Enrique Miranda Millán

Expediente 263/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
263/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • Enrique Miranda Millán
  • Tercero Interesado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual, el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, en lo sustancial solicita se le remita copia de la resolución dictada por la responsable, con la cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, como lo solicita el Tribunal oficiante, mediante oficio que derive de la presente determinación, remítasele las copias que solicita, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de José Miguel Castillo Pérez, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la partes quejosa y tercero interesada no hicieron valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de diez de febrero del año en curso, en esas condiciones, se decreta que esa determinación ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18 de dicho Acuerdo, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará el expediente y terminado dicho proceso se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, que el duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo, mientras que el original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva, lo que se determina de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso c), de dicho Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con los artículos indicados en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos seis meses y tres años de haberse dictado el presente acuerdo, el duplicado y original del incidente de suspensión serán destruidos, respectivamente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Luego, con fundamento en el artículo 18 del citado Acuerdo General, se dejan a disposición de la parte quejosa las constancias exhibidas con su demanda de amparo; por tanto, requiérasele para que dentro del término de noventa días, comparezcan a recoger dicho documento, apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a su destrucción. Asimismo, devuélvanse al Juez del Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca, con residencia en Xonacatlán, Estado de México el disco DVD que remitió en copia certificada del expediente 350/2021 de su estadística, como complemento a su informe previo, en el incidente de suspensión que derivo del presente juicio. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MEDIANTE LISTA LA DETERMINACIÓN DE TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, CON MOTIVO DEL AVISO QUE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, LA CUAL ES DEL CONTENIDO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la partes quejosa y tercero interesada no hicieron valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de diez de febrero del año en curso, en esas condiciones, se decreta que esa determinación ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18 de dicho Acuerdo, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará el expediente y terminado dicho proceso se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, que el duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo, mientras que el original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva, lo que se determina de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso c), de dicho Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con los artículos indicados en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos seis meses y tres años de haberse dictado el presente acuerdo, el duplicado y original del incidente de suspensión serán destruidos, respectivamente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Luego, con fundamento en el artículo 18 del citado Acuerdo General, se dejan a disposición de la parte quejosa las constancias exhibidas con su demanda de amparo; por tanto, requiérasele para que dentro del término de noventa días, comparezcan a recoger dicho documento, apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a su destrucción. Asimismo, devuélvanse al Juez del Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca, con residencia en Xonacatlán, Estado de México el disco DVD que remitió en copia certificada del expediente 350/2021 de su estadística, como complemento a su informe previo, en el incidente de suspensión que derivo del presente juicio. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa y la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesada en proveído de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Cuatro de enero de dos mil veintitrés. Once de enero de dos mil veintitrés (determinación por la cual dejo sin efectos audiencia, suspendió procedimiento de origen hasta en tanto se agote etapa prejudicial). Nueve de diciembre de dos mil veintidós (notificación). Trece de enero de dos mil veintitrés. Diecisiete de enero de dos mil veintitrés (quejoso). Veinte de enero de dos mil veintitrés (terceros interesados). Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión de agotar la etapa conciliatoria prejudicial ante el Centro Estatal de Conciliación, previo a su llamamiento al expediente laboral ********************. Previa substanciación del juicio de amparo, el quince de diciembre de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, para los siguientes efectos: ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para los efectos de que el Juez del Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca, con residencia en Xonacatlán, Estado de México, a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución: 1. Deje sin efectos la audiencia de seis de diciembre de dos mil veintiuno y el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós, únicamente en lo referente al llamamiento a juicio del quejoso ********************. 2. Hecho que sea, ordene que se suspenda el procedimiento en el juicio laboral ******************** de su índice, hasta en tanto se desahogue la etapa prejudicial de conciliación respecto del aquí quejoso, y se exhiba la constancia correspondiente, y; 3. En consecuencia, se reserve la admisión o el acuerdo que proceda respecto del aquí quejoso, según el resultado que arroje el desahogo de la etapa prejudicial correspondiente al solicitante del amparo. [.] En el entendido de que la sentencia aquí dictada, se tendrá por cumplida una vez que se dicte el auto que cumpla con los parámetros determinados en los efectos aquí reseñados, pues los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo." Así, el cuatro de enero del año en curso, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente, el dieciséis de enero de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio 158/2023, suscrito por el Juez del Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca, con residencia en Xonacatlán, Estado de México, mediante el cual, remitió copia del acuerdo de once de enero de dos mil veintitrés, emitido en los autos del amparo interno ******************** de su índice, la notificación realizada a las partes, y el oficio 150/2023 de su registro, con los cuales dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, y con las mismas se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, sin que realizarán pronunciamiento alguno. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión del amparo, es decir, dejó sin efectos la audiencia de seis de diciembre de dos mil veintiuno y el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós, en lo referente al llamamiento a juicio del quejoso ********************; y ordenó se suspendiera el procedimiento en el juicio laboral ******************** de su índice, hasta en tanto se desahogue la etapa prejudicial de conciliación respecto del aquí quejoso. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento del quejoso esta determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Rafael Becerra Lozano, Secretario con quien actúa. Doy fe.

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