Enrique Martínez Saenz
Expediente 128/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 128/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Enrique Martínez Saenz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de diez de mayo del año en curso, en la cual se sobreseyó, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de mayo de dos mil dieciséis. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo ***************, promovido por ***************, contra actos de la Titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y otra autoridad. Resultando: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, *************** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Subdelegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Ciudad Juárez, Chihuahua, de quienes reclamó: 1. La omisión de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° Transitorio del "DECRETO por el que se reforman los artículos 43, 44 y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado el 6 de enero de 1997", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día doce de enero de dos mil doce, esto es, la omisión de entregar a la quejosa de manera inmediata los recursos correspondientes a la subcuenta de vivienda, propiedad de la suscrita y a los que tengo derecho de recibir con motivo de mi pensión por cesantía. SEGUNDO. Derechos humanos que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Mediante proveído de veintidós de febrero del año en curso, se radicó la demanda como juicio de amparo *************** y se admitió a trámite, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; finalmente, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y termina con el dictado de la presente resolución. Considerando: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez se trata de un asunto contra omisiones atribuidas a autoridades administrativas que desarrollan su actividad dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es necesario precisar los actos reclamados que se desprendan del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y, en particular, lo afirmado por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, en los siguientes términos: [.] 7. Cabe manifestar que el suscrito he acudido en diversas ocasiones a solicitar el pago complementario de la cantidad que corresponde a la subcuenta de vivienda que corresponde a los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda denominada vivienda 92, incluso acudí mediante petición formal a solicitar el pago complementario, mediante escrito de fecha 18 de agosto de 2015, ingresando en ventanilla única de la Subdelegación Juárez del Infonavit, mediante dicho escrito solicité el pago complementario por la cantidad de $*************** por el referido concepto de devolución del saldo de vivienda Infonavit 92, bajo el argumento que solamente me habían devuelto el saldo de vivienda 97. Sin embargo dicha autoridad a través del oficio ***************, de fecha 29 de diciembre de 2015, notificado el 05 de enero de 2016, determinó que no era procedente dicho pago, toda vez que mi cuenta relativa a mi número de seguridad social estaba bloqueada, en virtud de que ya había recibió (sic) el saldo de la subcuenta de vivienda, pero reconoce que están realizando gestiones para realizar el pago respectivo [.] 11. Por su parte, no existe ninguna justificación para que el INFONAVIT deje de cumplir el DECRETO por el que se reforman los artículos 43, 44 Y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, motivo por el cual me veo en la necesidad de promover el presente medio de defensa y solicitar el Amparo y Protección de la Justicia Federal, por la omisión de la autoridad señala como responsable de dar cumplimiento cabal a dicha disposición y por ende ante su negativa de devolver los recursos de la subcuenta de vivienda a la que tengo derecho de recibir con motivo de mi pensión por cesantía. [.] En ese sentido, al realizar el análisis respectivo, se deduce que la parte quejosa no reclama una omisión, sino la negativa de devolver a la quejosa los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda de su propiedad, con motivo del otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada que le fue otorgada, en términos del artículo 8° transitorio del "DECRETO por el que se reforman los artículos 43, 44 y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado el 6 de enero de 1997", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día doce de enero de dos mil doce. En efecto, el acto reclamado lo constituye la negativa a devolver los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda de la parte quejosa, mas no la omisión de dar cumplimiento al precepto legal identificado y será tal negativa la que constituya la materia de análisis de este juicio. Sirve de sustento jurídico a lo antes señalado la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, de Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Subdelegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como al Titular del mencionado organismo en la Ciudad de México, pues si bien es verdad que al rendir su informe justificados negaron la existencia de los actos que les fueron reclamados, esa negativa sus sustentó en la consideración relativa a que su actuar se encontraba apegado a las normas jurídicas que regulan su actividad y conforme a la cual, la aquí quejosa no se ubicaba dentro de los supuestos en que resultara procedente la devolución de las aportaciones acumuladas en su subcuenta de vivienda. Ante esas razones, se colige que tácitamente aceptaron la existencia de la negativa que les atribuyó la impetrante del amparo; de ahí que debe tenerse por cierta su existencia, pues de las propias manifestaciones de las responsables se deduce su certeza. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en la página 231, tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable a foja 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del texto siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Del análisis de las constancias de autos se advierte que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen: 17. el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] En términos de lo antes transcrito se advierte que el plazo genérico para demandar la acción constitucional será de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; b) Cuando se reclamen actos tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y c) Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el referido plazo empezara a contar al día siguiente en que: 1) surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; 2) tuvo conocimiento el quejoso; o bien, 3) se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. En la especie, el quejoso reclama de las autoridades responsables la negativa a devolver los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda 92, contenida en el oficio ***************, de veintinueve de diciembre de dos mil quince, emitido por el Encargado de Servicios Jurídicos de la Subdelegación CD. Juárez del Infonavit, que el quejoso afirmó -bajo protesta de decir verdad- que le fue notificado el cinco de enero de dos mil dieciséis. En efecto, en los hechos que narró bajo protesta de decir verdad, refirió lo siguiente: [...] 7. Cabe manifestar que el suscrito he acudido en diversas ocasiones a solicitar el pago complementario de la cantidad que corresponde a la subcuenta de vivienda que corresponde a los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda denominada vivienda 92, incluso acudí mediante petición formal a solicitar el pago complementario, mediante escrito de fecha 18 de agosto de 2015, ingresando en ventanilla única de la Subdelegación Juárez del INFONAVIT, mediante dicho escrito solicité el pago complementario por la cantidad de $*************** por el referido concepto de devolución del saldo de vivienda Infonavit 92, bajo el argumento que solamente me habían devuelto el saldo de vivienda 97. Sin embargo dicha autoridad a través del oficio ***************, de fecha 29 de diciembre de 2015, notificado el 05 de enero de 2016, determinó que no era procedente dicho pago, toda vez que mi cuenta relativa a mi número de seguridad social estaba bloqueada, en virtud de que ya había recibió (sic) el saldo de la subcuenta de vivienda, pero reconoce que están realizando gestiones para realizar el pago respectivo Entre otras documentales, el quejoso exhibió el original del acuse de recibo del escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil quince, dirigido a la Subdelegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que solicitó la devolución de sus aportaciones relativas a la subcuenta de vivienda 92, así como el original del oficio ***************, de veintinueve de diciembre de dos mil quince, emitido por el Encargado de Servicios Jurídicos de la Subdelegación CD. Juárez del Infonavit, notificado a la quejosa el cinco de enero de dos mil dieciséis, que recayó a tal solicitud, en el que aparece la leyenda: "Recibido 05 ene 2016 Alma C. (sic)". Lo narrado en la demanda revela que el quejoso afirmó en su demanda de amparo que tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado desde el cinco de enero de dos mil dieciséis, pues refirió que en esa data se le "notificó" la negativa de devolverse las aportaciones de vivienda que reclama. Lo anterior, constituye una manifestación del promovente que entraña una confesión expresa, en el sentido de que conoció de la existencia del acto reclamado desde el diez de septiembre de dos mil quince, en términos de los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, conforme a su artículo 2, primer párrafo, prueba con pleno valor probatorio de tal hecho. Es ilustrativa por identidad de razón la jurisprudencia número 154 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página ciento veintiséis, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo rubro y texto dice: DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ante esta perspectiva, es inconcuso, que la presentación de la demanda que nos ocupa fue extemporánea, pues si el promovente se ostentó sabedor de que existía la negativa a devolverle sus aportaciones desde el cinco de enero de dos mil dieciséis; por tanto, fue a partir del día hábil siguiente en que conoció de tal negativa en que inició el cómputo del plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo indirecto, es decir, el miércoles seis de enero y concluyó el martes veintiséis del mismo enero, del año en curso, sin contar los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro del citado mes, por tratarse de días no laborables. En ese sentido, la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, en tanto que se recibió en la Oficialía de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, fecha en que había transcurrido el plazo general de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor. No obsta a lo anterior que el quejoso haya referido que la autoridad responsable le practicó una notificación al momento de darle a conocer la apuntada negativa; sin embargo, no allegó la aludida constancia de notificación, por lo que no puede establecerse con certeza su existencia material y, aun de haberse comunicado esa negativa a través de un acto formal de notificación, no variaría el sentido de esta determinación, porque el cómputo realizado únicamente se recorrería un día hábil y, por ende, también resultaría extemporánea la aludida demanda. Además, no se advierte que el referido acto reclamado, se ubique dentro de los supuestos de excepción al plazo general, pues no reclama una norma general autoaplicativa o el proceso de extradición, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; pues deriva de una negativa formulada por una autoridad administrativa, en torno al pago de aportaciones de seguridad social. Corolario de lo antes expuesto, sobre el acto reclamado en el escrito de demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18; por resultar extemporánea, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo. A mayor abundamiento, también se actualiza en el presente caso la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, éste último aplicado contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, dado que las señalas