Erick Alejandro Escalona Valladoli

Expediente 82/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
82/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
26/04/2019

Partes del expediente

  • Erick Alejandro Escalona Valladoli

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte tercera interesada María Guadalupe Cumplido Rivera, por auto de catorce de febrero pasado (fojas 33 a 41), para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad o en la ciudad de Puebla, en virtud de que ese acuerdo les fue notificado el veintiséis de febrero del año que transcurre, surtió efectos el veintisiete siguiente, y transcurrió del veintiocho de febrero al cuatro de marzo del presente año; sin que dicha tercera haya presentado promoción al respecto. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo, se ordena realizarle todas las notificaciones por lista de acuerdos a la parte tercera interesada Guadalupe Cumplido Rivera, aun las de carácter personal. Por otra parte.agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al que adjunta la resolución de once de abril de dos mil diecinueve, dictada en el conflicto competencial 1/2019 de su índice, suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango y este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por Erik Alejandro Escalona Valladoli, en la cual resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se declara legalmente competente al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Durango, para continuar conociendo del juicio de amparo número 82/2019-E, por razón de territorio. SEGUNDO. Se ordena la remisión de los autos al juez de distrito declarado competente para que se avoque a su conocimiento." En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción; en consecuencia, al no existir documentos originales, transcurridos seis meses a partir de la fecha del presente proveído, procédase a su incineración, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo del ordenamiento en cita. En cuanto al cuaderno de antecedentes del incidente de suspensión en virtud de que se concedió medida cautelar, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Asimismo, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes; y, en atención a su contenido, téngase a la Superioridad comunicando que es competente para resolver el conflicto competencial, para conocer de la demanda de amparo promovida por Erick Alejandro Escalona Valladoli, radicándose en consecuencia el bajo número 1/2018, de su índice.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta, signado por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por medio del cual, devuelve los autos originales del juicio de amparo 82/2019, un tomo de pruebas y la copia certificada del cuaderno incidental; e informa que por resolución de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1692/2018 de su índice, ese órgano jurisdiccional no aceptó la competencia planteada por este juzgado y expuso los motivos de su determinación. Acúsese recibo. El suscrito juzgador respetuosamente, no comparte las consideraciones expuestas por el órgano de amparo de que se trata y reitera su postura en el sentido de que es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, aquél juzgado en donde reside la autoridad ordenadora 1. Jueza Tercera de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito del Poder Judicial del Estado de Durango, con residencia en la ciudad de Durango, que emitió la orden de aprehensión contra el quejoso Erick Alejandro Escalona Valladoli, dentro de la causa penal 89/2018, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico. Lo anterior, ya que las autoridades ejecutoras con residencia en la entidad federativa en la que tiene sede este órgano jurisdiccional, negaron el acto de ejecución que se les atribuyó, sin que el quejoso desvirtuara tal negativa; mientras que las diversas potestades ordenadora y ejecutoras de Durango aceptaron la existencia del acto combatido. En ese contexto, es de reiterar lo considerado en la resolución de veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que Erick Alejandro Escalona Valladoli, esencialmente reclamó lo siguiente: Del 1. Juzgado Décimo Cuarto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango; 2. Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial, con residencia en Durango, 3. Comandante de la Unidad de Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Policía Investigadora de Delios de la Fiscalía General del Estado de Durango y 4. Comandante de la Policía Investigadora de Delitos de la Unidad de Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Durango: La orden de aprehensión decretada en su contra en el cuadernillo penal 89/2018, por el delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 210 y 212, fracción V, del Código Penal para el Estado de Durango, cometido en agravio de María Guadalupe Cumplido Rivera. Del 5. Fiscal General del Estado de Puebla, 6. Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 7. Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla: Su ejecución. En ese sentido, se actualiza el principio genérico de competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Establecido lo anterior, de autos se aprecia que no existe razón legal que conduzca a fincar la competencia en este Juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de garantías, toda vez que la orden de aprehensión aquí controvertida no se ejecutará en el Estado de Puebla, pues de los informes justificados rendidos por el 5. Fiscal General del Estado de Puebla, 6. Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 7. Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se advierte que negaron la existencia de la ejecución reclamada. En cambio, el 4. Comandante de la Policía Investigadora de Delitos de la Unidad de Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Durango, aceptó la existencia de la ejecución del mandamiento de captura reclamado. Luego, si en el particular las autoridades responsables ejecutoras residentes en la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, que en principio generó la competencia de este Órgano de Control Constitucional, negaron la existencia de la ejecución reclamada y la parte quejosa no desvirtuó tal negativa, pese a que se le dio vista al respecto en autos de veintiocho de septiembre y uno de octubre de dos mil dieciocho, es evidente que la ejecución del acto reclamado tendrá verificativo en el Estado de Durango. De ahí que, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, carece de competencia legal para seguir conociendo de dicho juicio de garantías, en razón de territorio, porque la misma corresponde a un Juez de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en Durango. Cobran aplicabilidad las Jurisprudencias del Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente." Sin que se oponga a lo anterior, el hecho de que el quejoso haya señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones un lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, y haya manifestado que es un ciudadano poblano, vecino del municipio de Puebla, y que tiene su domicilio ubicado en Privada Monterrey 71, colonia San Rafael Oriente, Puebla, pues la competencia de un Juzgado de Distrito no la determina el domicilio del quejoso, sino el lugar donde residan las autoridades ejecutoras que hayan aceptado el acto, ya que la competencia es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino que debe determinarse de acuerdo a los lineamientos que marca la ley. Tiene apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor siguiente: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." De igual forma, sirve de apoyo el criterio de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." Además, tratándose de orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, por tanto, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues por regla general es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia PC. I.P. J/39 P(10ª.), la cual comparte este Juzgador, emitida por Plenos de Circuito, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución". Por tal motivo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, no comparte los motivos expuesto por el juez Tercero de Distrito en el Estado de Durango, con sede en la ciudad del mismo nombre. No se desatiende que el juez de Distrito citado, destacó la manifestación del quejoso en el sentido de que es un ciudadano poblano, vecino del municipio de Puebla, y que tiene su domicilio ubicado en Privada Monterrey 71, colonia San Rafael Oriente, Puebla, y que resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y localización siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE PUEDE EJECUTARSE EN EL DISTRITO DONDE SE UBICA EL DOMICILIO PARTICULAR DEL QUEJOSO O EN EL DEL LUGAR DONDE ÉSTE SE ENCUENTRE. CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE ESAS JURISDICCIONES, A PREVENCIÓN" Jurisprudencia XIII.P.A. J/1 (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3100, Décima Época, registro 2016328. Sin embargo, el suscrito no comparte dicho criterio toda vez que como la reiterado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias, el domicilio no es un factor para determinar la competencia del juez de distrito por razón de territorio, sino un dato que aporta el quejoso para inferir que el acto reclamado podría tener ejecución en una determinada entidad federativa, razón por la que el juzgador de amparo, con base en dicha información, debe integrar la litis por medio de una prevención a las autoridades ejecutoras . Y, una vez que emplazadas dichas autoridades deberá estarse en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, es decir, en caso de que estas autoridades nieguen el acto reclamado, la carga de la prueba para desvirtuar dichas negativas recaen en la parte quejosa, de modo que el promovente del amparo debe aportar elementos de convicción idóneos para demostrar que la ejecución del acto reclamado se está verificando en el Circuito judicial donde tiene su domicilio. Ciertamente, en el caso, la hipótesis que se actualiza es la contenida en el primer párrafo del 37, ley de la materia, pues el quejoso durante el trámite del juicio de amparo no desvirtuó las negativas de las autoridades ejecutoras con residencia en el Estado de Puebla, ni probó la existencia de la colaboración a que hizo mención en su escrito de demanda; por lo que puede existir una razón fundada de que el acto reclamado se esté ejecutando