Eric Tiburcio Zárate
Expediente 446/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 446/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Eric Tiburcio Zárate
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
INC 446/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, por auto de veintidós de julio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la determinación ahí emitida; en consecuencia, dejó de surtir efectos la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa. 2. Archivo del expediente. En esas condiciones y toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor a partir del día siguiente, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3. Destino del original del expediente (depurable). Se comunica a las partes que por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva a la parte quejosa respecto de los actos reclamados, conforme en el punto 7.1.1., 2, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el original de este expediente será depurable; por ello, con fundamento en el artículo 18 del citado Acuerdo General, el original de este expediente será depurable una vez que transcurran tres años, conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional durante dicho plazo; y fenecido dicho plazo, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurarse este expediente y, en oportunidad, remitirse el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 446/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, como en auto de veintidós de julio del año en curso causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo, resulta innecesaria la permanencia en este Juzgado del a) original del toca de apelación JOTPAI/02/2022, de la Décima Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (tomo anexo I) y b) un disco en formato DVD certificado, que contiene diversos audios de la causa penal 837/2020, del Juzgado de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. 2. Devolución de tomo anexo. En consecuencia, devuélvase a la Décima Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca las citadas documentales. Sin que haya lugar solicitar acuse de recibo, toda vez que la entrega de las mismas se advertirá de la constancia de recepción del oficio que se envíe. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 446/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de treinta de junio de dos mil veintidós en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2.1. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las 1) autoridades responsables y 2) agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado; dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se negó la protección constitucional a la parte quejosa; por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino. Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18 del referido acuerdo general y 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es depurable; por tanto, este órgano jurisdiccional conservará este juicio de amparo por el término de tres años, contados a partir de la fecha de este acuerdo, fenecido dicho término, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a la depuración del expediente, y terminado el proceso relativo, se solicitará la transferencia relativa a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de depurable. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 446/2022 MESA 3 treinta de junio de dos mil veintidós VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 446/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y recibido el dieciocho de abril siguiente a este juzgado, Eric Tiburcio Zárate, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del titular de la Décima Primera Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite del juicio. En proveído de diecinueve de abril de este año se registró la demanda de amparo con el expediente 446/2022, se admitió a trámite, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó emplazar como terceros interesados a los agentes del Ministerio Público adscritos a la a) Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, y a la b) Décima Primera Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, c) Rosa Matilde Maldonado Yescas y d) Flor Martina Martha Trujillo Morales; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta, y en el caso, se trata de un asunto de naturaleza penal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este expediente, se advierte que la parte quejosa reclama: Del magistrado presidente de la Décima Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: La resolución de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal JOTPAI/02/2022, en la cual confirmó el auto de vinculación a proceso, dictada a la parte quejosa por el delito de abuso sexual agravado. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, página 1511, registro 1003226, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los reclamados. La Décima Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por conducto de su presidente, al rendir el informe justificado solicitado, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con los discos relativos a las audiencias celebradas en la causa penal 837/2020 y con el toca penal JOTPAI/02/2022, que adjuntó la responsable al rendir el informe justificado, que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º; como así lo ilustra la jurisprudencia 1ª./43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. Procedencia del juicio. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso se examinará si, en la especie, opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se actualiza alguna causa de improcedencia obvia y objetiva que deba estudiarse de oficio, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio de fondo. En el caso, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, incluso ante la ausencia de éstos en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, al tener la parte quejosa el carácter de imputada en el proceso penal de origen. La parte quejosa reclama: La resolución de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal JOTPAI/02/2022, en la cual se confirmó el auto de vinculación a proceso dictada a la parte quejosa por el delito de abuso sexual agravado. La autoridad responsable al dictar la resolución reclamada determinó, sustancialmente, que: No era necesario analizar el cuerpo del delito, sino solamente el hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado lo hubiere cometido o participó en su comisión, por lo que para tal efecto debía examinarse el grado de razonabilidad para concluir si se justifican dichos elementos; Fue correcto que la jueza le haya otorgado valor probatorio a la denuncia de Rosa Matilde Maldonado Yescas, ya que genera credibilidad sobre los hechos que denunció, al ser la persona que resintió la conducta al haberlos percibido por sí misma a través de sus sentidos, además que expuso las razones del por qué conoce al imputado e indicó que es concesionaria de una caseta fija, número 62, en el mercado "La Cascada", en el que tiene una cafetería, ubicada dentro del citado mercado, en la esquina de las calles Río Pedregal con Río Nilo, de la Colonia La Cascada; afirmación que refirió se encuentra corroborado con el oficio de trece de septiembre de dos mil dieciséis, suscrito por la directora de Mercados Públicos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con el recibo de pago de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis emitido por la Recaudación de Rentas del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, así como con el recibo de pago de ocho de septiembre de dos mil veinte, de la Tesorería Municipal; La víctima manifestó que su madre, Rosa Yescas, también tiene un puesto en el aludido mercado, sin embargo, tuvo un problema con otra locataria del mercado en octubre de dos mil diecinueve, por lo que fueron requeridas para presentarse en la Subdirección de Mercados Municipal, en donde laboraba el imputado y a partir de esa fecha éste empezó a acudir al puesto de la víctima, diciéndole que en sus manos estaba solucionar su problema, que pasara a su oficina en la tarde para que se arreglaran, además, indicó que el veinte de febrero de dos mil veinte, aproximadamente a las cinco de la tarde, cuando ya no había nadie en los puestos vecinos y se retiraba a su casa al haber cerrado el local, vio que el imputado iba de frente y le dijo que le iba a clausurar el local y revocar la concesión a su mamá y a ella si no se acostaba con él, y le agarró su glúteo derecho apretándoselo fuertemente, por lo que le pidió que la dejara de molestar, pero tiene miedo de que el imputado la vuelva a tocar, por ello, ya no acudió a su puesto, aun cuando le fue informado que el imputado la espera fuera del puesto; Fue correcta la decisión de la jueza al otorgarle valor probatorio a la denuncia, ya que la víctima presenció los hechos, aunado que por la naturaleza de los mismos, generalmente se comete en ausencia de testigos, por lo que no es dable exigir el testimonio de otras personas; máxime que el hecho acaeció a las cinco de la tarde, esto es, cuando en el mercado ya no había afluencia de personas; Lucía Ariadna Maldonado Yescas no presenció los hechos pero dio cuenta de diversos hechos concomitantes que fueron referidos por la víctima, como que su madre y su hermana tienen un puesto en el mercado "La Cascada", que su hermana conoció al imputado debido a un problema que tuvieron en