como responsables no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En efecto, la negativa a devolver los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda respecto de los que figura como su administrador, porque no se reúnen los supuestos para su transferencia o entrega a favor del operario, involucra una relación de coordinación propia de su calidad de administrador de fondos, porque la relación jurídica que une al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con los trabajadores inscritos o sus beneficiarios no es la de un órgano fiscal autónomo y, por ende, cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad. Lo anterior refleja que las relaciones jurídicas que se actualizan entre el trabajador o beneficiarios frente al mencionado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia del derecho de disponer sobre los recursos de la subcuenta de vivienda acumulados, es bajo un plano de coordinación entre el ente administrador y el interesado, desde el instante que pueden ser sometidas a la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Luego, una respuesta negativa sobre su entrega no comprende un acto de autoridad para efectos del amparo en tanto no fue elevada por un ente estatal con el cual estuviera comprendida una relación de supra a subordinación, ya que en la legislación que rige tal acto se prevé el procedimiento ordinario necesario para ventilar el conflicto entre el ente administrador y el administrado, como lo ha dispuesto la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, el que en el caso concreto las autoridades responsables se hayan negado a dar cumplimiento al contenido del artículo 8° Transitorio del Decreto por el que se reformaron los artículos 43, 44 y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el octavo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil doce, que se traduce en la negativa a entregar a la parte quejosa de manera inmediata los recursos correspondientes a la subcuenta de vivienda, debe considerarse como una de las hipótesis a que se refieren los artículos 52 y 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del tenor siguiente: 52. En los casos de inconformidad de las empresas, de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción en el instituto, derecho a créditos, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones, se podrá promover ante el propio instituto un recurso de inconformidad. El reglamento correspondiente, determinará la forma y términos en que se podrá interponer el recurso de inconformidad a que se refiere este artículo. 53. Las controversias entre los trabajadores o sus beneficiarios y el instituto, sobre derechos de aquéllos se resolverán por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje una vez agotado, en su caso, el recurso que establece el artículo anterior. Las controversias derivadas de adeudos de los trabajadores al instituto por créditos que éste les haya concedido, una vez agotado, en su caso, el recurso a que se refiere el artículo anterior, se tramitarán ante los tribunales competentes. Será optativo para los trabajadores, sus causahabientes o beneficiarios, agotar el recurso de inconformidad o acudir directamente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o a los tribunales competentes. Por lo que dichos tribunales en materia laboral son los que con imperio y coactivamente pueden imponer las consecuencias jurídicas aplicables sobre si procede la entrega de fondos solicitada; entonces, el mencionado organismo descentralizado no puede tener el carácter de autoridad cuando el acto reclamado tiene origen en su calidad de ente encargado de la administración de los recursos de vivienda, sin que esté de por medio el despliegue de una potestad administrativa irrenunciable, cuya naturaleza sea de derecho público. Esto es, en que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales o supeditarse a éstos, ni del consenso de la voluntad del afectado. En consecuencia, el conflicto relativo sobre la disponibilidad y entrega de los recursos de las subcuentas de vivienda, entre el órgano administrador frente a quien los solicita, surgió dentro de una relación de coordinación, entre el instituto que estima que no tiene aún la obligación de proveer sobre la devolución de tal ahorro de vivienda, sujeto a una reglamentación específica y, la quejosa que opina que sí reúne los presupuestos para su entrega, desde su perspectiva, lo que se itera, existe la potestad pública de resolverlo por los órganos de justicia en materia de trabajo, como es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, acorde con el citado artículo 53 de la legislación de tal instituto, porque son dichas juntas las que propiamente pueden decidir unilateral, imperativa y coercitivamente sobre el derecho a disponer de tales recursos en una controversia principal que se dirima ante ellas, no así el instituto de vivienda, quien sólo se concreta a negarse a lo solicitado por el trabajador, como administrador de fondos que es, acorde al régimen jurídico que determina sus funciones en la materia de ahorro para la vivienda. Lo que denota que una negativa de la entrega de recursos como la reclamada, no cumple una de las notas distintivas de un acto de autoridad, a saber, que provenga de una relación de supra a subordinación, o bien, que la respuesta emitida al efecto por el órgano respectivo del instituto de vivienda, sea imperativa para el afectado, ni tampoco expresión de una potestad pública administrativa irrenunciable. De ahí que existe la vía ordinaria ante la autoridad del orden común (y no la constitucional) para efectuar en un inicio aquellas reclamaciones vinculadas con la devolución de tales fondo, lo que hace improcedente el presente juicio de amparo, como se adelantó. Es sustento de esta determinación, la jurisprudencia 2a./J. 9/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, de Marzo de 2013, Tomo 2, materia común, página 1283, del siguiente tenor: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE RESPONDER LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, Y NO SE APLIQUE ALGÚN PRECEPTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. El referido Instituto, como organismo descentralizado, tiene la atribución de administrar el Fondo Nacional de la Vivienda, integrado con las aportaciones realizadas por los patrones en favor de sus trabajadores y que forman parte del patrimonio de éstos, quienes para disponer de esos recursos deben sujetarse a las modalidades establecidas en las leyes. Por ello, cuando un trabajador le solicita un crédito o la información prevista en la ley, dicho Instituto se encuentra en la relación jurídica de ente administrador, en cuanto no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores, de forma distinta al papel que asume como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados. Por tanto, la circunstancia de que tal institución niegue la entrega de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda respecto de los que figura como su administrador, por considerar que aún no se cumplen los supuestos en que esté obligado a su entrega, involucra una relación de coordinación propia de su calidad de administrador de fondos, porque la respuesta emitida no vincula por sí y ante sí la situación jurídica del quejoso, modificando o extinguiendo el derecho a disponer de tales fondos, es decir, no está de por medio el despliegue de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable y pública, ya que no es quien decide con imperio sobre el destino de los recursos de vivienda, sino que ello compete a los órganos de justicia laboral, como es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo previsto por el artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Así, las relaciones jurídicas entre el trabajador o sus beneficiarios frente al mencionado Instituto, tratándose del derecho a disponer de los recursos de la subcuenta de vivienda acumulados, se dan bajo un plano de coordinación, a diferencia de cuando aplica el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la referida ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, caso en el que actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a que unilateralmente, con fundamento en el mencionado artículo transitorio, transfiere los fondos citados al Gobierno Federal, lo que presupone el ejercicio de una facultad inexcusable prevista en ley, situándolo en una relación de supra a subordinación con el particular, sin que para ello requiera acudir a los órganos jurisdiccionales. Sólo resta precisar que esta determinación no prejuzga sobre la legalidad de la negativa que le han formulado las autoridades responsables, ni limita la posibilidad de que la parte quejosa acuda ante las instancias competentes para deducir sus derechos, pues la conclusión a que arribó este Juzgado no involucra el estudio de fondo del citado acto reclamado. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por la impetrante de amparo, en donde aduce la violación a los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y los diversos 8 y 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, porque si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente; de ahí que la procedencia del juicio de amparo es de orden preferente, al análisis de la posible transgresión de un tratado internacional. Apoya esta consideración la tesis 1a. LXXXIV/2013 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, materia constitucional, página 890, del siguiente tenor: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Es aplicable a esta consideración, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. En este contexto, resulta innecesario abordar el estudio de las diversas causas de improcedencia propuestas por las autoridades responsables, pues no modificarían el sentido de la presente resolución. Resulta aplicable al presente caso, la jurisprudencia 2a./J. 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, que señala lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 61, 63, 73, 74, 76, 77, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se Resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***************, respecto de los actos y autoridades precisados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el informe justificado del Titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE MAYO DEL DOS MIL DIECISÉIS, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido de los informes en mención y esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlos. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Ahora bien, toda vez que de la documental que aporto la parte quejosa a su demanda, se advierte que el oficio ***************, fue recibido el cinco de enero de dos mil dieciséis por ***************; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 y 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se requiere a la Subdelegada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación de este acuerdo remita a este juzgado, copia certificada del mencionado oficio e informe en que fecha notificó al quejoso del mencionado oficio, ya que es necesaria para resolver conforme a derecho el juicio en que se actúa, y en caso de existir alguna imposibilidad para ello lo comunique. Apercibido que de no dar cumplimiento al auto inserto se le impondrá como sanción una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de lo estatuido en el artículo 258 de la ley en consulta, en relación con el 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, primero de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad ofreciendo como prueba de su parte la Instrumental de Actuaciones. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones los que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe. *cnv
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Enrique Correa Baca630/2021
- Enrique Espinoza Cabada873/2022
- Enrique Espinoza Cabada749/2022
- Enrique Fernández Martínez y Otros.869/2019
- Enrique Galindo Carrasco307/2015
- Enrique García Villanueva807/2022
- Enrique Moreno Cruz106/2020
- Enrique Ramírez Alva207/2021
- Enrique Reyes Hernández800/2016
- Enrique Rodríguez Mena993/2022
- Epigmenio Resendiz Ramírez513/2016
- Erasmo Espino Cruz472/2017