Erick Nau Juárez Medina
Expediente 577/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 577/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/07/2021
Partes del expediente
- Erick Nau Juárez Medina
Actuaciones
- Principal
.... La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de junio pasado, por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: ...
- Principal
Toluca, Estado de México; primero de julio de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 5/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; se provee lo siguiente: De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón de imposibilidad de notificación signada por el Actuario Judicial adscrita a este juzgado de Distrito, mediante el cual informa la imposibilidad de notificar a la parte quejosa el proveído de veinticuatro de junio pasado, por las razones ahí expuestas. A dicha diligencia se le otorga valor probatorio pleno en conformidad con lo establecido en los ordinales 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Sobre el particular por similitud jurídica se invoca la jurisprudencia publicada con el número 573, visible en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, cuyos rubro y texto son: ... En consecuencia, notifíquese por lista el auto de referencia y practíquense las notificaciones subsecuentes, aun las que deban ser en forma personal por la lista que se realiza mediante publicación en internet, prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal y que se coloca en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita tal y como lo prevé al artículo 21 del Acuerdo General aludido, hasta en tanto se señale un lugar determinado en el cual sea factible recibir notificaciones y practicar diligencias que en el caso debe ser un inmueble, casa o despacho en donde las personas que deban notificarse residan, habiten o tengan el principal asiento de sus negocios. ... Notifíquese y cúmplase. Toluca, Estado de México; veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y SE ACEPTA COMPETENCIA. Visto el Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; así mismo se tiene por recibido el oficio signado por Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien por razón de incompetencia de dicho órgano jurisdiccional manda los autos originales del juicio de Amparo Directo 241/2021, de su índice estadístico, con cinco anexos originales y dos en copia simple; derivados de la demanda de amparo promovida por propio derecho por Erick Nahu Juárez Medina, contra actos del Segunda Sala Civil Regional de . Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra. Atento a lo anterior, este juzgado de Distrito acepa la competencia planteada por el Tribunal de alzada, acúsese de recibo, fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 577/2021-VI. DESECHAMIENTO. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, con número de registro 196196 y rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, en el caso a estudio, el acto que por esta vía constitucional se combate, consiste esencialmente en: ? La orden dada a la notificadora adscrita a la Segunda Sala Civil Regional de Toluca, del Tribual Superior de Justicia del Estado de México, a fin de que notifique y cumpla con lo ordenado en la resolución de veintidós de marzo del año en curso, dictada en el toca 511/2020 en la cual se confirmó la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la tercería excluyente de dominio deducida del juico especial de desahucio 414/2014 promovido por José Rolando Bobadilla Sánchez contra Ángel García Lara, por propio derecho en su calidad de aval y fiador de Comercio Internacional y de Acero, sociedad anónima de capta variable en la cual declaro infundada la citada tercería. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Lo anterior, en relación con la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 393,973, publicada en la página 12, del tomo VI, del Apéndice de 1995, quinta época de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." La causa de improcedencia que alberga el precepto transcrito, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La ratio legis de dicho precepto responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que él mismo haya exteriorizado por sí o a través de sus apoderados o representantes de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. Entonces, esta disposición resulta coherente con la sanción que debe imponerse a la parte quejosa que adopta una actitud pasiva frente al acto de autoridad que a pesar de que le causa perjuicio, se somete a él en todos sus efectos y consecuencias, sea porque con ello obtiene algún beneficio o por simple desinterés para controvertirlo, pero posteriormente pretende impugnarlo a pesar del consentimiento previo que manifestó. En ese sentido, es pertinente destacar que de acuerdo con la disposición imperativa en estudio, puede decirse que la conformidad con el acto reclamado comprende tanto lo que la doctrina considera en sí mismo al consentimiento expreso como lo que se entiende por consentimiento tácito, connotaciones que el Código Civil Federal recoge en su artículo 1803, conforme a las cuales el consentimiento expreso es aquél cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, mientras que el tácito, resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Cabe precisar que la anterior conclusión no debe confundirse con la hipótesis normativa de la fracción XIV del artículo 61 en consulta, pues esta última se refiere al consentimiento tácito que se presume de la presentación extemporánea de la demanda de amparo al no promoverse oportunamente dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, en tanto que el consentimiento tácito que se deriva de la fracción XIII, se refiere a la presunción que se desprende de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, es decir, por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ahora