Erick Alejandro Escalona Valladolid

Expediente 58/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
58/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
20/04/2023

Partes del expediente

  • Erick Alejandro Escalona Valladolid

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de abril de dos mil veintitrés. COMUNICACIÓN. A sus autos, el oficio III-1810/2023, signado por la Secretaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial 6/2023, de su índice, suscitado por este Juzgado de Distritito, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango y el Juzgado Cuarto de Distrito de Distrito en el Estado de Oaxaca, dentro del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, en el que la autoridad revisora resolvió: Consecuentemente, acúsese el recibo de estilo correspondiente al Tribunal de alzada, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, este expediente es susceptible de destrucción transcurridos seis meses contados a partir del presente auto, de conformidad con el artículo 20, inciso c, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este cuadernillo. NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PROMOVENTE RECLUIDO. Ahora bien, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, comisiónese a la persona actuaria de la adscripción para que notifique personalmente al promovente por conducto de sus autorizados en términos amplios, el presente auto en el domicilio designado para tal efecto, ya que en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas a dicho peticionario de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a/J. 104/2022 (11a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable. INTEGRACIÓN DE EXPEDEINTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso de este cuaderno de antecedentes y ordena el archivo de este asunto. Notifíquese personalmente al promovente por conducto de sus autorizados en términos amplios; y, por oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito (en vía de acuse).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil veintitrés. COMUNICACIÓN. A los autos, el oficio III-702/2023 proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, a través del cual, informa que por auto de presidencia de mencionado órgano colegiado, en dieciséis de febrero pasado, se admitió a trámite el conflicto competencial planteado en trece del mes y año que transcurren; además, refiere que radicó dicha contienda con el número 6/2023 de su acervo. De lo que este órgano de Control Constitucional directo queda enterado, para los efectos legales procedentes. INTEGRACIÓN DE EXPEDEINTE. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución no se integrará al expediente físico pues no es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Cúmplase.

  3. Principal

    13-02-2023 A los autos, el oficio 6032/2023 proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, con anexo, a través del cual, devuelve el juicio de amparo 187/2023-XI-3 de su índice, formado con el diverso 58/2023 de esta estadística; y, manifiesta que no acepta la competencia declinada en treinta y uno de enero de dos mil veintitrés., acúsese el recibo correspondiente.********************SE PLANTEA CONFLICTO COMPETENCIAL.********************Al respecto, en proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, este Juzgado determinó carecer de competencia para conocer del asunto de que se trata, atendiendo a las siguientes consideraciones:****************************************"En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen:********************"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:********************(.)********************VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;********************(.)".********************"Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.********************Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.********************Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda".********************"Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.********************Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente."********************Al respecto existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente:********************"COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". ********************"COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo".********************Ahora, de la intelección de los normativos y criterios apuntados, se obtienen tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito:********************a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; y se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución.********************b) La segunda hipótesis, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, y continúa ejecutándose en otro, el juez Federal de cualquiera de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. ********************c) La tercera hipótesis, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.********************Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se debe hacer el análisis del acto reclamado, de los hechos contenidos en la demanda, y de las constancias con las que se cuente.********************Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I.1o.A.44 A, de rubro y texto:********************"COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." ********************En ese aspecto, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo.********************En el particular, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama lo siguiente:********************"[.] ********************IV. ACTO RECLAMADO: A) Lo hago consistir en la orden de citación, comparecencia y/o aprehensión que ha girado la responsable Juez de Control de Tanivet, ubicado en San Francisco Tanivet, de la ciudad de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; dentro de las causas penales números ********************.********************B) Las diversas órdenes de citación, comparecencia y/o aprehensión que hayan girado las responsables independientemente de la señalada en el párrafo que antecede.********************C) El ejercicio de la acción penal que pretenden las responsables, cuando el conflicto se deriva de un asunto de naturaleza civil y no penal como lo pretenden hacer valer las responsables.