Erick Onésimo Castillo Adame

Expediente 193/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 17 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
193/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
17/02/2022

Partes del expediente

  • Erick Onésimo Castillo Adame

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en Ciudad de México, mediante el cual solicita información respecto al juicio de amparo promovido por...; en consecuencia, la información solicitada será proporcionada en el orden indicado, el cual se detalla a continuación: Antecedentes, desarrollo procesal y estado actual del expediente 193/2020-I-A, así como los datos relativos en su caso, de los recursos interpuestos en la secuela procesal o contra las resoluciones emitidas. En auto de ocho de abril de dos mil veinte, se tuvo por recibida en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, la demanda signada electrónicamente por ... de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud Federal. a) La omisión de decretar las medidas y protocolos específicos con base a la Organización Mundial de la Salud, con pleno respeto a los derechos constitucionales, convencionales y universales que protegen a todas aquellas personas privadas de su libertad, como el caso del quejoso. b) La omisión de incluir al sistema penitenciario de manera específica en el ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de marzo del presente año, dada la condición particular de confinamiento. 2.- Titular de la Secretaría de Gobernación y Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. a) La omisión de decretar las medidas y protocolos específicos con base a la Organización Mundial de la Salud, con pleno respeto a los derechos constitucionales, convencionales y universales que protegen a todas aquellas personas privadas de su libertad, como el caso del quejoso. 3.- Titular del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz y Titular del Servicio Médico de dicho reclusorio. a) Ante la falta de disposición o protocolo expreso, la omisión de realizar los ajustes razonables a las disposiciones vigentes en el centro de reclusión, entendidos como aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas al caso particular para hacer efectivo el derecho a la salud ante este nuevo virus a fin de establecer medidas y lineamientos específicos con base a la Organización Mundial de la Salud y las diversas leyes que protegen al quejoso. b) La omisión de notificar dichos ajustes razonables y ordenar al Titular del Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, su implementación. c) Brindarle la atención y realizarle los estudios y exámenes necesarios (radiografías de pulmones), al presentar en cuadro bronquial, alérgico respiratorio, resultado del agua helada, los cambios bruscos de temperatura ambientales, requiriendo tratamiento con antibiótico, antihistamínicos y terapias respiratorias permanentes desde la infancia, y destinarle a un área específica para salvaguardar su salud dada su situación vulnerable. d) La omisión de brindar la información suficiente, detallada y transparente en relación al virus identificado mundialmente como virus COVID-19. e) La omisión de proporcionar, de manera individual, información de los protocolos específicos vigentes al interior del centro penitenciario, para prevenir, o en su caso, contener y evitar la propagación del virus identificado mundialmente como virus COVID-19. f) La omisión de proporcionar de manera individual equipo sanitario específico de protección a efecto de evitar contagio del virus identificado mundialmente como virus COVID-19. g) La omisión de tomar medidas necesarias para poder seguir en contacto con los familiares del quejoso ante suspensión de visitas al interior, notificando dichas medidas. 4.- Titular de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz. a) Ante la falta de disposición o protocolo expreso, la omisión de realizar los ajustes razonables a las disposiciones vigentes en el centro de reclusión, entendidos como aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas al caso particular para hacer efectivo el derecho a la salud ante este nuevo virus a fin de establecer medidas y lineamientos específicos con base a la Organización Mundial de la Salud y las diversas leyes que protegen al quejoso. b) La omisión de proporcionar de manera individual equipo sanitario específico para evitar contagio. Por lo que, en ese mismo auto, se desechó la demanda de amparo al considerarse que se actualizaban las causas de improcedencia previstas en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 73, fracción XVI, inciso 1a. en relación con el 89, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción XX, de la Ley de Amparo. Asimismo, en proveído, de uno de julio de dos mil veinte, causo estado dicha determinación, ordenándose el archivo del mismo como asunto totalmente concluido. Síntesis de los razonamientos jurídicos relevantes, el sentido de la sentencia dictada, así como la fecha en que fue notificada. Mediante acuerdo de ocho de abril de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional desechó la demanda respecto de los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Salud del Gobierno Federal, Titular de la Secretaría de Gobernación, Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Coordinador General de Centros Federales todos con sede en la Ciudad de México, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 73, fracción XVI, inciso 1a. en relación con el 89, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a través del juicio de amparo no es factible intervenir en decisiones que atañen a una potestad soberana determinada en la propia Constitución, dado que el Congreso de la Unión, tiene esa facultad de resolver sobre ese punto a discreción o soberanamente y a su vez, el Presidente de la República, autoridad aquí responsable, se encuentra obligado a ejecutar dichas determinaciones, por lo que los actos reclamados tiende a impugnar políticas de salubridad general, en específico respecto del brote de coronavirus COVID 19, declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, la política que se debe seguir a efecto de impedir su propagación, se trata de un procedimiento soberano, tal como se prevé constitucionalmente, por lo que el juicio de garantías intentado para impugnarlo deviene improcedente, por no poderse intervenir mediante el juicio constitucional en decisiones que atañen una potestad soberana, atribuida exclusivamente al Presidente de la República. Ello es así, toda vez que el juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 103 constitucional, sólo procede, en lo que interesa, contra leyes secundarias o actos de autoridad (constituida) que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la propia Carta Magna, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano se parte, por lo que es evidente que la ley suprema no puede, constitucionalmente, vulnerar esos derechos y garantías que la misma establece. Asimismo, que lo anterior, no implicaba transgredir los derechos públicos subjetivos de la parte quejosa, toda vez que si bien se decretó a nivel mundial como pandemia al COVID 19, por la Organización Mundial de la Salud, en el caso las políticas de salubridad en su contra, serán impuestas, de así estimarlo procedente, al ser, se insiste, una facultad soberana y discrecional atribuida al Congreso de la Unión y Presidente de la República, en esa materia; lo cual a la fecha en que se pronuncia este proveído ya se emitieron por las autoridades correspondientes; tal como se aprecia de la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación el día treinta de marzo de dos mil veinte, del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), así como el protocolo de actuacion para la atención del covid-19 al interior de Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS), publicado el mes de marzo de dos mi veinte. Asimismo, respecto de los actos reclamados al Titular del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, con sede en la congregación de Cerro León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, Titular de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Titular del Servicio Médico, ambos del Referido Centro, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que de la demanda de amparo no se advertía que el quejoso hubiera solicitado a las autoridades penitenciarias la información necesaria en relación al manejo, prevenciones y cuidados relacionados con el virus COVID-19, ni han implementado las medidas sanitarias necesarias para evitar su contagio; así como, que no se le ha brindado ni realizado los estudios y exámenes como lo es la radiografía de pulmones respecto al cuadro bronquial que padece con motivo de las bajas temperaturas y cambios bruscos de temperatura y agua helada, por lo que el impetrante de amparo debió realizar las peticiones relativas a los actos de molestia, ante la autoridades penitenciarias, y en todo caso, de haberlo hecho y de resultar omisas las citadas responsables, esas omisiones debieron ser impugnadas ante Juez de Ejecución, de conformidad con el artículo 14 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Determinación que le fuera notificada al quejoso de manera personal en su lugar de reclusión el ocho de abril de dos mil veinte. Informe si en el expediente de mérito..., manifestó o denunció vulneración a su derecho de libertad personal, derivado de una posible detención arbitraria y prolongada. De ser el caso, los pronunciamiento emitidos al respecto. De autos, no se advierte manifestación o denuncia alguna sobre la vulneración a su derecho de libertad personal y garantías judiciales derivado de una posible detención arbitraria o ilegal, así como tampoco derivado de una posible incomunicación previo a conocer su situación jurídica dada su detención. Informe si ..., refirió ser víctima de actos de tortura, tratos inhumanos y degradantes durante su detención, para forzarlos o autoincriminarse al rendir su declaración ante el Ministerio Público. En su caso, las fechas y las medidas que se hayan tomado al respecto. Además, indicar si se le realizaron pruebas conforme a la aplicación del protocolo de Estambul, de ser así cuál fue el resultado y, en un supuesto negativo las razones por las que no se aplicó. El impetrante del amparo no manifestó ser víctima de actos de tortura, tratos inhumanos y degradantes durante su detención, para forzarlos o autoincriminarse al rendir su declaración ante el Ministerio Público. Indique si Erick Onésimo Castillo Adame señaló la vulneración a su derecho al debido proceso, con relación a las supuestas amenazas a testigos de descargo, la fabricación u ocultamiento de pruebas en las causas penales iniciadas en su contra, así como la omisión de tramitar las pruebas presentadas por su defensa. De ser el caso, los pronunciamiento emitido al respecto. El promovente del amparo no señaló vulneración a su derecho al debido proceso, con relación a las supuestas amenazas a testigos de descargo, la fabricación u ocultamiento de pruebas en las causas penales iniciadas en su contra así como la omisión de tramitar las pruebas presentadas por su defensa Especifique ..., manifestó la transgresión a su derecho a la salud, derivado de la presunta falta de medidas para atenuar la pandemia por COVID-19 en el centro penitenciario en el que se encuentra privado de su libertad. De ser el caso, los pronunciamientos y medidas tomadas al respecto. El promovente de amparo señaló como actos reclamados: a) La omisión de decretar las medidas y protocolos específicos con base a la Organización Mundial de la Salud, con pleno respeto a los derechos constitucionales, convencionales y universales que protegen a todas aquellas personas privadas de su libertad, como el caso del quejoso. b) La omisión de incluir al sistema penitenciario de manera específica en el ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de marzo del presente año, dada la condición particular de confinamiento. c) La omisión de decretar las medidas y protocolos específicos con base a la Organización Mundial de la Salud, con pleno respeto a los derechos constitucionales, convencionales y universales que protegen a todas aquellas personas privadas de su libertad, como el caso del quejoso. d) Ante la falta de disposición o protocolo expreso, la omisión de realizar los ajustes razonables a las disposiciones vigentes en el centro de reclusión, entendidos como aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas al caso particular para hacer efectivo el derecho a la salud ante este nuevo virus a fin de establecer medidas y lineamientos específicos con base a la Organización Mundial de la Salud y las diversas leyes que protegen al quejoso. e) La omisión de notificar dichos ajustes razonables y ordenar al Titular del Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, su implementación. f) Brindarle la atención y realizarle los estudios y exámenes necesarios (radiografías de pulmones), al presentar en cuadro bronquial, alérgico respiratorio, resultado del agua helada, los cambios bruscos de temperatura ambientales, requiriendo tratamiento con antibiótico, antihistamínicos y terapias respiratorias permanentes desde la infancia, y destinarle a un área específica para salvaguardar su salud dada su situación vulnerable. g) La omisión de brindar la información suficiente, detallada y transparente en relación al virus identificado mundialmente como virus COVID-19. h) La omisión de proporcionar, de manera individual, información de los protocolos específicos vigentes al interior del centro penitenciario, para prevenir, o en su caso, contener y evitar la propagación del virus identificado mundialmente como COVID-19. i) La omisión de proporcionar de manera individual equipo sanitario específico de protección a efecto de evitar contagio del virus identificado mundialmente como virus COVID-19. j) La omisión de tomar medidas necesarias para poder seguir en contacto con los familiares del quejoso ante suspensión de visitas al interior, notificando dichas medidas. k) Ante la falta de disposición o protocolo expreso, la omisión de realizar los ajustes razonables a las disposiciones vigentes en el centro de reclusión, entendidos como aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas al caso particular para hacer efectivo el derecho a la salud ante este nuevo virus a fin de establecer medidas y lineamientos específicos con base a la Organización Mundial de la Salud y las diversas leyes que protegen al quejoso. Sin embargo, este órgano jurisdiccional desechó la demande amparo al considerar que se actualizaba las causas de improcedencia previstas en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 73, fracción XVI, inciso 1a. en relación con el 89, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción XX, de la Ley de Amparo. Precise si los peticionarios afirmaron que ellos o su familia han sufrido atentados contra su vida, dignidad o integridad personal, derivado de posibles amenazas, extorsiones o agresiones de cualquier tipo, por estar involucrados en investigaciones o procesos judiciales del fuero común y federal relacionados con el secuestro de Luis Isaac Castillo Adame y con las causas penales iniciadas en contra de Erick Onésimo Castillo Adame. De ser el caso, los pronunciamientos emitidos al respecto. En el caso, el impetrante de amparo no realizó alguna manifestación respecto a que él o su familia hayan sufrido atentados contra su vida, dignidad o integridad personal, derivado de posibles amenazas, extorsiones o agresiones de cualquier tipo, por estar involucrados en investigaciones o procesos judiciales del fuero común y federal relacionados con el secuestro de Luis Isaac Castillo Adame y con las causas penales iniciadas en contra de Erick Onésimo Castillo Adame. Refiera si los peticionarios han manifestado que ellos o su familia son víctimas de desplazamiento forzado al presuntamente verse obligados a dejar su domicilio por los riesgos que se enfrentan a causa de las amenazas de la que han sido objeto. De ser el caso, los pronunciamientos al respecto. El promovente de amparo no manifestó que él o su familia son víctimas de desplazamiento forzado al presuntamente verse obligados a dejar su domicilio por los riesgos que se enfrentan a causa de las amenazas de la que han sido objeto. Precise los peticionarios señalaron la vulneración a su derecho de acceso a la justicia, por la violación del plazo razonable, por la violación del plazo razonable y la falta de debida diligencia e imparcialidad en la conducción de las investigaciones y procesos judiciales en los que han estado involucrados. De ser el caso, los pronunciamientos emitidos al respecto. El aquí quejoso, no alegó violación al debido proceso, ni falta de acceso a la justicia, legalidad y seguridad jurídica, puesto que su acto reclamado, lo encaminó a situaciones que le acontecían una vez que se encontraba interno del Centro federal de referencia. Cualquier información u observación que estime pertinente para integrar la postura del Estado Mexicano en el presente asunto y que esté relacionada con las transgresiones mencionadas. Lo anterior hágase del conocimiento de la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en Ciudad de México, remitiéndole para tal efecto copias certificadas de las constancias que solicita. Además, cabe destacar que de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, el oficio y anexos de cuenta, recibidos vía correo electrónico, tienen pleno valor probatorio, al estar autorizado el empleo de este medio de comunicación para la transmisión de constancias a los órganos del Poder Judicial de la Federación. Cúmplase.

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