Erik Alan Trujillo Méndez
Expediente 403/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 403/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa
- Erik Alan Trujillo Méndez
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a nueve de julio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna en el Estado de Coahuila, con residencia en Torreón, mediante el cual acusa recibo del oficio número 17425/2018, del índice de este juzgado, e informa que acepta la competencia declinada a su favor y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Erik Alan Trujillo Méndez y Jesús Gael Rojano Monterrosas; en consecuencia, archívese este expediente como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse declinado la competencia en el juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo acordó el ciudadano licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien firma ante el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, secretario de acuerdos con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el promovente ******************** interpusiera recurso de queja en contra del auto de cuatro de junio del presente año, en el que se tuvo por no presentada la demanda interpuesta, sin que lo haya hecho. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. De lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, téngase por recibido el escrito aparentemente signado por el quejoso ********************, mediante el cual pretende cumplir con el requerimiento que se le formuló en proveído de cuatro de junio del año en curso. Ahora bien, ya que la firma que lo calza difiere notoriamente de aquellas que estampó el peticionario del amparo en el escrito inicial de demanda, así como con aquélla estampada en la diligencia de notificación que se le efectuó el treinta de mayo de dos mil dieciocho; en consecuencia, resérvese de acordar lo conducente y requiérase al nombrado quejoso para que en el acto de la notificación del presente acuerdo, manifieste si reconoce como suya la firma que calza el ocurso que se provee, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no presentado dicho escrito. Se hace saber a ******************** de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como el contenido del artículo 261, de la Ley de Amparo, que es el siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número doscientos cincuenta y ocho, visible en la página ciento setenta y cuatro, Octava Época, Materia Común del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo texto literal dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Asimismo, dígase al peticionario del amparo que si el suscrito lo considera necesario, ordenará la práctica de un dictamen pericial en materia de grafoscopia, a fin de determinar la veracidad de las firmas plasmadas en el escrito de demanda y el escrito aclaratorio de cuenta. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), emitida por de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2014436, de rubro y texto siguiente: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada." Ahora bien, debido a que el quejoso ********************, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS DURANGO", con residencia en Gómez Palacio, Durango, de conformidad con los artículos 298, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2° de la ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en la Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, para que en auxilio de las labores de este juzgado de distrito, ordene a quien corresponda que se constituya en las instalaciones de dicho centro penitenciario y se sirva notificar al nombrado quejoso el contenido íntegro presente acuerdo, debiendo efectuarle el requerimiento indicado, para lo que deberá ponerle a la vista el escrito original de cuenta, que para tal efecto se envía y deberá devolverse a este juzgado, a fin de integrarlo al expediente en el que se actúa En ese orden de ideas, una vez efectuada la diligencia de reconocimiento de firma ordenada, se acordará lo que en derecho corresponda.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Vista la demanda de amparo promovida por los quejosos contra actos reclamados al Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 403/2018. Al respecto, se acuerda: Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en los artículos 108, 112 y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo vigente, que disponen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.) "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite". Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. [.] Dichos preceptos legales imponen la obligación a este juzgador, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiar el escrito inicial y sus anexos para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita. Acotado lo anterior, es necesario precisar que la parte quejosa en su demanda señala como acto reclamado la resolución de veintidós de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, dentro del proceso penal 167/2018, en el que determinó lo siguiente: Dictó auto de vinculación a proceso contra los aquí quejosos por los delitos de robo y secuestro express. Decretó medida cautelar consistente en prisión preventiva por todo el tiempo de la duración del proceso. Declinó competencia a favor del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila, con sede en Torreón; y Ordenó el traslado de los aquí quejosos del Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz hacia el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS DURANGO", con sede en Gómez Palacio, Durango. Por otra parte, los quejosos al narrar los hechos que sustentan los antecedentes de los actos reclamados reiteran que en la resolución de veintidós de abril de dos mil dieciocho (reclamada en esta vía constitucional), el Juez que señalan como responsable declinó competencia a favor del Juzgado de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila, con sede en Torreón; sin embargo, omitió mencionar si este último órgano jurisdiccional ya aceptó la competencia planteada. De la misma forma, los quejosos aducen que actualmente se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS DURANGO", con sede en Gómez Palacio, Durango, con motivo de la orden de traslado que combaten; empero no señalaron cuándo se ejecutó dicho traslado, es decir en qué fecha egresaron del reclusorio de Villa Aldama, Veracruz, y cuándo ingresaron al centro penitenciario de Gómez Palacio Durango. Asimismo, los promoventes no refirieron qué autoridades efectuaron el traslado del que se duelen. Por lo tanto, resulta indispensable prevenir a los quejosos para que amplíen los antecedentes de los actos reclamados específicamente en la competencia declinada por el juez que señala como responsable y la orden de traslado ordenada por él mismo. Sentido de la prevención que se formula. Por lo tanto, previo a acordar sobre la admisión del escrito de demanda, es menester, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el diverso 108, fracciones III y V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a los directos quejosos para que dentro del término de cinco días, contados a partir de que se encuentren debidamente notificados del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias, bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo cumplan con lo siguiente: PRIMERO. Amplíen los antecedentes de sus actos reclamados en cuanto a lo siguiente: Manifiesten si el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila, con sede en Torreón aceptó la competencia declinada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; de ser así, deberán precisar la fecha del auto a través del cual adoptó esa determinación y cuándo les fue notificada la misma. Precisen cuándo se ejecutó el traslado que reclaman; es decir en qué fecha egresaron del reclusorio de Villa Aldama, Veracruz, y cuándo ingresaron al centro penitenciario de Gómez Palacio Durango. Deberán indicar qué autoridades intervinieron en el traslado que reclaman. SEGUNDO.- Señalen si es su deseo señalar como responsables, a las autoridades que intervinieron en dicho traslado. Hechos que resultan indispensables para el suscrito juzgador, a fin de estar en aptitud de tener datos complementarios suficientes para proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, por lo que, deberá aclarar tal circunstancia. La anterior prevención encuentra sustento en la tesis número I.7º.A. 100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto y rubro sin del literal siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Todo lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado en párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Mientras tanto, consérvense en la secretaría de este juzgado, las siete copias de la demanda de cuenta. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee, y como su autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Javier Martínez Méndez y Gabriel Modesto Valdivia Castillo, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con los registros números 16192 y 53099, y en términos restringidos a Maribel López Alejo y Diana Laura Domínguez Garrido, toda vez que de la primera no existe registro en el referido sistema, y por cuanto hace a la última, debido a que así lo solicitaron los accionantes del amparo. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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