Enrique Ruiz Ruiz
Expediente 258/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Enrique Ruiz Ruiz
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual remite copia de la ejecutoria pronunciada el veintiocho de octubre del año en curso, en el recurso de queja 113/2021, interpuesto por el quejoso ***, contra el auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, de la que se advierte que la superioridad declaró infundado dicho medio de inconformidad; acúsese recibo vía interconexión. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso Enríque Ruiz Ruiz, por el que interpone recurso de queja en términos de lo dispuesto en artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el acuerdo de veinte de abril actual, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase a la promovente interponiendo el recurso en cita. En consecuencia, remítase el escrito del recurso de queja y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, por conducto de su Jefe de la Oficina de Correspondencia, para la substanciación de dicho medio de impugnación. También, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que en este juicio de amparo se dictó el acuerdo de veinte de abril del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos del de la Ley de Amparo; por lo que adjúntense copias certificadas de la totalidad de las constancias que conforman el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja hecho valer. Se precisa que en el caso no es procedente notificar a la autoridad señalada como responsable la interposición de dicho recurso, a efecto de que dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, toda vez que se desechó de plano la demanda respectiva. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de los 1. Secretarios General y de Organización y Estadística respectivamente, de la Sección 38, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y otra autoridad, que hace consistir literalmente en: ******** ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 258/2021-II-A, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002, determina que por manifiesto se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, que el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se continuara con el trámite de la demanda de amparo, de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. En ese sentido, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 5 de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la lectura a los preceptos transcritos se desprende, que el juicio de amparo únicamente procede cuando se reclaman actos que provengan de "autoridad", entendiéndose por ésta última, con independencia de su naturaleza formal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que se trata de una autoridad para efectos del juicio de amparo la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por tanto, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Lo anteriormente expuesto revela que, para estar en condiciones de determinar sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace respecto a las relaciones jurídicas de coordinación, supra subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre éstos, destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad. Por su parte, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que, para definir el concepto de autoridad responsable cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, debe partirse del supuesto de que el promovente debe tener el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, página 1089, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Asimismo, la tesis 2a. XXXVI/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1999, página 307, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." De lo expuesto se concluye que, por regla general, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por ésta la que, con independencia de su naturaleza formal, tenga imperio frente al particular y, como excepción, la posibilidad de que los particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que debieran realizar en ese sentido; siempre y cuando las funciones del particular estén determinadas por una norma general. Así, el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridades, es que sean equivalentes a los de éstas. De esta forma, si bien es verdad que los actos provenientes de particular, por regla general, no son susceptibles de control constitucional por vía de amparo, lo cierto es que dichos actos, por excepción, sí pueden ser materia del juicio constitucional cuando su contenido pueda equipararse a los actos de una autoridad, y de la interpretación sistemática de los señalados artículos 5, fracción II, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que esa situación equiparable se presenta cuando se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral u obligatoria. Por tanto, los elementos esenciales para reconocer autoridad al comportamiento de los particulares susceptible de control constitucional por vía del amparo, se presentan cuando un particular en agravio de otro, le crea, modifica o extingue situaciones; además, esas situaciones creadas por el particular respecto del otro tienen un contenido jurídico, es decir, se basan en el marco normativo, y además son impuestas de forma unilateral y obligatoria. Asentado lo anterior, es necesario destacar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Enrique Ruíz Ruiz, reclama de los Secretarios General y de Organización y Estadística respectivamente, de la Sección 38, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana el haber solicitado su anticipada jubilación al Jefe del Departamento de personal S.C. de la Refinería "ingeniero Antonio Dovalí Jaime", Pemex-Refinación; circunstancia que, a consideración de este juzgador no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para una mejor comprensión de la conclusión anterior, resulta necesario traer a cuenta el contenido de los artículos 356, 375 y 700, fracción VI de la Ley Federal del Trabajo disponen: "Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses." "Artículo 375. Los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato." "Artículo 700. La competencia por razón del territorio se rige por las normas siguientes: . VI. Cuando el demandado sea un sindicato, la Junta del domicilio del mismo." De la interpretación literal de las disposiciones trascritas se advierte, en lo que interesa, que el Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses; también se desprende que los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato; además, que cuando el demandado sea un Sindicato es competente por razón de territorio la Junta del domicilio del mismo. De tal suerte que el acto que se reclama de los Secretarios General y de Organización y Estadística respectivamente, de la Sección 38, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, tiene sustento en sus estatutos y contrato colectivo de trabajo, los cuales no tienen las características de ser una norma general (impersonal y abstracta), precisamente, por no haber sido emitidas por un órgano del estado mexicano encomendado para tal efecto, en esa medida es que sus actuaciones no encuadran en la hipótesis a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues sus funciones no están determinadas por una norma general por lo que no puede considerarse que los actos provengan de una autoridad para efectos del juicio de amparo. ************ Por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos del mismo ordenamiento, y en virtud de que el acto reclamado no puede ser considerado de autoridad para efecto del juicio de amparo, por las razones que anteceden, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Enrique Ruíz Ruiz. AUTORIZADO Y DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso y como autorizado para tales efectos a las personas que precisa en su escrito de cuenta. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el numeral 17 de la Constitución; con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ello hasta en tanto se reanuden las labores de manera ordinaria dada la suspensión decretada por la contingencia sanitaria en cita. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con Gfundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente.
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