el mercado en calidad de locatarias, que el imputado, debido a su cargo, hostigaba a Rosa Matilde, pidiéndoles que tuvieran relaciones sexuales. Fue adecuado que la jueza corroborara la denuncia de la víctima con el dictamen médico de lesiones y zonas erógenas de veintiocho de febrero de dos mil veinte, emitido por la perito médico María Elena Rojas Ramírez, quien determinó que la víctima no presentaba lesiones externas, sin embargo, en el dictamen se precisó que las zonas erógenas son las regiones corporales donde las terminaciones nerviosas sensitivas son abundantes y cuya excitación puede provocar deseo sexual, tales como los glúteos; El dictamen psicológico de veintiocho de febrero de dos mil veinte, es congruente con los diversos datos de prueba, ya que la perito señaló la metodología empleada, las técnicas, tests e instrumentos de valoración psicológicos que utilizó y explicó el estado emocional de la víctima, indicando que presentaba estrés agudo con presencia de sintomatología ansiosa moderada como consecuencia de los hechos vividos; La psicóloga Reyna Paola Aguilar Torres, al emitir el dictamen de revaloración de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, señaló que la víctima presentaba un estado de ansiedad, con síntomas de intranquilidad y preocupación, lo que, indicó, no fue desvirtuado por la víctima; Fue correcto que el juez le otorgara valor probatorio a la inspección realizada por el agente Estatal de Investigaciones, ya que a través de aquella se conoció la existencia del lugar indicado por la víctima, esto es, la caseta 62, del mercado "La Cascada", que aun cuando se encuentra en el perímetro externo del mercado, forma parte de éste, lo que, indicó, fue corroborado por las fotografías que se proyectaron en la sala de audiencias; Con el informe rendido por el subdirector Jurídico del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca de catorce de agosto de dos mil veinte, así como con el oficio del director de Recursos Humanos del citado municipio se acreditó que en la fecha de los hechos, Eric Tiburcio Zárate era trabajador activo del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en la modalidad de mandos medios y superiores, ya que tenía el nombramiento de subdirector de Mercados adscrito a la Dirección de Servicios Municipales de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. La juez correctamente consideró que con los datos de prueba se acreditó el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho ilícito, ya que analizó debidamente y ponderó de forma conjunta los datos de investigación, los cuales, indicó, son suficientes, idóneos y pertinentes para tener por demostrado el hecho de abuso sexual agravado, previsto en el artículo 241, primer párrafo, en relación con el diverso 248 Bis, fracción II, ambos del Código Penal del Estado de Oaxaca, cometido en agravio de Rosa Matilde Maldonado Yescas. Los elementos del delito consisten: La ejecución sobre una persona de un acto sexual distinto a la cópula. Que ese acto se ejecute sin derecho ni consentimiento de la víctima. Que se acredite la calidad específica del sujeto activo, en términos de lo señalado en la fracción II, del artículo 248 Bis, del Código Penal del Estado de Oaxaca, en el caso desempeñe un cargo o empleo público o ejerza una profesión, utilizando los medios o circunstancias que ellos le proporcionen. Respecto al primer elemento, la jueza debidamente precisó que se actualiza, ya que el imputado el veinte de febrero de dos mil veinte tocó el glúteo de la pasivo, lo que resulta ser un acto sexual distinto a la cópula, lo que, refirió, se acreditó con la denuncia de la víctima, y con la declaración de Lucía Ariadna Maldonado Yescas, quien, aun cuando no presenció los hechos, tuvo conocimiento del mismo por conducto de su hermana, la que, además, abundó sobre los antecedentes del comportamiento del imputado hacia la víctima; asimismo, refirió, se acredita con los dictámenes psicólogas emitidos por Claudia Ivonne Morales Gurrión y Reyna Paola Aguilar Torres, quienes indicaron que Rosa Matilde Maldonado Yescas presentaba afectaciones emocionales a partir del hecho denunciado, esto es, un estado de ansiedad moderada, así como intranquilidad y preocupación. El segundo elemento consistente en "Que ese acto se ejecute sin derecho ni consentimiento de la víctima", quedó acreditado con el dicho de la víctima, ya que así lo refirió la sujeto pasivo. El tercer elemento consistente en la calidad del sujeto activo se acreditó con el informe del subdirector Jurídico del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, de catorce de agosto de dos mil veinte, en el que señaló que Eric Tiburcio Zárate era trabajador activo de la Dirección de Servicios