Enrique Puga Cortez

Expediente 653/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
653/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Enrique Puga Cortez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo de seis de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) así como en la carátula del expediente y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo y previa visita de inspección que corresponda, deberá destruirse y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, catorce de agosto de dos mil veintitrés. En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ténganse por recibidos el oficio y anexo de cuenta. Ahora bien, visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, devuelve sin diligenciar el exhorto 188/2023 (número de orden 450/2023) del índice de este órgano jurisdiccional, por los motivos que expone; mediante el cual se le notificó personalmente a la Defensora Pública Federal *********, el proveído de tres de agosto del año en curso. En consecuencia, dese de baja el exhorto de referencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en razón de lo acordado por auto de once de este mes y año. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, once de agosto de dos mil veintitrés. En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ténganse por recibidos el escrito y anexo, los cuales al haber sido recibidos en línea constarán únicamente en el expediente electrónico de este juicio. Ahora bien, agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, y en atención a su contenido, se tiene a la defensora público federal *********, aceptando el cargo como representante del quejoso *********, en el presente juicio de amparo; en consecuencia, désele la intervención que legalmente le corresponda. Por otra parte, se autorizan en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********, ********* y *********, debido a que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veinte de julio del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto del escrito presentado por la defensora público federal *********, registrado con el número 11349, hasta en tanto dicho defensora aceptara el cargo conferido; por lo tanto, ya que dicho supuesto aconteció, al respecto se provee: Téngase por recibido el escrito firmado electrónicamente por la defensora público federal *********, y en atención a su contenido, con apoyo en lo dispuesto en los artículo 3 de la Ley de Amparo y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los cuales establecen los mecanismos para acceder de manera eficiente a la información disponible para el logro de los fines referidos a través de la tecnología, específicamente el uso de una firma electrónica y la integración del expediente electrónico, se autoriza a *********, con clave de usuario ********* el ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para efectos de consulta del juicio de amparo y recibir notificaciones, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas; lo anterior, sin perjuicio que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles, para su consulta. En ese aspecto, toda vez que resulta necesario habilitarla, se instruye al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. Asimismo, se toman como datos de contacto los correos electrónicos y número telefónico que proporciona la defensora para entablar comunicaciones no procesales, en términos de lo dispuesto en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, sin que haya lugar a que se le remite copia de la demanda de amparo, toda vez que se encuentra en aptitud de consultarla y descargarla a través del expediente electrónico. Al respecto, como se precisó en párrafos anteriores se le está autorizando el acceso al expediente electrónico de este juicio, para acceder a las actuaciones del mismo y así verificar la demanda y demás acuerdos través de dicho Sistema. Asimismo, respecto de su solicitud referente a que se le informe al Director del Centro de reclusión donde se encuentra el quejoso la designación que se le ha otorgado para representarlo jurídicamente; dígasele que dicha manifestación deberá hacerla valer ante esa autoridad manifestándole que ella fue designada para representar jurídicamente al quejoso *********, mediante el oficio respectivo por parte del Titular de la Delegación Veracruz, del Instituto Federal de Defensoría Pública. Por otra parte, se desprende que mediante proveído de seis de julio del año en curso, se desechó por improcedente la demanda de amparo en el presente juicio; sin embargo, dicho auto no fue notificado a la Defensora Pública Federal *********, representante del quejoso *********, en virtud que dicha defensora no había aceptado el cargo. En consecuencia, comisiónese a cualesquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado para que realicen la notificación del auto de seis de julio del año en curso, a la Defensora Público Federal *********, para los fines legales procedentes. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese En cumplimiento a lo anterior, se notifica electrónicamente a la Defensora Pública Federal *********, representante del quejoso *********, el proveído de seis de julio de dos mil veintitrés, que dice: "Xalapa de Enríquez, Veracruz, seis de julio de dos mil veintitrés. Analizada la demanda de amparo promovida por *********, contra actos de la Secretaría de Marina Armada de México y otras autoridades, se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo con el número de juicio 653/2023 que le corresponde. SEPARACIÓN DE JUICIOS Del análisis que se realiza a la demanda de amparo, de advierte que el quejoso reclama: a) Al Secretario de Marina Armada de México y a los elementos de dicha Secretaría (que se indican en el parte informativo de uno de marzo de dos mil quince, cabo ********** ********** y ********** **********): Los actos de tortura que le aplicaron en el momento en que fue detenido, **********. b) Al Fiscal General de la República; al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro; así