Epifania González Guadalupe y Otros.

Expediente 279/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 18 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
279/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
21/07/2023

Partes del expediente

  • Epifania González Guadalupe y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio recibido vía electrónica signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, por medio del cual hace del conocimiento que recibió el cuaderno del incidente de suspensión relativo al expediente al rubro indicado; lo que comunica en vía de acuse de recibo para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jonny Reyes Infante, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, trece de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio recibido vía electrónica signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, por medio del cual hace del conocimiento que aceptó la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, por propio de derecho, registrándolo bajo el número de amparo indirecto ********************. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: Conforme a lo estipulado por el artículo 19, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, una vez transcurridos seis meses contados a partir de la presente determinación, el cuadernillo en que se actúa será DESTRUIBLE. Aunado a que este juicio no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos por el Acuerdo de mérito y no contiene documentos que se hayan determinado como información reservada con motivo de una solicitud de acceso a la información. Asimismo, como lo solicita el órgano jurisdiccional oficiante remítase de manera física el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ********************. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte de acuerdo a las constancias existentes, que este órgano federal carece de competencia para seguir conociendo del presente juicio de amparo, por las razones siguientes: En principio, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción VII, dispone como norma general de competencia, que el amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos de autoridad administrativa, se promoverá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciando en la audiencia la sentencia. La ejecución del acto es un factor de competencia que facilita a las personas el acceso al amparo, al prever que podrá presentarse la demanda ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. El artículo 37 de la Ley de Amparo, desarrolla la disposición constitucional y establece las hipótesis para fijar la competencia del Juez de Distrito: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En estas hipótesis, el denominador común es que el acto por su naturaleza conlleva una ejecución material, y en los verbos utilizados, se prevé los tres posibles momentos, la inminencia de la ejecución, con las palabras deba tener ejecución o trate de ejecutarse; la acción que se actualiza en el momento, cuando la ejecución ya se está desarrollando, que se halla en el gerundio "ejecutando" y la acción pasada, lo que ya ocurrió, al usar el verbo "ejecutado". b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) La ejecución debe ser material porque cuando ésta no se produce ni se puede producir, la competencia se surte para el Juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La naturaleza de los actos reclamados puede dar lugar a que sean positivos, declarativos o negativos, o prohibitivos; si es declarativo o negativo no tendrá ejecución material; puesto que la primera solamente es un reconocimiento formal de la realidad, y la segunda, implica una abstención, una negativa de la autoridad a obrar en tal o cual sentido, mientras que en los prohibitivos es una orden de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado, por lo que si la autoridad se rehúsa u omite actuar en la forma solicitada por la parte quejosa, u ordena un no hacer, es incuestionable que ese tipo de actos carece de ejecución material. En cambio, si el acto tiene efectos positivos, participará en la característica de ejecutable, ya que sus efectos transcienden al mundo fáctico, verbigracia, al ordenar la autoridad la realización de alguna conducta o imponer una medida de apremio. Aunque los actos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso; por lo que cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar, en cada caso, si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer a la parte quejosa el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá de advertir si impone a la quejosa una carga a la que no se está obligada, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico; y si por estas consecuencias habrá una ejecución material que incida en la esfera jurídica del quejoso. Entonces el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando utiliza las palabras "ejecución material", está definiendo el denominador común para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo. Tal expresión debe entenderse en el sentido de que, con la emisión del acto reclamado, se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o porque sus efectos conlleven a esa situación; es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo factico o real. Entonces, lo esencial es determinar si el acto o resolución reclamada requiere de ejecución material, esto es, que deba ejecutarse; y, lo que hace la diferencia es el lugar donde deba ejecutarse, se ha tratado de ejecutar, se esté ejecutando o si el acto ya se ejecutó; por lo que también ha de atenderse a sí esas acciones materiales ocurren en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Es orientadora en ese sentido, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.), registro 2009409, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado". (Época: Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 916). En ese contexto, se tiene como regla general, que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la naturaleza del acto y si debe tener ejecución, para distinguir cuál Juez de Distrito debe conocer de un amparo; esto es, el factor o punto de conexión que vincula a conocer del juicio es el lugar de la ejecución material del acto, y no el lugar donde se emitió el acto y los trámites previos, sino el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se está ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Al atender a ese factor de competencia el quejoso puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, toda vez