Erick Mariano Martinez Jimenez

Expediente 1026/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1026/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
06/11/2019

Partes del expediente

  • Erick Mariano Martinez Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de noviembre de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no recurrieron el auto de once de octubre del año en curso, por el que se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del diverso 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE y en el Libro de Gobierno. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; once de octubre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio de cuenta suscrito por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, a través del cual rinde informe justificado y remite copia certificada del expediente virtual de la causa de control 902/2019 en tres discos compactos, además informa que el dos de octubre último dictó sentencia de condena contra el quejoso al resolver el procedimiento abreviado. Ahora, es menester precisar que de las constancias que integran el presente asunto, se desprende que el acto que por esta vía se reclama, se hacen consistir en el auto de vinculación a proceso dictado el dos de julio de dos mil diecinueve, en la carpeta administrativa 902/2019, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya, por el hecho delictuoso de robo con la modificativa de agravante de haberse cometido con violencia en agravio de Mercedes Alonso Cecilio. En ese orden, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por su parte, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. De igual manera el artículo 61, en la fracción XVII de la Ley de Amparo; dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Es pertinente destacar que de conformidad con lo transcrito, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando se presentan las siguientes condiciones: a) El acto del cual se duele los inculpados emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo llevado a cabo en forma de juicio; b) Se pronuncie una resolución en el juicio de origen, la cual cambie la situación jurídica de los agraviados en la cual se encontraban por virtud del acto reclamado en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, deban considerase consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Haya autonomía o independencia entre el acto reclamado en el juicio de garantías, y la última resolución dictada en el procedimiento relativo. e) Cuando se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 Constitucionales, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia. En el caso, conforme a lo informado por la responsable, se cumplen los supuestos para la actualización de la causal de improcedencia en estudio, pues el acto del cual se duele el impetrante del amparo proviene de un procedimiento judicial donde se reclama la violación al numeral 19 de la Carta Magna con la emisión del auto de vinculación a proceso, pero en dicho procedimiento ya se emitió sentencia dado que el quejoso optó por una salida anticipada relativa a un procedimiento abreviado. Sobre lo expuesto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número 470, visible en la página 357, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Tomo II, Materia Penal, cuyo contenido es: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. Si el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión y con posterioridad se decreta auto de formal prisión, se produce un cambio de situación jurídica y se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo reformada, según publicación en el Diario Oficial de la Federación del ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, como así se desprende del texto que dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". La que entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el nueve del mismo mes y año, según su artículo transitorio primero, que dice: "El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación." Como ya se dijo en el presente juicio el quejoso Erick Mariano Martínez Jiménez, reclama el auto de vinculación a proceso dictado el dos de julio de dos mil diecinueve, en la carpeta administrativa 902/2019, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya, por el hecho delictuoso de robo con la modificativa de agravante de haberse cometido con violencia en agravio de Mercedes Alonso Cecilio. Así las cosas, del informe justificado rendido por la responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, se advierte que el veinte de septiembre del año en curso, el Agente del Ministerio Público hizo del conocimiento al Juez responsable que derivado de una solicitud realizada por el imputado y su defensa de acogerse a una forma de terminación anticipada, por lo que solicitó audiencia para debatir sobre dicho mecanismo, señalándose las once horas con treinta minutos del dos de octubre del año en curso para la audiencia sobre apertura, trámite y resolución de procedimiento abreviado. En la audiencia referida en el párrafo que antecede, se dictó sentencia condenatoria en contra de Erick Mariano Martínez Jiménez, por el hecho delictuoso de robo con modificativa agraviante de haberse cometido con violencia moral y física sobre las personas, en agravio de Mercedes Alonso Cecilio. Asimismo, remitió copia certificada del expediente virtual de la causa de control 902/2019. Consecuentemente, a dicha documental se le otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, así como en términos de la jurisprudencia publicada con el número 226, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 394182 de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese contexto, es posible concluir que en el caso existe un cambio de situación jurídica porque el quejoso acudió a esta instancia constitucional reclamando el auto de vinculación a proceso dictado el dos de julio de dos mil diecinueve, en la carpeta administrativa 902/2019, sin embargo, en audiencia de dos de octubre del año en curso, se dictó sentencia de condena al ahora quejoso. Razón por la cual resulta irreparablemente consumada la violación cometida, ya que no es posible decidir sobre el acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica del agraviado. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.95/2007, publicada en la página 50, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto 2007, Materia Penal, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Lo anterior sin que pase inadvertido que el auto mediante el que se le hizo del conocimiento a la autoridad responsable que el procedimiento penal debería llevar su curso, hasta concluir la etapa intermedia, momento en que suspendería el mismo, hasta que le fuera notificada la resolución que le recayera al juicio de amparo en que se actúa, fue el admisorio de cuatro de octubre de so mil diecinueve y notificado el ocho siguiente y que la sentencia se hubiera emitido el dos anterior; pues cabe destacar que la demanda de amparo se presentó el ocho de agosto de dos mil diecinueve, sin embargo, mediante auto de nueve siguiente se desechó y derivado de la queja 171/2019 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que resultó fundada se llevó a cabo la admisión en la fecha señalada inicialmente; de ahí que, efectivamente la responsable tuvo conocimiento de dicha circunstancia posteriormente a la emisión de la sentencia definitiva. En las relatadas condiciones, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con quince minutos del treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    (SE LISTA AVISO PARTE QUEJOSA)Toluca, Estado de México; once de octubre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio de cuenta suscrito por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, a través del cual rinde informe justificado y remite copia certificada del expediente virtual de la causa de control 902/2019 en tres discos compactos, además informa que el dos de octubre último dictó sentencia de condena contra el quejoso al resolver el procedimiento abreviado. Ahora, es menester precisar que de las constancias que integran el presente asunto, se desprende que el acto que por esta vía se reclama, se hacen consistir en el auto de vinculación a proceso dictado el dos de julio de dos mil diecinueve, en la carpeta administrativa 902/2019, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya, por el hecho delictuoso de robo con la modificativa de agravante de haberse cometido con violencia en agravio de Mercedes Alonso Cecilio. En ese orden, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por su parte, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. De igual manera el artículo 61, en la fracción XVII de la Ley de Amparo; dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Es pertinente destacar que de conformidad con lo transcrito, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando se presentan las siguientes condiciones: a) El acto del cual se duele los inculpados emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo llevado a cabo en forma de juicio; b) Se pronuncie una resolución en el juicio de origen, la cual cambie la situación jurídica de los agraviados en la cual se encontraban por virtud del acto reclamado en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, deban considerase consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Haya autonomía o independencia entre el acto reclamado en el juicio de garantías, y la última resolución dictada en el procedimiento relativo. e) Cuando se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 Constitucionales, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia. En el caso, conforme a lo informado por la responsable, se cumplen los supuestos para la actualización de la causal de improcedencia en estudio, pues el acto del cual se duele el impetrante del amparo proviene de un procedimiento judicial donde se reclama la violación al numeral 19 de la Carta Magna con la emisión del auto de vinculación a proceso, pero en dicho procedimiento ya se emitió sentencia dado que el quejoso optó por una salida anticipada relativa a un procedimiento abreviado. Sobre lo expuesto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número 470, visible en la página 357, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Tomo II, Materia Penal, cuyo contenido es: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. Si el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión y con posterioridad se decreta auto de formal prisión, se produce un cambio de situación jurídica y se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo reformada, según publicación en el Diario Oficial de la Federación del ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, como así se desprende del texto que dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". La que entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el nueve del mismo mes y año, según su artículo transitorio primero, que dice: "El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación." Como ya se dijo en el presente juicio el quejoso Erick Mariano Martínez Jiménez, reclama el auto de vinculación a proceso dictado el dos de julio de dos mil diecinueve, en la carpeta administrativa 902/2019, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya, por el hecho delictuoso de robo con la modificativa de agravante de haberse cometido con violencia en agravio de Mercedes Alonso Cecilio. Así las cosas, del informe justificado rendido por la responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, se advierte que el veinte de septiembre del año en curso, el Agente del Ministerio Público hizo del conocimiento al Juez responsable que derivado de una solicitud realizada por el imputado y su defensa de acogerse a una forma de terminación anticipada, por lo que solicitó audiencia para debatir sobre dicho mecanismo, señalándose las once horas con treinta minutos del dos de octubre del año en curso para la audiencia sobre apertura, trámite y resolución de procedimiento abreviado. En la audiencia referida en el párrafo que antecede, se dictó sentencia condenatoria en contra de Erick Mariano Martínez Jiménez, por el hecho delictuoso de robo con modificativa agraviante de haberse cometido con violencia moral y física sobre las personas, en