bien, respecto de los actos derivados de otros consentidos, debe decirse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido cuáles son los supuestos que deben reunirse para que se actualice la causa de improcedencia en comento, según la tesis con número de registro 232011, publicada en la página 9, 217-228 Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época que se cita a continuación: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." De acuerdo con el criterio en consulta, la causa de improcedencia de que se trata se actualiza cuando se reúnen los siguientes requisitos: a) La existencia de un acto anterior consentido, tácita o expresamente; b) Que exista un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél, y c) La situación jurídica del quejoso sea la misma frente al acto anterior, con respecto al posterior. Esto es, el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otro que la ley reputa como consentido; es decir, que entre el acto reclamado y el anterior que se consintió, exista una relación de causa y efecto; en otras palabras, que se traduzca en una consecuencia legal, forzosa o directa del primer acto de autoridad. El consentimiento existe por el inejercicio del derecho de impugnación destinado a promover algún medio de defensa en contra del acto de autoridad; es decir, por la falta de interposición de los recursos previstos en la ley, o en su caso del juicio de amparo, toda vez que son éstos los que pueden impedir legalmente la firmeza de aquellos actos, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, VICTOR MANUEL RENDON SOSA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e8.56 17/07/23 15:50:22 7 modificarlos o dejarlos insubsistentes, y por la misma razón, es solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa, los que sirven como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta para demostrar que no se consintió un acto. La justificación de esta causa de improcedencia radica en que el juicio de amparo no puede ser el remedio extraordinario para analizar la constitucionalidad de un acto de autoridad, cuyo antecedente necesario no fue impugnado por el gobernado mediante los medios legales correspondientes, pues de hacerlo, implicaría dejar a la parte quejosa ante la posibilidad de promover el amparo en contra del acto posterior, aun cuando su situación jurídica sea la misma que frente al primer acto del procedimiento. Así las cosas, si la parte quejosa se duele de la orden dada a la notificadora adscrita a la Segunda Sala Civil Regional de Toluca, del Tribual Superior de Justicia del Estado de México, a fin de que notifique y cumpla con lo ordenado en la resolución de veintidós de marzo del año en curso, dictada en el toca 511/2020 en la cual se confirmó la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la tercería excluyente de dominio deducida del juico especial de desahucio 414/2014 promovido por José Rolando Bobadilla Sánchez contra Ángel García Lara por propio derecho en su calidad de aval y fiador de Comercio Internacional y de Acero, sociedad anónima de capta variable en la cual declaro infundada la citada tercería, al no haberse recurrido, se entiende por consentido. Con ello, el primer requisito consistente en la existencia de un acto anterior consentido, tácita o expresamente, está VICTOR MANUEL RENDON SOSA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e8.56 17/07/23 15:50:22 8 probado, pues lo constituye la resolución de veintidós de marzo del año en curso, dictada en el toca 511/2020, por lo que únicamente puede ser modificado mediante Juicio de amparo Directo. Con lo que se advierte que existió una resolución (antes del acto reclamado) que no se aprecia que fue impugnada. El segundo requisito consistente en que exista un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél, se actualiza, ello, toda vez que la parte quejosa tilda de inconstitucional la orden dada a la notificadora, a fin de que notifique y cumpla con lo ordenado en la resolución de veintidós de marzo del año en curso, dictada en el toca 511/2020 en la cual se confirmó la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en la tercería excluyente de dominio deducida del juico especial de desahucio 414/2014. Así, se prueba fehacientemente que el acto reclamado en este juicio es consecuencia directa y necesaria del emitido en primer lugar (resolución de veintidós de marzo del año en curso, dictada en el toca 511/2020), resolución que la parte quejosa no impugnó y que no señaló como acto reclamado en el presente juicio de amparo. El tercero de los requisitos referente a que la situación jurídica de la parte quejosa sea la misma frente al acto anterior, que frente al posterior, se actualiza porque desde el veintidós de marzo del año en curso, fecha en la que se dictó la resolución en el toca 511/2020, la parte quejosa estaba en la posibilidad de inconformarse con dicha resolución, y, al no haberlo impugnado, se entiende por consentido, por ende, es evidente que la parte quejosa hasta la fecha se encuentra en idéntica situación jurídica. Por ende, resulta indudable la actualización de la causa de improcedencia antes invocada. Es aplicable la tesis III.1o.A.11 K, visible en la página 582 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, Novena Época, cuya literalidad es: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." En consecuencia, al actualizarse causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. AUTORIZADO. Atento a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Antonio Hernández Arguello por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el proemio de la demanda, por así haberlo solicitado; en el entendido que únicamente deberán realizarse personalmente las que así lo ameriten en términos del precepto 26 de la Ley de Amparo; por lo que, las restantes deberán efectuarse por medio de lista....Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. ..
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y SE ACEPTA COMPETENCIA. Visto el Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; así mismo se tiene por recibido el oficio signado por Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien por razón de incompetencia de dicho órgano jurisdiccional manda los autos originales del juicio de Amparo Directo 241/2021, de su índice estadístico, con cinco anexos originales y dos en copia simple; derivados de la demanda de amparo promovida por propio derecho por Erick Nahu Juárez Medina, contra actos del Segunda Sala Civil Regional de . Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra. Atento a lo anterior, este juzgado de Distrito acepa la competencia planteada por el Tribunal de alzada, acúsese de recibo, fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 577/2021-VI. DESECHAMIENTO. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, con número de registro 196196 y rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, en el caso a estudio, el acto que por esta vía constitucional se combate, consiste esencialmente en: ? La orden dada a la notificadora adscrita a la Segunda Sala Civil Regional de Toluca, del Tribual Superior de Justicia del Estado de México, a fin de que notifique y cumpla con lo ordenado en la resolución de veintidós de marzo del año en curso, dictada en el toca 511/2020 en la cual se confirmó la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la tercería excluyente de dominio deducida del juico especial de desahucio 414/2014 promovido por José Rolando Bobadilla Sánchez contra Ángel García Lara, por propio derecho en su calidad de aval y fiador de Comercio Internacional y de Acero, sociedad anónima de capta variable en la cual declaro infundada la citada tercería. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Lo anterior, en relación con la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 393,973, publicada en la página 12, del tomo VI, del Apéndice de 1995, quinta época de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." La causa de improcedencia que alberga el precepto transcrito, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La ratio legis de dicho precepto responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que él mismo haya exteriorizado por sí o a través de sus apoderados o representantes de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. Entonces, esta disposición resulta coherente con la sanción que debe imponerse a la parte quejosa que adopta una actitud pasiva frente al acto de autoridad que a pesar de que le causa perjuicio, se somete a él en todos sus efectos y consecuencias, sea porque con ello obtiene algún beneficio o por simple desinterés para controvertirlo, pero posteriormente pretende impugnarlo a pesar del consentimiento previo que manifestó. En ese sentido, es pertinente destacar que de acuerdo con la disposición imperativa en estudio, puede decirse que la conformidad con el acto reclamado comprende tanto lo que la doctrina considera en sí mismo al consentimiento expreso como lo que se entiende por consentimiento tácito, connotaciones que el Código Civil Federal recoge en su artículo 1803, conforme a las cuales el consentimiento expreso es aquél cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, mientras que el tácito, resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Cabe precisar que la anterior conclusión no debe confundirse con la hipótesis normativa de la fracción XIV del artículo 61 en consulta, pues esta última se refiere al consentimiento tácito que se presume de la presentación extemporánea de la demanda de amparo al no promoverse oportunamente dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, en tanto que el consentimiento tácito que se deriva de la fracción XIII, se refiere a la presunción que se desprende de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, es decir, por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ahora bien, respecto de los actos derivados de otros consentidos, debe decirse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido cuáles son los supuestos que deben reunirse para que se actualice la causa de improcedencia en comento, según la tesis con número de registro 232011, publicada en la página 9, 217-228 Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época que se cita a continuación: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." De acuerdo con el criterio en consulta, la causa de improcedencia de que se trata se actualiza cuando se reúnen los siguientes requisitos: a) La existencia de un acto anterior consentido, tácita o expresamente; b) Que exista un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél, y c) La situación jurídica del quejoso sea la misma frente al acto anterior, con respecto al posterior. Esto es, el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otro que la ley reputa como consentido; es decir, que entre el acto reclamado y el anterior que se consintió, exista una relación de causa y efecto; en otras palabras, que se traduzca en una consecuencia legal, forzosa o directa del primer acto de autoridad. El consentimiento existe por el inejercicio del derecho de impugnación destinado a promover algún medio de defensa en contra del acto de autoridad; es decir, por la falta de interposición de los recursos previstos en la ley, o en su caso del juicio de amparo, toda vez que son éstos los que pueden impedir legalmente la firmeza de aquellos actos, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, VICTOR MANUEL RENDON SOSA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e8.56 17/07/23 15:50:22 7 modificarlos o dejarlos insubsistentes, y por la misma razón, es solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa, los que sirven como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta para demostrar que no se consintió un acto. La justificación de esta causa de improcedencia radica en que el juicio de amparo no puede ser el remedio extraordinario para analizar la constitucionalidad de un acto de autoridad, cuyo antecedente necesario no fue impugnado por el gobernado mediante los medios legales correspondientes, pues de hacerlo, implicaría dejar a la parte quejosa ante la posibilidad de promover el amparo en contra del acto posterior, aun cuando su situación jurídica sea la misma que frente al primer acto del procedimiento. Así las cosas, si la parte quejosa se duele de la orden dada a la notificadora adscrita a la Segunda Sala Civil Regional de Toluca, del Tribual Superior de Justicia del Estado de México, a fin de que notifique y cumpla con lo ordenado en la resolución de veintidós de marzo del año en curso, dictada en el toca 511/2020 en la cual se confirmó la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la tercería excluyente de dominio deducida del juico especial de desahucio 414/2014 promovido por José Rolando Bobadilla Sánchez contra Ángel García Lara por propio derecho en su calidad de aval y fiador de Comercio Internacional y de Acero, sociedad anónima de capta variable en la cual declaro infundada la citada tercería, al no haberse recurrido, se entiende por consentido. Con ello, el primer requisito consistente en la existencia de un acto anterior consentido, tácita o expresamente, está VICTOR MANUEL RENDON SOSA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e8.56 17/07/23 15:50:22 8 probado, pues lo constituye la resolución de veintidós de marzo del año en curso, dictada en el toca 511/2020, por lo que únicamente puede ser modificado mediante Juicio de amparo Directo. Con lo que se advierte que existió una resolución (antes del acto reclamado) que no se aprecia que fue impugnada. El segundo requisito consistente en que exista un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél, se actualiza, ello, toda vez que la parte quejosa tilda de inconstitucional la orden dada a la notificadora, a fin de que notifique y cumpla con lo ordenado en la resolución de veintidós de marzo del año en curso, dictada en el toca 511/2020 en la cual se confirmó la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en la tercería excluyente de dominio deducida del juico especial de desahucio 414/2014. Así, se prueba fehacientemente que el acto reclamado en este juicio es consecuencia directa y necesaria del emitido en primer lugar (resolución de veintidós de marzo del año en curso, dictada en el toca 511/2020), resolución que la parte quejosa no impugnó y que no señaló como acto reclamado en el presente juicio de amparo. El tercero de los requisitos referente a que la situación jurídica de la parte quejosa sea la misma frente al acto anterior, que frente al posterior, se actualiza porque desde el veintidós de marzo del año en curso, fecha en la que se dictó la resolución en el toca 511/2020, la parte quejosa estaba en la posibilidad de inconformarse con dicha resolución, y, al no haberlo impugnado, se entiende por consentido, por ende, es evidente que la parte quejosa hasta la fecha se encuentra en idéntica situación jurídica. Por ende, resulta indudable la actualización de la causa de improcedencia antes invocada. Es aplicable la tesis III.1o.A.11 K, visible en la página 582 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, Novena Época, cuya literalidad es: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." En consecuencia, al actualizarse causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. AUTORIZADO. Atento a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Antonio Hernández Arguello por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el proemio de la demanda, por así haberlo solicitado; en el entendido que únicamente deberán realizarse personalmente las que así lo ameriten en términos del precepto 26 de la Ley de Amparo; por lo que, las restantes deberán efectuarse por medio de lista....Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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