Enrique Rubén Pérez Herrera
Expediente 366/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/09/2023
Partes del expediente
- Enrique Rubén Pérez Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia terminada de engrosar de treinta de agosto de dos mil veintitrés, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se procederá a su destrucción.
- Principal
SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 366/2023-III, promovido por Miguel Ángel Bello Madrid, en su carácter de defensor de Enrique Rubén Pérez Herrera, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el trece de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, Miguel Ángel Bello Madrid, en su carácter de defensor de Enrique Rubén Pérez Herrera, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se mencionan a continuación: "AUTORIDAD RESPONSABLE. ÚNICA. Doctor en Derecho Daniel Ramírez Peña, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, quien actuó con carácter de Juez de Control." "ACTO RECLAMADO. ÚNICO. El auto de 3 de marzo de 2023, emitido por el Doctor en Derecho Daniel Ramírez Peña, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, quien actuó con carácter de Juez de Control, en el que declaró improcedente el recurso de revocación." Acto reclamado que el promovente del amparo señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Desechamiento de la demanda de amparo y recurso de queja. Por auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo por los motivos expuestos en el propio proveído; pero inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja, mismo que conoció y resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien en ejecutoria de ocho de junio de dos mil veintitrés, declaró fundado el recurso y ordenó la admisión de la demanda. 3. Admisión. Recibida que fue la ejecutoria en comento, en auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. 4. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional, tuvo verificativo el veinte de julio de dos mil veintitrés, en términos del acta correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, porque los actos que se reclaman son en materia penal con ejecución material en el territorio donde este Juzgado de Distrito tiene competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, los actos reclamados se hacen consistir en: El acuerdo de marzo de dos mil veintitrés, emitido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, quien actuó con carácter de Juez de Control, en el que declaró improcedente el recurso de revocación intentado por el quejoso, en contra del proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto a él reclamado. Consecuentemente, debe tenerse por cierto el acto que se reclama a dicha autoridad; siendo aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Quinta Época, página 206, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con las constancias que, como complemento a su informe justificado, la referida autoridad relacionó por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y que obran con las respectivas firmas electrónicas. Constancias a las que, dada su naturaleza de documentales públicas, por ser emitidas por servidor público en uso de sus facultades, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por tratarse de actuaciones judiciales. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, Quinta Época, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. El estudio de las causales de improcedencia es de orden público y deben ser analizadas de manera preferente, sea que las partes lo aleguen o se adviertan de oficio, atento lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Determinación que, además, encuentra sustento en la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Tomo VIII, Quinta Época, página 262, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Y en ese sentido, se estima que, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto reclamado no tiene una ejecución material de imposible reparación. Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito citado en último término, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, el auto emitido el tres de marzo de dos mil veintitrés, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, mediante el cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra de la determinación de veintiocho de febrero pasado, relativo a la causa penal 402/2021, no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo pues, solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el presente caso, se estima que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que el ahora quejoso obtenga una resolución favorable, en la causa penal 402/2021, del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse la resolución; ello conforme a lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que el ahora directo quejoso no obtenga una resolución favorable, en razón de que la materia del acto reclamado consiste en el auto emitido el tres de marzo de dos mil veintitrés, por el Juez responsable, mediante el cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra de la determinación de veintiocho de febrero pasado, relativo a la causa penal 402/2021, en el que aduce se negó a tener por contestada la acusación, a pesar de que el escrito con folio 3744, se dirigió al Juez de Control, quien debió resolver el tema conducente. No obstante ello, contrario a lo aducido por el quejoso, en dicha determinación no se le acordó el sentido que refiere, es decir, no se negó a tener por contestada la acusación, dado que el contenido del referido acuerdo es del tenor literal siguiente: "(.) Intégrese el escrito de Miguel Ángel Bello Madrid defensor particular de Enrique Rubén Pérez Herrera, folio 3744, mediante el cual solicita que se tenga por contestada la acusación respecto a su defendido. En ese contexto, se hace del conocimiento a la defensa en cita que deberá estarse a lo acordado en autos de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, así como el de nueve de febrero del año en curso. Por otra lado, se reitera a la defensa que la causa correcta con la que se tuvo audiencia de acumulación es la 115/2022 no la 115/2021 como lo refiere. (.)." De esta manera, del análisis de las constancias que integran el procedimiento de origen, se advierte que, efectivamente, al ahora quejoso se le negó tener por contestada la acusación formulada en su contra por el Fiscal acusador; sin embargo, ello fue en los diversos proveídos de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós y nueve de febrero del año en curso, en los que se le estableció como causa de lo anterior, la extemporaneidad de la presentación de la contestación de mérito; y por ende, tales determinaciones son, en todo caso, las que le generarían un perjuicio en su esfera de derechos, mismas que, de constancias no se aprecia que hayan sido impugnadas. Orienta lo anterior, por las razones que la integran, la tesis XIX.1o.A.C.29 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, Novena Época, visible a página 1273, que dice: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO QUE REMITE A LO ORDENADO EN UN PROVEÍDO ANTERIOR QUE TUVO POR DESECHADAS LAS PRUEBAS DE NUEVA CUENTA OFRECIDAS. Acorde con el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, el recurso de queja procede contra los acuerdos dictados en el trámite del juicio de amparo o en el incidente de suspensión, que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar daño