en diversos lugares al en que se emitió el acto reclamado. Máxime que, el Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante -autoridad ejecutora en el presente juicio- informó que efectivamente existe una orden de aprehensión por colaboración, librada por el Juez Tercero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, dentro del proceso penal 243/2017, por los delitos de fraude genérico, contra de Erick Alejandro Escalona Valladoli y/o Erick Alejandro Escalona Valladolid, la cual fue turnada a la Dirección General de la Agencia Estatal de Investigación, para su cumplimiento mediante registro 17/2018/AC de catorce de febrero de dos mil dieciocho; pero no así en la causa penal 89/2018 dictada por el 1. Juzgado Décimo Cuarto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, aquí reclamada. De manera que, la hipótesis contenida en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, no pueda considerarse actualizada, pues se insiste no está demostrado que se está ejecutando la orden de captura en el Estado de Puebla, al no desvirtuarse la negativa de las autoridades ejecutoras con residencia en la entidad federativa, en donde éste juzgado ejerce jurisdicción, y el hecho de que el domicilio se ubique en ese sitio no es un factor determinante. Considerar lo contrario, se dejaría al arbitrio del quejoso presentar su demanda de amparo en el lugar donde éste lo considere. Por otro lado, no se desatiende el criterio que citó el Juzgador Federal declinante sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el conflicto competencial 8/2018 del índice de este juzgado, en donde determinó que el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla era competente para conocer del juicio de amparo 907/2018, en donde el propio quejoso Erick Alejandro Escalona Valladoli, reclamó del Juez Tercero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, la orden de aprehensión dictada el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 704/2018, y su ejecución. Al respecto, debe decirse que este órgano jurisdiccional respetuosamente, no comparte el criterio sustentado por dicho Tribunal Colegiado. Se explica. Primero, en dicha ejecutoria -a juicio del Tribunal- se estimó que las autoridades responsables ejecutoras -con residencia del Estado de Puebla-, esto es, que el agente del Ministerio Público en representación del Fiscal General, Director General de la Agencia Estatal de Investigación y Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General, todos del Estado de Puebla, no negaron la existencia del acto reclamado de manera expresa, pues habían aceptado la existencia de la diversa orden de captura emitida en la causa penal 243/2017, emitida por diversa autoridad, que, a modo colaboración, debían ejecutar. A diferencia de ello, si bien las órdenes de aprehensión emanaron de autoridades jurisdiccionales con sede en el Estado de Durango, dentro del presente juicio de amparo las señaladas autoridades ejecutoras negaron rotundamente la existencia de los actos que se les reclamaron -cumplimiento de la orden de aprehensión dictada en la causa penal 89/2018-; de ahí que los hechos fácticos que se tomaron en consideración en la ejecutoria en cita, sean diversos a los que se analizan en el presente asunto. No obstante lo anterior, también es preciso indicar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 571/2012, en la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), de rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE." sustancialmente determinó lo siguiente: a) Que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la ley de la materia abrogada, era inconcuso que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Que derivado de lo anterior, se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso podría tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. c) Que dada la naturaleza de las órdenes de aprehensión y detención, en el sentido de que requieren ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto era aquél que tuviera jurisdicción en donde se tratara de ejecutar, lo cual podría ocurrir en cualquier lugar en donde pudiera localizarse la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, -se señaló- su propio domicilio. d) Que en relación con lo último, si el quejoso aseguraba en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que correspondía a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promovió la demanda, resultaba evidente que, aun cuando aquél no realizara el señalamiento expreso de qué autoridades ejecutoras tenían residencia en ese sitio, eso no implicaba que tal juzgador careciera de competencia, siempre que el quejoso, previa prevención, aclarara su demanda e hiciera el señalamiento condigno. e) Se reiteró que el domicilio no era suficiente para justificar la competencia, de ahí que la aludida prevención fuera necesaria. f) A lo anterior, se agregó que no se modificaba el criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso era un factor que determinara la competencia del juez de distrito, pues de adoptarse una postura contraria, implicaría dejar al arbitrio del demandante la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover. g) Que las directrices para determinar la competencia del