al examen de la documentación que integraba el expediente y de las pruebas que consideró necesarias el resultado fue de trescientos ochenta y seis mil pesos, esto es, el peritaje se refirió a los documentos que el ofendido pagó al papá de la acusada, sin que concerniera al pagaré por quinientos mil pesos. Asimismo, precisó que el deposado de Melesio Romel Ruíz Gasca no justificó la negativa de la enjuiciada, porque aquél negó los hechos que se le atribuyeron, al decir que su padre hacía negocios con el ofendido respecto de la venta de vehículos, éste dejo de pagarle, por ello acordaron que la deuda que tenía se la pagaría a su progenitor por medio de su hermana, llegaron a un convenio escrito de pago, materializado el treinta de octubre de dos mil trece, en el despacho del licenciado Antonio Rosas Almanza; su hermana y él no tenían tratos con personas de la delincuencia organizada, tampoco amenazó o extorsionó al afectado y no conocía a Noé Sánchez Zavala. Negativa que hasta ese momento procesal no quedó demostrada, pues sus argumentos fueron desestimados por Francisco Talavera Talavera, donde afirmó que Melesio Romel Ruíz Gasca, junto con su hermana Eridani Ruíz Gasca, lo llamaron y citaron para decirle que la deuda que él tenía con el padre de ambos, ya era de los Caballeros Templarios, lo obligaron a firmar un pagaré; también lo identificó como quien acudió a su vivienda en compañía de dos personas armadas y luego, cuando se reunieron en casa de su padre, ya estaba con dos hombres que le exigieron que pagara ese compromiso, o de lo contrario se sujetara a las consecuencias, pues podrían causarle algún mal tanto a él como a su familia. Además, lo señaló como a quien entregó un vehículo Honda, que le fue exigido vía telefónica por uno de los hombres que contrató para cobrarle y a partir de ahí, por órdenes suyas, inició la entrega de diversas cantidades de dinero. Aunado a lo anterior, Noé Sánchez Zavala dijo que Melesio Romel Ruíz Gasca contrató a Juan, como supuesto miembro de la delincuencia organizada, para que recuperara la deuda que el ofendido tenía con ellos; luego, junto con Juan se entrevistaron con Melesio, éste pidió consejo a Noé para que lo orientara que hacer para lograr aquel pago. También, la negativa de Melesio Romel Ruíz Gasca, en el sentido de que no conocía a Noé Sánchez Zavala, se desvaneció con el dicho de Xóchitl Berenice Heredia Rangel, esposa de aquél, quien afirmó que conocía a Melesio, porque su esposo se lo presentó. Luego, estableció que una vez que llevó a cabo el análisis y valoración de los medios de convicción de hecho y de derecho, eran suficientes para acreditar los elementos constitutivos del cuerpo del delito de extorsión acorde con el numeral 236 del Código Penal del Estado, así como la probable responsabilidad de Eridani Ruíz Gasca, además, que no estaba justificada alguna causa excluyente de incriminación. Finalmente, confirmó el auto de formal prisión apelado de veinte de noviembre de dos mil dieciséis, pronunciado en el proceso penal 17/2016, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del distrito judicial de Zacapu, Michoacán. Ahora bien, del examen de las documentales mencionadas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, hacen patente que el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, cumplió con el fallo protector, ello atendiendo a que el doce de diciembre de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la resolución reclamada de veintisiete de marzo de dos mil dieciséis, emitida en el toca I-6/2017. En su lugar, dictó otra, en la que analizó y valoró las pruebas consistentes en la denuncia de Francisco Talavera Talavera; la declaración de Alma Delia Vargas Zúñiga, Edson Javier Cerda Huante y Gerardo Lorenzo Salinas Tejeda, así como la ampliación del testimonio rendido por los dos últimos atestes el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis; las documentales privadas consistentes en las copias certificadas de dos pagarés suscritos el veintinueve de abril de dos mil trece y dos recibos extendidos a nombre del citado Talavera Talavera, el dos de enero y veinte de febrero, ambos de dos mil catorce, respectivamente, al igual que las constancias de Teléfonos de México y el dictamen pericial en geolocalización de teléfono móvil, así como las declaraciones de Noé Sánchez Zavala, Xóchitl Berenice Heredia Rangel y Melesio Romel Ruiz Gasca y, del mismo modo, el dictamen pericial en materia contable. Además, precisó los datos que acreditaron cada uno de los elementos conformadores de la materialidad del delito de extorsión, hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, una vez que analizó los datos aportados, así como los anteriormente destacados, estimó acreditado tanto el cuerpo del delito como la probable responsabilidad, y determinó lo que en derecho correspondió -confirmó el auto de formal prisión emitido el veinte de noviembre de dos mil dieciséis, pero de manera fundada y motivada. Por consiguiente, el suscrito considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia protectora de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató con lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues el doce de diciembre de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la resolución de veintisiete de marzo de ese año, emitida en el toca I-6/2017. En consonancia con lo anterior, en su lugar dictó una nueva determinación en la que analizó y valoró las pruebas consistentes en la denuncia de Francisco Talavera Talavera; la declaración de Alma Delia Vargas Zúñiga, Edson Javier Cerda Huante y Gerardo Lorenzo Salinas Tejeda, así como la ampliación del testimonio rendido por los dos últimos atestes el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis; las documentales privadas consistentes en las copias certificadas de dos pagarés suscritos el veintinueve de abril de dos mil trece y dos recibos extendidos a nombre del citado Talavera Talavera, el dos de enero y veinte de febrero, ambos de dos mil catorce, respectivamente, al igual que las constancias de Teléfonos de México y el dictamen pericial en geolocalización de teléfono móvil, así como las declaraciones de Noé Sánchez Zavala, Xóchitl Berenice Heredia Rangel y Melesio Romel Ruiz Gasca y, del mismo modo, el dictamen pericial en materia contable. Además, precisó los datos que acreditaron cada uno de los elementos conformadores de la materialidad del delito de extorsión, hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, una vez que estudió los datos aportados, así como los anteriormente destacados, estimó acreditado tanto el cuerpo del delito como la probable responsabilidad, y determinó lo que en derecho correspondió confirmó el auto de formal prisión emitido el veinte de noviembre de dos mil dieciséis. Tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsables no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues, su actuar fue dejar insubsistente una resolución y emitir otra, en la que analizara unos aspectos, hecho lo anterior, resolviera lo que en derecho correspondiera, en igual o distinto sentido, pero fundada y motivadamente. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, igualmente a lo relativo a los cuadernos incidentales, así como a la devolución de las constancias de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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