o perjuicio irreparable en la sentencia definitiva. En ese sentido, si con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional el ahora inconforme reiteró el ofrecimiento de las pruebas testimonial e inspección judicial con carácter de pericial, a lo que el Juez de Distrito en el acuerdo impugnado determinó que debería estarse a lo ordenado en un proveído anterior, donde dichas probanzas fueron desechadas por no anunciarse con cinco días hábiles de anticipación a la primer fecha fijada para la audiencia constitucional, es indudable que el recurso de queja interpuesto es improcedente, ya que ningún daño o perjuicio puede deparar al recurrente el auto reclamado donde el a quo sólo lo remite a un diverso dictado con antelación para que observe lo determinado sobre los medios de convicción ofertados, porque en todo caso, es este último acuerdo, el que negó la admisión de pruebas, el que pudiera ocasionarle perjuicios. Razonar de distinta manera, equivale a dar oportunidad al quejoso de impugnar un acuerdo con base en argumentos que en su momento debió exponer de manera oportuna a través del recurso de queja." Por lo tanto, se concluye que el acto reclamado, de suyo no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que éste únicamente produce efectos intraprocesales y pueden ser reparados si el amparista obtiene sentencia favorable; de tal manera, la sentencia impugnada constituye una violación procesal reclamable hasta que se dicte la sentencia de fondo si fuere desfavorable para la quejosa, a través del juicio de amparo directo, y por ello, se afirma, que no lesiona sus derechos sustantivos, y menos en forma irreparable. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por si tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Robustece lo anterior, por las razones que la integran, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, página 39, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues, se insiste, se trata esencialmente del auto emitido el tres de marzo de dos mil veintitrés, por el Juez responsable, mediante el cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra de la determinación de veintiocho de febrero pasado, relativa a la causa penal 402/2021, misma que únicamente remite a las diversas de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós y nueve de febrero del año en curso, las cuales no fueron objeto de impugnación previa. Luego, se concluye que, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sin que sea óbice a lo anterior, lo resuelto en la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 69/2023 de su índice, sobre el desechamiento de demanda formulado en el presente juicio, respecto de la misma causa de improcedencia planteada en esta sentencia; porque, conforme al contenido de dicha ejecutoria, se aprecia que el Tribunal Colegiado aludido, sólo estableció que no era posible determinar la referida causa de improcedencia en el auto en cuestión, y por ende resultaba necesario analizar, a la luz de las constancias que integraran el sumario constitucional, la actualización de la misma de manera casuística; lo que incluso, en párrafos precedentes, ha sido materia de análisis, lo cual justifica resolver en el sentido apuntado, sin que esto implique una contradicción a la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado citado. En las relatadas condiciones, conforme a lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia ante invocada, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la ley referida, procede sobreseer en el presente sumario constitucional. Cabe señalar que lo anterior no implica una denegación de la justicia o una afectación a los derechos fundamentales del solicitante del amparo, pues no es la obligación de este tribunal de amparo tramitar y resolver en el fondo el asunto sometido a su consideración en forma favorable a sus intereses, sino que se circunscribe a que a su demanda debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento, a las cuales debe apegarse el quejoso, y entre las que se encuentran la causa de improcedencia advertida en el presente fallo. Es aplicable sobre el tema, la jurisprudencia VII.2o.C.J/23, publicada en la página 921, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2006, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Y, en lo conducente, la jurisprudencia III.2o.C.3 K (10ª), publicada en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Enero de 2013, Libro XVI, Tomo 3, Décima Época, que establece: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Finalmente, dado el sentido de la presente resolución, no se permite a este juzgador el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo; lo que encuentra apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia 509, publicada en la página 335 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, los mismos resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, y en el presente el caso no se advierte oposición alguna al respecto. SEXTO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 6, apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior en atención al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Bello Madrid, en su carácter de defensor de Enrique Rubén Pérez Herrera, respecto del acto reclamado y autoridad responsable precisados en los Considerandos Segundo y Tercero de esta sentencia, por los razonamientos expresados en el diverso Cuarto de la misma.
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Toluca, Estado de México, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual, ********************, autorizado del quejoso ******************** solicita que la práctica de las noticiones de carácter personal sean realizadas a través del usuario que refiere; asimismo, se le proporcione el acceso al expediente electrónico a través de la referida vía. Ahora bien, toda vez que de la certificación de cuenta se evidencia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro del usuario "********************"; en consecuencia, como lo solicita la parte quejosa y conforme a lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones a través de dicho medio; circunstancia de la que deberán tomar en cuenta los actuarios para el correcto ejercicio de sus funciones. Asimismo, de conformidad con el numeral 3 de la ley de la materia, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico que deriva de este asunto.
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MESA III. Toluca, Estado de México, tres de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta (con anexo); mediante el cual el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez (Altiplano), rinde su informe justificado; asimismo, informa que realizó las gestiones a fin de habilitar su expediente electrónico con el presente juicio de amparo y proporciona el contacto de la servidora pública de su adscripción encargada de realizar dicha función, para el caso de que exista alguna eventualidad que impida su ejecución. Atento a lo anterior, con el informe que se recibe dese vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto de la vinculación de la causa 402/2021, del contacto del servidor público que proporciona la autoridad responsable, y de la personalidad que refiere reconocer el juez responsable de Miguel Ángel Bello Madrid, como defensor particular de Enrique Rubén Pérez Herrera; éste órgano jurisdiccional toma conocimiento. Notifíquese.
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