Eric Ismael Ek Chuc
Expediente 1131/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1131/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Eric Ismael Ek Chuc
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto: agréguese a estos autos el oficio de cuenta AAFY/DJ/CAE/1453/2023, de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, del Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa de lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio de cuenta del Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en esta ciudad. Que remite con relación al cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio y mediante el cual esencialmente solicita se le conceda una prórroga para dar cumplimiento a la misma, por los motivos que expone. Al efecto, se concede la prórroga solicitada; en consecuencia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de cinco días hábiles siguientes al en que se le notifique el presente proveído, cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que asciende a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con apoyo en los numerales 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquella, se declara que la referida sentencia que por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1131/2023-II-A, promovido por ********************, respecto del acto que atribuyó a la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente hábil a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********************, por conducto de su apoderado legal, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número de expediente 1131/2023-II-A. En tal virtud, se solicitó el informe justificado a dicha autoridad, se otorgó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional la intervención que legalmente le compete; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional para la presente fecha, la cual, previo diferimiento, tuvo lugar en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, procede precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda se desprende que la quejosa hace consistir el acto reclamado, esencialmente, en: El cobro de un impuesto adicional del 20% (veinte por ciento), en los recibos oficiales emitidos por la responsable, con números de folios********************de la serie********************; y ********************, ******************** y ******************** de la serie ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del informe justificado por conducto de su Director Jurídico. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la responsable en su informe señale que no son ciertos los actos reclamados ya que según la información que le proporcionó la Dirección de Recaudación de la Agencia de Administración Fiscal, los recibos electrónicos********************de la serie********************, de fecha cinco de julio de dos mil veintitrés, se encuentren a nombre de ********************; y que los restantes recibos de pago ********************, ******************** y ******************** de la serie ********************, aparecen a nombre de ********************. Ya que en todo caso, esas cuestiones que refiere pudiesen dar lugar a la actualización de alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, pero no a la inexistencia de los actos que se le atribuyen a las responsables. Pues del propio informe justificado se desprende la existencia como tal, de los recibos de pago de los que se duele el quejoso. De ahí que los actos reclamados que se atribuyen a la responsable, consistentes en el cobro de un impuesto adicional del 20% (veinte por ciento), contenido en los recibos oficiales emitidos por ésta con números de folios********************de la serie********************; y ********************, ******************** y ******************** de la serie ********************, a todas luces resulten existentes. CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo, deben analizarse las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable, sostiene que en relación al acto reclamado consistente en el cobro de un impuesto adicional del 20% (veinte por ciento), en los recibos oficiales emitidos por la responsable, con números de folios********************de la serie********************; y ********************, ******************** y ******************** de la serie ********************, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la ley de la materia, ya que a su parecer la parte quejosa debió satisfacer el principio de definitividad, es decir, primeramente tuvo que agotar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, de conformidad con lo previsto en los artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán; a través del cual se puede obtener la modificación, revocación o anulación de los actos reclamados. Sobre este tema, no debe dejarse de lado que dicho principio tiene diversas excepciones, las cuales se desprenden de la Constitución Federal, la Ley de Amparo y la jurisprudencia integrada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito, entre ellas, se encuentra la falta de fundamentación, lo que ocurre en el caso ya que la responsable realizó diversos cobros a la parte quejosa indicando solamente lo siguiente: "IMPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MATERIALES Y ASISTENCIA SOCIAL POR DC" Como se obtiene de la transcripción que antecede, el cobro realizado no contiene el precepto legal en el cual se fundamente el cobro de ese impuesto adicional; lo que pone en evidencia que los recibos de pago reclamados carecen de fundamentación y, por ende, se actualiza un caso de excepción. De ahí que resulte infundada la causa de improcedencia hecha valer por la responsable. No obstante lo anterior, en el caso, por lo que se refiere al recibo de pago ********************de la serie********************, por la suma de $******************** (********************pesos moneda nacional), se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al considerar que el acto reclamado, no afecta los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa, y por ello procede el sobreseimiento. La fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Cabe precisar, que de acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I, del artículo 107 Constitucional y 5° de su Ley Reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico o legítimo que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. En esa tesitura, dada la naturaleza del acto reclamado (materia administrativa), es menester determinar si en el caso, la quejosa aduce ser titular de un derecho subjetivo -interés jurídico- o bien, de un interés legítimo individual o colectivo, en virtud de que al ubicarse en uno de esos supuestos, es lo que lo legitima para acudir a la instancia constitucional en reclamo de la afectación a su esfera de derechos; para ello, es conveniente precisar los elementos constitutivos tanto del interés jurídico como del legítimo, los cuales a saber, son: Interés jurídico, consiste en acreditar: a. La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b. Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Mientras que el interés legítimo se compone de los siguientes elementos a demostrar: 1.- Que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; 2.- El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, 3.- El promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior encuentra apoyo, en la tesis LXXX/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora, la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional, aduciendo un interés jurídico, al sostener una afectación a su esfera jurídica derivada de un pago que tuvo que realizar con motivo de un derecho que por validación de planos gestionó ante la responsable, por lo que tiene la carga probatoria de acreditar que efectivamente cumplió con ese pago para poder determinar si hubo o no una afectación por parte de la responsable a ese derecho subjetivo. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 1/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 15 del Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el número de Registro 187777, del rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4° de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." En la especie, para demostrar la afectación a su interés jurídico la solicitante de amparo exhibió como prueba de su parte, la siguiente documental: Recibo de pago con folio ********************, de la serie********************, expedido de manera genérica a favor de "OPERACIONES CON EL PÚBLICO EN GENERAL". De fecha cinco de julio del año que transcurre. Por la cantidad de $******************** (********************pesos moneda nacional). Por concepto de pago de derecho por validación de cada plano resultante de proyectos para trámites catastrales y por un impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social DC. Sentado lo anterior, el suscrito llega a la conclusión que el peticionario del amparo no demostró que el acto reclamado afecte su interés jurídico, ya que la documental antes relatada resulta insuficiente para el fin pretendido, ya que el mismo no se encuentra expedido a su favor, por lo que no existe certeza de que éste hubiese realizado el pago ahí consignado. De ahí que al no haber demostrado la parte quejosa su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional en contra del recibo de pago con folio ********************, de la serie********************, expedido de manera genérica a favor de "OPERACIONES CON EL PÚBLICO EN GENERAL", se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia. Situación que impide analizar el fondo del asunto, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna otra causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDA********************EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Resultan substancialmente fundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa en relación a los recibos oficiales emitidos por la responsable, con números de folios********************de la serie********************; y ********************, ******************** y ******************** de la serie ********************, motivo por el cual deberá de otorgársele el amparo y protección de la Justicia Federal. Sostiene el impetrante del amparo, que es ilegal el actuar de la autoridad responsable por falta de fundamentación y motivación, ya que el impuesto adicional consignado en los recibos de pago reclamados, no tiene sustento jurídico, pues no se informó el concepto por el cual se cobra un veinte por ciento adicional a los derechos que adquirió. Resulta fundado el concepto de violación relatado con antelación y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal. En principio debe determinarse, aun brevemente, lo que debe entenderse por fundamentación y motivación. El artículo 16 Constitucional, en su parte conducente establece: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Este derecho fundamental se ha entendido como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario. Por motivación, se ha comprendido la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y es precisamente el previsto en la disposición legal que invoca como fundamento de su acto. Desde otro punto de vista, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendiente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Lo antes razonado encuentra apoyo en las tesis de jurisprudencia que enseguida se citan: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca." Del artículo Constitucional antes transcrito, en su parte conducente, se desprenden como requisitos que todo acto de autoridad tener, los siguientes: 1. El hecho de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones. 2. En caso de que tenga que ser así, debe existir un mandamiento escrito, expedido por la autoridad competente; y, 3. Que dicho mandamiento, funde y motive la causa legal de tal molestia en los bienes y posesiones de las personas. Por tanto, se concluye que cualquier acto de autoridad, debe contener esos tres requisitos para que, no sea violatorio de derechos humanos, traduciéndose lo anterior, en el hecho de que en caso de que el acto de autoridad, carezca de cualquiera de los requisitos mencionados, el mismo, resultará violatorio de los derechos fundamentales de los gobernados, como sucede en el presente caso. Se dice lo anterior, ya que el quejoso manifestó en su demanda que el diez (3) y doce de julio del año en curso, al realizar el pago de los recibos********************de la serie********************; y ********************, ******************** y ******************** de la serie ********************, tuvo que desembolsar un 20% adicional en cada uno de ellos, sin que se le informe el concepto por el que se le cobró de tal manera. Así las cosas, de los recibos de pago exhibidos por el quejoso, si bien se advierte en lo que aquí interesa la descripción: "IMPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MATERIALES Y ASISTENCIA SOCIAL POR DC", sin que se aprecie en modo alguno, que la responsable hubiese señalado en dicho recibo, el fundamento por el cual hizo el cobro de ese impuesto adicional del 20%. No pasa inadvertido que la responsable refiera en su informe justificado que ese cobro que se le hizo al quejoso corresponde al pago del impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social y su fundamento, pues con ello no demuestra que su actuar hubiese estado ajustado a derecho, ya que la autoridad responsable debió emitir y/o expedir un acto particularizado, es decir, un recibo de pago en el que además de indicar el nombre completo del impuesto que se le estaba cobrando al quejoso, debía asentar su fundamento legal, con la finalidad de que el gobernado tenga conocimiento correcto y completo de ello, respetando su derecho fundamental de seguridad jurídica. Por lo anteriormente expuesto, se llega a la determinación de que la autoridad responsable no acreditó haber emitido los recibos de pago de manera adecuada, siendo que eso resultaba necesario para que el quejoso estuviera en posibilidad de conocer la causa legal del proceder de la autoridad y así estar en aptitud, en su caso, de combatir la ley que contiene el referido gravamen. En las condiciones expuestas, se concluye que el acto reclamado no satisface el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica, pues como ya se precisó anteriormente, el acto de que se duele el quejoso resulta violatorio de sus derechos fundamentales. Sn que obste a lo anterior, que la autoridad responsable señale que esos recibos de pago analizados correspondan a servicios prestados a personas distintas al aquí quejoso. Ya que de la verificación de comprobantes fiscales por internet a través del sello QR, se advierte que esos recibos fueron expedidos a nombre del quejoso ********************, y no a nombre de las personas que indica la responsable en su informe de ley. Por ello, ante la ilegalidad del acto de autoridad, se impone conceder el amparo para los efectos siguientes: a). Que se dejen insubsistentes los recibos de pago********************de la serie********************; y ********************, ******************** y ******************** de la serie ********************y el cobro de la suma por concepto "IMPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MATERIALES Y ASISTENCIA SOCIAL POR DC." b) Se devuelvan las cantidades que por dicho concepto le fueron cobradas de manera indebida al quejoso. Resulta importante puntualizar que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable no podrá emitir un nuevo recibo de pago purgando los vicios que llevaron a conceder el amparo (fundamentación), pues debe considerarse que dicho acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto que atribuyó a la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, respecto del acto que atribuyó a la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, para los efectos y en los términos precisados en el considerando quinto de esta resolución. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese.
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