Municipales, y empleando los medios propios de la función pública que desempeñaba le dijo a la víctima que podía solucionar su conflicto acostándose con él, por ser el titular del área a la que acudieron la denunciante y su madre cuando inicialmente tuvieron un conflicto con diversa locataria del mercado. Con los datos de pruebas aportados por la representante social quedó acreditado que Eric Tiburcio Zárate realizó la conducta consistente en el tocamiento del glúteo de Rosa Matilde Maldonado Yescas, ya que la víctima hizo un señalamiento directo, así como con los dictámenes periciales; y, No existe una causa de exclusión del delito. Por esos motivos, confirmó el auto de vinculación a proceso dictado contra la parte quejosa por el delito de abuso sexual agravado, previsto el artículo 241, primer párrafo, en relación con el diverso 248 Bis, del Código Penal del Estado de Oaxaca, lo cual se considera apegado a derecho, ya que, en efecto, los datos de prueba aportados por la representación social acreditan la comisión del citado ilícito y la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió. Los citados artículos disponen: "Artículo 241.- Comete el delito de abuso sexual, quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la haga ejecutar un acto sexual, que no sea la cópula, o la obligue a observar cualquier acto sexual aun a través de medios electrónicos. Al responsable de tal hecho, se le impondrá de tres a seis años de prisión y multa de cien a doscientas veces el valor de la unidad de medida y actualización". "Artículo 248 BIS.- Las penas que corresponden a los delitos de abuso sexual previsto por el artículo 241, violación, previsto por el artículo 246, violación equiparada, previsto por los artículos 246 BIS y 247, y violación tumultuaria, previsto por el artículo 248, se aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y máximo cuando: (.). II.- El hecho sea cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza una profesión utilizando los medios o las circunstancias que ellos le proporcione (sic). Además de la pena de prisión el condenado será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio profesional; (.)". Para acreditar el hecho ilícito, la agente del Ministerio Público ofreció como datos de prueba los siguientes: La denuncia de Rosa María Matilde Maldonado Yescas, de veintiocho de febrero de dos mil veinte, en la cual, refirió, sustancialmente, que el veinte de febrero de dos mil veinte, aproximadamente a las diecisiete horas, cuando se encontraba cerrando su negocio ubicado en el mercado "La Cascada", vio que venía el quejoso de frente y éste le indicó que le iba a clausurar y revocar la concesión, y le agarró el glúteo derecho. El acta de entrevista de Lucía Ariadna Maldonado Yescas, de dieciocho de mayo de dos mil veinte, en la que refirió, sustancialmente, que su hermana Rosa María Matilde Maldonado Yescas le comentó que el imputado le dijo que sus problemas se solucionaban con un acostón y que le agarró el glúteo derecho. La comparecencia de Rosa Matilde Maldonado Yescas, de diez de junio de dos mil veinte, en la cual exhibió una copia de la concesión de la caseta 62 con giro comercial cafetería en el mercado zonal "La Cascada", así como del recibo de pago de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, realizado ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. El dictamen médico de lesiones erógenas, de veintiocho de febrero de dos mil veinte, en la que determinó que la víctima no presentaba lesiones externas, pero, refirió, que las zonas erógenas son las regiones corporales donde las terminaciones nerviosas sensitivas son abundantes y cuya excitación pueden provocar deseos sexuales, como son los glúteos, las glándulas mamarias, etc. El dictamen psicológico emitido por Claudia Ivone Morales Gurrión, de veintiocho de febrero de dos mil veinte, en la que la experta determinó que la víctima presentaba estrés agudo con sintomatología ansiosa de moderada intensiva como consecuencia de los hechos que refirió acontecieron el veinte de febrero de dos mil veinte. El dictamen psicológico emitido por Reyna Paola Aguilar Torres, de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en la que revaloró el estado emocional de Rosa Matilde Maldonado Yescas, dictaminando que la víctima presentaba ansiedad con nerviosismo, depresión y miedo. El informe emitido por el subdirector Jurídico del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, de catorce de agosto de dos mil veinte, a través del cual remitió diverso oficio suscrito por el subdirector de Recursos Humanos, del cual se advierte que Eric Tiburcio Zárate, en la fecha de comisión del hecho ilícito era trabajador activo del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, pues se desempeñaba en la modalidad de mandos medios y superiores, con el nombramiento de subdirector de Mercados adscrito a la Dirección de Servicios Municipales. El informe de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual indicó que la víctima exhibió el original del recibo de pago expedido por la Tesorería del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca el ocho de septiembre de dos mil veinte. El acta de inspección de dos de abril de dos mil veinte, realizada por el agente Estatal de Investigaciones, en la que asentó que se trasladó al lugar en donde ocurrieron los hechos, ubicado en el local comercial 62, del mercado "La cascada", ubicado en la calle de Río Pedregal de la Colonia "La cascada", Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en la que refirió que el citado comercio pertenece al mercado denominado "La cascada". Datos de prueba con los cuales este órgano jurisdiccional puede advertir, sustancialmente, los hechos siguientes: La víctima Rosa Matilde Maldonado Yescas tiene una cafetería denominado "Cafetería Maldonado" en el interior del mercado zonal "La Cascada", caseta 62, ubicado en la calle Río Pedregal, esquina con Río Nilo, de la colonia "La cascada". El veinte de febrero de dos mil veinte, aproximadamente a las diecisiete horas, la víctima se encontraba cerrando el local referido, cuando llegó Eric Tiburcio Zárate, quien le dijo que le iba a clausurar su local y le iba a retirar la concesión a ella y a su mamá si no se acostaba con él, y le agarró el glúteo derecho, por lo que aquélla le pidió que la dejara de molestar. Que Eric Tiburcio Zárate, al momento en que ocurrieron los hechos (veinte de febrero de dos mil veinte), tenía la calidad de servidor público, con motivo que se desempeñaba como subdirector de Mercados adscrito a la Dirección de Servicios Municipales de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Los hechos provocaron en la víctima un estrés agudo, el cual ha generado un estado de ansiedad. Hechos que, como lo indicó la sala responsable, actualiza el delito de abuso sexual agravado, previsto en el 241, primer párrafo, en relación con el diverso 248 Bis, fracción II, ambos del Código Penal del Estado de Oaxaca. Ello, toda vez que con la declaración de la víctima Rosa María Matilde Maldonado Yescas quedó acreditado que el veinte de febrero de dos mil veinte, aproximadamente a las diecisiete horas, cuando se encontraba cerrando la cafetería denominado "Maldonado", ubicado en el mercado zonal "La Cascada", llegó de frente el imputado Eric Tiburcio Zárate, diciéndole que le iba a clausurar el negocio, le iba a retirar a ella y a su mamá la concesión, y le tocó el glúteo derecho. De ahí que, atendiendo a la naturaleza del delito que se le reprocha al inculpado, es apegado a derecho que la sala responsable privilegiara la declaración de la víctima; aspecto que es acorde con lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia de treinta de agosto de dos mil diez, al resolver el Caso Fernández Ortega y otros vs. México, en el cual indicó: (.) 100. En primer lugar, a la Corte le resulta evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho (.). Por ello, es infundado el argumento de la parte quejosa, en el cual plantea que no quedó acreditado el elemento consistente en la "ejecución sobre de una persona de un acto sexual distinto a la copula", que requiere el delito de abuso sexual previsto en el artículo 241, en relación con el diverso 248 Bis, fracción II, del Código Penal del Estado de Oaxaca, ya que la denuncia de Rosa Matilde Maldonado Yescas es una manifestación unilateral que debe de estar acreditado con datos razonables, sin que exista otro elemento que acredite preliminarmente el dicho de la ofendida, ya que la maniobra narrada por la víctima no es humanamente factible de realizar, pues afirmó que el aquí quejoso venía de frente y le apretó el glúteo derecho, pero, para que eso hubiera podido realizarse tendría que estar colocado atrás de ella o tener unos brazos largos superiores a un ser humano promedio normal para realizar esa maniobra. Lo anterior es así, toda vez que, contrario a lo considerado por la parte quejosa, los delitos de agresión sexual, ya sea violación o abuso sexual, por regla general, se cometen en ausencia de testigos; por ese motivo, se privilegia la declaración de la víctima; de ahí que no se requiere de que la declaración de la víctima se encuentre vinculada con otro dato de prueba, para acreditar el abuso sexual que sufrió, consistente en que el imputado le agarró el glúteo derecho. Además, la parte quejosa no acreditó con algún dato o medio de prueba que la conducta que se le reprocha no es humanamente posible efectuarla; de ahí que fue