Erick Freddy Aguilar Cardenas

Expediente 534/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
534/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
26/08/2019

Partes del expediente

  • Erick Freddy Aguilar Cardenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    PRAL.534/2019-6A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. 1. Causa ejecutoria sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia constitucional de treinta de julio de esta anualidad, engrosada el treinta y uno siguiente (fojas 50 a 64), en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Erick Freddy Aguilar Cárdenas; sin que las partes lo hubieren hecho en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Publicación de datos personales. En otro aspecto, como las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por lo que el auto inicial, las resoluciones intermedias y la sentencia, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información; pero tienen el derecho de oponerse a la publicación de dichos datos para que cuando se presente la solicitud respectiva, se determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. 3. Archivo del expediente. Ahora bien, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Se comunica a las partes, que conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumpliendo tal plazo, transferirá al centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno impreso y electrónico. 5. Devolución de anexos. Finalmente, por carecer de objeto su permanencia en este juicio de amparo, devuélvanse a la autoridad responsable, Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los originales del a) toca penal 08/2019 y b) la causa penal 160/2013, que remitió en apoyo a su informe justificado, y con los que se formó por separado los cuadernos de pruebas anexos I y II, relativos a este juicio de amparo (foja 27 vuelta). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 534/2019 MESA 6-A° AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ... Notifíquese personalmente; anótese en el registro y en la estadística; hágase la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este órgano jurisdiccional; remítase copia de esta resolución a las autoridades responsables y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe, hasta el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva. PVV/JGMB.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN AL TERCERO INTERESADO TOMÁS JESÚS LÓPEZ CRUZ AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las siendo las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, hora y fecha señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo (foja 46), estando presente el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco; ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes. Apertura de la audiencia. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia, por lo que el secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo promovida por el quejoso Erick Freddy Aguilar Cárdenas, presentada el trece de junio de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta población y en esa misma fecha ante este órgano jurisdiccional (fojas 2 a 5); auto admisorio de catorce de junio de este año (fojas 10 a 16), dictado por este juzgado; informes justificados rendidos por la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (foja 25) y juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro (foja 41); asimismo, CERTIFICA: Que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que en la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio se omitan sus datos personales. Sin que exista algún otro documento con el cual deba darse cuenta. Enseguida, se acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias; y respecto a la omisión de las partes de oponerse para que en la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio se omitan sus datos personales, provéase tal circunstancia en la consideración respectiva. Etapa probatoria. Acto continuo, se abre el periodo probatorio; por lo que en este acto se reciben las constancias que la autoridad responsable, Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, adjuntó a su informe, siendo las siguientes: a) Original del toca penal 08/2019 (anexo I), b) Expediente 160/2013, del índice del juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro (anexo II). Acto continuo, se acuerda: con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales antes descritas, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Al no existir alguna otra probanza que desahogar, se cierra este periodo. Fase de alegatos. Abierta esta fase, se hace constar que ninguna de las partes realizó manifestación alguna, por lo que se cierra esta última etapa y quedan vistos los autos para dictar sentencia. El juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Ponciano Velasco Velasco. El Secretario. Lic. Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 534/2019; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de junio de dos mil diecinueve, en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta población y en esa misma fecha ante este órgano jurisdiccional (fojas 2 a 5), el quejoso el quejoso Erick Freddy Aguilar Cárdenas, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, mismo que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda. El catorce de junio de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, misma que quedó registrada con el número 534/2019; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente les corresponde; asimismo, se ordenó emplazar al agente del Ministerio Público adscrito a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (foja 13); así como a Tomás Jesús López Cruz y Elizabeth Hernández Vásquez (foja 27 vuelta); asimismo, se les notificó de la presentación de la misma, por lo que, únicamente, la representante social adscrita a la referida Sala y Elizabeth Hernández Vásquez, se apersonaron a juicio (fojas 30 a 34, 38, 43 a 45); se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; una vez integrado el expediente, se llevó a cabo la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es legalmente competente para conocer, tramitar y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales SEGUNDO, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el CUARTO, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y el diverso 46/2016, del mismo Pleno, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como a las reglas de turno, sistema de recepción, registro y distribución de asuntos, por tratarse de un asunto de naturaleza penal; además, la autoridad responsable tiene su domicilio dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta del acto reclamado por el que se realizará el estudio, el cual se hace consistir en la resolución dictada por la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el veinte de mayo de dos mil diecinueve, en el toca penal 08/2019 al resolver el recurso de apelación interpuesto por Erick Freddy Aguilar Cárdenas y el agente del Ministerio Público, contra la sentencia dictada el diez de octubre de dos mil dieciocho, en el expediente 160/2013, del índice del Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial del Centro. Es aplicable la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia del acto reclamado. La existencia del acto reclamado por el quejoso Erick Freddy Aguilar Cárdenas quedó acreditada con los informes justificados rendidos por la 1) Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (foja 25) y por el 2) Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca (foja 41), así como con las constancias que adjuntó a su informe la autoridad señalada en primer término y a las cuales se adhirió la diversa autoridad (anexos I y II); documentales que fueron reseñadas en la audiencia que antecede y que tienen valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad el numeral 2°. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, publicada en el Tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Estudio de la causa de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es necesario abordar el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o bien que este tribunal llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. En la especie, las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia y de oficio no se advierte que se actualice causa legal, constitucional o jurisprudencial, por lo que es procedente realizar el examen de la inconstitucionalidad planteada. QUINTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. El quejoso Erick Freddy Aguilar Cárdenas, en su demanda de amparo formuló conceptos de violación (fojas 4 y 5), los cuales se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal, ya que dicha circunstancia no lo deja en estado de indefensión, puesto que tiene la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estime pertinente, en caso de no ser favorable a sus pretensiones; como así lo ilustra la jurisprudencia 2a./J.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso Erick Freddy Aguilar Cárdenas, son infundados, aun supliendo su deficiencia, conforme a la fracción III, inciso a), del artículo 79 de la Ley de Amparo. A manera de antecedentes y para mejor comprensión del asunto, en lo sustancial, conviene mencionar la forma en que se desarrolló el procedimiento penal en la causa 160/2013, de donde emana el acto reclamado por el ahora quejoso, siendo los siguientes: 1) En oficio sin número de veintiuno de octubre de dos mil trece, el subdirector de Averiguaciones Previas con detenidos, consignó la averiguación previa 1118 (H.C.)2013, ejerciendo acción penal contra Erick Freddy Aguilar Cárdenas, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio, cometido en agravio de la occisa Rubi Hgezy-Baa López Hernández, por lo que solicitó se librara orden de aprehensión contra el referido quejoso (fojas 2 a 151, anexo II). 2) El veintidós de octubre de dos mil trece, el juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dentro de la causa penal 160/2013, libró orden de aprehensión contra el indiciado Erick Freddy Aguilar Cárdenas, por el referido ilícito (fojas 1, 152 a 175, anexo II). 3) El veintitrés de octubre de dos mil trece, Erick Freddy Aguilar Cárdenas rindió declaración preparatoria, en la cual el agente del Ministerio Público ofreció la prueba pericial en materia de criminalística, a efecto de que se determinara la mecánica de los hechos en que resultara inicialmente lesionada la víctima, así como establecer la posición víctima-victimario respecto de los mismos hechos; de igual manera, esa probanza fue ofrecida por la defensa del inculpado (foja 181 vuelta a 185, anexo II). 4) Mediante pedimento SD/XI/2021/2013, de veinticinco de noviembre de dos mil trece, la agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, ofreció como perito de su parte a Juan Pablo Pérez Rangel, especialista en la materia, dependiente del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (foja 245, anexo II). 5) En proveído de once de diciembre de dos mil trece, la juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, ordenó dar vista al procesado Erick Freddy Aguilar Cárdenas y a su defensora Pública, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera (foja 244, anexo II). 6) En pedimento SD/III/145/2014, de diez de marzo de dos mil trece, la representante social adscrita al Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, insistió en que se señalara fecha y hora para el discernimiento de cargo del perito Juan Pablo Pérez Rangel (foja 298, anexo II). 7) En proveído de veintiséis de marzo de dos mil catorce, la juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, ordenó glosar a los autos el referido pedimento para que surtiera los efectos legales correspondientes (foja 292 vuelta y 293, anexo II). 8) En pedimento SD/IV/178/2014, de dos de abril de dos mil catorce, la representante social adscrita al Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y en virtud de que el perito en criminalística Germán Toledo Escamilla había manifestado los motivos por los cuales no podía emitir su dictamen, insistió en que se señalara fecha y hora para el discernimiento de cargo del perito Juan Pablo Pérez Rangel (foja 307, anexo II). 9) En proveído de veinticinco de abril de dos mil catorce la juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, ordenó dar vista al procesado Erick Freddy Aguilar Cárdenas y a su defensora Pública, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera (foja 304, anexo II). 10) En escrito presentado el once de septiembre de dos mil quince, Erick Freddy Aguilar Cárdenas se desistió de todas y cada una de las pruebas pendientes por desahogarse (foja 364). 11) En proveído de doce de noviembre de dos mil quince, entre otras cuestiones, se tuvo al procesado Erick Freddy Aguilar Cárdenas ratificando su escrito de diez de septiembre de ese año, por medio del cual se desistió de toda prueba admitida en autos; por lo cual, se declaró concluido el periodo de desahogo de pruebas en la causa penal 160/2013 (fojas 371 vuelta y 372). 12) El veintitrés de febrero de dos mil dieciséis se dictó sentencia condenatoria a Erick Freddy Aguilar Cárdenas, por su plena responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio agravado, cometido en agravio de quien en vida llevara el nombre de Rubi Hgezy-Baa López Hernández (fojas 415 vuelta a 440, anexo II). 13) En resolución de doce de diciembre de dos mil dieciséis, la Sala constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenó la reposición del procedimiento, con la finalidad de que el juez natural cumpliera con la obligación de tutelar el derecho del inculpado, ya que al practicarse el desistimiento de pruebas, no contó con la asesoría oportuna de la defensa para conocer la trascendencia de su decisión (fojas 453 a 459, anexo II). 14) En proveído de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, el juez natural señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la diligencia de ratificación o rectificación del escrito de diez de septiembre de dos mil quince (foja 451 vuelta y 462, anexo II). 15) El veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, el procesado Erick Freddy Aguilar Cárdenas no ratificó el contenido del escrito de diez de septiembre de dos mil quince, porque dijo que aportaría más pruebas (foja 488 vuelta y 489, anexo II). 16) El diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, el procesado Erick Freddy Aguilar Cárdenas ofreció interrogatorios a cargo de Fernando Iván Aguilar Cárdenas y Esther Zavala Rojas; la testimonial de abono de conducta, a cargo de dos personas que presentaría en la hora y fecha que se señalara; asimismo, agregó que no era su deseo carearse con las personas que deponen en su contra (foja 495, anexo II). 17) El dos de mayo de dos mil dieciocho se llevó a cabo la testimonial de abono de conducta (fojas 512 vuelta y 514, anexo II). 18) El catorce de mayo de dos mil dieciocho se desahogaron los interrogatorios a cargo de Fernando Iván Aguilar Cárdenas y Esther Zavala Rojas (fojas 523 vuelta, 525 a 528, anexo II). 19) El cinco de junio de dos mil dieciocho, el procesado Erick Freddy Aguilar Cárdenas ratificó el escrito de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, específicamente en el punto tres, donde manifestó que no era su deseo carearse con las personas que declaraban en su contra (foja 530, anexo II). 