********************[.]"********************Y señala como autoridades responsables a las siguientes: ********************"III. - AUTORIDADES RESPONSABLES.******************** AUTORIDAD ORDENADORA: ********************1. Agente del Ministerio Público encargada de la Coordinación del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. ********************2. Fiscal Investigador encargado de la mesa nueve del Sector Metropolitano adscrito a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.********************3. Ciudadano Juez de Control de Tanivet, ubicado en San Francisco Tanivet, de la ciudad de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.********************4. Ciudadana Jueza de Control de Tanivet, Licenciada Marta Santiago Sánchez, con domicilio el ubicado en San Francisco Tanivet, de la ciudad de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.********************5. Ciudadana Jueza de Control de Tanivet, Licenciada Concepción Ayala Dionicio, con domicilio el ubicado en San Francisco Tanivet, de la ciudad de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.********************6. Ciudadano Juez de Control de Cuicatlán, Oaxaca.********************7. Ciudadano Juez de Control de Ejutla de Crespo, Oaxaca.********************8. Ciudadano Juez de Control de Huajapan, Oaxaca.********************9. Ciudadano Juez de Control de Ixtlán, Oaxaca. ********************10. Ciudadano Juez de Control de Juchitán, Oaxaca. ********************11. Ciudadano Juez de Control de Matias Romero, Oaxaca. ********************12. Ciudadano Juez de Control de Miahuatlán, Oaxaca. ********************13. Ciudadano Juez de Control de Nochixtlán, Oaxaca. ********************14. Ciudadano Juez de Control de Pinotepa, Oaxaca. ********************15. Ciudadano Juez de Control de Pochutla, Oaxaca. ********************16. Ciudadano Juez de Control de Puerto Escondido, Oaxaca.********************17. Ciudadano Juez de Control de Putla, Oaxaca. ********************18. Ciudadano Juez de Control de Salina Cruz, Oaxaca. ********************19. Ciudadano Juez de Control de Sola de Vega, Oaxaca. ********************20. Ciudadano Juez de Control de Tehuantepec, Oaxaca. ********************21. Ciudadano Juez de Control de Tlaxiaco, Oaxaca.********************22. Ciudadano Juez de Control de Tuxtepec, Oaxaca.********************23. Fiscal General del Estado de Oaxaca.********************24. Agente del Ministerio Público encargada de la Coordinación del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.********************AUTORIDADES EJECUTORAS. ********************Director del Centro de Reinserción Social en la ciudad de Oaxaca. Agencia Estatal de Investigación de Oaxaca a través de su personal. [.]"********************Actos que reclama de autoridades con residencia fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito y además el quejoso, manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente:********************"[.] V. - PROTESTA LEGAL. - Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los hechos que en seguida se narran son ciertos.********************HECHOS********************1. - Que actualmente me encuentro recluido en el Centro de Readaptación Social de la ciudad de Durango, sujeto a un procedimiento en donde aún no se dicta sentencia definitiva.********************2. - Con fecha cinco de enero del presente año dos mil veintitrés se presentaron a las oficinas del Centro de Readaptación Social de la ciudad de Durango, lugar en donde me encuentro recluido y me informaron que se había iniciado una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en el sector metropolitano a la cual se le asignó el número ********************, por el delito de retención ilícito previsto y sancionado por el artículo ******************** del Código Penal de Oaxaca.********************3.- Carpeta en la cual el Agente del ministerio Público de la mesa número nueve del sector metropolitano, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, solicito al Juez de Control la celebración de una audiencia inicial, previa autorización o visto bueno de parte de la Agente del Ministerio Público encargada de la Coordinación del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.********************4. - Por otra parte, el Juez de Control Tanivet, ubicado en San Francisco Tanivet, de la ciudad de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Señaló para la celebración de la audiencia inicial el día ********************, dentro de la causa penal número ********************.********************5.- Así mismo, fui informado que en dicha Fiscalía General del Estado de Oaxaca y de manera específica en la Coordinación del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a través de su coordinadora han iniciado otras carpetas de investigación en donde a través de funcionarios adscritos a dicha dependencia se estarán solicitando ordenes de citación, comparecencia y/o aprehensión en contra del suscrito sin que se hayan seguido las formalidades que exige la ley, todas estas por el delito de retención, ilícito previsto y sancionado por el artículo ******************** del Código Penal de Oaxaca.********************6.- Por otra parte, fui informado que a través del Juez de Control de San Francisco Tanivet, de la ciudad de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca han girado ordenes de citación, comparecencia y/o aprehensión, todo esto dentro de las causas penales números 784/2022, 898/2022, ********************, 897/2022 y 958/2022.********************7.- Es por lo anterior que también solicito que las responsables informen si tienen carpetas de investigación y/o causas penales a la ya señalada, en contra del suscrito ********************.********************8. - Por otra parte y como ha sido señalado bajo protesta de decir verdad que el suscrito ********************, no soy ni he/sido y mucho menos formado parte de una institución que dentro de su objeto social se dedique a labores financieras en calidad de socio, empleado, administrador, etcétera." [.]"