Enrique Mendoza Chan

Expediente 423/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
423/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • Servicios Educativos Integrales al Estado de México
  • Enrique Mendoza Chan

Actuaciones

  1. Principal

    MEsa ll. Toluca, Estado de México, seis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de veintiséis de abril del año en curso, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese orden de ideas, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo); a través del cual, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, remite copia certificada del laudo dictado el diecinueve de abril de dos mil veintidós, en el expediente 749/2017 de su índice. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte, que la parte quejosa, señaló como acto reclamado la omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral 749/2017. Establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de amparo. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido del artículo antes mencionado de la Ley de Amparo el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Se estima lo anterior, pues de la lectura integra de la demanda de amparo, presentada por Enrique Mendoza Chan, se advierte que señaló como acto reclamado la abstención por parte de la responsable al no emitir laudo laboral del juicio laboral 749/2017. Ahora, de la copia certificada que anexa el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, a su informe justificado, a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, se aprecia que los efectos de dicho acto reclamado cesaron en virtud a que la autoridad responsable el diecinueve de abril del año en curso, emitió laudo dentro del juicio laboral 749/2017 de su índice. De tal manera, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), asimismo, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las doce horas con treinta minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, se deja insubsistente en razón a la determinación anterior.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual el quejoso Santos Abdón Valencia Albarrán, desahoga la vista realizada en auto de veintiocho de marzo pasado, manifestando su conformidad respecto de la forma en que se ha dado cumplimiento a la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de diez de febrero de este año, ya que manifiesta que se dejó sin efectos el acuerdo 145/2020 del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el oficio 110/F/B/7819/2020, eliminándolo de la lista de personas bloqueadas; asimismo, pide se le expidan copias certificadas a su costa en un tanto de la resolución antes indicada, autorizando para recogerlas a cualquiera de sus abogados patronos (sic). Atento a lo anterior, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La determinación de suspender de forma inmediata de todo acto, operación o servicios presentes y futuros, por encontrarse en la lista de personas bloqueadas contenida en el acuerdo 145/2020 emitido por la responsable." Previa substanciación del juicio de amparo, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa para los siguientes efectos: ". para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje sin efecto el Acuerdo 145/2020, de seis de octubre de dos mil veinte, única y exclusivamente por lo que ve a la incorporación del aquí quejoso en la lista de personas bloqueadas, así como el oficio 110/F/B/7984/2020, de siete del mismo mes y año, girado por el Director de Área de la Unidad de Inteligencia Financiera y sus consecuencias." (Sic). Luego, el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Recurso que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el cual lo registró como recurso de revisión 176/2021, en donde resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Santos Abdón Valencia Albarrán, por propio derecho, contra el acto reclamado al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria." (Sic). En ese sentido, se advirtió que dicho órgano colegiado, concedió el amparo al quejoso Santos Abdón Valencia Albarrán, para que la autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizara lo siguiente: Excluya al quejoso de la lista de personas bloqueadas, contenida en el acuerdo 145/2020, protección que se hace extensiva al oficio 110/F/B/7819/2020, de ocho de octubre de dos mil veinte. Por tanto, en acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo resuelto en la mencionada ejecutoria se requirió a la autoridad responsable antes señalada para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Luego, el quince de marzo de dos mil veintidós, se recibió el oficio 110/F/B/2128/2022 (con anexo), mediante el cual el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remitió copia certificada del oficio 110/F/B/2127/2022 con folio SIARA UIFA/2022/000202; asimismo, informó que emitió el acuerdo 54/2022 por el que se eliminó a Santos Abdón Valencia Albarrán de la lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con las directrices de la concesión del amparo, es decir, excluyó al quejoso de la lista de personas bloqueadas, contenida en el acuerdo 145/2020. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2, expídase a su costa la copia que pide, previa razón y firma que por su recepción obre en autos para debida constancia legal; asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere en su escrito para recibirla. En el entendido, que previo a acudir a este órgano jurisdiccional la persona que las recogerá, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio (con anexo) de cuenta, a través del cual la Directora Técnico-Jurídica y de Igualdad de Género, así como del representante legal del Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en vías de cumplimiento refiere que no aplicará a la parte quejosa Nataly Andrea Nava Ramírez "las tarifas contenidas en el artículo 95, fracciones I, inciso C), en un rango 7, y II, rango 7 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigentes para el año dos mil veintiuno."; asimismo, solicita una prórroga considerable a efecto de cumplir con la devolución del monto a la parte quejosa, pues refiere que se están realizando las gestiones administrativas para dar cumplimiento con ello y para acreditar su dicho remite la constancia respectiva. De lo anterior se toma conocimiento y en atención a los motivos que expone se concede una prórroga de cinco días; por tanto, mediante oficio requiérasele para que transcurrido dicho plazo remita las constancias respectivas, en el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en autos.

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