Erick López Díaz

Expediente 398/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
398/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
23/10/2020

Partes del expediente

  • Erick López Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    P. 398/2020 1 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de octubre de dos mil veinte. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia autorizada el veinticinco de septiembre del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso *** sin que se hubiera interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 3. Publicación de datos personales. Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino. Como lo establece el artículo 18 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es depurable, por lo que será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido ese plazo, dentro de los noventa días siguientes será depurable, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, previa digitalización, conforme lo establecido en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. 5. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. 6. Se deja a disposición documental. La parte quejosa ofreció como prueba la documental consistente en el a) oficio sin número de fecha diecinueve de marzo del año en curso, signado por el jefe de Departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca; y, b) acuse de recibo del escrito de treinta de marzo de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la citada parte procesal para que en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, las mismas serán depuradas, sin previo acuerdo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de octubre de dos mil veinte. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia autorizada el veinticinco de septiembre del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso *** sin que se hubiera interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 3. Publicación de datos personales. Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino. Como lo establece el artículo 18 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es depurable, por lo que será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido ese plazo, dentro de los noventa días siguientes será depurable, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, previa digitalización, conforme lo establecido en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. 5. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. 6. Se deja a disposición documental. La parte quejosa ofreció como prueba la documental consistente en el a) oficio sin número de fecha diecinueve de marzo del año en curso, signado por el jefe de Departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca; y, b) acuse de recibo del escrito de treinta de marzo de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la citada parte procesal para que en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, las mismas serán depuradas, sin previo acuerdo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFI7CACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con un minuto del veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, en audiencia pública el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional en este juicio de amparo 398/2020, como se ordenó en acuerdo de siete de septiembre del año en curso, sin asistencia de las partes. Apertura de audiencia. Abierta esta etapa, la secretaria: 1) Hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Erick López Díaz, e informe justificado de la autoridad responsable. 2) Hace constar que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les previno en auto admisorio de seis de agosto del año en curso. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse la sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la parte quejosa ofreció la documental consistente en: a) Oficio sin número de fecha diecinueve de marzo del año en curso, signado por el jefe de Departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca; y, b) Acuse de recibo del escrito de treinta de marzo de dos mil veinte. Por su parte, la autoridad responsable, jefe de Departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, anexó a su informe justificado: c) Escrito de fecha treinta de marzo de dos mil veinte, signado por Erick López Díaz; y, d) Oficio sin número de diecinueve de marzo del año en curso, dirigido al quejoso. Por lo que se acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por admitida la prueba documental de que se trata, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio; no existiendo pruebas por desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no los expresaron, se cierra esta etapa y se procede a dictar la sentencia respectiva. PONCIANO VELASCO VELASCO. TITULAR DEL JUZGADO DECIMO DTTO. EDO. OAXACA. BEATRIZ B. MARTINEZ MARTINEZ. SECRETARIA DE JUZGADO. Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número 398/2020; y, Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio, remitido en esa misma fecha por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Erick López Díaz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la contestación que se le dio a su petición formulada mediante escrito de treinta de marzo de dos mil veinte, en la que se le dijo que la información contenida en las carpetas de investigación tramitadas por el Ministerio Público para la persecución de los delitos, está catalogada como reservada, de conformidad con lo que dispone el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además que, conforme con lo dispuesto por el numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los registros de investigación son estrictamente reservados, hasta en tanto se actualice alguno de sus supuestos, y que, en el caso, el quejoso no tenía carácter de víctima, no estaba detenido, ni había sido citado a comparecer, tampoco se ha pretendido recibir no entrevista, por lo que se le negaba proporcionarle la información solicitada; atribuido al jefe de Departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 8 y 20, Apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo en el libro de gobierno y admisión. Por auto de fecha seis de agosto de dos mil veinte