********************Por lo que, tomando en cuenta dichas circunstancias, resulta que en el caso que nos ocupa, la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida en este distrito judicial, lo es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tenga lugar su ejecución, por lo que, no existe razón legal que conduzca a fincar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de amparo, toda vez que los actos reclamados no tienen ejecución en el Estado de Puebla, pues los mismos tienen ejecución en el Estado de Durango, pues el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de la ciudad de Durango; por lo que, resulta indudable que el Juez competente será el de aquella jurisdicción.********************Sin que se oponga a lo anterior el hecho de que el aquí promovente señala como su domicilio convencional en el lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, pues la competencia de un Juzgado de Distrito no la determina el domicilio para oír y recibir notificaciones, ni en su caso la dirección donde habita el promovente, sino el lugar donde se ha de ejecutar el acto reclamado, ya que la competencia es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino que debe determinarse de acuerdo a los lineamientos que marca la ley.********************Tiene apoyo a lo anterior, el criterio de rubro siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS".********************En tales condiciones, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, declara carecer de legal competencia para conocer y resolver sobre la referida demanda de garantías y la declina a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Durango, en turno, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de Circuito, y de los juzgados de Distrito."****************************************Por su parte, del oficio de cuenta, se advierte que los argumentos que condujeron al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, a no aceptar la competencia, los hizo consistir en:********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************[.]****************************************************************************************************Sin embargo, de manera respetuosa, a juicio de este juzgador federal, se considera pertinente insistir en la competencia planteada, circunstancia que genera un conflicto competencial entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango.********************Ahora bien, a efecto de sostener el criterio de este Juzgado de Distrito, se manifiesta lo siguiente:********************Como se indicó, la competencia es una cuestión de orden público, que previamente debe analizarse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte resolución que ponga fin a la instancia. ********************En el particular, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama lo siguiente:********************- Las órdenes de citación, comparecencia y/o aprehensión libradas en su contra y su ejecución.********************En ese sentido, en el presente asunto se actualiza el principio genérico de competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. ********************Lo anterior es así, toda vez que la orden de aprehensión aquí controvertida no se ejecuta, trata de ejecutar, ni se ejecutará en el Estado de Puebla, pues el aquí quejoso no se encuentra en el Estado de Puebla, sino en el Estado de Durango, lugar donde está recluido el quejoso.********************Pues el aquí quejoso refirió en su escrito de demanda, que actualmente se encuentran privado de su libertad personal en el Centro de Readaptación Social de Durango, entonces, resulta evidente que la ejecución del acto reclamado (orden de aprehensión) no tiene verificativo en el Estado de Puebla, sino en Oaxaca.********************Además, se comparte la siguiente jurisprudencia:********************"COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida.********************De ahí, que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, carezca de competencia legal para conocer de este juicio de amparo, por razón de territorio.********************Por tanto, de manera respetuosa, a juicio de este juzgado federal, se insiste que la competencia para conocer de la presente demanda le asiste al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango..********************En consecuencia, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo; 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la fracción II, del punto Cuarto del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de trece de mayo de dos mil trece, relativo a la determinación de los adjuntos que el Pleno conserva para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se ordena remitir los presentes autos (juicio de amparo 187/2023-XI-3 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, formado con motivo del diverso 58/2023 de este índice) al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en turno, a fin de que determine a qué órgano constitucional le corresponde substanciar el juicio de amparo promovido por ********************.********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y comuníquese lo aquí acordado al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango.********************SE RESERVAN ACORDAR DIVERSOS PRONUNCIAMIENTOS HASTA EN TANTO SE DEFINA AL ÓRGANO COMPETENTE.********************Se reserva proveer lo relativo a los autorizados en términos amplios y restringidos; y, domicilio para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto se defina al juzgado federal competente para conocer del presente asunto.********************EXPEDIENTE FÍSICO.********************Finalmente, en términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que el presente acuerdo no se integrará al expediente físico pues no es indispensable para el impulso del expediente en que se actúa.****************************************Notifíquese personalmente a la parte promovente por conducto de sus autorizados en términos amplios; y por oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, así como a la autoridad declinante.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Rafael Torres Campos, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe.********************[Firma electrónica]. [Firma electrónica].****************************************Jorge Isaac********************En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste.********************[Firma electrónica].********************El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe.********************[Firma electrónica].

