Erick Rosas Navarro

Expediente 607/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
607/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
06/07/2016

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público Adscrito A Este Órgano Jurisdiccional
  • Erick Rosas Navarro
  • Juez Ejecutor de Sentencias Con Residencia En Almoloya de Juárez, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    II. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, y tomando en consideración que las partes dentro del término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrieron la resolución por la que se sobreseyó en el Juicio de Garantías en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, en términos de su dispositivo 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de estilo en el libro de Gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante sentencia de catorce de abril de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, inciso I), en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). 2. Tanto el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, (Punto Vigésimo, inciso III) y Vigésimo Primero, inciso III). Lo anterior, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en el entendido que se toma en consideración ésta y no la provisional dado que si bien el numeral en cita no establece en forma literal a cuál de ellas debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento". En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 607/2016-II, promovido por ********************, contra actos del Juez Ejecutor de Sentencias con Residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ******************** promovió juicio de amparo contra las autoridades y acto siguientes: ""AUTORIDADES RESPONSABLES: A.- Se señalan como autoridades responsables ordenadoras a: I) AL JUEZ EJECUTOR DE SENTENCIAS CON RESIDENCIA EN ALMOLIYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. B.- SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A: I) AL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MPEXICO. II) AL JEFE DE VIGILANCIA DE ESTE MISMO CENTRO CON EL MISMO DOMICILIO LEGAL. III) AL SUBJEFE DE VIGILANCIA DE ESTE MISMO CENTRO, CON EL MISMO DOMICILIO LEGAL. ACTO RECLAMADO: LA PRETENSIÓN DE TRASLADO A OTRO CENTRO PENITENCIARIO, DORMITORIO O CELDA." SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS VULNERADOS. La parte quejosa estimó violados en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de dos de mayo de dos mil dieciséis (fojas 11 a 14), se admitió a trámite la demanda de amparo, se formó por duplicado el incidente de suspensión de los actos reclamados, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el quejoso señaló que el acto reclamado se está ejecutando en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción (Toluca, Estado de México). SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados en esta instancia constitucional consiste en: La orden traslado del Centro Preventivo de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México a diverso centro de reclusión, dormitorio o celda, así como su ejecución. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del juicio, incluyendo la intencionalidad del quejoso, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Se estima aplicable, la tesis VI/2004, publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Las autoridades responsables siguientes: SUBJEFE DE VIGILANCIA DEL CENTRO PREVENTIVO DE READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO". (foja 23). JEFE DE VIGILANCIA DEL CENTRO PREVENTIVO DE READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO". (foja 21). DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO (foja 26). JUEZA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. (foja 43). Al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado y la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo tenor es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis VI.2º.A.4 K, publicada en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En ese orden, procede sobreseer, en virtud de que el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación de la quejosa de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a las autoridades en cita correspondía a la impetrante del amparo. En efecto, pues la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables al rendir sus informes justificados para explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio, y sobre todo de acompañar, (en caso de que el acto reclamado sea cierto), copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo tiene lugar cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron categóricamente el acto que se les imputa, porque en tal supuesto, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba necesarios para demostrar la certeza del acto de que se trata, lo que en el caso concreto no aconteció. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, Octava Época, de contenido: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 78, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por el acto, autoridades, motivos y razones descritas en el considerando tercero de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Nicolás de Luna González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    II) Toluca, Estado de México; veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse hoy; sin embargo, mediante proveído de veinte de mayo de la presente anualidad, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la Jueza de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; en consecuencia, resulta evidente que no media el plazo de ocho días previsto en el numeral 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. A fin de no violar las reglas del procedimiento que rigen el juicio de amparo, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para su celebración. Sobre el particular tiene aplicación, por analogía la jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J.54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, Tomo XI, Novena Época, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, del rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.-". Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Nicolás de Luna González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 607/2016-II, promovido por Erick Rosas Navarro, contra actos del Juez Ejecutor de Sentencias con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito de demanda presentado el veintinueve de abril de dos mil dieciséis en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnada a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, Erick Rosas Navarro, promovió juicio de amparo contra el acto y autoridad responsable siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES: A.- Se señalan como autoridades responsables ordenadoras a: I) AL JUEZ EJECUTOR DE SENTENCIAS CON RESIDENCIA EN ALMOLIYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. B.- SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A: I) AL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MPEXICO. II) AL JEFE DE VIGILANCIA DE ESTE MISMO CENTRO CON EL MISMO DOMICILIO LEGAL. III) AL SUBJEFE DE VIGILANCIA DE ESTE MISMO CENTRO, CON EL MISMO DOMICILIO LEGAL. ACTO RECLAMADO: LA PRETENSIÓN DE TRASLADO A OTRO CENTRO PENITENCIARIO, DORMITORIO O CELDA." SEGUNDO. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En auto de dos de mayo de dos mil dieciséis, se formó por duplicado el incidente de suspensión y se solicitó a la autoridad responsable su informe previo, se proveyó sobre la medida cautelar de los actos reclamados a las responsables, y se fijaron día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo mediante interlocutoria de diez de mayo de dos mil dieciséis, difiriéndose respecto de diversas autoridades y concluye con el dictado de la resolución que en derecho proceda. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados de las autoridades responsables se hacen consistir en la orden traslado del Centro Preventivo de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México a diverso centro de reclusión, dormitorio o celda, así como su ejecución. SEGUNDO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México y la Jueza de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al rendir sus informes previos, negaron la emisión del acto reclamado, sin que la parte quejosa haya aportado prueba fehaciente para desvirtuar tal negativa. En ese orden, dicha negativa correspondía desvirtuarla a la parte agraviada, en razón de que es principio general del derecho de que quien afirma está obligado a probar, por lo que en este caso se arroja a la quejosa la carga de la prueba, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuyo texto previene que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción. En tal virtud, como el promovente del amparo no aportó prueba en contrario procede negar la suspensión definitiva respecto de dicha autoridad por no existir materia sobre qué aplicarla. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 286, que se aprecia en la página 237, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Único. Se niega la suspensión definitiva a Erick Rosas Navarro, por las razones expuestas en la presente resolución. Notifíquese y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Nicolás de Luna Martínez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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