20) El diez de octubre de dos mil dieciocho se dictó sentencia condenatoria a Erick Freddy Aguilar Cárdenas, por su plena responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio agravado, cometido en agravio de quien en vida llevara el nombre de Rubi Hgezy-Baa López Hernández (fojas 597 a 624, anexo II). 21) Mediante oficio 554, de once de octubre de dos mil dieciocho, la agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, interpuso recurso de apelación contra la referida determinación (foja 628, anexo II). 22) El sentenciado Erick Freddy Aguilar Cárdenas interpuso recurso de apelación, contra la sentencia condenatoria de diez de octubre de dos mil dieciocho (foja 625 vuelta, anexo II). 23) En oficio 19, de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, la agente del Ministerio Público adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado formuló agravios respecto a la sentencia condenatoria dictada el diez de octubre de dos mil dieciocho, contra Erick Freddy Aguilar Cárdenas, en la que se le condenó por su plena responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio agravado (fojas 29 a 37, anexo I). 24) En escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil diecinueve ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el defensor particular de acusado Erick Freddy Aguilar Cárdenas formuló agravios (fojas 48 a 54, anexo I). 25) Resolución de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dictada por la Sala constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la que dejó insubsistente la sentencia de diez de octubre de dos mil dieciocho y ordenó la reposición del procedimiento, para efecto de que el juez natural proveyera lo conducente a la prueba pericial en criminalística para determinar la posición víctima-victimario, misma que fue ofrecida por la defensa del recurrente Erick Freddy Aguilar Cárdenas y la agente del Ministerio Público (fojas 55 a 59, anexo I) (determinación que constituye el acto reclamado). Hechas estas precisiones, debe decirse que la parte quejosa, en los conceptos de violación esgrimidos, sustancialmente, alega que mediante escrito de diez de septiembre de dos mil quince se desistió de todas y cada una de las pruebas que estuvieran pendientes de desahogo; por ello, agrega, contrario a lo estimado por la autoridad responsable, debía resolverse el fondo del asunto (fojas 4 y 5). Son infundados los conceptos de violación que hace valer; por lo cual, se estima correcta la determinación de la Sala responsable, ya que, con ello, se salvaguardó el derecho que tiene a una adecuada defensa y debido proceso. En relación al tema de la adecuada defensa, debe establecerse que el máximo Tribunal del País consideró que es un derecho fundamental con el que cuenta el inculpado, tanto en la etapa de averiguación previa, como en el proceso penal, que conlleva la participación efectiva del imputado desde que es puesto a disposición del representante social, y que la asistencia no sólo debe estar relacionada con la presencia física del defensor en la actuación ante la autoridad ministerial, sino que la misma implica que la persona cuente con la ayuda efectiva del asesor legal. También es de señalarse que el debido proceso, integra el derecho de audiencia que permite que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 12/2012 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 433, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 160044, del contenido siguiente: "DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA. La garantía individual de defensa adecuada contenida en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) entraña una prohibición para el Estado consistente en no entorpecer el ejercicio del derecho de defensa del gobernado y un deber de actuar, en el sentido de informarle el nombre de su acusador, los datos que obren en la causa, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no impedirle que se entreviste de manera previa y en privado con él y, en general, no impedir u obstaculizar el ejercicio de las cargas procesales que le corresponden dentro del proceso penal para desvirtuar la acusación del Ministerio Público. Así, para proteger la citada garantía es necesario que la labor de quien funja como defensor sea eficaz, pues aquélla no puede concebirse como un mero requisito formal, sino que debe permitir una instrumentación real para tener oportunidades de descargo que, básicamente, permitan al imputado una efectiva participación en el proceso. Ahora bien, el juez de la causa garantiza la posibilidad de defensa al permitir que se den todas las condiciones necesarias para que el inculpado sea debidamente asistido, tanto formal como materialmente, de manera que si en los hechos no puede calificar su adecuada defensa -en razón de la forma en que se conduce el defensor respectivo-, ello no significa que el juez de la causa viole la garantía en cuestión, pues el control de la correcta o incorrecta actitud procesal del defensor, del debido ejercicio de las cargas procesales, así como de su pericia jurídica, sólo podrían ser materia de responsabilidad profesional, en términos de las leyes administrativas o penales, y según se trate de un defensor de oficio o particular. Esto es, el juez respeta la garantía de defensa adecuada: (i) al no obstruir en su materialización (como ocurre cuando niega el derecho a una entrevista previa y en privado o interfiere y obstaculiza la participación efectiva del asesor) y (ii) al tener que asegurarse, con todos los medios legales a su alcance, que se satisfacen las condiciones que posibilitan la defensa adecuada, sin que ello signifique que esté en condiciones de revisar la forma en que los defensores efectivamente logran su cometido, pues ello excedería las facultades que tiene a su cargo para vigilar que en el proceso se garantice una defensa adecuada." Así como la diversa 1a./J. 11/2014 (10a.), de la referida Sala, visible en la página 396, Libro 3, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 2014, Tomo I, Décima Época, Registro 2005716, del contenido siguiente: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Por otro lado, conviene transcribir lo dispuesto en los artículos 518 a 520, 541 a 543, todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, mismos que disponen: "Art. 518.- El recurso de apelación tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida se aplicó exactamente la ley, si se violaron los preceptos reguladores de la valorización de la prueba o si se alteraron los hechos; debiendo ser el resultado de aquél examen, que el Tribunal de Segunda Instancia confirme, revoque o modifique la resolución apelada, o en su caso, ordene la reposición del procedimiento. Art. 519.- La Segunda Instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante que cause la resolución recurrida. Los agravios deberán expresarse al interponerse el recurso o en la vista del asunto. El Tribunal de apelación deberá suplir la deficiencia del agravio cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierta que por torpeza no los hace valer debidamente. Cuando se trate de sentencia que imponga la pena de treinta años o más siempre se tendrá por interpuesta contra ella, el recurso de apelación. El Tribunal que conozca de la alzada, cuando el reo o su defensor no alegare agravios, los suplirá de oficio, si procediere. Art. 520.- Tienen derecho de apelar el Ministerio Público, el inculpado y su defensor, así como el ofendido o sus legítimos representantes cuando hayan sido reconocidos por el Juez de Primera Instancia como coadyuvantes del Ministerio Público, para efectos de la reparación de daños y perjuicios. En este caso, la apelación se contraerá a lo relativo a la reparación de daños y perjuicios y a las medidas precautorias conducentes a asegurarla." (.) "Art. 541.