  4. Principal

    (AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 13 DE FEBRERO DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: 13-02-2023 A los autos, el oficio 6032/2023 proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, con anexo, a través del cual, devuelve el juicio de amparo 187/2023-XI-3 de su índice, formado con el diverso 58/2023 de esta estadística; y, manifiesta que no acepta la competencia declinada en treinta y uno de enero de dos mil veintitrés., acúsese el recibo correspondiente.********************SE PLANTEA CONFLICTO COMPETENCIAL.********************Al respecto, en proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, este Juzgado determinó carecer de competencia para conocer del asunto de que se trata, atendiendo a las siguientes consideraciones:****************************************"En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen:********************"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:********************.)********************VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;********************.)".********************"Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.********************Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.********************Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda".********************"Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.********************Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente."********************Al respecto existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente:********************"COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". ********************"COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo".********************Ahora, de la intelección de los normativos y criterios apuntados, se obtienen tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito:********************a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; y se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución.********************b) La segunda hipótesis, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, y continúa ejecutándose en otro, el juez Federal de cualquiera de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. ********************c) La tercera hipótesis, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.********************Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se debe hacer el análisis del acto reclamado, de los hechos contenidos en la demanda, y de las constancias con las que se cuente.********************Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I.1.A.44 A, de rubro y texto:********************"COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." ********************En ese aspecto, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo.********************En el particular, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama lo siguiente:********************"[.] ********************IV. ACTO RECLAMADO: A) Lo hago consistir en la orden de citación, comparecencia y/o aprehensión que ha girado la responsable Juez de Control de Tanivet, ubicado en San Francisco Tanivet, de la ciudad de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; dentro de las causas penales números********************.********************B) Las diversas órdenes de citación, comparecencia y/o aprehensión que hayan girado las responsables independientemente de la señalada en el párrafo que antecede.********************C) El ejercicio de la acción penal que pretenden las responsables, cuando el conflicto se deriva de un asunto de naturaleza civil y no penal como lo pretenden hacer valer las responsables.********************.]"********************Y señala como autoridades responsables a las siguientes: ********************"III. - AUTORIDADES RESPONSABLES.******************** AUTORIDAD ORDENADORA: ********************1. Agente del Ministerio Público encargada de la Coordinación del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. ********************2. Fiscal Investigador encargado de la mesa nueve del Sector Metropolitano adscrito a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.********************3. Ciudadano Juez de Control de Tanivet, ubicado en San Francisco Tanivet, de la ciudad de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.********************4. Ciudadana Jueza de Control de Tanivet, Licenciada Marta Santiago Sánchez, con domicilio el ubicado en San Francisco Tanivet, de la ciudad de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.********************5. Ciudadana Jueza de Control de Tanivet, Licenciada Concepción Ayala Dionicio, con domicilio el ubicado en San Francisco Tanivet, de la ciudad de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.********************6. Ciudadano Juez de Control de Cuicatlán, Oaxaca.********************7. Ciudadano Juez de Control de Ejutla de Crespo, Oaxaca.********************8. Ciudadano Juez de Control de Huajapan, Oaxaca.********************9. Ciudadano Juez de Control de Ixtlán, Oaxaca. ********************10. Ciudadano Juez de Control de Juchitán, Oaxaca. ********************11. Ciudadano Juez de Control de Matias Romero, Oaxaca. ********************12. Ciudadano Juez de Control de Miahuatlán, Oaxaca. ********************13. Ciudadano Juez de Control de Nochixtlán, Oaxaca. ********************14. Ciudadano Juez de Control de Pinotepa, Oaxaca. ********************15. Ciudadano Juez de Control de Pochutla, Oaxaca. ********************16. Ciudadano Juez de Control de Puerto Escondido, Oaxaca.