Erik Arturo Novelo Martinez
Expediente 1574/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1574/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Erik Arturo Novelo Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
En Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe, se procede a celebrar la audiencia incidental, sin contarse con la asistencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas. La Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con el informe previo rendido por la Jueza Tercero de Oralidad Familiar turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el cual ya obra agregado a los presentes autos. A lo que el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede y por rendido el informe previo de cuenta. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS, se da cuenta con las constancias remitidas por la autoridad responsable con su informe previo. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en virtud de su propia naturaleza. Con lo anterior, se declara CERRADO EL PERIODO DE PRUEBAS. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS, la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: en atención a lo informado por la Secretaría, SE DECLARA CERRADO EL PERIODO DE ALEGATOS. A continuación, no habiendo diligencias por desahogar, ni pedimento formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, el Juez declara visto el incidente y procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1574/2023-V-A, promovido por Erik Arturo Novelo Martínez, por su propio y personal derecho y en representación de su hija menor de edad de identidad reservada G.A.N.C.; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, promovida por Erik Arturo Novelo Martínez, por su propio y personal derecho y en representación de su hija menor de edad de identidad reservada G.A.N.C., solicitó la suspensión definitiva del acto que reclamó de la Jueza Tercero de Oralidad Familiar turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Formación del cuaderno incidental. Por acuerdo dictado en el juicio principal el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previo diferimiento tiene verificativo al tenor del acta que precede. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se proceden a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, que hizo consistir en: La resolución de once de septiembre de dos mil veintitrés, por medio del cual se revoca la designación a Aurora Sierra Canto, como perito en materia psicológica de su menor hija, en autos del expediente 307/2014. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Jueza Tercero de Oralidad Familiar turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe previo (registrado con el número de promoción 16612). TERCERA. Pronunciamiento respecto a la medida suspensoria solicitada. Primeramente, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, pues deviene incuestionable que resulta necesario atender dicha característica, a efecto de determinar si pueden ser o no paralizados. En razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado. Hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación relativa, así como de la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, por lo que ve a la suspensión definitiva solicitada, en relación con el acto reclamado, atendiendo a su naturaleza, debe estimarse, que se trata de uno consumado con efectos positivos, por lo que contra la emisión del mismo, es improcedente la suspensión, al ser dicha cuestión un aspecto que tendrá que analizarse al resolverse el fondo del asunto; sin embargo, al tener efectos positivos, es sobre éstos que deberá hacerse el pronunciamiento respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 12, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 223638, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el juicio de amparo se pronuncie." Por tanto, en cuanto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que el acto reclamado en el juicio de amparo es susceptible de ser suspendido, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén; por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión del acto reclamado. Por tanto, conforme al citado precepto de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión del acto reclamado constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. En ese tenor, para resolver sobre la suspensión debe examinarse, en primer lugar, si la parte quejosa la solicitó y si acredita cuando menos, su interés suspensional, ya que tal interés se encuentra vinculado con la afectación que el acto reclamado pudiera ocasionar en la esfera de la parte quejosa. De ahí que, si tal acto reclamado no afecta el interés o no causa un perjuicio o agravio a la parte quejosa, es innecesario el análisis de tal medida suspensional, pues es menester abordar en primer lugar, si dicho acto puede causar o no un perjuicio al impetrante del amparo, esto es, si la solicitante de la medida cautelar cuenta con un interés tutelado que le pueda ser afectado con la ejecución o continuación de la ejecución de tal acto reclamado. En ese orden de ideas, respecto a las consecuencias del acto reclamado, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo en vigor, procede conceder la suspensión definitiva, toda vez que la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa, además de que no se causa perjuicio al interés social y al orden público, además de que en caso de realizarse una valoración psicológica por un profesionista distinto a la designada originalmente para la menor de identidad reservada G.A.N.C., en el juicio de origen, podría ocasionársele un daño a la salud psicológica, la cual se encuentra protegida por el artículo 4º Constitucional, y por la Convención sobre los Derechos del Niño, al ser cuestionados sobre aspectos relacionados con violencia intrafamiliar, maltrato, etcétera, situación que como ya se indicó, pudiese causarle un daño que no podría desaparecer ni restituírsele. A mayor abundamiento, cabe señalar que el artículo 4o. constitucional establece lo siguiente: "Artículo 4o. ...En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. ..." De acuerdo al mencionado precepto constitucional, se encuentra establecido como un derecho fundamental el derecho