agravio de Mercedes Alonso Cecilio. Asimismo, remitió copia certificada del expediente virtual de la causa de control 902/2019. Consecuentemente, a dicha documental se le otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, así como en términos de la jurisprudencia publicada con el número 226, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 394182 de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese contexto, es posible concluir que en el caso existe un cambio de situación jurídica porque el quejoso acudió a esta instancia constitucional reclamando el auto de vinculación a proceso dictado el dos de julio de dos mil diecinueve, en la carpeta administrativa 902/2019, sin embargo, en audiencia de dos de octubre del año en curso, se dictó sentencia de condena al ahora quejoso. Razón por la cual resulta irreparablemente consumada la violación cometida, ya que no es posible decidir sobre el acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica del agraviado. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.95/2007, publicada en la página 50, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto 2007, Materia Penal, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Lo anterior sin que pase inadvertido que el auto mediante el que se le hizo del conocimiento a la autoridad responsable que el procedimiento penal debería llevar su curso, hasta concluir la etapa intermedia, momento en que suspendería el mismo, hasta que le fuera notificada la resolución que le recayera al juicio de amparo en que se actúa, fue el admisorio de cuatro de octubre de so mil diecinueve y notificado el ocho siguiente y que la sentencia se hubiera emitido el dos anterior; pues cabe destacar que la demanda de amparo se presentó el ocho de agosto de dos mil diecinueve, sin embargo, mediante auto de nueve siguiente se desechó y derivado de la queja 171/2019 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que resultó fundada se llevó a cabo la admisión en la fecha señalada inicialmente; de ahí que, efectivamente la responsable tuvo conocimiento de dicha circunstancia posteriormente a la emisión de la sentencia definitiva. En las relatadas condiciones, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con quince minutos del treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de octubre de dos mil diecinueve. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a través del cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de veinte de septiembre de año, emitida en el recurso de queja 171/2019, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja." De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE; y acúsese recibo. Admisión. En acatamiento a lo ordenado en la ejecutoria de mérito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, IV y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda promovida por Erick Mariano Martínez Jiménez, por propio derecho, contra actos del Juez de Control de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se apertura incidente de suspensión toda vez que no fue solicitado expresamente por el quejoso, lo anterior sin que pase inadvertido que en el segundo punto petitorio haya referido que se solicite el informe previo. INTERVENCIÓN DEL AGENTE MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Acorde con el artículo 5°, fracción IV de la Ley de Amparo, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, desé la intervención correspondiente y notifíquesele la radicación del presente asunto por medio de la lista que se fija en el local de este Juzgado de Distrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de QUINCE DÍAS contados a partir de la notificación de este proveído, además, deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener en dado caso la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS. De acuerdo a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, apercíbase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Además, hágasele de su conocimiento que el procedimiento penal deberá llevar su curso, hasta concluir la etapa intermedia, momento en el que se suspenderá hasta que le sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo en que se actúa, lo que es acorde al contenido del artículo 61, fracción XVll de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. "La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente"; (.)" [El énfasis es propio] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento en el presente juicio, lo haga saber así a este juzgado, apercibida que en caso de ser omisa de conformidad con lo dispuesto por los artículos 251 y 237 fracción I de la ley de la materia, se hará acreedora a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Informándole a la responsable que podrá remitir el informe respectivo al correo electrónico oficial maria.lopez.mondragon@correo.cjf.gob.mx confirmándolo al número telefónico (01722) 2360500 extensión 3105; o bien enviarlo vía fax al (01722) 2360500 extensión 3107 y confirmar a la diversa 3113; solicitándoles que en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo en cita, remitan copias certificadas, legibles y completas de las constancias consideradas para emitirlo, así como el archivo que contenga el acto reclamado. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Este Juzgador ordena se notifique por medio de oficio la presente determinación a las autoridades responsables, así como las determinaciones que tienen trascendencia procesal, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificara por medio de lista. Lo anterior, en atención a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, registrada con el ordinal 2002576, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." RESERVA EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO. Se reserva el emplazamiento de a quien le pudiera recaer el carácter de tercero interesado hasta en tanto obren en autos del presente juicio, los informes justificados de las responsables, así como las constancias originadoras del acto reclamado, para estar en aptitud de determinar a quién le asiste tal carácter. Notifíquese.

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