Erasto Feliciano Martínez
Expediente 181/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 181/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Fiscal Segunda Investigadora de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Xalapa, ciudad
- Erasto Feliciano Martínez
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el auto de uno de marzo de dos mil veintitrés, que desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido por el promovente y que ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a), y penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y con base en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo, sin embargo, se concedió la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto, en el entendido de que se procederá a su depuración con posterioridad al VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Vista la diligencia....se desecha de plano la demanda de amparo...archivese
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. EXHORTACIÓN, CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMUNICACIONES CON EL PERSONAL JURISDICCIONAL. Conforme al artículo 2********************7, fracción I, 261 y 263, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. De igual forma, se les hace saber que respecto de comunicaciones no procesales, se les brindará la atención vía telefónica, a través del equipo telefónico con que cuenta este Juzgado de Distrito o a través del correo electrónico 1********************jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. De manera excepcional se podrá hacer uso de tales medios para comunicaciones procesales, únicamente en el caso de que no cuenten con acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que se conservará el registro respectivo de las comunicaciones realizadas hasta la conclusión del presente asunto. De igual manera, se hace de su conocimiento, que en caso de que alguna de las partes se presente físicamente a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, a consultar el presente expediente, dicha consulta se realizará de manera electrónica, a través del equipo de cómputo con que se cuenta en este órgano jurisdiccional, el cual también podrá ser utilizado para acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y para la participación en videoconferencias con el personal de éste órgano jurisdiccional. Se precisa que los equipos telefónicos y de cómputo a que se hace mención, se ubican en el área de recepción de este órgano jurisdiccional y su uso y atención al público será de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos en días hábiles. DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos reclamados a la Fiscal Segunda Investigadora de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Xalapa, con sede en esta ciudad, y otra autoridad responsable. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 181/2023-4-B. Al respecto, se acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que de la consulta realizada en la página de internet consultasdetenciones.sspc.gob.mx, se deriva que el solicitante de amparo fue detenido el veintiséis de febrero de este año, aproximadamente a las doce horas con cuarenta y cinco minutos de la mañana, por la Policía Estatal, sin que obren datos respecto al lugar en donde se encuentra detenido ni qué autoridad lo tiene a su disposición, de lo que este Juzgado de Distrito toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. SUSPENSIÓN DE PLANO I. Concesión de la medida cautelar, efectos y medidas urgentes. En atención a que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el promovente refiere solicitar la suspensión respecto de los actos consistentes en la detención y la negativa de recibir indicios para una defensa técnica adecuada en su calidad de denunciado, de los que es objeto. Por tanto, respecto al acto reclamado consistente en la detención de la que se aprecia es objeto, con fundamento en los artículos 1******************** y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN, a efecto de que cese de inmediato, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional que, en su caso, se estén ejecutando en perjuicio del agraviado. A fin de prevenir la trasgresión a los derechos humanos de la libertad personal del agraviado, se adoptan como medidas urgentes las siguientes: 1. Cesen de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 1******************** de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, tortura, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2. En el supuesto de que la detención derive de un procedimiento del orden penal, quede el directo quejoso ********************, a disposición de este órgano constitucional en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad judicial para la continuación del procedimiento que se siga en su contra, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 163 de la ley de la materia. En el entendido que, cuando se dice "el quejoso quede a disposición de este órgano constitucional en lo que se refiere a su libertad personal", debe entenderse como una medida de seguridad que tiene por objeto impedir que las autoridades consumen o continúen infligiendo atentados, vejaciones o malos tratos que afecten la dignidad o la integridad física de aquél. 