- La reposición del procedimiento, se decretará a petición de parte, debiendo expresarse los agravios en que se apoya la petición, no se podrán alegar aquellos con que la parte agraviada se hubiere conformado expresamente, ni los que causó alguna resolución contra la que no se hubiere intentado el recurso que la ley concede, o cuando no hay recurso, si no se protestó contra dichas violaciones, al tenerse conocimiento de ellas en la instancia en que se causaron. Art. 542.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si el Tribunal de apelación encuentra que hubo violación manifiesta del procedimiento que haya dejado sin defensa al procesado, que se violó en su perjuicio una garantía individual y que solo por torpeza o negligencia de su defensor no fue impugnado debidamente, podrá suplir la deficiencia del agravio y ordenar que se reponga el procedimiento a partir del auto en que se hubiere cometido la violación. Art. 543.- Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas siguientes: I.- Por no haberse hecho saber al procesado durante la instrucción, ni al celebrarse el juicio, el motivo del procedimiento, o el nombre de las personas que le imputen la comisión del delito; II.- Por no habérsele admitido nombrar defensor o no nombrársele de oficio en los términos que señala la ley; por (sic) habérsele facilitado la manera de hacer saber al defensor su nombramiento, o por habérsele impedido comunicarse con él o que dicho defensor lo asistiere en alguna de las diligencias del proceso; II bis.- Por haberse omitido la designación del interprete traductor al inculpado que no hable o entienda suficiente el idioma castellano, en los términos que señale la Ley; III.- Por no habérsele manifestado los datos que necesitara para su defensa y que constaren en el proceso; IV.- Por no habérsele careado con algún testigo si hubiere depuesto en su contra, si el testigo rindió su declaración en el mismo lugar en que se sigue el proceso, estando allí también el procesado; V.- Por no habérsele citado a las diligencias que tuviere derecho a presenciar; VI.- Por no habérsele recibido injustificadamente las pruebas que hubiere ofrecido con arreglo a la ley; VII.- Por haberse celebrado el juicio sin asistencia del funcionario que debe fallar, de su Secretario o testigos de asistencia y del Ministerio Público; VII bis.- Por existir omisiones graves de la defensa en perjuicio del sentenciado; se reputan como omisiones graves de la defensa: a) No haber asesorado al inculpado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos imputados en el proceso; b) No haber asistido a las diligencias que se practicaron con intervención del inculpado durante el proceso; c) No haber ofrecido y aportado las pruebas necesarias para la defensa del inculpado; VIII.- Por habérsele condenado por delito distinto del señalado en las conclusiones del Ministerio Público; IX.- Por haberse negado al inculpado los recursos procedentes; X.- Por haberse tenido en cuenta en la sentencia una diligencia que la ley declare expresamente que es nula." De los referidos preceptos, entre otras cuestiones, se puede deducir: a) que el recurso de apelación en materia penal tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida se aplicó exactamente la ley; si se vulneraron los principios reguladores de la valoración de la prueba o se alteraron los hechos respecto de la sentencia de primera instancia con el propósito de confirmarla, revocarla o modificarla; b) que tienen derecho a apelar el Ministerio Público, el inculpado y su defensor, así como el ofendido o sus legítimos representantes cuando hayan sido reconocidos por el juez de Primera Instancia como coadyuvantes del Ministerio Público, para efectos de la reparación de daños y perjuicios; c) que la reposición del procedimiento se decretará a petición de parte, debiendo expresarse los agravios en que se apoya la petición; y como excepción, establece, d) que si el Tribunal de apelación encuentra que hubo violación manifiesta del procedimiento que haya dejado sin defensa al procesado, podrá suplir la deficiencia del agravio y ordenar que se reponga el procedimiento a partir del auto en que se hubiere cometido la violación. En el caso específico, conforme a los antecedentes narrados, se puede advertir que, efectivamente, el veintitrés de octubre de dos mil trece Erick Freddy Aguilar Cárdenas rindió declaración preparatoria, en la cual el agente del Ministerio Público ofreció la prueba pericial en materia de criminalística, a efecto de que se determinara la mecánica de los hechos en que resultara inicialmente lesionada la víctima, así como establecer la posición víctima-victimario respecto de los mismos hechos; de igual manera, esa probanza fue ofrecida por la defensa del inculpado (foja 181 vuelta a 185, anexo II). Asimismo, es de señalarse que si bien en el escrito presentado el once de septiembre de dos mil quince, Erick Freddy Aguilar Cárdenas se desistió de todas y cada una de las pruebas pendientes por desahogarse (foja 364); en tanto que el juez de primera instancia, en proveído de doce de noviembre de dos mil quince, tuvo al procesado Erick Freddy Aguilar Cárdenas ratificando ese escrito (fojas 371 vuelta y 372). Sin embargo, todo ello quedó sin efecto, ya que en resolución de doce de diciembre de dos mil dieciséis, la Sala constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenó la reposición del procedimiento, con la finalidad de que el juez natural cumpliera con la obligación de tutelar el derecho del inculpado, ya que al practicarse el desistimiento de pruebas, no contó con la asesoría oportuna de la defensa para conocer la trascendencia de su decisión (fojas 453 a 459, anexo II). En cumplimiento a ello, dentro de la causa penal 160/2013, se dictó el proveído de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, en el que se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la diligencia de ratificación o rectificación del escrito de diez de septiembre de dos mil quince (foja 451 vuelta y 462). Por lo que, el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, el procesado Erick Freddy Aguilar Cárdenas no ratificó el contenido del escrito de diez de septiembre de dos mil quince, porque dijo que aportaría más pruebas (foja 488 vuelta y 489). En ese contexto, se estima correcta la determinación de la Sala responsable, pues, con ello, cumplió lo establecido en los numerales 519, 541, 542 y 543, fracción VI, todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, ya que al ser una prueba ofrecida por su entonces defensor (foja 184 vuelta, anexo II), es necesario se lleve a cabo su desahogo, precisamente, para no vulnerar el derecho que tiene a una defensa adecuada; máxime que, contrario a lo que señala en sus conceptos de violación, no obra desistimiento expreso por parte del ahora quejoso, respecto a la prueba pericial en materia de criminalística y tampoco del representante social, que también ofreció esa probanza (foja 183 vuelta, tomo II). Por lo anterior, al no existir motivo que amerite suplir la deficiencia de la queja, de acuerdo con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se concluye que la resolución dictada el veinte de mayo de dos mil diecinueve, en el toca penal 08/2019 al resolver el recurso de apelación interpuesto por Erick Freddy Aguilar Cárdenas y el agente del Ministerio Público, contra la sentencia dictada el diez de octubre de dos mil dieciocho, en el expediente 160/2013, del índice del Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial del Centro, no resulta violatoria de derechos humanos; motivo por el cual, lo procedente es negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal. Lo cual debe hacerse extensivo al acto de ejecución reclamados al juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, al no haberse impugnado el acto por vicios propios. Es aplicable la tesis del contenido siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional al resolver el asunto, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege al quejoso Erick Freddy Aguilar Cárdenas, contra el acto reclamado a la 1) Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al 2) juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, por los motivos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta resolución en términos de lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese personalmente; anótese en el registro y en la estadística; hágase la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este órgano jurisdiccional; remítase copia de esta resolución a las autoridades responsables y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe, hasta el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva. PVV/JGMB. Razón. En esta fecha se giraron los oficios 24786, 24787 y 24788 a las autoridades correspondientes. Conste. treinta y uno de julio de dos mil diecinueve (BORRAR O EDITAR SI SE AGREGA ALGUNA PROMOCIÓN EN LA AUDIENCIA RESULTANDO Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA (PREVIO AVISO) AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las siendo las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, hora y fecha señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo (foja 46), estando presente el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco; ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes. Apertura de la audiencia. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia, por lo que el secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo promovida por el quejoso Erick Freddy Aguilar Cárdenas, presentada el trece de junio de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta población y en esa misma fecha ante este órgano jurisdiccional (fojas 2 a 5); auto admisorio de catorce de junio de este año (fojas 10 a 16), dictado por este juzgado; informes justificados rendidos por la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (foja 25) y juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro (foja 41); asimismo, CERTIFICA: Que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que en la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio se omitan sus datos personales. Sin que exista algún otro documento con el cual deba darse cuenta. Enseguida, se acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias; y respecto a la omisión de las partes de oponerse para que en la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio se omitan sus datos personales, provéase tal circunstancia en la consideración respectiva. Etapa probatoria. Acto continuo, se abre el periodo probatorio; por lo que en este acto se reciben las constancias que la autoridad responsable, Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, adjuntó a su informe, siendo las siguientes: a) Original del toca penal 08/2019 (anexo I), b) Expediente 160/2013, del índice del juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro (anexo II). Acto continuo, se acuerda: con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales antes descritas, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Al no existir alguna otra probanza que desahogar, se cierra este periodo. Fase de alegatos. Abierta esta fase, se hace constar que ninguna de las partes realizó manifestación alguna, por lo que se cierra esta última etapa y quedan vistos los autos para dictar sentencia. El juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Ponciano Velasco Velasco. El Secretario. Lic. Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 534/2019; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de junio de dos mil diecinueve, en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta población y en esa misma fecha ante este órgano jurisdiccional (fojas 2 a 5), el quejoso el quejoso Erick Freddy Aguilar Cárdenas, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, mismo que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda. El catorce de junio de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, misma que quedó registrada con el número 534/2019; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente les corresponde; asimismo, se ordenó emplazar al agente del Ministerio Público adscrito a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (foja 13); así como a Tomás Jesús López Cruz y Elizabeth Hernández Vásquez (foja 27 vuelta); asimismo, se les notificó de la presentación de la misma, por lo que, únicamente, la representante social adscrita a la referida Sala y Elizabeth Hernández Vásquez, se apersonaron a juicio (fojas 30 a 34, 38, 43 a 45); se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; una vez integrado el expediente, se llevó a cabo la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es legalmente competente para conocer, tramitar y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales SEGUNDO, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el CUARTO, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y el diverso 46/2016, del mismo Pleno, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como a las reglas de turno, sistema de recepción, registro y distribución de asuntos, por tratarse de un asunto de naturaleza penal; además, la autoridad responsable tiene su domicilio dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta del acto reclamado por el que se realizará el estudio, el cual se hace consistir en la resolución dictada por la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el veinte de mayo de dos mil diecinueve, en el toca penal 08/2019 al resolver el recurso de apelación interpuesto por Erick Freddy Aguilar Cárdenas y el agente del Ministerio Público, contra la sentencia dictada el diez de octubre de dos mil dieciocho, en el expediente 160/2013, del índice del Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial del Centro. Es aplicable la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia del acto reclamado. La existencia del acto reclamado por el quejoso Erick Freddy Aguilar Cárdenas quedó acreditada con los informes justificados rendidos por la 1) Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (foja 25) y por el 2) Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca (foja 41), así como con las constancias que adjuntó a su informe la autoridad señalada en primer término y a las cuales se adhirió la diversa autoridad (anexos I y II); documentales que fueron reseñadas en la audiencia que antecede y que tienen valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad el numeral 2°. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, publicada en el Tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Estudio de la causa de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es necesario abordar el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o bien que este tribunal llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. En la especie, las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia y de oficio no se advierte que se actualice causa legal, constitucional o jurisprudencial, por lo que es procedente realizar el examen de la inconstitucionalidad planteada. QUINTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. El quejoso Erick Freddy Aguilar Cárdenas, en su demanda de amparo formuló conceptos de violación (fojas 4 y 5), los cuales se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal, ya que dicha circunstancia no lo deja en estado de indefensión, puesto que tiene la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estime pertinente, en caso de no ser favorable a sus pretensiones; como así lo ilustra la jurisprudencia 2a./J.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso Erick Freddy Aguilar Cárdenas, son infundados, aun supliendo su deficiencia, conforme a la fracción III, inciso a), del artículo 79 de la Ley de Amparo. A manera de antecedentes y para mejor comprensión del asunto, en lo sustancial, conviene mencionar la forma en que se desarrolló el procedimiento penal en la causa 160/2013, de donde emana el acto reclamado por el ahora quejoso, siendo los siguientes: 1) En oficio sin número de veintiuno de octubre de dos mil trece, el subdirector de Averiguaciones Previas con detenidos, consignó la averiguación previa 1118 (H.C.)2013, ejerciendo acción penal contra Erick Freddy Aguilar Cárdenas, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio, cometido en agravio de la occisa Rubi Hgezy-Baa López Hernández, por lo que solicitó se librara orden de aprehensión contra el referido quejoso (fojas 2 a 151, anexo II). 2) El veintidós de octubre de dos mil trece, el juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dentro de la causa penal 160/2013, libró orden de aprehensión contra el indiciado Erick Freddy Aguilar Cárdenas, por el referido ilícito (fojas 1, 152 a 175, anexo II). 3) El veintitrés de octubre de dos mil trece, Erick Freddy Aguilar Cárdenas rindió declaración preparatoria, en la cual el agente del Ministerio Público ofreció la prueba pericial en materia de criminalística, a efecto de que se determinara la mecánica de los hechos en que resultara inicialmente lesionada la víctima, así como establecer la posición víctima-victimario respecto de los mismos hechos; de igual manera, esa probanza fue ofrecida por la defensa del inculpado (foja 181 vuelta a 185, anexo II). 4) Mediante pedimento SD/XI/2021/2013, de veinticinco de noviembre de dos mil trece, la agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, ofreció como perito de su parte a Juan Pablo Pérez Rangel, especialista en la materia, dependiente del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (foja 245, anexo II). 5) En proveído de once de diciembre de dos mil trece, la juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, ordenó dar vista al procesado Erick Freddy Aguilar Cárdenas y a su defensora Pública, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera (foja 244, anexo II). 6) En pedimento SD/III/145/2014, de diez de marzo de dos mil trece, la representante social adscrita al Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, insistió en que se señalara fecha y hora para el discernimiento de cargo del perito Juan Pablo Pérez Rangel (foja 298, anexo II). 7) En proveído de veintiséis de marzo de dos mil catorce, la juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, ordenó glosar a los autos el referido pedimento para que surtiera los efectos legales correspondientes (foja 292 vuelta y 293, anexo II). 8) En pedimento SD/IV/178/2014, de dos de abril de dos mil catorce, la representante social adscrita al Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y en virtud de que el perito en criminalística Germán Toledo Escamilla había manifestado los motivos por los cuales no podía emitir su dictamen, insistió en que se señalara fecha y hora para el discernimiento de cargo del perito Juan Pablo Pérez Rangel (foja 307, anexo II). 9) En proveído de veinticinco de abril de dos mil catorce la juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, ordenó dar vista al procesado Erick Freddy Aguilar Cárdenas y a su defensora Pública, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera (foja 304, anexo II). 10) En escrito presentado el once de septiembre de dos mil quince, Erick Freddy Aguilar Cárdenas se desistió de todas y cada una de las pruebas pendientes por desahogarse (foja 364). 11) En proveído de doce de noviembre de dos mil quince, entre otras cuestiones, se tuvo al procesado Erick Freddy Aguilar Cárdenas ratificando su escrito de diez de septiembre de ese año, por medio del cual se desistió de toda prueba admitida en autos; por lo cual, se declaró concluido el periodo de desahogo de pruebas en la causa penal 160/2013 (fojas 371 vuelta y 372). 12) El veintitrés de febrero de dos mil dieciséis se dictó sentencia condenatoria a Erick Freddy Aguilar Cárdenas, por su plena responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio agravado, cometido en agravio de quien en vida llevara el nombre de Rubi Hgezy-Baa López Hernández (fojas 415 vuelta a 440, anexo II). 13) En resolución de doce de diciembre de dos mil dieciséis, la Sala constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenó la reposición del procedimiento, con la finalidad de que el juez natural cumpliera con la obligación de tutelar el derecho del inculpado, ya que al practicarse el desistimiento de pruebas, no contó con la asesoría oportuna de la defensa para conocer la trascendencia de su decisión (fojas 453 a 459, anexo II). 14) En proveído de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, el juez natural señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la diligencia de ratificación o rectificación del escrito de diez de septiembre de dos mil quince (foja 451 vuelta y 462, anexo II). 15) El veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, el procesado Erick Freddy Aguilar Cárdenas no ratificó el contenido del escrito de diez de septiembre de dos mil quince, porque dijo que aportaría más pruebas (foja 488 vuelta y 489, anexo II). 16) El diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, el procesado Erick Freddy Aguilar Cárdenas ofreció interrogatorios a cargo de Fernando Iván Aguilar Cárdenas y Esther Zavala Rojas; la testimonial de abono de conducta, a cargo de dos personas que presentaría en la hora y fecha que se señalara; asimismo, agregó que no era su deseo carearse con las personas que deponen en su contra (foja 495, anexo II). 17) El dos de mayo de dos mil dieciocho se llevó a cabo la testimonial de abono de conducta (fojas 512 vuelta y 514, anexo II). 18) El catorce de mayo de dos mil dieciocho se desahogaron los interrogatorios a cargo de Fernando Iván Aguilar Cárdenas y Esther Zavala Rojas (fojas 523 vuelta, 525 a 528, anexo II). 19) El cinco de junio de dos mil dieciocho, el procesado Erick Freddy Aguilar Cárdenas ratificó el escrito de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, específicamente en el punto tres, donde manifestó que no era su deseo carearse con las personas que declaraban en su contra (foja 530, anexo II). 20) El diez de octubre de dos mil dieciocho se dictó sentencia condenatoria a Erick Freddy Aguilar Cárdenas, por su plena responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio agravado, cometido en agravio de quien en vida llevara el nombre de Rubi Hgezy-Baa López Hernández (fojas 597 a 624, anexo II). 21) Mediante oficio 554, de once de octubre de dos mil dieciocho, la agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, interpuso recurso de apelación contra la referida determinación (foja 628, anexo II). 22) El sentenciado Erick Freddy Aguilar Cárdenas interpuso recurso de apelación, contra la sentencia condenatoria de diez de octubre de dos mil dieciocho (foja 625 vuelta, anexo II). 23) En oficio 19, de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, la agente del Ministerio Público adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado formuló agravios respecto a la sentencia condenatoria dictada el diez de octubre de dos mil dieciocho, contra Erick Freddy Aguilar Cárdenas, en la que se le condenó por su plena responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio agravado (fojas 29 a 37, anexo I). 24) En escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil diecinueve ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el defensor particular de acusado Erick Freddy Aguilar Cárdenas formuló agravios (fojas 48 a 54, anexo I). 25) Resolución de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dictada por la Sala constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la que dejó insubsistente la sentencia de diez de octubre de dos mil dieciocho y ordenó la reposición del procedimiento, para efecto de que el juez natural proveyera lo conducente a la prueba pericial en criminalística para determinar la posición víctima-victimario, misma que fue ofrecida por la defensa del recurrente Erick Freddy Aguilar Cárdenas y la agente del Ministerio Público (fojas 55 a 59, anexo I) (determinación que constituye el acto reclamado). Hechas estas precisiones, debe decirse que la parte quejosa, en los conceptos de violación esgrimidos, sustancialmente, alega que mediante escrito de diez de septiembre de dos mil quince se desistió de todas y cada una de las pruebas que estuvieran pendientes de desahogo; por ello, agrega, contrario a lo estimado por la autoridad responsable, debía resolverse el fondo del asunto (fojas 4 y 5). Son infundados los conceptos de violación que hace valer; por lo cual, se estima correcta la determinación de la Sala responsable, ya que, con ello, se salvaguardó el derecho que tiene a una adecuada defensa y debido proceso. En relación al tema de la adecuada defensa, debe establecerse que el máximo Tribunal del País consideró que es un derecho fundamental con el que cuenta el inculpado, tanto en la etapa de averiguación previa, como en el proceso penal, que conlleva la participación efectiva del imputado desde que es puesto a disposición del representante social, y que la asistencia no sólo debe estar relacionada con la presencia física del defensor en la actuación ante la autoridad ministerial, sino que la misma implica que la persona cuente con la ayuda efectiva del asesor legal. También es de señalarse que el debido proceso, integra el derecho de audiencia que permite que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 12/2012 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 433, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 160044, del contenido siguiente: "DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA. La garantía individual de defensa adecuada contenida en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) entraña una prohibición para el Estado consistente en no entorpecer el ejercicio del derecho de defensa del gobernado y un deber de actuar, en el sentido de informarle el nombre de su acusador, los datos que obren en la causa, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no impedirle que se entreviste de manera previa y en privado con él y, en general, no impedir u obstaculizar el ejercicio de las cargas procesales que le corresponden dentro del proceso penal para desvirtuar la acusación del Ministerio Público. Así, para proteger la citada garantía es necesario que la labor de quien funja como defensor sea eficaz, pues aquélla no puede concebirse como un mero requisito formal, sino que debe permitir una instrumentación real para tener oportunidades de descargo que, básicamente, permitan al imputado una efectiva participación en el proceso. Ahora bien, el juez de la causa garantiza la posibilidad de defensa al permitir que se den todas las condiciones necesarias para que el inculpado sea debidamente asistido, tanto formal como materialmente, de manera que si en los hechos no puede calificar su adecuada defensa -en razón de la forma en que se conduce el defensor respectivo-, ello no significa que el juez de la causa viole la garantía en cuestión, pues el control de la correcta o incorrecta actitud procesal del defensor, del debido ejercicio de las cargas procesales, así como de su pericia jurídica, sólo podrían ser materia de responsabilidad profesional, en términos de las leyes administrativas o penales, y según se trate de un defensor de oficio o particular. Esto es, el juez respeta la garantía de defensa adecuada: (i) al no obstruir en su materialización (como ocurre cuando niega el derecho a una entrevista previa y en privado o interfiere y obstaculiza la participación efectiva del asesor) y (ii) al tener que asegurarse, con todos los medios legales a su alcance, que se satisfacen las condiciones que posibilitan la defensa adecuada, sin que ello signifique que esté en condiciones de revisar la forma en que los defensores efectivamente logran su cometido, pues ello excedería las facultades que tiene a su cargo para vigilar que en el proceso se garantice una defensa adecuada." Así como la diversa 1a./J. 11/2014 (10a.), de la referida Sala, visible en la página 396, Libro 3, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 2014, Tomo I, Décima Época, Registro 2005716, del contenido siguiente: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Por otro lado, conviene transcribir lo dispuesto en los artículos 518 a 520, 541 a 543, todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, mismos que disponen: "Art. 518.- El recurso de apelación tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida se aplicó exactamente la ley, si se violaron los preceptos reguladores de la valorización de la prueba o si se alteraron los hechos; debiendo ser el resultado de aquél examen, que el Tribunal de Segunda Instancia confirme, revoque o modifique la resolución apelada, o en su caso, ordene la reposición del procedimiento. Art. 519.- La Segunda Instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante que cause la resolución recurrida. Los agravios deberán expresarse al interponerse el recurso o en la vista del asunto. El Tribunal de apelación deberá suplir la deficiencia del agravio cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierta que por torpeza no los hace valer debidamente. Cuando se trate de sentencia que imponga la pena de treinta años o más siempre se tendrá por interpuesta contra ella, el recurso de apelación. El Tribunal que conozca de la alzada, cuando el reo o su defensor no alegare agravios, los suplirá de oficio, si procediere. Art. 520.- Tienen derecho de apelar el Ministerio Público, el inculpado y su defensor, así como el ofendido o sus legítimos representantes cuando hayan sido reconocidos por el Juez de Primera Instancia como coadyuvantes del Ministerio Público, para efectos de la reparación de daños y perjuicios. En este caso, la apelación se contraerá a lo relativo a la reparación de daños y perjuicios y a las medidas precautorias conducentes a asegurarla." (.) "Art. 541.- La reposición del procedimiento, se decretará a petición de parte, debiendo expresarse los agravios en que se apoya la petición, no se podrán alegar aquellos con que la parte agraviada se hubiere conformado expresamente, ni los que causó alguna resolución contra la que no se hubiere intentado el recurso que la ley concede, o cuando no hay recurso, si no se protestó contra dichas violaciones, al tenerse conocimiento de ellas en la instancia en que se causaron. Art. 542.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si el Tribunal de apelación encuentra que hubo violación manifiesta del procedimiento que haya dejado sin defensa al procesado, que se violó en su perjuicio una garantía individual y que solo por torpeza o negligencia de su defensor no fue impugnado debidamente, podrá suplir la deficiencia del agravio y ordenar que se reponga el procedimiento a partir del auto en que se hubiere cometido la violación. Art. 543.- Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas siguientes: I.- Por no haberse hecho saber al procesado durante la instrucción, ni al celebrarse el juicio, el motivo del procedimiento, o el nombre de las personas que le imputen la comisión del delito; II.- Por no habérsele admitido nombrar defensor o no nombrársele de oficio en los términos que señala la ley; por (sic) habérsele facilitado la manera de hacer saber al defensor su nombramiento, o por habérsele impedido comunicarse con él o que dicho defensor lo asistiere en alguna de las diligencias del proceso; II bis.- Por haberse omitido la designación del interprete traductor al inculpado que no hable o entienda suficiente el idioma castellano, en los términos que señale la Ley; III.- Por no habérsele manifestado los datos que necesitara para su defensa y que constaren en el proceso; IV.- Por no habérsele careado con algún testigo si hubiere depuesto en su contra, si el testigo rindió su declaración en el mismo lugar en que se sigue el proceso, estando allí también el procesado; V.- Por no habérsele citado a las diligencias que tuviere derecho a presenciar; VI.- Por no habérsele recibido injustificadamente las pruebas que hubiere ofrecido con arreglo a la ley; VII.- Por haberse celebrado el juicio sin asistencia del funcionario que debe fallar, de su Secretario o testigos de asistencia y del Ministerio Público; VII bis.- Por existir omisiones graves de la defensa en perjuicio del sentenciado; se reputan como omisiones graves de la defensa: a) No haber asesorado al inculpado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos imputados en el proceso; b) No haber asistido a las diligencias que se practicaron con intervención del inculpado durante el proceso; c) No haber ofrecido y aportado las pruebas necesarias para la defensa del inculpado; VIII.- Por habérsele condenado por delito distinto del señalado en las conclusiones del Ministerio Público; IX.- Por haberse negado al inculpado los recursos procedentes; X.- Por haberse tenido en cuenta en la sentencia una diligencia que la ley declare expresamente que es nula." De los referidos preceptos, entre otras cuestiones, se puede deducir: a) que el recurso de apelación en materia penal tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida se aplicó exactamente la ley; si se vulneraron los principios reguladores de la valoración de la prueba o se alteraron los hechos respecto de la sentencia de primera instancia con el propósito de confirmarla, revocarla o modificarla; b) que tienen derecho a apelar el Ministerio Público, el inculpado y su defensor, así como el ofendido o sus legítimos representantes cuando hayan sido reconocidos por el juez de Primera Instancia como coadyuvantes del Ministerio Público, para efectos de la reparación de daños y perjuicios; c) que la reposición del procedimiento se decretará a petición de parte, debiendo expresarse los agravios en que se apoya la petición; y como excepción, establece, d) que si el Tribunal de apelación encuentra que hubo violación manifiesta del procedimiento que haya dejado sin defensa al procesado, podrá suplir la deficiencia del agravio y ordenar que se reponga el procedimiento a partir del auto en que se hubiere cometido la violación. En el caso específico, conforme a los antecedentes narrados, se puede advertir que, efectivamente, el veintitrés de octubre de dos mil trece Erick Freddy Aguilar Cárdenas rindió declaración preparatoria, en la cual el agente del Ministerio Público ofreció la prueba pericial en materia de criminalística, a efecto de que se determinara la mecánica de los hechos en que resultara inicialmente lesionada la víctima, así como establecer la posición víctima-victimario respecto de los mismos hechos; de igual manera, esa probanza fue ofrecida por la defensa del inculpado (foja 181 vuelta a 185, anexo II). Asimismo, es de señalarse que si bien en el escrito presentado el once de septiembre de dos mil quince, Erick Freddy Aguilar Cárdenas se desistió de todas y cada una de las pruebas pendientes por desahogarse (foja 364); en tanto que el juez de primera instancia, en proveído de doce de noviembre de dos mil quince, tuvo al procesado Erick Freddy Aguilar Cárdenas ratificando ese escrito (fojas 371 vuelta y 372). Sin embargo, todo ello quedó sin efecto, ya que en resolución de doce de diciembre de dos mil dieciséis, la Sala constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenó la reposición del procedimiento, con la finalidad de que el juez natural cumpliera con la obligación de tutelar el derecho del inculpado, ya que al practicarse el desistimiento de pruebas, no contó con la asesoría oportuna de la defensa para conocer la trascendencia de su decisión (fojas 453 a 459, anexo II). En cumplimiento a ello, dentro de la causa penal 160/2013, se dictó el proveído de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, en el que se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la diligencia de ratificación o rectificación del escrito de diez de septiembre de dos mil quince (foja 451 vuelta y 462). Por lo que, el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, el procesado Erick Freddy Aguilar Cárdenas no ratificó el contenido del escrito de diez de septiembre de dos mil quince, porque dijo que aportaría más pruebas (foja 488 vuelta y 489). En ese contexto, se estima correcta la determinación de la Sala responsable, pues, con ello, cumplió lo establecido en los numerales 519, 541, 542 y 543, fracción VI, todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, ya que al ser una prueba ofrecida por su entonces defensor (foja 184 vuelta, anexo II), es necesario se lleve a cabo su desahogo, precisamente, para no vulnerar el derecho que tiene a una defensa adecuada; máxime que, contrario a lo que señala en sus conceptos de violación, no obra desistimiento expreso por parte del ahora quejoso, respecto a la prueba pericial en materia de criminalística y tampoco del representante social, que también ofreció esa probanza (foja 183 vuelta, tomo II). Por lo anterior, al no existir motivo que amerite suplir la deficiencia de la queja, de acuerdo con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se concluye que la resolución dictada el veinte de mayo de dos mil diecinueve, en el toca penal 08/2019 al resolver el recurso de apelación interpuesto por Erick Freddy Aguilar Cárdenas y el agente del Ministerio Público, contra la sentencia dictada el diez de octubre de dos mil dieciocho, en el expediente 160/2013, del índice del Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial del Centro, no resulta violatoria de derechos humanos; motivo por el cual, lo procedente es negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal. Lo cual debe hacerse extensivo al acto de ejecución reclamados al juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, al no haberse impugnado el acto por vicios propios. Es aplicable la tesis del contenido siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional al resolver el asunto, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege al quejoso Erick Freddy Aguilar Cárdenas, contra el acto reclamado a la 1) Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al 2) juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, por los motivos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta resolución en términos de lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese personalmente; anótese en el registro y en la estadística; hágase la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este órgano jurisdiccional; remítase copia de esta resolución a las autoridades responsables y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe, hasta el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva. PVV/JGMB. Razón. En esta fecha se giraron los oficios 24786, 24787 y 24788 a las autoridades correspondientes. Conste. treinta y uno de julio de dos mil diecinueve (BORRAR O EDITAR SI SE AGREGA ALGUNA PROMOCIÓN EN LA AUDIENCIA RESULTANDO Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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