Erika Dhamaris Herrera Gutierrez

Expediente 740/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
740/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Erika Dhamaris Herrera Gutierrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria General de acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de treinta y uno de octubre del año en curso, remite copia certificada de la notificación realizada a la actora (aquí quejosa) del auto del auto de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. En ese tenor, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la demanda de amparo que le dio origen, se advierte que ********************, señaló como acto reclamado lo siguiente: ... Ahora, la autoridad Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a través del oficio 2616/2023-A, de diecinueve de octubre del año en curso, remitió copias certificadas de diversas constancias, entre ellas el auto de diecisiete de octubre del año en curso, por el que se acuerda lo solicitado por la aquí quejosa en su escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en el que se indicó, lo siguiente: ". no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que, de acuerdo a la autonomía financiera de los municipios consagrada en el artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el propio ayuntamiento a través de sus órganos internos, el encargado de llevar a cabo afectaciones a su patrimonio inmobiliario y a su hacienda, esta última compuesta tanto de sus ingresos propios y las participaciones federales, así como de los diversos fondos etiquetados y asignados por la federación, por lo que, es la misma demandada la encargada de administrar sus recursos, aunado el hecho, que al pretender involucrar a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y al Congreso del Estado, a efecto de obligarlos a cumplir con el laudo dictado en el presente expediente, violentaría sus garantías de audiencia y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues éstas entidades públicas, no fueron señaladas como demandadas ni condenadas en el juicio en que se actúa." Documental a la cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues se trata de documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora, considerando que se encuentra probado en autos que la autoridad responsable por acuerdo de diecisiete de octubre del año en curso, dictado en el expediente ********************, acordó lo solicitado por la aquí quejosa en su escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, por lo cual, ello trae como consecuencia que los efectos de lo reclamado (acodar una cuestión completamente ajena a lo peticionado) desaparezcan de forma inmediata, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación al derecho de acceso a la impartición de justicia. Se afirma lo anterior, atendiendo a que la pretensión de la parte quejosa se hacía constituir en el proveído de treinta y uno de julio del año en curso, emitido en el expediente ********************, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, a través del cual se proveyó su escrito presentado el diecinueve de abril del mismo año, sin atender lo que ahí peticionó, consistente en: ".solicito proceda a GIRAR OFICIO a la Secretaría de Finanzas del Estado de Veracruz, con domicilio ubicado en la Avenida Xalapa número 301, de la Unidad Habitacional del Bosque de esta ciudad, así como a la Diputada ********************, en su carácter de Presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Veracruz, con domicilio ampliamente conocido, ubicado en la Calle Encanto s/n de la Colonia el Mirador de esta ciudad, con la finalidad de que, para la siguiente partida presupuestal del Ayuntamiento de Pánuco, que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, sea considerado un apartado por la cantidad de $******************** (********************) para cubrir el laudo de la Sra., ********************, toda vez que el órgano jurisdiccional, tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos." En efecto, si la pretensión de la quejosa era que se le diera contestación a su solicitud de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, por el que solicitaba giraran los oficios a la Secretaría de Finanzas del Estado de Veracruz y al Congreso del Estado, con la finalidad de ordenarles que de la partida presupuestal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, sea considerado un apartado por la totalidad del laudo, y de lo informado por la responsable se aprecia que el diecisiete de octubre del año en curso, acordó lo solicitado por la aquí quejosa en su escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés y le indicó el motivo de porqué no era posible acordar de conformidad lo solicitado, además dicha determinación le fue notificada ocho de noviembre del año en curso; por tanto, se concluye que han cesado los efectos del acto reclamado omisivo, pues se ha dejado de afectar los derechos de la solicitante de amparo por haberse dado contestación a su solicitud. En ese contexto, es inconcuso que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De lo transcrito, se desprende como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la emisión de la resolución del juicio de amparo, puesto que no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: Tomo XXIX, Enero de 2009. "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." (Lo subrayado es propio) De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. ... Notifíquese personalmente a la quejosa, por oficios a la autoridad tercera interesada, autoridad responsable, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado.

  2. Principal

    ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria General de acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de treinta y uno de octubre del año en curso, remite copia certificada de la notificación realizada a la actora (aquí quejosa) del auto del auto de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. En ese tenor, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la demanda de amparo que le dio origen, se advierte que ********************, señaló como acto reclamado lo siguiente: ... Ahora, la autoridad Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a través del oficio 2616/2023-A, de diecinueve de octubre del año en curso, remitió copias certificadas de diversas constancias, entre ellas el auto de diecisiete de octubre del año en curso, por el que se acuerda lo solicitado por la aquí quejosa en su escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en el que se indicó, lo siguiente: ". no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que, de acuerdo a la autonomía financiera de los municipios consagrada en el artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el propio ayuntamiento a través de sus órganos internos, el encargado de llevar a cabo afectaciones a su patrimonio inmobiliario y a su hacienda, esta última compuesta tanto de sus ingresos propios y las participaciones federales, así como de los diversos fondos etiquetados y asignados por la federación, por lo que, es la misma demandada la encargada de administrar sus recursos, aunado el hecho, que al pretender involucrar a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y al Congreso del Estado, a efecto de obligarlos a cumplir con el laudo dictado en el presente expediente, violentaría sus garantías de audiencia y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues éstas entidades públicas, no fueron señaladas como demandadas ni condenadas en el juicio en que se actúa." Documental a la cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues se trata de documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora, considerando que se encuentra probado en autos que la autoridad responsable por acuerdo de diecisiete de octubre del año en curso, dictado en el expediente ********************, acordó lo solicitado por la aquí quejosa en su escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, por lo cual, ello trae como consecuencia que los efectos de lo reclamado (acodar una cuestión completamente ajena a lo peticionado) desaparezcan de forma inmediata, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación al derecho de acceso a la impartición de justicia. Se afirma lo anterior, atendiendo a que la pretensión de la parte quejosa se hacía constituir en el proveído de treinta y uno de julio del año en curso, emitido en el expediente ********************, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, a través del cual se proveyó su escrito presentado el diecinueve de abril del mismo año, sin atender lo que ahí peticionó, consistente en: ".solicito proceda a GIRAR OFICIO a la Secretaría de Finanzas del Estado de Veracruz, con domicilio ubicado en la Avenida Xalapa número 301, de la Unidad Habitacional del Bosque de esta ciudad, así como a la Diputada ********************, en su carácter de Presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Veracruz, con domicilio ampliamente conocido, ubicado en la Calle Encanto s/n de la Colonia el Mirador de esta ciudad, con la finalidad de que, para la siguiente partida presupuestal del Ayuntamiento de Pánuco, que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, sea considerado un apartado por la cantidad de $******************** (********************) para cubrir el laudo de la Sra., ********************, toda vez que el órgano jurisdiccional, tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos." En efecto, si la pretensión de la quejosa era que se le diera contestación a su solicitud de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, por el que solicitaba giraran los oficios a la Secretaría de Finanzas del Estado de Veracruz y al Congreso del Estado, con la finalidad de ordenarles que de la partida presupuestal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, sea considerado un apartado por la totalidad del laudo, y de lo informado por la responsable se aprecia que el diecisiete de octubre del año en curso, acordó lo solicitado por la aquí quejosa en su escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés y le indicó el motivo de porqué no era posible acordar de conformidad lo solicitado, además dicha determinación le fue notificada ocho de noviembre del año en curso; por tanto, se concluye que han cesado los efectos del acto reclamado omisivo, pues se ha dejado de afectar los derechos de la solicitante de amparo por haberse dado contestación a su solicitud. En ese contexto, es inconcuso que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De lo transcrito, se desprende como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la emisión de la resolución del juicio de amparo, puesto que no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: Tomo XXIX, Enero de 2009. "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." (Lo subrayado es propio) De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. ... Notifíquese personalmente a la quejosa, por oficios a la autoridad tercera interesada, autoridad responsable, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. ********************Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que aún no obra en autos el emplazamiento de la parte tercera interesada ********************, diligencia que se ordenó mediante oficio 16383/2023 de seis de septiembre del año en curso, sin que hasta esta data obre en autos el acuse de recibo del que se advierta que se encuentra debidamente notificada.********************Debido a lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y, en su lugar, se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga verificativo la misma.********************En tales condiciones, a fin de tener debidamente integrado el presente asunto, requiérase al ********************, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificado del presente acuerdo, informe si recibió el oficio 16383/2023 de seis de septiembre del año en curso, y en caso de ser así, deberá acusar de recibido, para lo cual se pone a su disposición el correo electrónico institucional 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx.********************Lo anterior, con el apercibimiento que, de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece los artículos 237, fracción I, y 259 ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a la autoridad tercera interesada.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. ********************Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que aún no obra en autos el emplazamiento de la parte tercera interesada ********************, diligencia que se ordenó mediante oficio 16383/2023 de seis de septiembre del año en curso, sin que hasta esta data obre en autos el acuse de recibo del que se advierta que se encuentra debidamente notificada.********************Debido a lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y, en su lugar, se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma.********************Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Uriel Curti Espinosa, Secretario que autoriza y da fe.

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