3. Cese de inmediato la detención del directo agraviado ********************, poniéndolo en absoluta libertad o, en su caso, a disposición del Ministerio Público que corresponda, en el supuesto de que la detención se haya efectuado por autoridades administrativas distintas a la del Ministerio Púbico, y guarde relación con la comisión de un delito. 4. Sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. Si el agraviado ********************, se encuentra a disposición de alguna autoridad ministerial, la suspensión se concede para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad, si de las constancias de la averiguación o investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia. En el escenario de existir flagrancia o urgencia, el Ministerio Público deberá determinar la libertad del quejoso ********************, o consignarlo ante la autoridad judicial correspondiente, dentro del término de cuarenta y ocho horas, o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento en que fue puesto a su disposición, como lo indica el párrafo décimo del artículo 16 de la Carta Magna. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que el directo quejoso haya sido detenido en flagrancia y el delito que se le atribuya no merezca prisión preventiva oficiosa, conforme a lo ordenado en los normativos 19 Constitucional y 167 del código en cita, se concede la medida cautelar para el efecto de que el Ministerio Público disponga la libertad del quejoso o, en su caso, le imponga una medida de protección en términos de lo preceptuado por el propio Código Nacional en consulta. En la inteligencia de que la medida cautelar antes concedida no surtirá los efectos precisados, si la detención del directo agraviado es consecuencia de alguna orden o medida de protección dictada en términos de la legislación aplicable, que tenga como objeto salvaguardar la seguridad o integridad de una persona, la ejecución de una técnica de investigación o se trate de alguna medida cautelar concedida por autoridad judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, sin que la presente salvedad implique autorización de modo alguno, para que las autoridades responsables impidan la comunicación del agraviado con sus familiares o defensores o le nieguen o restrinjan el acceso a los servicios de salud que resulten necesarios para salvaguardar su integridad física y/o psicológica. ********************. Sea puesto en inmediata libertad si la detención no tiene relación con la comisión de un delito. En el evento de que el agraviado se encuentre privado de la libertad con motivo de una sanción por infracción a la normativa que rija sus funciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión de los actos reclamados que deriven de la ejecución de la medida de carácter disciplinario por violación al reglamento o normas respectivas, la que no debe continuar ejecutándose, ni las consecuencias que restrinjan o limiten las prerrogativas que asistan al quejoso con motivo de sus funciones. Lo anterior, en virtud de que para decretar la suspensión de plano, nada impide que se trate de la ejecución de una medida de carácter disciplinario impuesta al quejoso y que, en su caso, la esté cumpliendo, pues con la concesión de la medida cautelar que se otorga se trata de abolir o restringir cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, que se menciona en la demanda de amparo. Además, la finalidad de la medida cautelar otorgada es la de preservar la materia del presente juicio de amparo y asegurar una tutela efectiva, puesto que, de no decretarse la suspensión, se extinguiría la sanción disciplinaria que en su caso hubiera sido impuesta, sin que este órgano jurisdiccional estuviera en aptitud de analizar su constitucionalidad, si fuera el caso de abordar su estudio. Aunado a ello, las medidas de carácter disciplinario pueden estar sometidas al escrutinio judicial bajo los lineamientos contemplados en los ordenamientos constitucionales, convencionales y reglamentarios que regulan dicha clase de sanciones. 6. Comuniquen la línea de mando y cadena de custodia respecto de la persona detenida; en caso de que las autoridades responsables hayan efectuado la detención o lo tengan a su disposición. Para ello, deberán dar una explicación satisfactoria y convincente respecto al trato dado al indiciado, desde que fue detenido hasta que se puso a disposición del representante social. 7. No sea exhibido en los medios de comunicación, con motivo de su detención, toda vez que ello constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos, así como la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida. 8. Se mantenga al quejoso en los lugares oficialmente reconocidos como lugares de detención cuando constitucionalmente se justifique la misma. 9. Que los nombres de las personas responsables de su detención figuren como autoridades competentes para ello (cadena de custodia y línea de mando). 10. Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso al detenido ********************; que se lleven a cabo los registros de su detención, así como de la fecha y lugar de todos los interrogatorios a que éste sea sometido. Lo anterior, con fundamento en los artículos 126, 163, 164 y 16******************** de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los tratados internacionales aplicables al caso; todo ello en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir una privación ilegal de la libertad, aislamiento o incomunicación, al igual que a no ser sometido a ninguna especie de tortura o desaparición forzada, que se encuentran protegidos en el numeral 1******************** de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos ******************** de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ********************.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Aunado a las citadas disposiciones, el derecho a no sufrir ataques de tortura se encuentra contemplado en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Además, tales normas nacionales e internacionales a través de la hermenéutica jurídica que se realice de ellas, y acorde a lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, imponen a la persona juzgadora la obligación de decretar medidas urgentes para prevenir y asegurar que el detenido no sea agredido en sus derechos fundamentales de libertad, integridad física y moral. II.- Cumplimiento a la suspensión de plano. Requiérase a las autoridades responsables a fin de que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir del momento de la notificación, rindan informen sobre el cumplimiento a la suspensión de plano decretada, respecto de los actos reclamados consistentes en la detención fuera de procedimiento y demás prohibidos por el artículo 22 constitucional que, en su caso, se estén ejecutando en perjuicio del quejoso directo, indicando que han cesado, en su caso, dichos actos en los términos precisados. Asimismo, requiérase a las autoridades responsables para que acompañen a sus informes copia certificada de las constancias que justifiquen la legal detención del quejoso. Lo anterior, a fin de tener la certeza que han cesado los actos en los términos decretados en este proveído, así como que han sido cumplidas las determinaciones tomadas. Además, deberá informar los nombres de las personas responsables de la detención y que figuren como autoridades competentes para ello, indicando de manera puntual las autoridades a cuyo cargo se asignó la custodia y el tiempo que permaneció bajo la guarda de cada una de ellas, en caso de existir varias, anexando para tal efecto las constancias que así lo acrediten. Lo anterior en virtud de que la cadena de custodia de personas y línea de mando son establecidas con la finalidad de identificar al servidor público que en cada momento tiene la responsabilidad de custodiar al detenido, para efecto de establecer la calidad de garante que sirve como condición para los delitos de comisión por omisión, y así, en caso de quebrantamiento, estar en aptitud de determinar la autoría o complicidad respectiva. La obligación aludida deriva del artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y otorga a la suspensión de plano el alcance necesario para que dicha medida cautelar tenga efectos preventivos, aun cuando la Ley de Amparo, no establezca literalmente esa obligación. Lo anterior, faculta además a esta juzgadora para emplear, en su caso, la suspensión como medio para determinar tanto la responsabilidad de quién o quiénes (seguridad y médico) tengan a su disposición a las personas privadas de la libertad, en cada momento durante el tiempo razonablemente necesario, así como la línea de mando respectiva dentro de la institución que resguarda a la persona. Se considerará a la autoridad responsable infractora del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en caso que no cumpla con lo requerido, en el plazo concedido para ello, por lo que se dará vista al representante social que corresponda, por la responsabilidad en que incurran, aunado a que la violación a este mandato equivale a la comisión del delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el precepto 262, fracción III, de la Ley de Amparo, delito que si llegare a consumarse, faculta para consignar los hechos para el ejercicio de la acción penal correspondiente. DILIGENCIA DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DEL QUEJOSO DIRECTO. Se comisiona a cualquiera de las personas actuarias adscritas a este juzgado para que se constituya de inmediato en los separos de cada una de las autoridades señaladas como responsables en esta ciudad, ello atendiendo a lo manifestado por el mismo quejoso. En el entendido que todas las autoridades están obligadas a permitir el acceso total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. La negativa a ello constituirá una obstaculización a la Justicia Federal y se actuará en términos del artículo 169 de la Ley de Amparo, solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. Además, se apercibe a las autoridades que de no permitir el acceso o no brindar el apoyo solicitado para la debida práctica de la diligencia, se les impondrá una multa de cincuenta