órgano de amparo podrían apreciarse de diversa manera en el momento en el que se presenta la demanda de amparo y cuando se resuelve el asunto en audiencia constitucional, pues en el primer momento aludido, no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. En ese tenor, se advierte que dicha Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejó claro que el domicilio no es un factor determinante para establecer la competencia de un juez de distrito, en las hipótesis que actualmente establecen los párrafos primero y segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo, sino un dato de inferencia para que el juez, al recibir la demanda de amparo, dé la oportunidad al quejoso de regularizar su demanda, en el caso de que no realice el señalamiento de las autoridades que pudieran ejecutar el acto con residencia en donde se encuentra su domicilio. Lo que no implica que a la postre, el juez de amparo, al celebrar la audiencia constitucional, no pueda declararse incompetente para conocer del asunto por razón de territorio si las autoridades "encargadas de ejecutar el acto", con la misma residencia que su domicilio, negaron rotundamente el acto reclamado y el quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas. Además, este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 217 de la ley de la materia, no se encuentra vinculado con el sentido del fallo emitido en el conflicto competencial 8/2018, pues se trata de un criterio aislado. Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo, el suscrito muy respetuosamente, no comparte las consideraciones que tuvo el juez oficiante para declinar competencia legal para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por Erick Alejandro Escalona Valladoli, contra las autoridades 1. Juzgado Décimo Cuarto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango; 2. Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial, con residencia en Durango, 3. Comandante de la Unidad de Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Policía Investigadora de Delios de la Fiscalía General del Estado de Durango y 4. Comandante de la Policía Investigadora de Delitos de la Unidad de Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Durango, consistente en: La orden de aprehensión decretada en su contra en el cuadernillo penal 89/2018, por el delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 210 y 212, fracción V, del Código Penal para el Estado de Durango, cometido en agravio de María Guadalupe Cumplido Rivera. Del 5. Fiscal General del Estado de Puebla, 6. Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 7. Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla: Su ejecución. En tal virtud, al existir diferencia entre ambos criterios, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento lo anterior al juzgado oficiante y remítanse los autos originales del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, a fin de que resuelva el conflicto competencial suscitado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y solicítese respetuosamente al Tribunal Colegiado el acuse de recibo respectivo. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TERCERA INTERESADA. Ahora bien, tomando en consideración que la tercera interesada María Guadalupe Cumplido Rivera, tiene como domicilio para para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 5 de Febrero número mil setecientos (1700) oriente, colonia Burócrata, de la Ciudad de Durango, en consecuencia, y, atento a que el referido domicilio se encuentra ubicado fuera de la circunscripción de éste Juzgado Federal; con fundamento en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, líbrese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en el Estado de Durango, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que realice lo siguiente: a) Notifique este auto a María Guadalupe Cumplido Rivera, quien tiene el carácter de tercera interesada, en el domicilio antes mencionado. b) Le corra traslado con copia autorizada del presente proveído. c) La requiera en el acto de la diligencia o les haga saber que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, señalen domicilio donde reciban sus notificaciones en esta ciudad o en la ciudad de Puebla. Apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, se les harán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley de Amparo. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de dicha diligencia. Así, de conformidad al Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia y se autoriza a Nahieli Avendaño Palacios, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal para que sea la encargada del envío de dicha comunicación oficial. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio 483/2019, signado por el actuario adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, con sede en la ciudad del mismo nombre, por medio del cual comunica el acuerdo de veintidós de enero de dos mil diecinueve, dictado por el titular de dicho órgano jurisdiccional; asimismo, remite el juicio de amparo indirecto 1692/2018-1 de su índice, y un cuaderno incidental derivado de dicho asunto. Del contenido de dicho acuerdo se aprecia que el juez Tercero de Distrito en el Estado de Durango, con sede en la ciudad del mismo nombre, se avocó al conocimiento del asunto en atención a que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, en cumplimiento a la consulta resuelta el nueve de enero de dos mil diecinueve, por el Secretario Técnico encargado de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio SECNO/79/2019, en la que consideró que en relación al criterio general de relación previsto en la fracción II del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, correspondía a ese Juzgado conocer del juicio de amparo 1692/2018 de su índice. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 82/2019-E; cámbiense las carátulas respectivas. Lo anterior, pues si bien es cierto que el juez dirige dicha comunicación al juicio de amparo 900/2018 del índice de este Juzgado; también lo es que, en dicho asunto este juzgador, por sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para seguir conociendo del asunto. Juicio de amparo que le correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, con sede en la ciudad del mismo nombre, quien por auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho, se avocó al conocimiento del asunto y aceptó la competencia planteada; por ende, este juzgado en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, ordenó el archivo del asunto como concluido. De levantar el archivo decretado por este juzgador en el juicio de amparo 900/2018, contravendrían las garantías del debido proceso y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que el quejoso no tendría certeza de qué autoridad es la que tramitará el juicio que promovió, pues a discreción y en cualquier momento procesal, se analizarían cuestiones relativas a la competencia; máxime que, no puede revocar sus propias determinaciones. En ese sentido, toda vez que el turno del asunto que se estudia fue remitido directamente a la oficina de correspondencia de este órgano jurisdiccional, a fin de compensar la carga laboral, se requiere al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, para que remita la boleta de turno que corresponda, envíese para tal efecto copia autorizada de la demanda de amparo y del oficio 483/2019 remitido por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, con sede en la Ciudad del mismo nombre. Por otra parte, el juez Tercero de Distrito en el Estado de Durango, con sede en la ciudad del mismo nombre, en el oficio de cuenta informa que no acepta la competencia declinada por este Juzgado de Distrito, en sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo 900/2018 del índice de este órgano jurisdiccional. El juez de Distrito sustentó su determinación en el sentido de que el quejoso, en el capítulo de antecedentes de la demanda de garantías expresó lo siguiente: "1. Soy un ciudadano poblano y también vecino de este municipio de Puebla, con un modo honesto de vivir que jamás he tenido problemas ni con la autoridad no con la ley menos he cometido un delito o participado en algún hecho ilícito y sin embargo, por personas dignas de fe tuve el conocimiento de que el día catorce de mayo del año en curso, se presentaron a mi domicilio ubicado en Privada Monterrey 71, colonia San Rafael Oriente, Puebla." Asimismo, refirió que el promovente del amparo Erick Alejandro Escalona Valladolid, reclama la orden de aprehensión librada en su contra, y precisó ".la ejecución de algún oficio de colaboración que les haya sido dirigido por las autoridades ordenadoras, con fundamento en las cláusulas Décima, Décima Segunda y Décima Quinta del CONVENIO de Colaboración que celebran la Procuraduría General de Justicia de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de Noviembre de 2012, y cualquier otro acto que hayan realizado con la finalidad de ejecutar la mencionada orden y oficio de colaboración." Que si el hoy inconforme Erick Alejandro Escalona Valladolid, decidió presentar su demanda de amparo ante el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el Estado de Puebla, es evidente que le corresponde su conocimiento al Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo. De igual forma, el juez de Distrito sostuvo que similar criterio determinó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, en el conflicto competencial 8/2018, relativo al juicio de amparo 907/2018, del índice administrativo del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. Bajo ese contexto, este Juzgador, muy respetuosamente, no comparte el criterio sostenido por el Juzgado declinante en el oficio que se recibe, ya que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. En primer término, para una mejor comprensión de las razones por las cuales este juzgado Federal adopta esa determinación, es menester citar las actuaciones que se llevaron a cabo en el juicio de amparo indirecto 900/2018-B del índice de este Juzgado de Distrito, a saber: Del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que Erick Alejandro Escalona Valladoli, esencialmente reclamó lo siguiente: Del 1. Juzgado Décimo Cuarto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango; 2. Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial, con residencia en Durango, 3. Comandante de la Unidad de Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Policía Investigadora de Delios de la Fiscalía General del Estado de Durango y 4. Comandante de la Policía Investigadora de Delitos de la Unidad de Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Durango: La orden de aprehensión decretada en su contra en el cuadernillo penal 89/2018, por el delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 210 y 212, fracción V, del Código Penal para el Estado de Durango, cometido en agravio de María Guadalupe Cumplido Rivera. Del 5. Fiscal General del Estado de Puebla, 6. Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 7. Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla: Su ejecución. En ese sentido, se actualiza el principio genérico de competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Establecido lo anterior, de autos se aprecia que no existe razón legal que conduzca a fincar la competencia en este Juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de garantías, toda vez que la orden de aprehensión aquí controvertida no se ejecutará en el Estado de Puebla, pues de los informes justificados rendidos por el 5. Fiscal General del Estado de Puebla, 6. Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 7. Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se advierte que negaron la existencia de la ejecución reclamada. En cambio, el 4. Comandante de la Policía Investigadora de Delitos de la Unidad de Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Durango, aceptó la existencia de la ejecución del mandamiento de captura reclamado. Luego, si en el particular las autoridades responsables ejecutoras residentes en la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, que en principio generó la competencia de este Órgano de Control Constitucional, negaron la existencia de la ejecución reclamada y la parte quejosa no desvirtuó tal negativa, pese a que se le dio vista al respecto en autos de veintiocho de septiembre y uno de octubre de dos mil dieciocho, es evidente que la ejecución del acto reclamado tendrá verificativo en el Estado de Durango. De ahí que, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, carece de competencia legal para seguir conociendo de dicho juicio de garantías, en razón de territorio, porque la misma corresponde a un Juez de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en Durango. Cobran aplicabilidad las Jurisprudencias del Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda. " "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente." Sin que se oponga a lo anterior, el hecho de que el quejoso haya señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones un lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, y haya manifestado que es un ciudadano poblano, vecino del municipio de Puebla, y que tiene su domicilio ubicado en Privada Monterrey 71, colonia San Rafael Oriente, Puebla, pues la competencia de un Juzgado de Distrito no la determina el domicilio del quejoso, sino el lugar donde residan las autoridades ejecutoras que hayan aceptado el acto, ya que la competencia es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino que debe determinarse de acuerdo a los lineamientos que marca la ley. Tiene apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor siguiente: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar. " De igual forma, sirve de apoyo el criterio de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras. " Además, tratándose de orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, por tanto, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues por regla general es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia PC. I.P. J/39 P(10ª.) , la cual comparte este Juzgador, emitida por Plenos de Circuito, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución". Por tal motivo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, no comparte los motivos expuesto por el juez Tercero de Distrito en el Estado de Durango, con sede en la ciudad del mismo nombre. No se desatiende que el juez de Distrito citado, destacó la manifestación del quejoso en el sentido de que es un ciudadano poblano, vecino del municipio de Puebla, y que tiene su domicilio ubicado en Privada Monterrey 71, colonia San Rafael Oriente, Puebla, y que resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y localización siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE PUEDE EJECUTARSE EN EL DISTRITO DONDE SE UBICA EL DOMICILIO PARTICULAR DEL QUEJOSO O EN EL DEL LUGAR DONDE ÉSTE SE ENCUENTRE. CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE ESAS JURISDICCIONES, A PREVENCIÓN" Jurisprudencia XIII.P.A. J/1 (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3100, Décima Época, registro 2016328. Sin embargo, el suscrito no comparte dicho criterio toda vez que como la reiterado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias, el domicilio no es un factor para determinar la competencia del juez de distrito por razón de territorio, sino un dato que aporta el quejoso para inferir que el acto reclamado podría tener ejecución en una determinada entidad federativa, razón por la que el juzgador de amparo, con base en dicha información, debe integrar la litis por medio de una prevención a las autoridades ejecutoras . Y, una vez que emplazadas dichas autoridades