apegado a derecho que la sala responsable le diera valor probatorio preponderante a lo declarado por la víctima. También es apegado a derecho que se otorgara valor probatorio al acta de entrevista de Lucía Ariadna Maldonado Yescas, de dieciocho de mayo de dos mil veinte, en la que refirió, sustancialmente, que su hermana Rosa María Matilde Maldonado Yescas le comentó que el imputado le dijo que sus problemas se solucionaban con un acostón y que le agarró el glúteo derecho; lo anterior, porque si bien es cierto no se acredita el hecho ilícito, como así lo refiere la parte quejosa, también lo es que ello no resta valor probatorio a lo declarado por la víctima, atendiendo que se privilegia la declaración de aquélla. Además, con las documentales que exhibió la víctima en comparecencia de diez de junio de dos mil veinte, consistentes en la copia de la concesión de la caseta 62 con giro comercial cafetería en el mercado zonal "La cascada", así como con el recibo de pago de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, realizado ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quedó acreditada la afirmación de la víctima, en el sentido de que tiene un negocio en el mercado referido, lugar donde ocurrieron los hechos. También con el acta de inspección de dos de abril de dos mil veinte, realizada por el agente Estatal de Investigaciones, en la que asentó que se trasladó en el lugar en donde ocurrieron los hechos, ubicado en el local comercial 62, del mercado "La cascada", localizado en la calle de Río Pedregal de la Colonia "La Cascada", Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quedó acreditado que el comercio pertenece al mercado denominado "La cascada"; de ahí que resulta infundado el argumento de la parte quejosa, en el que plantea que el negocio se encuentra al exterior de ese mercado. Con el dictamen médico de lesiones erógenas de veintiocho de febrero de dos mil veinte, quedó acreditado que la víctima no presentó alguna lesión externa, pero que una de las zonas erógenas son los glúteos. Así, con los dictámenes psicológicos emitidos por la psicóloga Claudia Ivone Morales Gurrión, de veintiocho de febrero de dos mil veinte, y Reyna Paola Aguilar Torres, de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, quedó acreditado que la pasivo, con motivo del hecho ocurrido el veinte de febrero de dos mil veinte, presenta estrés agudo, con presencia de ansiedad con nerviosismo, depresión y medio. De ahí que no le asiste razón a la parte quejosa al argumentar que los dictámenes emitidos son dogmáticos, ya que, asevera, no establecen adecuadamente la metodología que desarrollaron y los instrumentos de evaluación que le permitieron llegar a su conclusión; pues la representante social sí hizo alusión a los métodos y técnicas empleadas y los procedimientos utilizados por las citadas psicólogas, y expusieron por qué llegaron a la conclusión de que la víctima presentaba estrés agudo. Además, contrario a lo considerado por la parte quejosa, las psicológicas al ser expertas en determinar el estado emocional de las personas, toda vez que la psicología es una ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano, en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea, sí pueden con una sola valoración psicológica determinar la afectación que sufrió la víctima; sin embargo, para ahondar más en la afectación y superar la misma, se requieren de diversas sesiones; pese a ello, no demerita lo que las psicólogas pudieron percibir en una sola sesión; pues aunque la revaloración realizada por la psicóloga Reyna Paola Aguilar Torres se realizó seis meses después a los hechos y al dictamen emitido por la psicóloga Claudia Ivone Morales Gurrión, ello no le resta ningún valor probatorio, ya que fue coincidente con la conclusión a la que llegó la diversa psicóloga en el dictamen de veintiocho de febrero de dos mil veinte, esto es, que la víctima presenta estrés agudo, sin que fuera desvirtuado por la defensa dichos dictámenes, en el sentido de que de acuerdo al manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5, el estrés agudo dura de tres días a un mes. Por otra parte, la representación social, al indicar los datos de prueba relativos a los dictámenes psicológicos emitidos por las psicólogas el veintiocho de febrero de dos mil veinte y treinta y uno de agosto de dos mil veinte, siempre hizo alusión al nombre de la víctima (Rosa María Matilde Maldonado Yescas), y no a una diversa persona como lo refiere la parte quejosa; de ahí que resulta infundado dicho argumento. Así también, con el informe emitido por el subdirector Jurídico del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, de catorce de agosto de dos mil veinte, a través del cual remitió