a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 237, fracción I en relación con el diverso 2********************9 ambos de la Ley de Amparo; ello con independencia de la autorización del uso de las demás medidas de apremio, contempladas, sin necesidad de acuerdo previo, dada la premura y urgencia de los actos reclamados. De igual forma, se previene a las autoridades que en términos del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en relación con el numeral 262, fracción III, de la Ley de Amparo, la desobediencia de un auto de suspensión pudiera ser constitutiva de delito sancionado con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Máxime, que como se adelantó la violación a una suspensión de plano equivale a la comisión del delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el citado numeral de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, delito que si llegare a consumarse, de inmediato serán consignadas para el ejercicio de la acción penal. Una vez localizado el quejoso directo ********************, la persona actuaria de la adscripción deberá realizar, de manera enunciativa más no limitativa, acorde a la variedad de escenarios posibles, lo siguiente: 1. Dar fe en el acto de la diligencia, de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. 2. Dará fe del estado físico que presenta el quejoso directo al momento en que se desahogue la diligencia e interrogarlo sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentra y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y en su caso utilizar algún medio electrónico gráfico (fotografía) en donde puedan quedar registradas las lesiones por tortura. 3. Dar cuenta de inmediato para que esta juzgadora se encuentre en aptitud de proveer lo conducente a la asistencia médica y demás medidas de atención que, en su caso, requiera el detenido. 4. De no encontrar al directo quejoso, deberá indagar mediante información que le proporcione el funcionario de la dependencia en la que se presente, en el lugar que podría encontrar a ********************. Prevención En otro aspecto, este órgano federal analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 108, fracción V, 112 y 114, que en lo referente establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; [.]" "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]" "Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [.]" De los preceptos transcritos se advierte que cuando se hubiera omitido en la demanda alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de ley de la materia, la persona juzgadora mandará prevenir a la parte promovente a efecto de que la subsane, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que en tiempo el promovente pueda subsanarlas, debiendo contener el auto aclaratorio de demanda el apercibimiento de ley, ordenándose su notificación personal. Así, para el caso de que la parte promovente no llenare los requisitos omitidos o no hiciere las aclaraciones respectivas deberá tenerse por no presentada la demanda de amparo. Lo que cobra relevancia si se toma en consideración, que a fin de impartir una recta administración de justicia, la persona juzgadora debe conocer con exactitud la intención de la parte promovente, armonizando los datos y elementos que conformen la demanda de amparo y sus anexos, lo que debe hacerse, tomando en cuenta los actos señalados por la parte quejosa en armonía con los demás hechos relatados en la demanda correspondiente. Irregularidad que se aprecia en el escrito inicial de demanda Al analizar íntegramente la demanda, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y la tesis de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el directo quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: a. La detención ejecutada en su contra; y, b. La negativa de recibir indicios para una defensa técnica adecuada en su calidad de denunciado. Del capítulo de antecedentes del acto reclamado, manifestó que fue detenido aproximadamente a las 01:30 o 1:4******************** de la madrugada del veintiséis de febrero del año en curso e ingresado al Cuartel de San José, sin embargo, fue trasladado a las oficinas de la Policía Ministerial casi al amanecer de ese mismo día, sin que le dijeran los delitos o cargos que se le están imputando. Además, indicó que han transcurrido casi veinticuatro horas desde su detención, sin que se le informe el delito que se le acusa, ni le han permitido su declaración ante autoridad competente, motivo por el cual no ha aportado ningún dato de prueba que acredite la realidad de los hechos, en donde estuvo actuando en defensa de su familia. Sin embargo, el quejoso sostiene que desea obtener acceso a la carpeta de investigación para acreditar que su actuar fue apegado a derecho y con ello evitaría una determinación del ejercicio de la acción penal como lo pretende hacer la Fiscal Segunda de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en esta ciudad. Como se observa, la parte quejosa, por una parte, indicó que no ha aportado medios de prueba para demostrar su inocencia por omisión de las responsables y, por otro lado, asegura que la Fiscal Segunda de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, no ha recibido sus datos de prueba. De ahí que, no se tenga certeza de si el acto reclamado respecto al derecho de ofrecer pruebas, consistente en una omisión por parte de la Fiscal Segunda de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en esta ciudad, de recabar los datos de prueba correspondientes, o bien, se trate de la negativa de recibir los datos de prueba que pudiera haber ofrecido o intente ofrecer el quejoso ya sea por sí mismo o través de su defensa. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, 112, 114, requiérase al quejoso para que, en el acto de notificación del presente proveído, o bien, dentro del término de cinco días, contado a partir de que le sea notificado el mismo, exhiba un escrito de aclaración con copias para correr traslado a las partes -esta exigencia no será necesaria en caso de que se presente en forma electrónica, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo-, en el cual, bajo protesta de decir verdad, deberá manifestar lo siguiente: PRIMERO. Aclare qué acto le reclama a la Fiscal Segunda de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con residencia en esta ciudad, esto es, si señala la omisión de recabar datos de prueba, o bien, la negativa a través de una determinación sea escrita o verbal, de recibirle datos de prueba que pretenda ofrecer por sí mismo o a través de su defensa. SEGUNDO. Narre los antecedentes del acto reclamado que se le requiere precisar en el punto previo, el cual atribuye a la Fiscal Segunda de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con residencia en esta ciudad, los que deberá hacer con la mayor precisión posible, a fin que la suscrita esté en aptitud de conocer la problemática que se plantea. Es aplicable a lo expuesto la jurisprudencia P./J. 4/2020 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 19, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2022217, de rubro y contenido siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU EXIGIBILIDAD EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY ABROGADA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja y de revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si es exigible la expresión formal "bajo protesta de decir verdad" en el escrito aclaratorio de demanda de amparo indirecto, aun cuando haya sido plasmada en el escrito inicial de demanda y, de ser así, si resulta obligatoria para el documento en el que se desahoga toda clase de prevención. Criterio jurídico: La expresión formal "bajo protesta de decir verdad" prevista en los artículos 108, fracciones II y V, de la Ley de Amparo vigente y 116, fracción IV, de la abrogada, como requisito de procedencia para las demandas de amparo indirecto, también resulta aplicable al escrito de aclaración de demanda, en los supuestos a que se refiere esa normativa. Justificación: Aun cuando en la demanda de amparo se manifieste la referida expresión, ésta sólo puede tener vinculación con lo plasmado en ese documento, ya que pretender vincularla a lo expuesto en un escrito posterior de aclaración de demanda, impediría responsabilizar al quejoso por las nuevas manifestaciones, respecto de su falsedad u omisión de datos, máxime en los casos en que el requerimiento versara sobre hechos nuevos que constituyeran los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior se justifica, además, al considerarse que no es un formalismo procesal, al contrario, es uno de los requisitos esenciales para la procedencia del juicio de amparo, ya que crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas a este juicio y en relación con la veracidad de la información prevista en las fracciones invocadas, es el único elemento con el que inicialmente cuenta para tomar las decisiones que conlleva la admisión de la demanda, entre las que se encuentra proveer sobre la suspensión del acto reclamado, pues la autoridad de amparo debe ceñirse al contenido de la demanda y de sus anexos, para desentrañar la voluntad del quejoso y la necesidad, en su caso, de la medida cautelar." APERCIBIMIENTO Todo lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda únicamente en cuanto al acto reclamado identificado con el inciso b), precisado en párrafos precedentes. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** y ********************, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con los registros ******************** y ********************, respectivamente. DATOS DE CONTACTO Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que señala la parte quejosa, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona a las personas secretarias, así como a las y los oficiales judiciales correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a las personas actuarias judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo y el punto Cuarto, artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. DEPURACIÓN Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar en el que se encuentre privado de su libertad, así como en su domicilio procesal; y, por oficio a las autoridades responsables.
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