********************17. Ciudadano Juez de Control de Putla, Oaxaca. ********************18. Ciudadano Juez de Control de Salina Cruz, Oaxaca. ********************19. Ciudadano Juez de Control de Sola de Vega, Oaxaca. ********************20. Ciudadano Juez de Control de Tehuantepec, Oaxaca. ********************21. Ciudadano Juez de Control de Tlaxiaco, Oaxaca.********************22. Ciudadano Juez de Control de Tuxtepec, Oaxaca.********************23. Fiscal General del Estado de Oaxaca.********************24. Agente del Ministerio Público encargada de la Coordinación del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.********************AUTORIDADES EJECUTORAS. ********************Director del Centro de Reinserción Social en la ciudad de Oaxaca. Agencia Estatal de Investigación de Oaxaca a través de su personal. [.]"********************Actos que reclama de autoridades con residencia fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito y además el quejoso, manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente:********************"[.] V. - PROTESTA LEGAL. - Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los hechos que en seguida se narran son ciertos.********************HECHOS********************1. - Que actualmente me encuentro recluido en el Centro de Readaptación Social de la ciudad de Durango, sujeto a un procedimiento en donde aún no se dicta sentencia definitiva.********************2. - Con fecha cinco de enero del presente año dos mil veintitrés se presentaron a las oficinas del Centro de Readaptación Social de la ciudad de Durango, lugar en donde me encuentro recluido y me informaron que se había iniciado una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en el sector metropolitano a la cual se le asignó el número ********************, por el delito de retención ilícito previsto y sancionado por el artículo ******************** del Código Penal de Oaxaca.********************3.- Carpeta en la cual el Agente del ministerio Público de la mesa número nueve del sector metropolitano, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, solicito al Juez de Control la celebración de una audiencia inicial, previa autorización o visto bueno de parte de la Agente del Ministerio Público encargada de la Coordinación del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.********************4. - Por otra parte, el Juez de Control Tanivet, ubicado en San Francisco Tanivet, de la ciudad de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Señaló para la celebración de la audiencia inicial el día ********************, dentro de la causa penal número ********************.********************5.- Así mismo, fui informado que en dicha Fiscalía General del Estado de Oaxaca y de manera específica en la Coordinación del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a través de su coordinadora han iniciado otras carpetas de investigación en donde a través de funcionarios adscritos a dicha dependencia se estarán solicitando ordenes de citación, comparecencia y/o aprehensión en contra del suscrito sin que se hayan seguido las formalidades que exige la ley, todas estas por el delito de retención, ilícito previsto y sancionado por el artículo ******************** del Código Penal de Oaxaca.********************6.- Por otra parte, fui informado que a través del Juez de Control de San Francisco Tanivet, de la ciudad de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca han girado ordenes de citación, comparecencia y/o aprehensión, todo esto dentro de las causas penales números 784/2022, 898/2022, ********************, 897/2022 y 958/2022.********************7.- Es por lo anterior que también solicito que las responsables informen si tienen carpetas de investigación y/o causas penales a la ya señalada, en contra del suscrito ********************.********************8. - Por otra parte y como ha sido señalado bajo protesta de decir verdad que el suscrito ********************, no soy ni he/sido y mucho menos formado parte de una institución que dentro de su objeto social se dedique a labores financieras en calidad de socio, empleado, administrador, etcétera." [.]"********************Por lo que, tomando en cuenta dichas circunstancias, resulta que en el caso que nos ocupa, la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida en este distrito judicial, lo es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tenga lugar su ejecución, por lo que, no existe razón legal que conduzca a fincar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de amparo, toda vez que los actos reclamados no tienen ejecución en el Estado de Puebla, pues los mismos tienen ejecución en el Estado de Durango, pues el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de la ciudad de Durango; por lo que, resulta indudable que el Juez competente será el de aquella jurisdicción.