deberá estarse en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, es decir, en caso de que estas autoridades nieguen el acto reclamado, la carga de la prueba para desvirtuar dichas negativas recaen en la parte quejosa, de modo que el promovente del amparo debe aportar elementos de convicción idóneos para demostrar que la ejecución del acto reclamado se está verificando en el Circuito judicial donde tiene su domicilio. Ciertamente, en el caso, la hipótesis que se actualiza es la contenida en el primer párrafo del 37, ley de la materia, pues el quejoso durante el trámite del juicio de amparo no desvirtuó las negativas de las autoridades ejecutoras con residencia en el Estado de Puebla, ni probó la existencia de la colaboración a que hizo mención en su escrito de demanda; por lo que puede existir una razón fundada de que el acto reclamado se esté ejecutando en diversos lugares al en que se emitió el acto reclamado. De manera que, la hipótesis contenida en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, no pueda considerarse actualizada, pues se insiste no está demostrado que se está ejecutando la orden de captura en el Estado de Puebla, al no desvirtuarse la negativa de las autoridad ejecutoras con residencia en dicha entidad federativa, en donde éste juzgado ejerce jurisdicción, y el hecho de que el domicilio se ubique en ese sitio no es un factor determinante. Considerar lo contrario, se dejaría al arbitrio del quejoso presentar su demanda de amparo en el lugar donde éste lo considere. Por otro lado, no se desatiende el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el conflicto competencial 8/2018 del índice de este juzgado, en donde determinó que el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla era competente para conocer del juicio de amparo 907/2018, en donde el propio quejoso Erick Alejandro Escalona Valladoli, reclamó del Juez Tercero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, la orden de aprehensión dictada el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 704/2018, y su ejecución. Al respecto, debe decirse que este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sustentado por dicho Tribunal Colegiado. Se explica. Primero, en dicha ejecutoria -a juicio del Tribunal- se estimó que las autoridades responsables ejecutoras -con residencia del Estado de Puebla-, esto es, agente del Ministerio Público en representación del Fiscal General, Director General de la Agencia Estatal de Investigación y Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General, todos del Estado de Puebla, no negaron la existencia del acto reclamado de manera expresa, pues habían aceptado la existencia de la diversa orden de captura emitida en la causa penal 243/2017, emitida por diversa autoridad, que, a modo colaboración, debían ejecutar. A diferencia de ello, si bien las órdenes de aprehensión emanaron de autoridades jurisdiccionales con sede en el Estado de Durango, dentro del presente juicio de amparo las señaladas autoridades ejecutoras negaron rotundamente la existencia de los actos que se les reclamaron -cumplimiento de la orden de aprehensión dictada en la causa penal 89/2018-; de ahí que los hechos fácticos que se tomaron en consideración en la ejecutoria en cita, sean diversos a los que se analizan en el presente asunto. No obstante lo anterior, también es preciso indicar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 571/2012, en la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), de rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE." sustancialmente determinó lo siguiente: a) Que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la ley de la materia abrogada, era inconcuso que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Que derivado de lo anterior, se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso podría tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. c) Que dada la naturaleza de las órdenes de aprehensión y detención, en el sentido de que requieren ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto era aquél que tuviera jurisdicción en donde se tratara de ejecutar, lo cual podría ocurrir en cualquier lugar en donde pudiera localizarse la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, -se señaló- su propio domicilio. d) Que en relación con lo último, si el quejoso aseguraba en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que correspondía a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promovió la demanda, resultaba evidente que, aun cuando aquél no realizara el señalamiento expreso de qué autoridades ejecutoras tenían residencia en ese sitio, eso no implicaba que tal juzgador careciera de competencia, siempre que el quejoso, previa prevención, aclarara su demanda e hiciera el señalamiento condigno. e) Se reiteró que el domicilio no era suficiente para justificar la competencia, de ahí que la aludida prevención fuera necesaria. f) A lo anterior, se agregó que no se modificaba el criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso era un factor que determinara la competencia del juez de distrito, pues de adoptarse una postura contraria, implicaría dejar al arbitrio del demandante la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover. g) Que las