Eric Ismael Ek Chuc
Expediente 1682/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1682/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Eric Ismael Ek Chuc
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por el Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, residente en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que, en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó electrónicamente a la parte quejosa el quince de octubre de dos mil veintidós (día sábado y por tanto inhábil), por lo que se tuvo por realizada dicha notificación el diecisiete siguiente, sin que a la fecha hubiese realizado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, de los datos aportados por la autoridad responsable y las manifestaciones vertidas por la referida parte quejosa, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia firmada el ocho de septiembre de dos mil veintidós, se concedió al quejoso ERIC ISMAEL EK CHUC, el amparo y protección de la Justicia Federal respecto a la autoridad responsable Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con sede en Mérida, para lo siguiente: "a). Que se deje insubsistente el recibo de pago con serie QF con folio 67942 y el cobro de la suma de $6.00 (seis pesos) por concepto de IMP ADIC CATASTRO. b) Se devuelva la cantidad de $6.00 (seis pesos), que por dicho concepto le fue cobrada de manera indebida al quejoso. Resulta importante puntualizar que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable no podrá emitir un nuevo recibo de pago purgando los vicios que llevaron a conceder el amparo (fundamentación y motivación), pues debe considerarse que dicho acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.". Posteriormente, por auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió a la autoridad responsable que cumpliera con lo ordenado en la misma. Por oficio AAFY/DJ/CAE/1303/2022, el Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en Mérida, informó lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria del amparo, adjuntando a su misiva copia certificada de la actuación realizada el veintiuno de septiembre recién finalizado, por medio del cual el notificador ejecutor verificador, le comunicó a la parte quejosa la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, contenida en el oficio AAFY/DR/R/RS/0294/2022, por medio de la cual puso a su disposición en el Departamento de Orientación, Tramites y Servicios de la Dirección de Servicios al Contribuyente de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en esta ciudad, el cheque 0000156 de la institución bancaria BBVA, de fecha veintisiete de septiembre del año en curso, por la cantidad de seis pesos, 00/100 moneda nacional. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la referida autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Notifíquese, haciéndolo a la parte quejosa por la vía electrónica y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: intégrese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio signado por el Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en esta ciudad, con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente asunto. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto dentro del plazo otorgado para tal efecto, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el ocho de septiembre de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a la omisa una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, correspondiente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1682/2022-VII-A, promovido por ERIC ISMAEL EK CHUC, respecto del acto que atribuyó a la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el siete de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente hábil a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ERIC ISMAEL EK CHUC, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de doce de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se otorgó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional la intervención que legalmente le compete; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional para la presente fecha, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, procede precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda se desprende que la quejosa hace consistir el acto reclamado, esencialmente, en: El recibo de pago de fecha diecisiete de junio de dos mil veintidós, en el que se observa un impuesto adicional del 20% a los derechos en el recibo oficial con folio 67942, de la serie QF. TERCERO. Certeza del acto relamado. Es cierto el acto reclamado a la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, pues aun cuando negó su existencia, en el informe justificado que rindió por conducto de su Director Jurídico, registrado con el número 16794), realizó manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se le atribuye, lo que se corrobora con el recibo oficial de pago que obra agregado a estos autos. Razones por las que se tiene por existente el acto reclamado por el quejoso en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causales de improcedencia . En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan substancialmente fundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, motivo por el cual deberá de otorgársele el amparo y protección de la Justicia Federal. Sostiene el quejoso que es ilegal el actuar de la autoridad responsable por falta de fundamentación y motivación, ya que el impuesto adicional consignado en el recibo de pago reclamado, no tiene sustento jurídico, aunado a que la autoridad que lo emitió no está facultada para determinar el cobro ni mucho