a la salud (tanto física como mental) de los menores, el cual es oponible al Estado en cuanto que éste tiene la obligación de garantizarlo, no sólo en sus leyes, sino en todos los actos que realice. La intención del legislador, al proponer y aprobar la reforma del artículo 4o. constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de abril de dos mil, que estableció el derecho fundamental a la salud de los niños, fue precisamente preservar la salud física y mental de los niños, inspirándose en lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, e incorporando los derechos establecidos en esa convención a la Ley Fundamental del Estado mexicano. Por su parte, en la Convención sobre los Derechos del Niño se establece lo siguiente: "Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas." Artículo 4 Los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. ... Artículo 19 1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo." Artículo 24 1. Los Estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. ..." De conformidad con los preceptos transcritos, puede desprenderse que el Estado mexicano, al signar la Convención sobre los Derechos de los Niños, asumió, entre muchas otras, las siguientes obligaciones: 1. Reconocer que los niños tienen el derecho a disfrutar del nivel más alto de salud. 2. Tener como primordial el interés superior de los menores en cualquier decisión que tomen los tribunales. 3. Asegurar el bienestar de los menores y adoptar cualquier medida (de cualquier índole) para dar efectividad a los derechos reconocidos por la Convención, especialmente, medidas para proteger a los menores contra toda forma de daño a su salud física o mental. Con lo anteriormente expuesto puede establecerse que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Convención sobre los Derechos de los Niños reconocen el derecho de los menores a la salud mental. Lo anterior, constituye un derecho fundamental, el cual es oponible al Estado en tanto que éste debe velar por la protección de la salud psicológica de los niños en cualquier acto que realice, incluyendo, desde luego, los actos que realiza en el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Por tanto, se insiste, lo procedente es conceder la suspensional definitiva solicitada, ya que de realizarse una valoración psicológica por algún profesionista distinto a la designada para la menor de edad de identidad reservada G.A.N.C., en el juicio de origen, podría afectarse la salud mental; lo anterior, hasta en tanto la responsable reciba notificación de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto en el expediente principal de donde derivan estos autos incidentales. La presente medida suspensiva se concede con las más amplias facultades que la Ley le concede al suscrito, para conservar la materia del juicio de amparo, así como para garantizar la salud mental del menor y además, para que no se contravengan disposiciones de orden público e interés social. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.70.C.57 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil el Primer Circuito, Materia Común, Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, página 1920, con registro digital 166956, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ESTUDIOS PSICOLÓGICOS A MENORES. DEBE CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN SI CON SU PRÁCTICA PUDIERA AFECTARSE SU INTERÉS SUPERIOR. Tratándose de menores, la ley impone atender en todo caso a su interés superior; por ello, la Ley de Amparo y la jurisprudencia conceden la suplencia de queja en toda su amplitud sin que obste la naturaleza de los derechos cuestionados o el carácter del promovente; por lo tanto, dicho beneficio se extiende al incidente de suspensión. Por su parte, una de las finalidades de la suspensión es preservar los derechos del quejoso y con ello, de ser procedente, preservar la materia del juicio de garantías. De ahí que, si el acto reclamado consiste en practicar estudios psicológicos a menores de edad sobre actos pasados de violencia intrafamiliar o de abuso sexual cometidos en su contra, debe concederse la suspensión definitiva incluso en suplencia de queja para mantener las cosas en el estado en que se encuentran y no se lleven a cabo dichos estudios hasta en tanto se resuelva en definitiva su pertinencia. Lo anterior, en función del grado de afectación que pudiera sufrir el menor al revivir episodios traumáticos y que estarían consumando irreparablemente los actos con el consecuente daño que pudiera causarse al menor. Tal suspensión no implica la paralización del procedimiento, pues éste puede continuar hasta antes de que se resuelva el fondo del asunto en tanto se define si procede legalmente o no llevar a cabo los estudios psicológicos. Tampoco significa darle efectos restitutorios a la resolución incidental porque en ella no se ha analizado el fondo del asunto, sino únicamente el preservar los derechos de los menores y conservar la materia del amparo en aras de proteger el interés superior del menor." Así como la tesis I.15º.C.71 C (10ª.), emitida por Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Materia Común, Civil, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 6031, con número de registro digital 2021873, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ESTUDIOS PSICOLÓGICOS A MENORES. DEBE CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN, NO ASÍ A LOS PADRES. El derecho a la salud mental de los niños es un derecho fundamental protegido por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual debe ser interpretado de acuerdo al interés superior del niño que supone medidas de protección reforzadas a cargo del Estado. Lo anterior supone que cualquier acto dentro de juicio que pudiera afectar su salud mental debe considerarse como de imposible reparación. Bajo tales premisas, por regla general, contra la resolución que pretenda resolver sobre la guarda y custodia de un menor, procede conceder la suspensión, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, entre tanto se falle el fondo del amparo y su concesión, de ser procedente según las condiciones particulares del caso, procede sin fianza. Lo expuesto revela que en los casos donde se discute sobre la guarda y custodia de menores