directrices para determinar la competencia del órgano de amparo podrían apreciarse de diversa manera en el momento en el que se presenta la demanda de amparo y cuando se resuelve el asunto en audiencia constitucional, pues en el primer momento aludido, no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. En ese tenor, se advierte que dicha Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejó claro que el domicilio no es un factor determinante para establecer la competencia de un juez de distrito, en las hipótesis que actualmente establecen los párrafos primero y segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo, sino un dato de inferencia para que el juez, al recibir la demanda de amparo, dé la oportunidad al quejoso de regularizar su demanda, en el caso de que no realice el señalamiento de las autoridades que pudieran ejecutar el acto con residencia en donde se encuentra su domicilio. Lo que no implica que a la postre, el juez de amparo, al celebrar la audiencia constitucional, no pueda declararse incompetente para conocer del asunto por razón de territorio si las autoridades "encargadas de ejecutar el acto", con la misma residencia que su domicilio, negaron rotundamente el acto reclamado y el quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas. Lo anterior se destaca, pues el referido Tribunal Colegiado apoyó su decisión en la jurisprudencia citada; sin embargo, se estima que la interpretación que de ella obtuvo no es acorde con lo resuelto por el suscrito en el juicio de amparo de origen. Además, este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 217 de la ley de la materia, no se encuentra vinculado con el sentido del fallo emitido en el conflicto competencial 8/2018, pues se trata de un criterio aislado. Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo, el suscrito muy respetuosamente, no comparte las consideraciones que tuvo el juez oficiante para declinar competencia legal para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por Erick Alejandro Escalona Valladoli, contra las autoridades 1. Juzgado Décimo Cuarto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango; 2. Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial, con residencia en Durango, 3. Comandante de la Unidad de Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Policía Investigadora de Delios de la Fiscalía General del Estado de Durango y 4. Comandante de la Policía Investigadora de Delitos de la Unidad de Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Durango, consistente en: La orden de aprehensión decretada en su contra en el cuadernillo penal 89/2018, por el delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 210 y 212, fracción V, del Código Penal para el Estado de Durango, cometido en agravio de María Guadalupe Cumplido Rivera. Del 5. Fiscal General del Estado de Puebla, 6. Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 7. Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla: - Su ejecución. En tales condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se deje en autos con las constancias necesarias, devuélvase el expediente recibido, así como el cuaderno incidental; solicítese atentamente el acuse de recibo respectivo. DOMICILIO. Como lo solicita la parte quejosa, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales por lista de acuerdos. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Arael Méndez Crisanto y Cesar Molina Vázquez, atento a que después de consultar el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, se constató que sí cuentan con cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. TERCERA INTERESADA. Ahora bien, tomando en consideración que la tercera interesada María Guadalupe Cumplido Rivera, tiene como domicilio para para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 5 de Febrero número mil setecientos (1700) oriente, colonia Burócrata, de la Ciudad de Durango, en consecuencia, y, atento a que el referido domicilio se encuentra ubicado fuera de la circunscripción de éste Juzgado Federal; con fundamento en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, líbrese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en el Estado de Durango, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que realice lo siguiente: a) Notifique este auto a María Guadalupe Cumplido Rivera, quien tiene el carácter de tercera interesada, en el domicilio antes mencionado. b) Le corra traslado con copia autorizada del presente proveído. c) La requiera en el acto de la diligencia o les haga saber que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, señalen domicilio donde reciban sus notificaciones en esta ciudad o en la ciudad de Puebla. Apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, se les harán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley de Amparo. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de dicha diligencia. Así, de conformidad al Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia y se autoriza a Nahieli Avendaño Palacios, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal para que sea la encargada del envío de dicha comunicación oficial. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.

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