********************Sin que se oponga a lo anterior el hecho de que el aquí promovente señala como su domicilio convencional en el lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, pues la competencia de un Juzgado de Distrito no la determina el domicilio para oír y recibir notificaciones, ni en su caso la dirección donde habita el promovente, sino el lugar donde se ha de ejecutar el acto reclamado, ya que la competencia es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino que debe determinarse de acuerdo a los lineamientos que marca la ley.********************Tiene apoyo a lo anterior, el criterio de rubro siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS".********************En tales condiciones, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, declara carecer de legal competencia para conocer y resolver sobre la referida demanda de garantías y la declina a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Durango, en turno, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de Circuito, y de los juzgados de Distrito."****************************************Por su parte, del oficio de cuenta, se advierte que los argumentos que condujeron al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, a no aceptar la competencia, los hizo consistir en:********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************[.]****************************************************************************************************Sin embargo, de manera respetuosa, a juicio de este juzgador federal, se considera pertinente insistir en la competencia planteada, circunstancia que genera un conflicto competencial entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango.********************Ahora bien, a efecto de sostener el criterio de este Juzgado de Distrito, se manifiesta lo siguiente:********************Como se indicó, la competencia es una cuestión de orden público, que previamente debe analizarse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte resolución que ponga fin a la instancia. ********************En el particular, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama lo siguiente:********************- Las órdenes de citación, comparecencia y/o aprehensión libradas en su contra y su ejecución.********************En ese sentido, en el presente asunto se actualiza el principio genérico de competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. ********************Lo anterior es así, toda vez que la orden de aprehensión aquí controvertida no se ejecuta, trata de ejecutar, ni se ejecutará en el Estado de Puebla, pues el aquí quejoso no se encuentra en el Estado de Puebla, sino en el Estado de Durango, lugar donde está recluido el quejoso.********************Pues el aquí quejoso refirió en su escrito de demanda, que actualmente se encuentran privado de su libertad personal en el Centro de Readaptación Social de Durango, entonces, resulta evidente que la ejecución del acto reclamado (orden de aprehensión) no tiene verificativo en el Estado de Puebla, sino en Oaxaca.********************Además, se comparte la siguiente jurisprudencia:********************"COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida.********************De ahí, que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, carezca de competencia legal para conocer de este juicio de amparo, por razón de territorio.********************Por tanto, de manera respetuosa, a juicio de este juzgado federal, se insiste que la competencia para conocer de la presente demanda le asiste al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango..********************En consecuencia, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo; 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la fracción II, del punto Cuarto del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de trece de mayo de dos mil trece, relativo a la determinación de los adjuntos que el Pleno conserva para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se ordena remitir los presentes autos (juicio de amparo 187/2023-XI-3 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, formado con motivo del diverso 58/2023 de este índice) al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en turno, a fin de que determine a qué órgano constitucional le corresponde substanciar el juicio de amparo promovido por ********************.********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y comuníquese lo aquí acordado al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango.********************SE RESERVAN ACORDAR DIVERSOS PRONUNCIAMIENTOS HASTA EN TANTO SE DEFINA AL ÓRGANO COMPETENTE.********************Se reserva proveer lo relativo a los autorizados en términos amplios y restringidos; y, domicilio para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto se defina al juzgado federal competente para conocer del presente asunto.********************EXPEDIENTE FÍSICO.********************Finalmente, en términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que el presente acuerdo no se integrará al expediente físico pues no es indispensable para el impulso del expediente en que se actúa.****************************************Notifíquese personalmente a la parte promovente por conducto de sus autorizados en términos amplios; y por oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, así como a la autoridad declinante.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Rafael Torres Campos, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano