Enrique López Gallegos

Expediente 371/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
371/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
21/09/2018

Partes del expediente

  • Enrique López Gallegos

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio de amparo, el diez de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Enrique López Gallegos; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IV-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a diez de septiembre de dos mil dieciocho. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Enrique López Gallegos, por propio derecho, contra actos del 1) CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE CIUDAD IXTEPEC, OAXACA; 2) CONSEJO DE VIGILANCIA DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE CIUDAD IXTEPEC, OAXACA; y 3) COMANDANTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE CIUDAD IXTEPEC, OAXACA. En consecuencia, se ordena formar expediente, 371/2018 y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, primeramente se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia que previene el artículo 61 de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 113 que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (...)". En relación con el concepto de autoridad responsable o particular responsable en la Ley de Amparo vigente, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 43/2014 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, Página: 888, Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2014, con el rubro "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", en lo de interés, se expuso: "Aun cuando el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece establece que: '... para los efectos de esta ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general'; lo cierto es que la procedencia del juicio, en esos términos, está condicionada a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra a subordinación." Posteriormente esa misma Segunda Sala, en la ejecutoria de treinta de abril de dos mil catorce, dictada en el amparo directo en revisión 736/2014, en lo que interesa expresó: "Que en tratándose de juicios promovidos bajo la vigencia de la nueva Ley de Amparo, existe un nuevo paradigma respecto del concepto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio constitucional. [.] Que en términos del artículo 5o. de la Ley de Amparo vigente, es autoridad responsable la que, independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, prevé una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Que a través de la disposición citada, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas y se señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] Que este tribunal y la doctrina constitucional han sostenido que en el Estado existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: de subordinación, de supraordinación y la de coordinación. Las relaciones de subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Que, con base en las notas distintivas de cada uno de los tipos de relaciones jurídicas que existen en el Estado, atendiendo al marco conceptual que dio origen al texto de la vigente Ley de Amparo, es que, como se indicó en el asunto citado, en cada caso concreto debe analizarse si los actos de que se trata, pueden reputarse como provenientes de autoridad." Del artículo, jurisprudencia y ejecutorias transcritas se desprende que se identifica a los sujetos contra cuyos actos es procedente el juicio de amparo; esto es, la autoridad y los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad. Así, independientemente de su naturaleza formal, autoridad es aquel ente que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De esa forma, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma unilateral y obligatoria, situaciones jurídicas, con posibilidad de vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondiente. Por otro lado, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo que se sigue que para identificar a un acto producido por un particular, como equivalente al de autoridad, habrá que estarse a las cualidades propias de éste; es decir, debe crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, con posibilidad de vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad respectivos. Asimismo, se advierte que para la identificación del sujeto "autoridad" y, por ende, del sujeto "particular que realiza actos equivalentes a los de autoridad", en la Ley de Amparo vigente se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan en el seno del Estado, a saber: de subordinación, de supraordinación y de coordinación; las cuales son: a) Subordinación, son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes; b) Supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; y, c) Coordinación, son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. De manera que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sin posibilidad para el gobernado de acudir a algún procedimiento ordinario para dirimir las diferencias que surjan de su actuación, ya que la autoridad tiene facultad de vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos autoritarios. Por otra parte, tratándose de particulares los sujetos contra quienes es procedente el juicio de amparo, serán aquellos cuyos actos sean equivalentes a los de autoridad; esto es, aquellos que desde una posición de supra a subordinación, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En el caso, previamente a continuar con el estudio de la causa de improcedencia aludida, se estima pertinente reiterar que la parte quejosa señala como autoridades y acto reclamado los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- ORDENADORA: CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE CIUDAD IXTEPEC, OAXACA. Con domicilio bien conocido en la Calle Guadalupe Victoria Número tres, Centro, Ciudad Ixtepec, Oaxaca. CONSEJO DE VIGILANCIA DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE CIUDAD IXTEPEC, OAXACA. Con domicilio bien conocido en la Calle Guadalupe Victoria Número tres, Centro, Ciudad Ixtepec, Oaxaca. EJECUTORA: COMANDANTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE CIUDAD IXTEPEC, OAXACA, con domicilio bien conocido en la Carretera Ixtepec- Juchitán Ciudad Ixtepec, Oaxaca." "ACTO RECLAMADO: DE LA AUTORIDAD ORDENADORA; CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE CIUDAD IXTEPEC, OAXACA Y SU CONSEJO DE VIGILANCIA, les reclamo: a).- la orden emitida en la reunión celebrada en las Instalaciones del Comisariado de bienes Comunales de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, con fecha cuatro de septiembre pasado de presentarles los documentos que amparen la propiedad o pesesión del inmueble ubicado en la calle Guadalupe Victoria número 88, colonia Estación de Ciudad lxtepec, Oaxaca en la Cita verbal que me hacen para que me presente a las dieciocho horas con treinta minutos del día veintidós de Septiembre de dos mil dieciocho, me aperciben que en caso de, no presentarme me mandaran presentar por medio de la Policía Municipal de Ciudad Ixtepec, Oaxaca o si la documentación que presente no sea la idónea para ellos me tendrán por no presente y como rebelde y mi propiedad, será adjudicado por la comuna y se le expedirá constancia de posesión a la persona que justifique un derecho sobre dicho inmueble y con el auxilio de la Policía Municipal se ordenara el desalojo del suscrito del inmueble de mi propiedad en posesión; b).- La ilegal cita verbal que me fue notificada en la audiencia o reunión de fecha o4 de septiembre de 2018, para que me presente con fecha veintidós de septiembre de 2018 a las 18:30 horas a las instalaciones del Comisariado de Bienes Comunales de Ciudad lxtepec, Oaxaca a una audiencia en la cual se tomen determinaciones coercitivas tendientes a la desposesión de mi propiedad ubicada en la calle Guadalupe Victoria número 88, colonia Estación de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA RECLAMO, el cumplimiento a la ejecución del apercibimiento emitido por la autoridad responsable." Luego, los artículos 27, fracción VII, de la Constitución Federal; así como 22, 23, 32, 33, 36, 99 y 107 de la Ley Agraria, que disponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 27. [.] VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. [.] La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. [.]". Ley Agraria en vigor. "Artículo 22.- El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo". "Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros; IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos; V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común; VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización; VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley; X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación; XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos; XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia; XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido". "Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente". "Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido". "Artículo 36.- Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia: I. Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea; II. Revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante ésta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado; III. Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado; y IV. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido". "Artículo 99.- Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son: I. La personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra; II. La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre; III. La protección especial a las tierras comunales que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los términos del artículo 100 de esta ley; y IV. Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y el estatuto comunal". "Artículo 107.- Son aplicables a las comunidades todas las disposiciones que para los ejidos prevé esta ley, en lo que no contravengan lo dispuesto en este Capítulo". De los numerales transcritos se aprecia, que Constitucionalmente se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales, cuyo órgano supremo es la Asamblea General, con la organización y funciones que señale la ley; cuáles son sus facultades; que el Comisariado Ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea, su constitución, facultades y obligaciones; cuáles son las facultades y obligaciones del Consejo de Vigilancia; los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad; y las disposiciones que le son aplicables. De ahí, que los actos de la Asamblea, Comisariado y Consejo de Vigilancia del ejido no puedan considerarse como de autoridad para los efectos del amparo, toda vez que ninguno de los normativos transcritos les otorga la facultad de imperio, sino se encuentran en una relación de coordinación; lo que se corrobora con el numeral 21 de la legislación agraria, que dispone: "Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia". De su contenido se aprecia que la Asamblea, el Comisariado Ejidal, así como el Consejo de Vigilancia, son órganos del ejido, esto es, no son órganos del Estado. Por tanto, al no ser los ejidos entes estatales, sus autoridades no son autoridades para efectos del juicio de amparo. Máxime que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Agraria, la Asamblea y Comisariado Ejidales no podrían ser considerados en estricto sentido autoridades del Estado, pues desde su iniciativa de diez de febrero de mil novecientos noventa y dos, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se les perfiló no como "autoridades", sino como órganos de representación y ejecución del ejido, en los términos siguientes: "[.] El ejido y los ejidatarios. Los núcleos de población ejidal y comunal demandan autonomía y libertad. Por ello, la transferencia de funciones a los campesinos es un objetivo de la transformación institucional que persigue la iniciativa. En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. La asamblea general, compuesta por todos los ejidatarios del núcleo de población, es el órgano supremo del ejido. Le corresponde decidir sobre las cuestiones de mayor importancia para el núcleo de población, fijándose los requisitos y formalidades para su instalación y para el ejercicio de su facultad de resolución en casos especiales. El comisariado ejidal será el responsable de la representación legal del núcleo y de la administración de sus bienes, mientras el consejo de vigilancia verificará su correcto ejercicio administrativo. La existencia de estos órganos no menoscaba la capacidad de la asamblea para designar otros que tengan por finalidad el mejor aprovechamiento y administración de los recursos del ejido. [.]". De igual manera, el Consejo de Administración del Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia, del Comisariado de Bienes Comunales, ambos de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, tampoco son particulares cuyos actos sean equivalentes a los de autoridad. Al respecto, los artículos 23 y 27 de la Ley Agraria, de los cuales el primero se transcribió previamente, y el segundo establece: "Artículo 27.- Las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En caso de empate el Presidente del comisariado ejidal tendrá voto de calidad. Cuando se trate alguno de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, se requerirá el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la asamblea." De tales numerales se desprende que la asamblea, como órgano supremo del ejido, tiene facultades relacionadas con la administración, modificación, distribución y terminación del ejido, así como al reconocimiento, separación de ejidatarios y lo concerniente a la regularización de los posesionarios; facultades que solo inciden al interior del ejido, por lo que son de índole netamente decisoria, en oposición a las ejecutivas; por ello, la Ley Agraria dispuso un órgano ejecutivo del ejido, encargado de la representación y gestión administrativa del núcleo de población ejidal, así como de la ejecución de las decisiones de la asamblea, este es, el Comisariado Ejidal; asimismo, que las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias tanto para los ausentes como para los disidentes, de igual manera, que en caso de empate, el Presidente del comisariado ejidal tendrá voto de calidad. Así, de la Ley Agraria no se advierte que el Consejo de Administración del Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia, del Comisariado de Bienes Comunales, ambos de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, cuenten con facultades para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, pues para ello, la propia ley establece los procedimientos para controvertir esas decisiones ante el Tribunal Agrario respectivo, como se verá más adelante. Entonces, el acto reclamado al Consejo de Administración del Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia, del Comisariado de Bienes Comunales, ambos de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, consistente en la cita verbal que le fue notificada en la audiencia o reunión de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, para que se presente a las dieciocho horas con treinta minutos del veintidós de septiembre del año en curso, en las instalaciones del Comisariado de Bienes Comunales de Ciudad lxtepec, Oaxaca, a una audiencia tendente al desposeimiento de un inmueble que detenta como propietario, ubicado en la calle Guadalupe Victoria número 88, colonia Estación de Ciudad Ixtepec, Oaxaca; carece de imperatividad, coercitividad y unilateralidad, pues no es equivalente al acto de una autoridad; por ello, no se puede considerar "acto de particulares equivalente a los de autoridad". Aunado a lo anterior, los artículos 163 de la Ley Agraria y 18, fracción VI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, disponen: "Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley." "Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. [.] VI.- De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población; [.]". Numerales de los que se desprende que la finalidad de los juicios agrarios es resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la propia ley; asimismo, que los tribunales en tal materia, conocerán de controversias entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población, entre otras hipótesis. De ahí, que la relación que se da entre el quejoso Enrique López Gallegos, con los integrantes del Consejo de Administración del Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia, del Comisariado de Bienes Comunales, ambos de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, respecto a la citación de que se trata, es de coordinación; y para su solución se instituyó un procedimiento jurisdiccional, como lo es el juicio agrario; por lo que, los actos que el quejoso pretende se analicen en esta vía, puede demandarlos ante el Tribunal Agrario respectivo, donde podrá reclamar, hacer valer y probar lo que a su interés convenga, en un juicio en que se respetarán las formalidades esenciales del procedimiento, tanto para él, como para los demandados. Esto es más claro si se ve a tal norma como límite de los actos del comisariado de bienes comunales en torno a la posesión de tierras de la comunidad; pues, por un lado, la Ley Agraria no autoriza a ese órgano para que por sí y ante sí desposean a los sujetos que detenten bienes del núcleo o viceversa y, por otro, los sujeta a dirimir cualquier conflicto vinculado con esa figura mediante juicio agrario. Por ende, si los entes de organización del ejido o comunidad deben sujetar sus decisiones sobre posesión, a las decisiones de los tribunales agrarios, en términos de un juicio agrario, es claro que frente a los sujetos del ejido o comunidad, no se ubican en una relación de supra a subordinación, sino en una relación de coordinación. Es cierto que el artículo 27 de la Ley Agraria -transcrito previamente- establece que las resoluciones de la asamblea ejidal son obligatorias; sin embargo, lo cierto es que esa obligatoriedad es declarativa, que no está dotada de imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Entonces, el Consejo de Administración del Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia, del Comisariado de Bienes Comunales, ambos de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, en sus relaciones con los posesionarios de tierras ejidales, no se ubican en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, se concluye que no es autoridad y tampoco particular equivalente a autoridad para efectos del juicio de amparo. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia, con registro 237247, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, Tercera Parte, Página: 159, Séptima Época, de rubro y texto siguiente: "AGRARIO. ASAMBLEA GENERAL DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Es cierto que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22 y 23 de la Ley Federal de Reforma Agraria la asamblea general constituye la máxima autoridad dentro de los ejidos y comunidades que poseen tierras, pero, no obstante tal denominación, del análisis de los artículos 18, 21, párrafo segundo, y 47 de la citada ley se desprende que no son autoridades para efectos del juicio de amparo, sino que, propiamente, constituyen órganos de decisión interna de los núcleos de población correspondientes". Cabe señalar que los criterios invocados resultan aplicables al presente caso, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, puesto que su contenido no se opone a la Ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, y 113 de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve Enrique López Gallegos, contra actos del Consejo de Administración del Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia, del Comisariado de Bienes Comunales, ambos de Ciudad Ixtepec, Oaxaca; así como el que se atribuye al Comandante de la Policía Municipal de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, en virtud de que éste deriva de la orden verbal reclamada a las dos primeras. DOMICILIO Téngase a la parte quejosa solicitando expresamente que sus notificaciones se le realicen por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado, y como autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia a Arnulfo Echeverría Marín, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditado ante el Poder Judicial de la Federación, que lo autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho. Asimismo, como expresamente lo solicita la parte quejosa, se tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones a Ricardo Sánchez Toledo. Notifíquese al quejoso por medio de lista como se estableció en este acuerdo. IV-A

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