que, promover el procedimiento constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, le brinda mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, y al Juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de los informes justificados de las autoridades responsables, se advierte que la quejosa reclama como punto toral de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, así como de las autoridades ejecutoras, residentes en esta ciudad, el requerimiento de pago derivado de la multa impuesta mediante auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós dentro del juicio laboral 485/2009, consistente en cuatrocientos días de salario mínimo vigente; así como su ejecución. Asimismo, se advierte que el dos de febrero de dos mil veintitrés, personal de la Dirección General de Cobro Coactivo y Vigilancia, así como del Departamento de Ejecución Fiscal de la Dirección General de Recaudación, ambos de la Subsecretaría de Ingresos del Estado de Guerrero, se presentaron en la Cabecera Municipal de Ayutla de los Libres, ante la quejosa en su calidad de Coordinadora propietaria del pueblo Me´phaa y Segunda Coordinadora Municipal en funciones de Síndica Procuradora del Consejo Municipal, y la requirieron como persona física el pago de la multa impuesta. En ese contexto, queda demostrado que el acto reclamado tiene efectos positivos y ejecución material consistente en el cobro que se hizo el dos de febrero de dos mil veintitrés, con la diligencia de requerimiento de pago y embargo que tuvo lugar en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero; esto es, sus efectos trascienden al mundo fáctico, porque la autoridad está ejecutando el cobro de la multa impuesta en un lugar determinado (en donde la quejosa funge como Coordinadora propietaria del pueblo Me´phaa y Segunda Coordinadora Municipal en funciones de Síndica Procuradora del Consejo Municipal de Ayutla de los Libres, Guerrero), que es el factor para generar la competencia. Lo anterior en razón de que el acto reclamado se está materializando en una diligencia en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero, perteneciente a la jurisdicción de los juzgados de Distrito en Acapulco; por lo que es esta última diligencia la que evidentemente materializa la ejecución del acto de imposición de la multa, y demuestra que el acto en su ejecución material tuvo lugar en esa ciudad. Consecuentemente, en el caso opera la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que existe un lugar en el que el acto tuvo ejecución y seguirá teniendo ejecución; aunque haya sido en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, donde se dictó el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, porque lo relevante es que la materialización de la ejecución del acto reclamado será en Ayutla de los Libres, Guerrero. Por tanto, con fundamento en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, se estima que es juez competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, el que reside en la ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuitos y de los juzgados de distrito, que en lo que interesa dice: "ACUERDO General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. [.] PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: [.] XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acapulco de Juárez, Atoyac de Alvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Juchitán, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Azueta, Juan R. Escudero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tecpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Zihuatanejo de Azueta.." (lo resaltado es propio) En consecuencia, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero en Turno, con sede en Acapulco, a fin de que decida dentro del lapso de cuarenta y ocho horas si acepta o no la competencia planteada, para así estar en aptitud de proveer lo relativo, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente y copia certificada de la determinación que se dicte. Cuaderno de antecedentes. Con copia de las constancias necesarias fórmese cuaderno de antecedentes. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte de acuerdo a las constancias existentes, que este órgano federal carece de competencia para seguir conociendo del presente juicio de amparo, por las razones siguientes: En principio, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción VII, dispone como norma general de competencia, que el amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos de autoridad administrativa, se promoverá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciando en la audiencia la sentencia. La ejecución del acto es un factor de competencia que facilita a las personas el acceso al amparo, al prever que podrá presentarse la demanda ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. El artículo 37 de la Ley de Amparo, desarrolla la disposición constitucional y establece las hipótesis para fijar la competencia del Juez de Distrito: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En estas hipótesis, el denominador común es que el acto por su naturaleza conlleva una ejecución material, y en los verbos utilizados, se prevé los tres posibles momentos, la inminencia de la ejecución, con las palabras deba tener ejecución o trate de ejecutarse; la acción que se actualiza en el momento, cuando la ejecución ya se está desarrollando, que se halla en el gerundio "ejecutando" y la acción pasada, lo que ya ocurrió, al usar el verbo "ejecutado". b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) La ejecución debe ser material porque cuando ésta no se produce ni se puede producir, la competencia se surte para el Juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La naturaleza de los actos reclamados puede dar lugar a que sean positivos, declarativos o negativos, o prohibitivos; si es declarativo o negativo no tendrá ejecución material; puesto que la primera solamente es un reconocimiento formal de la realidad, y la segunda, implica una abstención, una negativa de la autoridad a obrar en tal o cual sentido, mientras que en los prohibitivos es una orden de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado, por lo que si la autoridad se rehúsa u omite actuar en la forma solicitada por la parte quejosa, u ordena un no hacer, es incuestionable que ese tipo de actos carece de ejecución material. En cambio, si el acto tiene efectos positivos, participará en la característica de ejecutable, ya que sus efectos transcienden al mundo fáctico, verbigracia, al ordenar la autoridad la realización de alguna conducta o imponer una medida de apremio. Aunque los actos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso; por lo que cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar, en cada caso, si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer a la parte quejosa el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá de advertir si impone a la quejosa una carga a la que no se está obligada, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico; y si por estas consecuencias habrá una ejecución material que incida en la esfera jurídica del quejoso. Entonces el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando utiliza las palabras "ejecución material", está definiendo el denominador común para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo. Tal expresión debe entenderse en el sentido de que, con la emisión del acto reclamado, se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o porque sus efectos conlleven a esa situación; es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo factico o real. Entonces, lo esencial es determinar si el acto o resolución reclamada requiere de ejecución material, esto es, que deba ejecutarse; y, lo que hace la diferencia es el lugar donde deba ejecutarse, se ha tratado de ejecutar, se esté ejecutando o si el acto ya se ejecutó; por lo que también ha de atenderse a sí esas acciones materiales ocurren en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Es orientadora en ese sentido, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.), registro 2009409, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado". (Época: Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 916). En ese contexto, se tiene como regla general, que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la naturaleza del acto y si debe tener ejecución, para distinguir cuál Juez de Distrito debe conocer de un amparo; esto es, el factor o punto de conexión que vincula a conocer del juicio es el lugar de la ejecución material del acto, y no el lugar donde se emitió el acto y los trámites previos, sino el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se está ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Al atender a ese factor de competencia el quejoso puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, toda vez que, promover el procedimiento constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, le brinda mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, y al Juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de los informes justificados de las autoridades responsables, se advierte que la quejosa reclama como punto toral de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, así como de las autoridades ejecutoras, residentes en esta ciudad, el requerimiento de pago derivado de la multa impuesta mediante auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós dentro del juicio laboral 485/2009, consistente en cuatrocientos días de salario mínimo vigente; así como su ejecución. Asimismo, se advierte que el dos de febrero de dos mil veintitrés, personal de la Dirección General de Cobro Coactivo y Vigilancia, así como del Departamento de Ejecución Fiscal de la Dirección General de Recaudación, ambos de la Subsecretaría de Ingresos del Estado de Guerrero, se presentaron en la Cabecera Municipal de Ayutla de los Libres, ante la quejosa en su calidad de Coordinadora propietaria del pueblo Me´phaa y Segunda Coordinadora Municipal en funciones de Síndica Procuradora del Consejo Municipal, y la requirieron como persona física el pago de la multa impuesta. En ese contexto, queda demostrado que el acto reclamado tiene efectos positivos y ejecución material consistente en el cobro que se hizo el dos de febrero de dos mil veintitrés, con la diligencia de requerimiento de pago y embargo que tuvo lugar en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero; esto es, sus efectos trascienden al mundo fáctico, porque la autoridad está ejecutando el cobro de la multa impuesta en un lugar determinado (en donde la quejosa funge como Coordinadora propietaria del pueblo Me´phaa y Segunda Coordinadora Municipal en funciones de Síndica Procuradora del Consejo Municipal de Ayutla de los Libres, Guerrero), que es el factor para generar la competencia. Lo anterior en razón de que el acto reclamado se está materializando en una diligencia en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero, perteneciente a la jurisdicción de los juzgados de Distrito en Acapulco; por lo que es esta última diligencia la que evidentemente materializa la ejecución del acto de imposición de la multa, y demuestra que el acto en su ejecución material tuvo lugar en esa ciudad. Consecuentemente, en el caso opera la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que existe un lugar en el que el acto tuvo ejecución y seguirá teniendo ejecución; aunque haya sido en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, donde se dictó el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, porque lo relevante es que la materialización de la ejecución del acto reclamado será en Ayutla de los Libres, Guerrero. Por tanto, con fundamento en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, se estima que es juez competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, el que reside en la ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuitos y de los juzgados de distrito, que en lo que interesa dice: "ACUERDO General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. [.] PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: [.] XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acapulco de Juárez, Atoyac de Alvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Juchitán, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Azueta, Juan R. Escudero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tecpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Zihuatanejo de Azueta.." (lo resaltado es propio) En consecuencia, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero en Turno, con sede en Acapulco, a fin de que decida dentro del lapso de cuarenta y ocho horas si acepta o no la competencia planteada, para así estar en aptitud de proveer lo relativo, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente y copia certificada de la determinación que se dicte. Cuaderno de antecedentes. Con copia de las constancias necesarias fórmese cuaderno de antecedentes. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

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