menos cobrar un impuesto o gravar un servicio que no está en la ley. Se estima fundado el concepto de violación relatado con antelación y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal. En principio debe determinarse, aun brevemente, lo que debe entenderse por fundamentación y motivación. El artículo 16 Constitucional, en su parte conducente establece: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Este derecho fundamental se ha entendido como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario. Por motivación, se ha comprendido la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y es precisamente el previsto en la disposición legal que invoca como fundamento de su acto. Desde otro punto de vista, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendiente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Lo antes razonado encuentra apoyo en las tesis de jurisprudencia que enseguida se citan: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca." Del artículo constitucional antes transcrito, en su parte conducente, se desprende como requisitos que todo acto de autoridad debe tener, los siguientes: 1. El hecho de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones. 2. En caso de que tenga que ser así, debe existir un mandamiento escrito, expedido por la autoridad competente; y, 3. Que dicho mandamiento, funde y motive la causa legal de tal molestia en los bienes y posesiones de las personas. Por tanto, se concluye que cualquier acto de autoridad, debe contener esos tres requisitos para que, no sea violatorio de derechos humanos, traduciéndose lo anterior, en el hecho de que en caso de que el acto de autoridad, carezca de cualquiera de los requisitos mencionados, el mismo, resultará violatorio de los derechos fundamentales de los gobernados, como sucede en el presente caso. Se dice lo anterior, ya que el quejoso manifestó en su demanda que al realizar el pago el diecisiete de junio del año en curso, tuvo que desembolsar un 20% adicional por concepto de un impuesto que no se encuentra en la ley. Así las cosas, del recibo de pago exhibido por el quejoso y cuya existencia además la autoridad responsable corroboró al rendir su informe de ley, únicamente se advierte en lo que aquí interesa, lo siguiente: DERECHO Por validación de cada plano del predio o casa plano resultante de proyectos para trámites catastrales. - - - IMP ADIC CATASTRO. Sin que se advierta en modo alguno, que la responsable hubiese señalado en dicho recibo, el fundamento por el cual hizo el cobro de ese impuesto adicional del 20%. No pasa inadvertido que la responsable refiera en su informe justificado que ese cobro que se le hizo al quejoso corresponde al pago del IMPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MATERIALES Y ASISTENCIA SOCIAL, pues con ello no demuestra que su actuar hubiese estado ajustado a derecho, pues se insiste, el recibo de pago no contiene información alguna que permita apreciar que en efecto, ese cobro se realizó con motivo del indicado impuesto, ya que solamente hace referencia a un impuesto adicional (sic) sin más datos al respecto. Es decir, no existe información que permita establecer y/o vincular que el concepto señalado como IMP ADIC CATASTRO a que se refiere el recibo de pago, tenga alguna relación o corresponda al que señala la autoridad en su informe, esto es, IMPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MATERIALES Y ASISTENCIA SOCIAL. De ahí que la autoridad responsable en todo caso debió emitir y/o expedir un acto particularizado, esto es, un recibo de pago en el que se indicara con toda precisión el nombre completo del impuesto que se le estaba cobrando al quejoso, y su fundamento legal, con la finalidad de que el gobernado tenga conocimiento correcto y completo de ello, respetando el derecho fundamental de seguridad jurídica. Lo cual no aconteció en el caso, al no existir constancia que acredite que en efecto, el pago que realizó, se hizo en relación al impuesto a que hace referencia la responsable en su informe justificado. Por lo anteriormente expuesto, se llega a la determinación de que la autoridad responsable no acreditó haber emitido un recibo de pago de manera adecuada, siendo que eso resultaba necesario para que el quejoso estuviera en posibilidad de conocer la causa legal del proceder de la autoridad y así estar en aptitud, en su caso, de combatir la ley que contiene el referido gravamen. En las condiciones expuestas, se concluye que el acto reclamado no satisface el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica, pues como ya se precisó anteriormente, el acto de que se duele el quejoso resulta violatorio de sus derechos fundamentales. Por ello, ante la ilegalidad del acto de autoridad, se impone conceder el amparo para los efectos siguientes: a). Que se deje insubsistente el recibo de pago con serie QF con folio 67942 y el cobro de la suma de $6.00 (seis pesos) por concepto de IMP ADIC CATASTRO. b) Se devuelva la cantidad de $6.00 (seis pesos), que por dicho concepto le fue cobrada de manera indebida al quejoso. Resulta importante puntualizar que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable no podrá emitir un nuevo recibo de pago purgando los vicios que llevaron a conceder el amparo (fundamentación y motivación), pues debe considerarse que dicho acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ERIC ISMAEL EK CHUC, respecto del acto que atribuyó a la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, para los efectos y en los términos precisados en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
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