es posible ordenar que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta en tanto se falle el fondo del asunto. En la especie, aunque los actos reclamados no resuelven en definitiva sobre la guarda y custodia, tienden a definir esa situación con la práctica de estudios psicológicos que pudieran ser dañinos para el desarrollo de la menor por los argumentos que se alegan en el escrito de demanda, respecto de la violencia intrafamiliar que dice la peticionaria de garantías el padre de la menor ejerce respecto de la niña; de ahí que el énfasis debe centrarse en preservar su integridad emocional más que en los beneficios que pudieran resultar posteriormente de esos estudios. Ello en aras de proteger el interés superior de la menor cuando las condiciones bajo las cuales se discuta sobre su guarda y custodia puedan sufrir alguna afectación, al revivir episodios traumáticos y que estarían consumando irreparablemente los actos con el consecuente daño que pudiera causarle. Así, resulta que con la ejecución del acto reclamado sí se estarían causando daños de difícil reparación porque con ello se estaría vulnerando el derecho de la menor a la protección de su entorno y sus emociones, los cuales no sería posible restituir en caso de que llegaren a efectuarse los estudios psicológicos, pues la obtención de esa información mediante la instauración de una evaluación en su psique representa una afectación de imposible reparación aun en caso de obtener sentencia favorable. Sin embargo, debe negarse la suspensión provisional, respecto de la evaluación psicológica de su progenitora, pues de suspenderse la medida cautelar respecto de este punto se afectaría la posibilidad de mejorar el estado físico y emocional de los padres, así como la calidad de la convivencia con su menor hija." También apoya a lo anterior, en lo que aquí interesa, la Jurisprudencia en Materia Civil sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Tesis 1a./J. 182/2005, en la página 478, con número de registro 176168, que señala lo siguiente: "PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE LOS MENORES HIJOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO DE SUS PADRES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si se toma en consideración que la salud psicológica de los menores es un derecho protegido por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Convención sobre los Derechos del Niño, signada por el Estado mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, es inconcuso que ese derecho constituye una garantía individual y un derecho sustantivo cuya protección es obligación del Estado en todos los actos que realice respecto de los menores; de ahí que cualquier acto dentro de juicio que pudiera afectar su salud mental debe considerarse como de imposible reparación. En esa virtud, la admisión y orden de desahogo de la prueba testimonial a cargo de los menores sobre los hechos materia del divorcio necesario de sus padres puede causar daños a la salud psicológica de aquéllos, pues tendrán que declarar sobre cuestiones como violencia intrafamiliar, infidelidad, maltrato, amenazas, etcétera; de manera que aun en caso de que se dictara una sentencia que garantizara sus derechos, el perjuicio sufrido al desahogar la testimonial no podría desaparecer y no podría restituírseles en el ejercicio de su salud mental. Por ello, la sola admisión de una prueba de esta clase debe considerarse como un acto de imposible reparación para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, juicio que en forma excepcional podrá promover el propio menor en términos del artículo 6o. de la Ley de Amparo, sin que sea necesario probar en los autos del juicio natural que existirá un perjuicio de esa naturaleza, en tanto que es suficiente la sola posibilidad de que ello ocurra." De igual manera sustenta lo anteriormente expuesto la jurisprudencia I.3o.A. J/16, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en la página 383, del Tomo V, enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199549, que informa: "SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE CONCEDE a Erik Arturo Novelo Martínez, por su propio y personal derecho y en representación de su hija menor de edad de identidad reservada G.A.N.C., la suspensión definitiva del acto que reclamó de la autoridad responsable Jueza Tercero de Oralidad Familiar turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda este expediente y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que no ha transcurrido el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio del informe justificado que se relacionó en proveído de diez de noviembre del presente año. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía de razón, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese por lista de estrados y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el escrito signado por Willian Leonel Cachón Rosales, representante especial de la menor de edad de identidad reservada G.A.N.C., recibido vía electrónica en este Juzgado, mediante el uso de la FIREL; y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que efectúa en vía de alegatos y hágase relación de las mismas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por la Jueza Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos el oficio número 9022/2023, signado electrónicamente, mediante el uso de la FIREL, por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México; mediante el cual acusa recibo del similar 24479/2023, de cinco de los corrientes, que le fue remitido por este Juzgado de Distrito y comunica que dicho órgano queda en espera de la sentencia definitiva que recaiga en el presente juicio. De lo cual este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado con quien actúa. Doy fe.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Ericka Reene Ramirez Bacelis1324/2023
- Erik Antonio Quijano Chan1336/2022
- Erik Antonio Quijano Chan1831/2021
- Erik Arturo Novelo Martinez1702/2022
- Erik Arturo Novelo Martínez714/2018
- Erik Arturo Novelo Martinez1068/2022
- Erik Arturo Novelo Martínez664/2018
- Erik Enrique Tun Sarabia1234/2018
- Erik Jose Solis Correa117/2021
- Erik Jose Solis Correa118/2021
- Erik Manrique Pat Huh991/2022
- Erik Manuel Manzanilla Gomez1353/2021