Eric Jesús Várguez Valle

Expediente 1211/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1211/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/08/2023

Partes del expediente

  • Eric Jesús Várguez Valle

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio signado vía electrónica en uso de la FIREL del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso Eric Jesús Várguez Valle, contra el auto dictado el ocho de agosto de dos mil veintitrés; el que quedó registrado con el número de recurso de queja 324/2023. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vistos los autos y el escrito de cuenta signado por el quejoso ERIK Jesús Várguez Valle, por medio del cual interpone recurso de queja contra el auto de ocho de agosto del dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que ES CIERTO que por auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, este órgano federal desechó la demanda del quejoso, por las razones que ahí se indicaron. En tal virtud, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; ocho de agosto de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad, que hace consistir, según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I de la Ley de Amparo, como facultad exclusiva del juzgador federal, en: - El acuerdo de veinte de julio de dos mil veintitrés, dictado en el expedientillo ********************, en el que esencialmente se determinó que no había lugar a acceder a la intervención judicial instada por el hoy quejoso, a fin de decretar la nulidad de los actos de investigación consistente en el examen médico ginecológico de fecha diecisiete de febrero del presente año y el informe aclaratorio de quince de junio siguiente, recabados en la carpeta de investigación ********************. FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1211/2023-IV-A, y anótese su ingreso en los Libros de Control del Sistema de Registro Electrónico de Expedientes de este Juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que les sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 8141, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" Del análisis integral de las porciones normativas transcritas, se desprende que la procedencia de la instancia constitucional contra actos de una autoridad judicial se da cuando el acto realizado en el procedimiento sea de imposible reparación, entendiéndose por estos, aquellos que afecten directa y materialmente derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Así, es el carácter de irreparable del acto la característica esencial que permite acudir al juicio de amparo indirecto, puesto que, de ser reparable en un acto posterior, como lo es en la resolución que decide la materia del juicio o procedimiento, tal juicio es improcedente. En el caso, el acto reclamado, en esencia, consiste en la decisión que asumió el Juez de control en el sentido de determinar que no había lugar a acceder a la intervención judicial instada por el hoy quejoso de decretar la nulidad de los actos de investigación consistentes en el examen médico ginecológico de fecha diecisiete de febrero del presente año y el informe aclaratorio de quince de junio siguiente, recabados por un fiscal en la etapa de investigación inicial del procedimiento penal. Por lo anterior, conviene traer a contexto algunas de las reglas procesales que rigen durante la etapa de investigación inicial. El Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 212 y 213 faculta al Ministerio Público que tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, para dirigir la investigación penal con la finalidad de obtener indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Asimismo, aun cuando los numerales 129, párrafo tercero y 216 del citado ordenamiento facultan a las víctimas a solicitar al Ministerio Público todos los actos de investigación que considere pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, con la posibilidad de que este último ordene que se lleven a cabo aquellos que considere conducentes, cierto es que esa facultad cuando puede verse trastocada no genera en automático la procedencia del juicio de amparo, sino que la posible afectación se condiciona a la decisión final que se asuma en el procedimiento de donde derive. Al respecto, en la investigación inicial el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé diversas formas de terminación, entre ellas: 1) Abstención de investigación -artículo 253-. Cuando los hechos no fueren constitutivos de delito o, cuando los antecedentes y datos permitan saber que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad del imputado. 2) Archivo temporal -artículo 254-. Se podrán archivar aquellas investigaciones en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación para realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos, ello en tanto se obtengan datos para continuar la investigación con el fin de ejercitar la acción penal. 3) No ejercicio de la acción penal -artículo 255-. Antes de la audiencia inicial, con autorización del Procurador o el servidor facultado para ello, se podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes se advierta que los hechos no constituyen un delito, o bien, se actualice alguna causa de sobreseimiento. 4) Aplicación del criterio de oportunidad -artículo 256-. Iniciada la investigación y previo al análisis objetivo de los datos que consten en la investigación, el ministerio público podrá abstenerse del ejercicio de la acción penal con base en la aplicación de los criterios de oportunidad y siempre que se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido. 5) Formulación de la imputación -artículo 307-. Si el ministerio público considera que de la carpeta de investigación se cuenta con elementos suficientes para acreditar el hecho constitutivo de delito y la probable responsabilidad del imputado, solicitará al juez de control que señale fecha para la celebración de la audiencia de formulación de imputación. Luego, si en el caso, el acto reclamado consiste en el proveído de veinte de julio de dos mil veintitrés, dictado en el expedientillo ********************, en el que el Juez de Control no accedió a la solicitud de decretar la nulidad de actos de investigación consistente en el examen médico ginecológico de fecha diecisiete de febrero del presente año y el informe aclaratorio de quince de junio siguiente, llevados a cabo en la etapa de investigación; es incuestionable que el juicio de amparo indirecto es improcedente, pues sus consecuencias no resultan de tal gravedad que le impidan el ejercicio de un derecho, dado que previo al análisis objetivo de los datos que consten en la investigación, el ministerio público podrá entre otras resoluciones, abstenerse de ejercer la acción penal, o bien, en su caso formular la imputación. De tal manera, que la determinación reclamada en el juicio de amparo no resulta ser un acto de imposible reparación, en tanto se dictó durante la etapa de investigación inicial, la cual puede concluir, como se anticipó con el dictado de diversas resoluciones ministeriales, las cuales se considerarían en su caso, una determinación definitiva en la cual se podría desentrañar la trascendencia de dicha violación, o bien, repararse con la puesta a disposición ante un juez para la formulación de imputación. Lo anterior es así, dado las diligencias llevadas a cabo durante la investigación inicial instruida ante el ministerio público, podrán sustentar el dictado de diversas determinaciones como son: abstención de la investigación, archivo temporal, no ejercicio de la acción penal, aplicación de un criterio de oportunidad. En ese sentido, se considera que es hasta el dictado de alguna de esas decisiones que realmente se generaría una afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues en el dictado de alguna de esas posibles resoluciones es donde se vería reflejada, por ejemplo, la falta de desarrollo de alguna diligencia. Por lo tanto, será hasta el dictado de la determinación del ministerio público -con independencia de que contra ello proceda o no algún medio de defensa ordinario-, que realmente se podría causar perjuicio en la esfera de derechos del investigado, pues hasta entonces se vería materializada la afectación de derechos sustantivos del gobernado afectado. Apoya la conclusión que precede, en lo conducente, por las razones que informa, el criterio que se comparte, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, mayo de 2018, Tomo III, página 2588, que dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LLEVAR A CABO LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN SOLICITADOS POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO EN ESTA ETAPA, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, AL NO SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE QUE AFECTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Durante la etapa de investigación inicial instruida ante el Ministerio Público -bajo el sistema penal acusatorio-, la víctima u ofendido del delito tiene el derecho de solicitar al representante social la realización de los actos de investigación que considere pertinentes, ante lo cual, éste tiene la facultad discrecional de ordenar la realización de los que estime conducentes, ello en términos de los artículos 109, fracción XVII, 129 y 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, la negativa a realizarlos constituye un acto emitido dentro de un procedimiento que no afecta derechos sustantivos de la víctima u ofendido por referirse, en esencia, al tema probatorio, y que, en caso de constituir una violación procesal, tiene el carácter de reparable, pues si a la postre el Ministerio Público ejerce acción penal, aquélla no trascendió al resultado de la decisión, y si decreta el archivo temporal o el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido podrá recurrir al control judicial previsto en el artículo 258 del propio código, instancia en la que podrá hacer valer la violación referida. Por tanto, conforme al artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente, y aunque este precepto no prevé que se trate de actos de imposible reparación, tal requisito debe exigirse si el acto fue emitido dentro de un procedimiento, como lo es la etapa inicial de investigación." En tales circunstancias y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR la demanda promovida por ********************; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda, y como su autorizado para tales efectos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que indica. Lo anterior, siempre que acredite estar debidamente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho; para lo cual, deberá no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DESIGNACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO En cuanto al señalamiento del correo electrónico y el número telefónico se tiene por proporcionado, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en caso de ser necesarias, sin que haya lugar a tenerlo como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA En atención a lo indicado en el apartado tercero, articulo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General indicado en párrafos precedentes, se exhorta a las partes a que en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y autorizar se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Sin que pase inadvertido que el quejoso en el escrito de demanda solicita que las notificaciones se le realicen vía electrónica, sin embargo, no proporciona el usuario registrado para tales efectos, por lo que no ha lugar a acordar de conformidad. PERMISIBILIDAD DE USO DE APARATOS DE REPRODUCCIÓN De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. DERECHO A LA OPOSICIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES (PRIVACIDAD E INTIMIDAD DE LAS PARTES) Por otro lado, en cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. OBTENCIÓN DE CONSTANCIAS CON EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese personalmente a la parte promovente y cúmplase.

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