Epifanio Herrera Ramon
Expediente 402/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 33 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 402/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 05/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Epifanio Herrera Ramon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio de cuenta firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, con el que remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 627/2016, interpuesto por los quejosos Epifanio Herrera Ramón y otros, y devuelve los autos del juicio de amparo 402/2015; acúsese el recibo correspondiente; glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del referido expediente; y, apareciendo que la superioridad revocó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, en la que por una parte, sobreseyó el juicio y, por otra, negó el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Epifanio, Nicolás y Gumercindo, de apellidos Herrera Ramón; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para los efectos legales procedentes, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido y el original del incidente de suspensión glósese a este expediente, y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se negó y se concedió la suspensión definitiva y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-AAMPARO
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, trece de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por la Jefa de Administración de Correos de México, con sede en esta ciudad, por el que informa que los acuses de recibo de los oficios números 4839 a 4842, fueron devueltos el día cuatro de noviembre pasado, los cuales obran en los autos del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese. IIIA
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el que acusa recibo del oficio número 4168 e informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por los quejosos Epifanio, Gumercindo y Nicolás de apellidos Herrera Ramón. Notifíquese. IIIA
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos; advirtiéndose que no obran los acuses de recibo de los oficios número 3445 y 3667, dirigidos a las autoridades responsables, Fiscal en Jefe adscrito a la Agencia Local del Ministerio Público, residente en Puerto Escondido, Oaxaca; y Director del Centro de Readaptación Social, con sede en San Pedro Pochutla, Oaxaca, mediante los cuales, a la primera autoridad, se le notifica la sentencia dictada en este juicio de amparo y, a la segunda, la interposición del recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, los cuales son necesarios para remitir este juicio al Tribunal de Alzada para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por los quejosos Epifanio, Gumercindo y Nicolás de apellidos Herrera Ramón, contra la sentencia respectiva. En consecuencia, requiérase a la Administradora de Correos en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la fecha en que quede legalmente notificada de este proveído, remita los acuses de recibo de los oficios mencionados, que de acuerdo a las facturas de fechas diecinueve de agosto y tres de septiembre del año en curso, fueron depositados ante esa oficina postal a su cargo, con los siguientes números de registros 13195 y 13812, o en su caso, remita copia certificada del formato F78; apercibida que de no hacerlo en el plazo concedido, se le impondrá, una multa por la cantidad de diez días de salario, calculados sobre el mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 237 fracción I, en relación con el 238 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, a efecto de no hacer nugatorio los derechos de los quejosos y tomando en consideración que las autoridades responsables, Fiscal en Jefe adscrito a la Agencia Local del Ministerio Público, residente en Puerto Escondido, Oaxaca; y Director del Centro de Readaptación Social, con sede en San Pedro Pochutla, Oaxaca, carece de legitimación para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de mérito; atento a lo establecido en la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 23, del Tomo XVIII, correspondiente al mes de julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro: 183709, que se invoca por identidad de razones jurídicas, cuyo tenor literal es: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir". En consecuencia, remítanse los originales del presente juicio, original y copia del escrito de agravios, por conducto del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados, al Tribunal en Materias Penal y Administrativa, del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para la substanciación de dicho recurso. Por último, una vez que obren en autos los acuses de recibo requeridos en el primer párrafo de este acuerdo, remítanse al Magistrado Presidente del Tribunal correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. IIIA
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