Epifania Antonio Ramírez

Expediente 959/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 35 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
959/2018
Año
2018
Actuaciones
35
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Epifania Antonio Ramírez y Otros.
  • Epifania Antonio Ramírez
  • Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestaciones con relación a la vista ordenada en proveído de veintiuno de julio de dos mil veintidós, respecto a la imposibilidad que tuvo la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, este órgano de control constitucional de oficio se pronuncia en relación con dicho cumplimiento. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que en resolución de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, confirmada mediante ejecutoria de catorce de marzo de dos mil diecinueve, en el amparo en revisión laboral *****, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: Acreditara que la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, hizo efectiva la multa decretada en auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, misma que fue ordenada en proveído de ocho de abril de dos mil diecinueve, en el juicio laboral *****. 2. Actuaciones de este Juzgado. Mediante determinación de diez de abril de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora a la autoridad responsable. En proveído de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se ordenó vincular al cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Guerrero. En auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó vincular al cumplimiento a la diversa autoridad Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. 3. Trámites de la responsable y autoridades vinculadas. De las constancias que obran en autos se aprecia que la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y autoridades vinculadas [1] Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Guerrero; y [2] Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, remitieron los oficios con los que acreditaron la imposibilidad que tuvieron para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 4. Vista y notificaciones. Mediante proveído de veintiuno de julio de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa de manera personal a través de su autorizado el veintidós de julio de dos mil veintidós. 5. Verificación del cumplimiento. Analizadas que han sido las actuaciones remitidas por la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y autoridades vinculadas [1] Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Guerrero; y [2] Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, de las que se desprende la imposibilidad que tuvieron para realizar el cobro de la multa de doscientos días de salarios mínimos, la cual asciende a la cantidad de $17,672.00 (diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), impuesta a *****, en su carácter de Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero, en autos del juicio laboral *****, del índice del Tribunal de Conciliación en el Estado de Guerrero. De lo anterior, el suscrito arriba a la conclusión que existe la imposibilidad material y jurídica para que la autoridad responsable y vinculadas de referencia cumplan con los deberes impuestos en el fallo que se analiza, en razón de que no cuenta con elementos para cumplir con los lineamientos establecidos en la ejecutoria, no obstante a las actuaciones realizadas a fin de lograr el cumplimiento. 5. Conclusión. En virtud de lo expuesto, SE DECLARA EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA CUMPLIR CON LA EJECUTORIA DE AMPARO. 7. Archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12, 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Directora General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; mediante el cual se advierte la imposibilidad la imposibilidad que tuvo para realizar el cobro de la multa de doscientos días de salarios mínimos vigentes en el Estado, impuesta a ****************, en su carácter de Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero, en autos del juicio laboral 722/2012, del índice del Tribunal de Conciliación en el Estado de Guerrero, la cual asciende a la cantidad de $17,672.00 (diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, córrase traslado y dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre la imposibilidad que manifestó la autoridad vinculada para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, primero de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Directora General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; mediante los cuales pretende dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós, y vuelve a reiterar la imposibilidad que tiene para realizar el cobro de la multa de doscientos días de salarios mínimos vigentes en el Estado, impuesta a Gloria Martínez Martínez, en su carácter de Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero, en autos del juicio laboral 722/2012, del índice del Tribunal de Conciliación en el Estado de Guerrero, la cual asciende a la cantidad de $17,672.00 (diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional); y remiter copia certificada del oficio SI/DGCCV/DEF/1477/2022 a través del cual volvió a remitir el diverso oficio SI/DGCCV/DEF/0098/2019 a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, empero, de la actuaciones la autoridad oficiante no se aprecia tal impulso ya que de autos se aprecia que dicho oficio ya fue remitido a la responsable y mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitió copia certificada del acuse de recibo del oficio 5791/2022, dirigido al Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, precisando los domicilios recabados a fin de que hiciera efectivas las multas de trato, de ahí que no ha lugar a tener por desahogo dicho requerimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase por segunda ocasión a la autoridad vinculada Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, esto es a Yanet Cantú Cortes, para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, remita a este juzgado las constancias relativas al cobro de la multa impuesta a Gloria Martínez Martínez, en su carácter de Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero, Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero, teniendo como referencia los domicilios proporcionados por la autoridad responsable mediante oficio 5791/2022 de trece de junio de dos mil veintidós, temiéndole para tal efecto copia del citado oficio. Debe precisarse que el término concedido a la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se otorgó tomando en consideración a que la fecha de notificación de los oficios expedidos por la autoridad responsable. Es aplicable a lo antes expuesto la Jurisprudencia I.3o.C.J/7 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, Registro: 2005325 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: ".SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE." Haciéndole del conocimiento a dicha autoridad responsable, que en caso de acatar de manera correcta dicho requerimiento se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Finalmente, se le ordena que en lo subsecuente remita las constancias que se le solicitan apegándose a los efectos de la ejecutoria de amparo; lo anterior, en razón de que es parte de su obligación corroborar que las diligencias se encuentren debidamente integradas, ya que con su actuar únicamente entorpece el trámite de ejecución y el desarrollo procesal de juicio de origen, en razón de que mediante oficio 16248/2022 se le envío copia del diverso 5791/2022 a través del cual la responsable le precisó los nuevos domicilios donde puede ejecutar la multa de origen, siendo imperativo para este Juzgado de Distrito la impartición de justicia pronta y expedita de conformidad con el artículo 17 constitucional, debido a la celeridad con que se lleva a cabo los juicios de amparo, como en el caso en que se actúa, por lo que deberá ajustarse en lo subsecuente a los lineamientos establecidos en la Ley de la Materia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, remite copia certificada del acuse de recibo del oficio 5791/2022, dirigido al Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, derivado del juicio laboral 722/2012, Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad vinculada Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, esto es a Filiberto Salmerón Suárez, para que dentro del término de QUINCE DÍAS HÁBILES, remita a este juzgado las constancias relativas al desahogo del requerimiento formulado por la autoridad responsable mediante oficio 5791/2022, relativo al pago de la multa de doscientos días de salarios mínimos vigentes en el Estado, impuesta a Gloria Martínez Martínez, en su carácter de Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero, Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero. Debe precisarse que el término concedido a la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se otorgó tomando en consideración a que la fecha de notificación de los oficios expedidos por la autoridad responsable. Es aplicable a lo antes expuesto la Jurisprudencia I.3o.C.J/7 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, Registro: 2005325 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: ".SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE." Haciéndole del conocimiento a dicha autoridad responsable, que en caso de acatar de manera correcta dicho requerimiento se le harán efectivos los apercibimientos decretados en el auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, esto es, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

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