Erick Alejandro Escalona Valladoli
Expediente 487/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 487/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Erick Alejandro Escalona Valladoli
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, primero de julio de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en funciones de Titular, por medio del cual acusa recibo del juicio de amparo 487/2019-B del índice de este juzgado, y copia certificada del cuaderno incidental, e informa que ese órgano de control constitucional se avocó al conocimiento del asunto, aceptando así la competencia planteada por este órgano jurisdiccional respecto del juicio de amparo promovido por Erick Alejandro Escalona Valladoli o Erik Alejandro Escalona Valladolid, quedando registrado bajo el expediente 887/2019-VII de su índice. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que este órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita. La misma suerte seguirá el cuaderno de antecedentes relativo al incidente de suspensión, al tratarse de un cuaderno auxiliar del presente juicio de garantías; es decir, es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir del presente auto, en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Asimismo, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, visto el estado que guardan los autos, aparece que en proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, aparece que se reservó acordar lo relativo al oficio remitido por el Juez Décimo Primero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial de Durango, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por medio del cual rinde informe justificado, con anexos, hasta en tanto este órgano de control constitucional tuviera conocimiento a qué juzgado de Distrito en turno en el Estado de Querétaro correspondería conocer de la incompetencia planteada. En esas condiciones, y como ha quedado satisfecho tal extremo, previa copia simple que obre en autos del presente cuaderno de antecedentes, remítase a la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en funciones de Titular, el informe justificado de la autoridad antes referida, así como los anexos consistentes en copia certificada del cuadernillo de orden de aprehensión 0329/2018 y un disco en formato versátil (DVD) que contiene la audiencia de trece de diciembre de dos mil dieciocho, en la causa penal 2759/2018 del índice del Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial, con sede en Durango (cuadernillo penal 329/2018), solicitando que de no haber inconveniente alguno acuse recibo de dichas constancias.
- Principal
PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, declara que carece de competencia legal por razón de territorio, para resolver el juicio de amparo promovido por Erick Alejandro Escalona Valladoli o Erik Alejandro Escalona Valladolid, en contra de los actos reclamados de la 1. Jueza Tercera de Control del Primer Distrito Judicial de Durango, Durango; 2. Fiscal General del Estado de Puebla; y, 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, consistentes en la orden de aprehensión librada el trece de diciembre de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 2759/2018 (cuadernillo de orden de aprehensión 329/2018); y, su ejecución, en los términos precisados en el considerando primero de esta resolución. SEGUNDO. Se declina la competencia para conocer del presente juicio de amparo a favor del Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro, a quien deberá remitirse el expediente en que se actúa y copia certificada del cuaderno incidental, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de junio de dos mil diecinueve. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los presentes autos el informe justificado de la autoridad responsable 1. Jueza Tercera de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial en Durango, por conducto del Juez Décimo Primero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, con el que da cuenta la secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, téngase a la autoridad oficiante manifestando que al comunicado que se provee anexa copia certificada del cuadernillo de orden de aprehensión 329/2018, de su estadística; sin embargo, al ser evidente que la misiva que se acuerda fue recibida vía electrónica, estese a la espera de su llegada vía ordinaria.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Visto, agréguese el oficio III-321/2019, signado por la Secretaria de Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con el que remite testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 89/2019 de su índice, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Patricio González Monroy, en contra de la sentencia de trece de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el presente juicio de amparo, así como los autos originales de dicho sumario, y dos tomos de pruebas; en consecuencia, acúsese recibo y agréguese a estos autos la constancias que en original obran el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto. Hágase del conocimiento de las partes la llegada de la ejecutoria de mérito, la cual se resolvió en los siguientes términos: "(.) PRIMERO. Se CONFIRMA la resolución recurrida. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a la JORGE PATRICIO GONZÁLEZ MONROY, contra el acto reclamado a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Especializada de Delitos Financieros del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, consistente en el auto dictado el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del triplicado abierto de la averiguación previaF692/2009/DMZS-V/AEDF-2/MIDFST, para los efectos precisados en los considerandos séptimo y octavo en la resolución que se revisa.} TERCERO. SE DECLARA SIN MATERIA el recurso de revisión adhesiva interpuesto por RITA ISABEL MENDOZA CEBALLOS (.)". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Especializada en Delitos Financieros del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, realizando lo siguiente: "Octavo. Efectos de la concesión del amparo. En términos del artículo 77, fracción I de la Ley de la Materia, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Jorge Patricio González Monroy, para el efecto de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Especializada de Delitos Financieros del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera su cumplimiento, en el plazo que se le otorgue, realice lo siguiente: 1) Deje insubsistente el acuerdo emitido el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del triplicado abierto de la averiguación previa 692/2009/DMZS-V/AEDF2/MIDFST, en donde se declaró procedente la negativa a prescribir la acción penal, solicitada por el quejoso mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil diecisiete. 2) En su lugar, con libertad de decisión, emita otra en la que si reitera el sentido de la determinación reclamada, deberá purgar los vicios de forma detectados en la presente sentencia; esto es: Precisar la naturaleza de la consumación del delito que se investiga en la averiguación previa, es decir, motivar si la conducta delictiva es de consumación instantánea, permanente (continua), o se trata de una conducta delictiva de consumación continuada, en términos de los artículos 17, 18 y 19 del código penal; Luego, si la conducta se trata de i) consumación instantánea, señalar la fecha exacta en la que se cometió el delito; si trata de ii) consumación permanente (continua), indicar si la consumación seguía dándose y actualizándose, así como la fecha en que, en su caso, cesó su consumación; o bien, si se trata de iii) consumación continuada, motivar los actos de los activos que acrediten las diversas conductas similares, así como la fecha en que se realizó la última conducta. Enseguida, analizar si la acción penal prescribió o no en los dos años a que alude la primera parte del numeral 133 del código penal, tomando en consideración 1) el momento en que haya estimado que comenzó a contarse el plazo de la prescripción, en términos del precepto 129, y 2) las fechas en las que se presentaron las querellas correspondientes. Consecuentemente, de estimar oportuna su presentación, estudiar el término de la prescripción a partir de la sanción máxima del delito de que se trate, que se cuenta una vez satisfecho el requisito de la formulación de la querella. Fundar y motivar por qué la promoción de los juicios de amparo promovidos por el quejoso en contra del aseguramiento de diversos inmuebles, constituye un impedimento legal y fáctico para declarar la prescripción de la acción penal, por lo que en caso de no existir deberá prescindir de dicho argumento. Señalar a qué cantidad equivalía el salario mínimo en la época en que supuestamente se dieron los hechos investigados, para que, una vez precisada, realice la operación aritmética correspondiente para constatar que el detrimento patrimonial encuadra en la hipótesis que prevé la fracción IV del artículo 403 del código penal. (.)". Así mismo, con fundamento en el artículo 192, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se requiere al superior jerárquico Fiscal General del Estado de Puebla, a fin de que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ordene a la referida autoridad Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Especializada en Delitos Financieros del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, dar cumplimiento en sus términos al fallo protector que se trata y remita a este Juzgado de Distrito las constancias necesarias a efecto de constatar que dio la señalada orden; precisando que deberá hacer uso de todas las medidas e incluso sanciones que tenga a su alcance conforme a las disposiciones aplicables, a efecto de que su inferior cumpla con la ejecutoria del presente juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se transcribe: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental, los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que debe hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que 'las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo'. De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer." Se apercibe a las citadas autoridades que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se les impondrá, de forma separada, una multa de cien veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisas al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerles la multa con la que se les apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurren en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículos 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo.
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