se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 398/2020 y se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado respectivo y se citó a las partes para la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 61 de Acuerdo General 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, reformado únicamente respecto del periodo de vigencia por el diverso Acuerdo General 18/2020, por tratarse de un asunto de naturaleza penal, y la negativa se atribuye a una autoridad con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda de amparo es: - La negativa de proporcionarle la información solicitada mediante escrito de treinta de marzo del año en curso, esto es, si existe o no carpeta de investigación en su contra, para aportar pruebas y desvirtuar imputación, contenida en el oficio sin número, de fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, atribuida al jefe de Departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. Tercero. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, jefe de Departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado. Al respecto, señaló que: a) Con fecha treinta de marzo de dos mil veinte se recibió en la Fiscalía General el escrito de intervención suscrito por el quejoso, en el cual manifiesta tener conocimiento que se ha iniciado "carpeta de investigación" en la etapa inicial en su contra. b) Ante ello, se le dio contestación en oficio sin número, de diecinueve de marzo del año en curso, notificado en el domicilio señalado por el quejoso el catorce de mayo siguiente. Como justificación a su informe, la autoridad responsable remitió copia a) del escrito de fecha treinta de marzo de dos mil veinte, signado por Erick López Díaz y b) oficio sin número de diecinueve de marzo del año en curso, dirigido al quejoso. Cuarto. Estudio de fondo del asunto. Antecedentes. 1º Erick López Díaz presentó escrito ante el fiscal General del Estado por el que: a) Hizo saber que tenía conocimiento que se estaba integrando una carpeta de investigación en su contra. b) Por lo que solicitaba la intervención que legalmente le correspondía para aportar las pruebas relativas. c) Además, pedía que se ordenara realizar una búsqueda en la base de datos de la Fiscal Local y General, a partir del uno de agosto al treinta de diciembre de dos mil diecinueve, y del uno de enero al treinta de marzo de dos mil veinte. d) Para el caso de que se llegar a encontrar alguna carpeta de investigación, se le informara la persona que lo denunciaban y el delito del que estaba siendo acusado. 2º En contestación, el jefe de Departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca emitió el oficio sin número, de fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, por el que niega proporcionarle la información solicitada respecto del contenido de las carpetas de investigación tramitadas en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca; acto que constituye lo reclamado en este juicio de amparo. Análisis del oficio reclamado. La autoridad responsable, para emitir el acto que se le reclama, sustentó su negativa de proporcionarle la información de las carpetas de investigación, en las siguientes razones: a) Que la información contenida en las carpetas de investigación tramitadas por el Ministerio Público para la persecución de delitos estaba catalogada como reservada, como lo establece el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. b) El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecía que los registros de invstigación son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes podrían tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en dicha ley y demás disposiciones. c) El carácter de imputado y su defensor podían tener el acceso a los registros respectivos, conforme con lo señalado en la fracción VI del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. d) En el caso, el promovente no tenía el carácter de víctima, no estaba detenido, tampoco había sido citado para comparecer como imputado, ni se había pretendido recibir su entrevista dentro de alguna carpeta de investigación. Conceptos de violación. El quejoso refiere, vía conceptos de violación, que: 1º No existe congruencia entre su petición y la contestación de la responsable, porque no se le informa si existe o no integración de carpeta de investigación en su contra. 2º El apartado B, fracciones I, III y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le otorga el derecho constitucional de poder intervenir en la integración de la carpeta de investigación como imputado, y la obligación de la autoridad investigadora es la de proporcionarle la información sobre la existencia o no de la carpeta de investigación, a fin de poder intervenir y aportar las pruebas que estime necesarias en la etapa de investigación, para desvirtuar la imputación dirigida en su contra. Análisis del asunto. Por tener relación ambos conceptos de violación, se estudiarán en su conjunto, como lo establece el artículo 76 de la Ley de Amparo, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda de amparo, toda vez que el quejoso pretende que se le diga si existe o no carpeta de investigación en su contra, de ser así, aportar los datos de prueba para su defensa, ya que sólo de esa forma, dice, desvirtuará la imputación existente en su contra. Al respecto, el artículo 20, apartado B, fracciones VI y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediatación. . B. De los derechos de toda persona imputada: . VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretende recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera." Dicha disposición constitucional regula el derecho de una persona imputada a contar con una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en el proceso y que requiera para su defensa. Así, la fracción VI transcrita dispone la obligación irrestricta de facilitar al imputado o a su defensor todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, y que tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido, cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. En tanto que en la fracción VIII regula el derecho del imputado a contar con una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en el proceso y requiera para su defensa; con ello, el poder reformador constituyente, implícitamente, estableció, por una parte, que el Ministerio Público debe mantener bajo reserva los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación y, por otra, los momentos a partir de los cuales quien(es) tenga(n) el carácter de indiciado y su defensor, puede(n) tener acceso a dicha información. Por su parte, los artículos 113, fracción VIII, y 117, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales señalan: "Artículo 113. Derechos del Imputado El imputado tendrá los siguientes derechos: VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código". "Artículo 117. Obligaciones del Defensor Son obligaciones del Defensor: IV. Analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación, a fin de contar con mayores elementos para la defensa". Lo que se traduce en que: - El derecho del imputado, y su defensa, a tener acceso a los registros de investigación, además de obtener copia de los mismos. - El defensor tiene obligación de analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación, a fin de contar con mayores elementos para la defensa, que implica el acceso del imputado y su defensor a los datos de investigación. De ahí que el derecho de defensa queda garantizada durante la tramitación de todas las etapas que comprende el proceso penal. Por su parte, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asigna la facultad de investigación y persecución del delito a una sola institución, con la finalidad de alcanzar imparcialidad, objetividad y evitar que una multiplicidad de autoridades formen parte de la investigación. En relación con tal precepto los numerales 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales se refieren a la reserva de los actos de investigación y del acceso a los mismos. Para que ello acontezca, esto es, la consulta y acceso a los registros de los actos de investigación, dejarán de mantenerse en reserva: a) Cuando el imputado se encuentre detenido; b) Cuando sea citado para comparecer como imputado; o, c) Sea sujeto de un acto de molestia y se pretende recibir su entrevista. Se reitera, en estos supuestos, el imputado y su defensor deben tener acceso a los datos de investigación que obran en la carpeta de investigación; pues la estricta reserva de la indagatoria obedece a la protección del interés público y a la salvaguarda del derecho a la seguridad que constituyen fines legítimos, en virtud de que las actuaciones del Ministerio Público contienen hechos que, de ser del conocimiento público, ponen en peligro la investigación y eficacia en la persecución de los delitos. Ello no es aplicable a la víctima, ofendido o asesor jurídico, pues en este caso sí pueden tener acceso a los registros de la carpeta de investigación en cualquier momento. Así también, en términos de los artículos 112, 113 y 114 del código invocado, se establece que en la fase de investigación inicial o desformalizada, la persona sujeta a investigación podrá tener acceso a los registros y datos de prueba recabados en la carpeta de investigación, sólo: 1º Cuando esté detenido ante el Ministerio Público con motivo del hecho investigado; y, 2º Cuando sea llamado a declarar por parte de dicho Ministerio Público. Actualizadas esas hipótesis, existirá un señalamiento formal por parte del Ministerio Público como posible autor de un hecho que la ley señala como delito y, entonces, adquirirá el carácter de imputado. Y será a partir de este momento que el imputado o su defensa tendrán derecho a acceder a los registros y datos de prueba que obren en el legajo de investigación, por lo que desaparecerá la reserva a que se refiere la fracción VI del apartado B del artículo 20 constitucional. Así, resultan infundados los referidos conceptos de violación. Como se ve, el quejoso pretende que se le informe si existe o no una carpeta de investigación en su contra, con la finalidad de ofrecer los datos de prueba que le permitan desvirtuar la imputación que exista en su contra. Sin embargo, la negativa a darle tal información no vulnera sus derechos fundamentales previstos en el artículo 20, apartado B, constitucional, ya que, como correctamente lo señaló la responsable, el proporcionarle la información de la existencia de alguna carpeta de investigación iniciada en su contra, se quebrantaría la reserva de los registros de investigación, en tanto que el quejoso: a) No se encuentra detenido en su calidad de imputado; b) Tampoco ha sido citado para comparecer como imputado; c) Ni es sujeto de un acto de molestia por el que se pretenda recibirse su entrevista. Entonces, si el quejoso, al formular su petición, únicamente expuso ante la responsable que tenía conocimiento de que existía una carpeta de investigación en su contra, por lo que deseaba saber si era así, para aportar datos probatorios y desvirtuar la imputación que, dijo, había en su contra; ello no era motivo suficiente para contestarle si existía o no tal carpeta y darle acceso a la misma, porque equivaldría a hacer público los actos de investigación de una carpeta en la que no ha sido detenido, ni ha sido citado a comparecer, tampoco se pretende recibirse su entrevista, por tanto, no tiene el carácter de imputado para que tenga posibilidad de aportar los datos de prueba relativos. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1ª./J 72/2019 (10ª), visible en la foja novecientos noventa y cuatro, del libre setenta y uno, octubre de dos mil diecinueve, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2020891, de rubro y texto siguientes: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido". Por lo que, al no existir vulneración de derechos fundamentales, se niega la protección constitucional al quejoso. Quinto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Erick López Díaz, respecto de la negativa de proporcionarle la información, esto es, si existe o no carpeta de investigación en su contra, para aportar pruebas y desvirtuar imputación, solicitada mediante escrito de treinta de marzo del año en curso, y contenida en el oficio sin número, de fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, atribuida al jefe de Departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Conste.

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