diverso oficio suscrito por el subdirector de Recursos Humanos, quedó acreditado que Eric Tiburcio Zárate, en la fecha de comisión del hecho ilícito era trabajador activo del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quien se desempeñaba en la modalidad de mandos medios y superiores, con el nombramiento de subdirector de Mercados adscrito a la Dirección de Servicios Municipales. Por lo anterior, contrario a lo considerado por la parte quejosa, con los datos de prueba aportados por la fiscal, quedó acreditado el delito de abuso sexual agravado, previsto en los artículos 241, en relación con el 248 Bis, fracción II, del Código Penal del Estado de Oaxaca. Por otra parte, la sala responsable determinó que Eric Tiburcio Zárate es probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como delito de abuso sexual agravado, toda vez que existe un señalamiento directo de la víctima, que aquél cometió el hecho delictivo. Consideración que es apegada a derecho, dado que la víctima hizo un señalamiento directo de que Eric Tiburcio Zárate cometió el delito de abuso sexual agravado; de ahí que existen indicios en la participación del delito de abuso sexual agravado, como autor material; que permiten, fundamentalmente, suponer que Eric Tiburcio Zárate tuvo intervención culpable en el hecho delictivo. En esas condiciones, al existir datos de prueba que demuestren la probable responsabilidad del ahora quejoso, se estima que la sala responsable procedió con apego a la legalidad, al concluir que los medios de prueba fueron bastantes para demostrar, en grado de probable, que Eric Tiburcio Zárate cometió el hecho ilícito de mérito y, por ello, procedía dictar auto de vinculación a proceso. En consecuencia, resultan infundados los argumentos expuestos por la parte quejosa, en los cuales plantea que la resolución reclamada que confirma el auto de vinculación a proceso, es ilegal, en razón de que, agrega, los antecedentes de investigación que fueron vertidos por la fiscalía en la formulación de la imputación, así como los datos de prueba carecen de razonabilidad para el dictado del auto de vinculación, requisito que exige el artículo 2316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; ya que si bien, agrega, la responsable fundamentó dicha determinación en que no es necesario analizar el cuerpo del delito sino solamente el hecho ilícito y la probabilidad del indiciado, también lo es que debe de atenderse al grado de racionalidad que deben contener los datos de prueba para dictar el auto de vinculación a proceso, sin embargo, manifiesta, los datos de prueba no cumplieron con ese requisito, lo que vulnera los artículos 261, 265 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; al respecto cita los criterios siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P (10a.)]". (registro 2017728). "ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA LA VINCULACIÓN A PROCESO. CONDICIONES PARA CONSIDERAR PROBADA ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS FÁCTICAS QUE DERIVEN DEL ACERVO PROBATORIO INCORPORADO POR LAS PARTES EN LA AUDIENCIA RELATIVA". Se reitera que los anteriores argumentos son infundados, toda vez que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del sujeto activo, dado que esa resolución sólo fija la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, para el dictado el auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Contrario a lo considerado por la parte quejosa, se reitera, los materiales probatorios aportados por la agente del Ministerio Publico y analizados en este asunto, resultan suficientes para justificar racionalmente la existencia del hecho ilícito, así como la probabilidad de que el quejoso participó en su comisión. De ahí que los criterios citados por la parte quejosa, no resultan aplicables, al menos, para los fines que pretende. Consecuentemente, al no advertirse queja que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Eric Tiburcio Zárate, contra la resolución de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal JOTPAI/02/2022 por Décima Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy treinta de junio de dos mil veintidós; fecha en que lo permitieron las labores del juzgado.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
- Eric Alfonso Ricardez Jiménez784/2018
- Eric Alfonso Ricardez Jiménez1007/2018
- Eric Antonio Cruz Garcia663/2023
- Eric Medina Juárez442/2021
- Eric Omar Ortiz Gorgonio (Representante común) y Otros.860/2019
- Eric Pozos Vázquez278/2018
- Eric Ulises Rodríguez López678/2019
- Erick Adrián Davo Vela626/2022
- Erick Barranco Palula1059/2022
- Erick Fernando Aquino López y Otros.857/2023
- Erick Freddy Aguilar Cardenas534/2019
- Erick Geovanni Luis Villaseca976/2018