Erika Izarraraz Beltrán
Expediente 472/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 472/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Erika Izarraraz Beltrán
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Morelia, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo V-472/2018; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de junio de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Erika Izarraraz Beltrán solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el que hizo consistir en: IV. ACTOS RECLAMADOS.- Contra las omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales. Acto que el peticionario del amparo consideró violatorio de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del asunto. Mediante proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad señalada como responsable el informe justificado correspondiente; se ordenó dar la intervención que legalmente competente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento de ley, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103 y 107, fracciones I, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once); 36 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro del lugar donde ejerce su jurisdicción este juzgado de distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijarse de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la litis efectivamente planteada y la intención de la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata, se desprende que la parte quejosa reclamó el acto siguiente: La omisión de la autoridad responsable de emitir el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 67/2014 de su índice. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable rindió su informe justificado en el sentido siguiente: No. Autoridad Foja Sentido 1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. 10 cierto y hace manifestaciones Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con la copia certificada del juicio laboral 187/2013 que acompañó a su informe justificado la autoridad responsable. A la documental relacionada en este apartado se le otorga valor probatorio pleno, conforme a lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo precepto. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, que expresa: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". De lo anterior, se tiene que existe la omisión reclamada consiste en omisión de dictar el laudo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, ninguna de las partes manifestó la existencia de causales de improcedencia, ni se advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, y al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia las consideraciones y razones por las que no se concreta alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la ley de la materia, es evidente que no hay obligación del juzgador de amparo de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/91, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento.". QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son tal y como constan en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este considerando, como si se insertasen a la letra, por economía procesal y porque la ley de la materia no exige su trascripción; además, el hecho que no se trascriban no la deja en estado de indefensión, pues no la priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma y, por otra parte, si no se trascriben, de ninguna forma implica que se dejen de observar los principios de congruencia y exhaustividad con que deben cumplir las sentencias de amparo. Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. En el caso concreto, tenemos que la parte quejosa aduce que el Tribunal responsable vulnera en su perjuicio el derecho fundamental de seguridad jurídica consagrado en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al no impartir justicia dentro de los plazos que otorga la Ley, pues sin que exista causa justificada, la autoridad responsable no ha realizado ningún acto procesal tendente a dictar la resolución en forma de laudo en el juicio laboral de origen 187/2013, no obstante que la última prueba se desahogó el trece de diciembre de dos mil diecisiete. Agrega que, conforme a lo dispuesto al artículo 771 de la Ley Federal de Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo; por lo que considera que ante la omisión de dictar el laudo dentro de los términos establecidos se viola en su prejuicio el derecho fundamental establecido en el artículo 17 de la Constitución. Son infundados los argumentos esgrimidos por la parte quejosa. Previo a realizar el estudio de los conceptos de violación antes sintetizados resulta necesario señalar que el marco normativo a la luz del cual debe analizarse la violación alegada lo constituyen las disposiciones contenidas en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, ordenamiento legal que rige las relaciones obrero patronales entre los ayuntamientos y los trabajadores a su servicio, en el cual se establece el procedimiento a seguir para resolver las controversias que se sometan ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán autoridad que figura como responsable en el presente juicio de amparo, en la inteligencia de que la Ley Federal del Trabajo -cuyo precepto aduce la quejosa fueron vulnerados- sólo constituye el ordenamiento supletorio del procedimiento burocrático en términos del artículo 8 de la ley estatal que ha quedado precisada. Dicho esto, la quejosa Erika Izarraraz Beltrán hace consistir el acto reclamado en una omisión que atribuye al Tribunal de Conciliación de Arbitraje del Estado de Michoacán de dictar el laudo correspondiente al juicio laboral 187/2013. En ese orden, cabe referir que por acto reclamado debe entenderse como cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo, imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o fácticas dadas, y que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. De tal manera que los actos reclamados en el juicio de amparo pueden ser de índole positivo, consistente en una decisión o ejecución; o, bien, de índole negativo, que pueden traducirse en omisiones, mismas que, conforme su naturaleza, son aquellas a través de la cuales la autoridad rehúsa a acceder a las pretensiones de los gobernados o a un deber que la ley le obliga a realizar. Para estar en condiciones de determinar si una autoridad ha incurrido en una omisión que resulte lesiva a los derechos del gobernado es necesario analizar los preceptos normativos que establecen en qué consiste el obrar positivo de la autoridad que debe llevar a cabo y que ante la omisión de su actuar es violatorio de derechos. Por tal motivo resulta necesaria la cita de los artículos 99, 103 y 104 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios que disponen lo siguiente: "ARTICULO 99. El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje consistirá en la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; contestación que se hará en igual forma; una sola audiencia en la que se recibirán, las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez desahogadas, se dictará el laudo. . ARTICULO 103. El Tribunal, tan luego como reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes, y en su caso, a los testigos y peritos, para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. ARTICULO 104. El día y hora de la audiencia se abrirá el período de ofrecimiento y recepción de pruebas; el Tribunal calificará las mismas, admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquellas que no resulten notoriamente inconducentes contrarias a la Ley o a las buenas costumbres o que no tengan relación con la litis. Acto continuo señalará el orden de su desahogo, primero, las del actor y después las del demandado en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento." Los dispositivos antes citados establecen el procedimiento que debe seguirse ante al Tribunal de Conciliación de Arbitraje del Estado de Michoacán para dirimir las controversias que se susciten entre los ayuntamientos del Estado de Michoacán y sus trabajadores, mismo que se hace consistir en los términos siguientes: 1. La demanda deberá ser presentada por escrito o verbalmente por medio de comparecencia ante el Tribunal de Conciliación de Arbitraje del Estado de Michoacán; de igual manera la contestación podrá realizarse de cualquiera de las dos formas señaladas. 2. Recibida la contestación de la demanda o transcurrido el plazo para contestarla, el tribunal ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes, y en su caso, a los testigos y peritos, para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, en la que se recibirán las pruebas y los alegatos de las partes y se pronunciará la resolución en forma de laudo. 3. En la audiencia de pruebas, alegatos y resolución se abrirá el período de recepción de pruebas, en la que se calificarán las mismas, admitiéndose las que se estimen pertinentes y desechando aquellas que resulten notoriamente inconducentes y contrarias a la moral o al derecho o que no tengan relación con la litis. 4. En dicha audiencia se señalará el orden de desahogo de las pruebas, primero las del actor y después las del demandado, en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno, tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento. En el caso, el Presidente suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al momento de rendir el informe justificado, sostuvo que era cierto el acto reclamado, esto es, que aún no se ha dictado la resolución en forma de laudo en el juicio laboral 187/2013 de su índice, no obstante, refirió que dicha omisión se debe a que en el juicio laboral de mérito todavía se encuentran pruebas pendientes de desahogar. Y para acreditar sus manifestaciones remitió copia certificada del juicio laboral 187/2013, consistentes en todo lo actuado en dicho juicio, documentales que, como quedó precisado en el considerando tercero de la presente ejecutoria, cuentan con valor probatorio pleno para acreditar lo siguiente: Mediante escrito presentado el veinte de marzo de dos mil trece, Erika Izarraraz Beltrán presentó demanda en contra del Municipio de Jacona, Michoacán, misma que fue radicada el ocho de abril de dos mil trece (fojas 2 a 5 del tomo de pruebas). El treinta y uno de mayo de dos mil trece se emplazó a la parte demandada en el juicio de origen (foja 14) El once de junio de dos mil trece, la parte demandada dio contestación a la demanda instaurada en su contra (fojas 15 a 19). El veintisiete de agosto de dos mil trece se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución (foja 31). El seis de diciembre de dos mil trece de declaró abierta la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, en la cual se tuvo a las partes ofreciendo pruebas y se reservó el acuerdo de admisión y/o desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes (fojas 41 a 45). Mediante auto de veinticuatro de enero de dos mil catorce, admitió diversas pruebas de la parte actora y por lo que ve a la confesional de hechos a cargo de Miguel García Sepulveda, ofrecida por la parte actora, ordenó girar exhorto a la Junta Especial Número Seis de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, para que en auxilio de ese Tribunal notificara al absolvente en el domicilio señalado por la quejosa (foja 46 vuelta). Mediante auto de veinticinco de junio de dos mil quince, el Tribunal responsable giró oficio recordatorio a la Junta Especial Número Seis de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, para que remitiera las constancias diligenciadas del exhorto (foja 163). El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete se tuvo por recibido el exhorto de la Junta Especial Número Seis de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, mismo que no pudo ser diligenciado en virtud de que de razón levantada por el actuario adscrito a dicha junta (Miguel García Sepulveda ya no laboraba en ese lugar) razón por la cual en ese auto se le requirió a la parte actora para que señalara domicilio de Miguel García Sepulveda y a la parte demandada para que informara si dicha persona seguía laborando para dicha institución y, de no ser así, señalara el domicilio que tuviere. El cuatro de mayo de dos mil dieciocho la parte actora presentó escrito en el cual solicitó se declarara cerrada la instrucción y se pusieran los autos a la vista para qie formularan sus alegatos (foja 276). Mediante auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, la autoridad responsable informó que se encontraba pendiente de desahogarse la prueba confesional para hechos propios a cargo de Miguel García Sepulveda, hizo efectivo los apercibimientos que se impusieron a las partes mediante auto de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete y se les requirió de nuevo para que proporcionaran el domicilio de dicho absolvente. Por auto de veintidós de junio de dos mil dieciocho, la responsable hizo efectivo el apercibimiento realizado en auto de treinta y uno de mayo de la misma anualidad y se requirió de nuevo a las partes para que proporcionaran el domicilio de Miguel García Sepulveda para llevar a cabo el desahogo de la confesional a su cargo. Bajo ese contexto, permite concluir válidamente que si bien la omisión reclamada [relativa al dictado del laudo] existe, incluso pervive al momento en que se dicta la presente ejecutoria, la realidad es que tal omisión no es inconstitucional y, por tanto, no vulnera los derechos fundamentales de la peticionaria de amparo, toda vez que para que la autoridad responsable, en el ámbito de sus facultades y competencias pueda emitir la resolución en forma de laudo, resulta imperativo que, en principio, no existan pruebas pendientes por desahogar. Lo anterior sin que se soslaye que, conforme al artículo 103 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, el procedimiento laboral se reduce a una sola audiencia en la que se recibirán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciará resolución; sin embargo, el mismo dispositivo legal establece que cuando se requiera la práctica de alguna diligencia, en forma previa al dictado del laudo el tribunal debe ordenar que se lleve a cabo el desahogo de dicha diligencia y hecho lo anterior se dictará el laudo. De ahí que a la fecha aún se encuentra pendiente el desahogo de la prueba confesional de hechos propios a cargo de Miguel García Sepulveda, pues las constancias allegadas al presente juicio de amparo no revelan que dicha prueba ya hubiera sido desahogada o declarada desierta, ni que la aquí quejosa, oferente de la prueba, desistiera de la misma. Por lo contrario, respecto a la confesional de hechos propios se requirió a las partes para que informen el domicilio del absolvente para que pueda llevarse a cabo el desahogo de dicha prueba, entonces no puede estimarse que la omisión atribuida a la autoridad responsable sea inconstitucional en los términos planteados por la quejosa en sus conceptos de violación, ya que existe un motivo que impide el dictado del laudo, esto es, el desahogo de la prueba antes descrita. Entonces, desde el punto estrictamente jurídico, no existe obligación de la autoridad responsable para dictar el laudo correspondiente de acuerdo al ámbito de su competencia, si el dictado de dicha resolución se encuentra sub júdice al desahogo de la confesional a cargo de Miguel García Sepulveda, ofertada por la parte actora, aquí quejosa. De ahí lo infundado de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa. En consecuencia, al no haberse vulnerado en perjuicio de la parte quejosa, derecho fundamental alguno, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por lo que respecta al acto reclamado al Tribunal de Conciliación de Arbitraje del Estado de Mivhoacán, con sede en esta ciudad. OCTAVO. Publicación de la sentencia. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, y no obstante que no hayan manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Erika Izarraraz Beltrán, contra el acto que reclamó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando séptimo de este fallo. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último punto considerativo de este fallo.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA AL TERCERO INTERESADO: AYUNTAMIENTO DE JACONA, MICHOACÁN. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Erika Izarraraz Beltrán, contra el acto que reclamó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando séptimo de este fallo. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último punto considerativo de este fallo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente Suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención al diverso 13322 de dos de julio del año en curso, remite copias certificadas de la totalidad del expediente ordinario laboral 187/2013, de su índice promovido por la quejosa Erika Izarraraz Beltrán contra el H. Ayuntamiento de Jacona, Michoacán, haciendo alusión a que la calidad de algunas constancias es deficiente, por lo que se encuentran poco legibles, de lo que se toma conocimiento. Con fundamento en el numeral 119 del ordenamiento legal citado, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexa a su escrito de cuenta, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional. En consecuencia, dése vista a la parte quejosa con su contenido para que manifieste lo que a su derecho e interés legal convenga, en el entendido que ésta señala como acto reclamado la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 67/2014 y la junta responsable hace alusión al diverso juicio 187/2013. Fórmese el tomo de prueba respectivo, dado el volumen de la constancia remitida, el cual correrá por separado, a efecto de no dificultar el manejo del presente expediente. Asimismo, se requiere a la responsable para que en el plazo de tres días, indique quienes son las partes en el juicio laboral 67/2014, en el entendido de que subsisten los apercibimiento decretados en proveído de cinco de junio del año en curso.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que aún no ha transcurrido el plazo de tres días otorgado a la autoridad responsable para que remita la totalidad de las constancias integradoras del expediente laboral ********************otorgado por auto del veintinueve de junio pasado. Consecuentemente, a fin de que no se violen las reglas del procedimiento, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. Sin que sea necesario ordenar la notificación de este proveído mediante oficio a las autoridades responsables, dado que esta determinación no es de aquéllas que deban notificarse de manera personal a las partes y que están establecidas en el artículo 27 de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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