Erick de Jesús Zenil Torres

Expediente 818/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
818/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
11/09/2018

Partes del expediente

  • Erick de Jesús Zenil Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que el auto de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido por el promovente y que ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo, por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado de plano la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años, se procederá para tal efecto, con posterioridad al ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Finalmente, en cumplimiento al punto decimoprimero, último párrafo, del capítulo tercero del Acuerdo General Conjunto a que se hace referencia en párrafos que anteceden, prevéngase a la quejosa, para que de estimarlo conveniente solicite la devolución de los documentos originales anexos a su escrito de demanda, para lo cual cuenta con un lapso de noventa días; apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente.

  2. Principal

    Xalapa, Veracruz, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Erick de Jesús Zenil Torres, contra actos del Sub Directora de Comercio del Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Veracruz, y otras autoridades. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 818/2018. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Expuesto lo anterior, de la lectura de la demanda que se analiza se advierte que el acto que en la especie se reclama se hace consistir en el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, dictado por la Subdirectora de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, dictado en el expediente relacionado con el establecimiento mercantil denominado "La Descarnada", a través del cual se ordena su clausura temporal, así como su correspondiente ejecución acontecida el pasado veintitrés de agosto. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Por lo anterior, este Juzgado Federal estima que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XX del artículo 61 y el diverso 113 de la propia ley de la materia, de los que se desprende en esencia, la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión. Lo anterior, significa que si en la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa ordinario, se establecen iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir y en consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar ese medio ordinario. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa previo a la promoción del juicio bi-instancial debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes cuando se impugnan con motivo de su primer acto de aplicación y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. En relación con dicho principio, la interpretación del artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite advertir que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la Ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para ello, cuestión que también se encuentra regulada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que obliga a revisar con detenimiento, además de las disposiciones de la Ley de la materia, aquellas que rigen para el acto reclamado. En ese sentido, atento a la naturaleza del acto reclamado en la demanda que se provee, debe tomarse en consideración los artículos 280 fracción II, 292, 293, 296, 305, 305 Bis, 306, 308, 309 y 310 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, el cual permite advertir que la normatividad de referencia establece que procede el juicio contencioso administrativo contra actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares. Asimismo, dentro de dicho juicio se puede solicitar la suspensión del acto impugnado, sobre la cual se resolverá en el término de veinticuatro horas y la misma puede tener por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva. En esas condiciones, se concluye que la demanda de amparo analizada resulta improcedente, dado que la parte quejosa no agotó contra la orden de clausura provisional que combate el medio de impugnación ordinario respecto del acto que reclama, esto es, el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, a través del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados. Sin que se desatienda la Tesis VII, 1º.A.15 A (10ª) de rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 280 Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO INDIRECTO, AL ACTUALIZARSE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CONSISTENTE EN QUE ESE ORDENAMIENTO NO ESTABLECE ESPECÍFICAMENTE UN PLAZO PARA QUE EL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE SE PRONUNCIE RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO CONTROVERTIDO SOLICITADA EN UN MOMENTO DIVERSO A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. El artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el juicio de amparo procede contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que será necesario agotar los medios de defensa, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que ésta fija para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que se establece para otorgar la provisional. En estas condiciones, si el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no señala específicamente un plazo para que el tribunal correspondiente se pronuncie respecto de la suspensión provisional del acto controvertido solicitada en un momento diverso a la presentación de la demanda del juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 280 y demás relativos de ese ordenamiento, con lo cual deja a las partes en estado de inseguridad jurídica y sin la certeza de que ello ocurrirá en un plazo no mayor al de veinticuatro horas que al efecto indica la Ley de Amparo, es innecesario agotar dicho juicio antes de promover el amparo indirecto, al actualizarse una excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo." Lo anterior es así, pues es un hecho notorio para este juzgado, que el diecinueve de diciembre del dos mil diecisiete, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave, fue reformado el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, y se estableció un plazo de veinticuatro horas para que el tribunal correspondiente se pronuncie respecto de la suspensión del acto controvertido, ello una vez presentada la demanda o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el juicio, por lo tanto, no es aplicable el criterio de la tesis señalada en líneas precedentes, el cual fue sustentado en junio del dos mil dieciséis, esto es, con anterioridad a las citadas reformas. Por tanto, antes de acudir al juicio de amparo y en observancia del principio de definitividad que lo rige, la parte quejosa debe agotar el juicio contencioso que resulta procedente contra el acto que impugna; máxime que los artículos 296 y 305 del referido código, no exigen mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado analizado en párrafos precedentes, que los que contempla la Ley de Amparo y, por ende, no se está en el caso de excepción a que se refiere la parte final de la fracción XX del artículo 63 de la ley de la materia. En razón de lo expuesto y al existir un recurso ordinario procedente contra los actos que reclama la quejosa, en el cual puede obtener la suspensión de ellos, con apoyo con los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías por ser notoria e indudable su improcedencia. Se invoca la Jurisprudencia 749, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, con el objeto de que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. No se soslaya a lo anterior, la existencia de la Jurisprudencia 54/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO"; misma que establece que por regla general en el auto de inicial de trámite de una demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, dado que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas anexadas, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio constitucional; sin embargo, el citado criterio no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a la regla general. Resulta aplicable por su contenido jurídico la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página mil doscientos veinticuatro, libro once, octubre dos mil catorce, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." SE TIENE COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA PARTE QUEJOSA, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Domínguez Guevara y Victor Alfonso Loyo Olivares quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con los registros números 180619 y 180618 y con las restricciones que impone el citado precepto a Martín Roberto Landa Hoyos, Alexis Sandoval Montes, Mohamed Alí Cabañas Gándara, Daniel Alexis Lozano Ortega, Erick Omar Cervantes León, Yesenia Karem Alonso Salas y Dulce Neri Olivares Hernandez, quienes no cuentan con el registro correspondiente en el referido sistema. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el actuario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Julio Cesar Lopez Cespedes, Secretario, que autoriza y da fe. Doy fe.

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