Epifanio Carbajal Deloya

Expediente 1222/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1222/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
07/12/2022

Partes del expediente

  • Epifanio Carbajal Deloya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, a través del cual se sobreseyó fuera de audiencia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Por otro lado, toda vez que no es necesario seguir conservando los legajos de pruebas, remítanse a su lugar de procedencia, esto es, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, tomó posesión como titular de este juzgado Federal, Karina Castillo Flores. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad capital, al rendir su informe justificado anexó diversas copias certificadas del juicio laboral ***************, de las que destaca el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós; constancias a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Ahora, de acuerdo al artículo 62, de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable remitió en el oficio de referencia, se advierte que es inexistente el acto reclamado, por las siguientes consideraciones. Por escrito presentado el once de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado al día siguiente a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Epifanio Carbajal Deloya, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que hizo consistir en lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE DESAHOGAR LA AUDIENCIA INCIDENTAL DE RECONOCIMIENTO DE BENEFICIARIO Y DICTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE." Asimismo, de los puntos marcados como "7" y "8" de los antecedentes del acto reclamado se advierte: "7.- Con fecha 13 de abril de 2022, se interpuso incidente de reconocimiento de beneficiario, por fallecimiento del actor EPIFANIO CARBAJAL JIMÉNEZ. 8.- Es el caso que a la fecha, la responsable HA OMITIDO DESAHOGAR LA AUDIENCIA INCIDENTAL Y DICTAR LA RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE BENEFICIARIO CORRESPONDIENTE, ni ha tomado las medidas conducentes a fin de lograr la culminación del natural." Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, incluso la totalidad de la información del expediente de origen, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De lo anterior, se advierte que la parte quejosa basa su reclamación en que el Tribunal Laboral había sido omiso en admitir a trámite el incidente de reconocimiento de beneficiario dentro del expediente de origen *********************, mismo que interpuso mediante el escrito presentado el trece de abril de dos mil veintidós. Dicho acto reclamado se tiene por inexistente, toda vez que no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Entonces, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la quejosa reclamó, como se dijo, la omisión de admitir a trámite el incidente de reconocimiento de beneficiario dentro del expediente de origen 674/2009, mismo que la parte actora, aquí quejosa interpuso mediante el escrito presentado el trece de abril de dos mil veintidós. Luego, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, se conoce que la Presidenta del Tribunal laboral responsable el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, acordó el escrito presentado por la parte actora, aquí quejosa el trece de abril de dos mil veintidós; es decir, tuvo a la parte actora aquí quejosa promoviendo el procedimiento especial de reconocimiento y declaración de beneficiario dentro del juicio laboral ************, cuya omisión constituye la base del acto reclamado en este juicio de amparo. Con lo anterior, es evidente que la omisión reclamada es inexistente, porque a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (once de agosto de dos mil veintidós), la autoridad responsable laboral ya se había pronunciado respecto al procedimiento especial de reconocimiento y declaración de beneficiario Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en los autos del presente juicio de amparo al quedar demostrado que la omisión reclamada es inexistente. En consecuencia, como se actualiza de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia antes citadas, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracciones IV de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales conducentes; y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el escrito firmado por ****** ******* ********* *********** ********** *********** ************* *********** ********** y *******************, en su carácter de autorizados legales del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Juan R. Escudero, Guerrero, en atención a su contenido, se les tiene renunciando a la representación en el presente juicio del citado ayuntamiento, asimismo, se deja sin efectos el domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, Fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, dese vista por el término de tres días al Ayuntamiento Municipal de Juan R. Escudero, Guerrero, en su carácter de tercero interesado, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga a fin de no dejarlo en estado de indefensión. Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible desahogarla en razón de que no ha mediado el tiempo suficiente para que las partes se impongan del complemento del informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; lo anterior, de acuerdo a lo establecido por el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis: V.2o.P.A.4 K (10a.), con número de registro 2005903, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 4, marzo de 2014, Tomo II, página 1620, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten". En consecuencia, la referida audiencia constitucional se difiere para las DIEZ HORAS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese.

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