como al titular y/o encargado de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, todos con sede en la Ciudad de México: La integración de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación en su contra, utilizando para ello pruebas ilegales. Tomando en consideración que el acto señalado en el inciso a) no tiene relación alguna con los diversos que se precisan en el inciso b), por lo que se trata de dos actos independientes y autónomos, esto es, que no tienen vinculación alguna; aunado a que la tortura alegada por el quejoso se atribuye a los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México que participaron en su detención, acaecida el **********, sin que de la demanda de amparo se advierta que el impetrante hubiera manifestado bajo protesta de decir verdad que actualmente sea sujeto a la aplicación de actos de tortura por personal adscrito al Centro Federal de Readaptación Social en el que está interno; entonces, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la hipótesis de separación de juicios. HIPÓTESIS NORMATIVA Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado los criterios de localización y rubros siguientes: "Registro digital: 197671 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 76/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Septiembre de 1997, página 118 Tipo: Jurisprudencia SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." "Registro digital: 197670 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 77/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Septiembre de 1997, página 118 Tipo: Jurisprudencia SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. La separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. El trámite deberá ser incidental, aplicando, en lo pertinente, los preceptos legales de la Ley de Amparo relativos a la acumulación, en sentido contrario, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de dicha ley, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes, aplicando por analogía lo dispuesto en el artículo 78 de la ley de la materia, para conocimiento pleno de lo que resolverá." "Registro digital: 197669 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 78/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Septiembre de 1997, página 117 Tipo: Jurisprudencia SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." De los criterios invocados se advierte que si bien la separación de juicios no se encuentra regulada de manera específica en la Ley de Amparo, es incorporada a través de la jurisprudencia, deduciéndola a contrario sensu de lo que establece el artículo 13 de la Ley de Amparo. En efecto, la separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional; luego, al decretarse la separación el Juez proveerá la formación de los expedientes que en derecho resulten y dará el trámite correspondiente, ello en aras de una mejor administración de justicia. Como ya se indicó, el quejoso Enrique Puga Cortez reclama diversos actos independientes y autónomos entre sí, esto es, que no tienen vinculación alguna; por tanto, en aras de una adecuada impartición de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE ORDENA LA SEPARACIÓN DE JUICIOS, en el entendido que este expediente se seguirá respecto del acto reclamado al Fiscal General de la República; al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro; así como al titular y/o encargado de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, todos con sede en la Ciudad de México, consistente en: La integración de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación en su contra, utilizando para ello pruebas ilegales. En ese sentido, se ordena la separación de juicio respecto del diverso acto reclamado al Secretario de Marina Armada de México y a los elementos de dicha Secretaría (que se indican en el parte informativo de **********, cabo ********** y **********), consistente en: Los actos de tortura que le aplicaron en el momento en que fue detenido, **********. En congruencia con lo anterior, obténgase copia de la demanda que dio origen al presente juicio, para que dichos actos se estudien por separado en diverso juicio de amparo, para lo cual remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a fin que se le dé el turno correspondiente y se prosiga con el trámite correspondiente, por lo que se refiere al acto reclamado ya señalado. Por otra parte, si bien es verdad que el acto reclamado en el inciso a), está previsto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto prohibido por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que de la demanda de amparo no se advierte que la tortura alegada por el quejoso constituya una acción que se esté ejecutando actualmente en su perjuicio, pues es claro al referir que reclama los actos de tortura que le aplicaron los elementos aprehensores al momento de su detención acaecida el **********. Por tanto, este órgano considera que no existe materia para decretar la suspensión de plano que prevé el citado numeral 126 de la ley de la materia. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Como ya se advirtió, la parte quejosa, en la demanda de amparo, reclama el siguiente acto: a) Al Fiscal General de la República; al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro; así como al titular y/o encargado de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, todos con sede en la Ciudad de México: La integración de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación en su contra, utilizando para ello pruebas ilegales. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito examinará la demanda de amparo y en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Este Juzgado de Distrito considera que en relación con los actos que se reclaman a las autoridades indicadas en el inciso b), se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" La disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos del promovente. En el entendido que por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. Ahora bien, tanto en el sistema procesal penal tradicional (mixto), como en el de corte acusatorio, los actos del Ministerio Público tendentes y necesarios para la integración de la indagatoria y su subsecuente continuación ante el órgano judicial respectivo, son de interés público como parte del ejercicio de la función persecutora constitucionalmente asignada. Por tanto, no se afecta el interés jurídico del quejoso que acude al juicio de amparo contra los actos de investigación realizados por el Ministerio Público, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendientes o dirigidos a integrar averiguaciones previas o carpetas de investigación, por lo que el juicio de amparo que se interponga contra dichos actos de investigación o de integración de las indagatorias resulta improcedente. Si bien es verdad que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, según el sistema procesal aplicable, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos; no debe soslayarse que el desahogo de diligencias para tal fin, por sí misma, no causa un daño o perjuicio a la persona contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. En consecuencia, como se adelantó, resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho que el Ministerio Público realice actos de investigación tendentes o dirigidos a integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, pues es la determinación del Juez competente a quien le corresponda resolver sobre el pedimento del representante social la que en todo caso podría afectar la esfera jurídica del particular. El Ministerio Público, al realizar actos de investigación tendentes o dirigidos a integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, ejercer acción penal y pedir la orden de captura o solicitar la audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función a su cargo y en carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social, pues a dicha institución le compete la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y el esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito. De manera que esos actos de investigación tendentes o dirigidos a integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, revisten el carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social. Ahora, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse generadores de afectación al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Por tanto, si no existe perjuicio a dicho interés ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Resulta aplicable por los razonamientos que contiene, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito que se invoca enseguida: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2026728 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: II.2o.P.32 P (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL IGUAL QUE EN EL SISTEMA TRADICIONAL (MIXTO), LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES PARA LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [ACLARACIÓN DE LA TESIS AISLADA II.2o.P.51 P (10a.)]. Hechos: Una persona investigada por su posible participación en la comisión de un delito promovió juicio de amparo indirecto contra los actos del Ministerio Público tendentes a la judicialización de la carpeta de investigación correspondiente y la petición al Juez de Control de fijar fecha para la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda y este Tribunal Colegiado de Circuito confirmó esa determinación al no afectarse el interés jurídico del quejoso y estimó aplicable, en lo conducente, la tesis aislada II.2o.P.51 P (10a.), respecto de la cual consideró realizar algunas aclaraciones. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que al igual que en el sistema procesal penal tradicional (mixto), en el de corte acusatorio los actos del Ministerio Público tendentes y necesarios para la integración de la indagatoria y su subsecuente continuación ante el órgano judicial respectivo, son de interés público como parte del ejercicio de la función persecutora constitucionalmente asignada, por lo que no se afecta el interés jurídico del quejoso que acude al juicio de amparo contra el acto mismo de la judicialización o la petición de órdenes de aprehensión o de citación para audiencia de imputación; de ahí que sea improcedente. Justificación: Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial (según el sistema procesal aplicable), actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio a la persona contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, o bien, judicializa la carpeta ante el Juez de Control, pues es al Juez competente a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que podría afectar la esfera jurídica del quejoso, porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar la audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función a su cargo y en carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social, consistente en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que también en el actual sistema procesal de corte acusatorio, en el que la investigación se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, revisten el carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse generadores de afectación al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 5°, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO RESPECTO DEL ACTO EN ESTUDIO. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DOMICILIO Téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión, es decir, el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, acorde con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. ASESOR JURÍDICO Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso solicita se le asigne un defensor público y toda vez que se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, en términos del artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública, solicítese al Titular de la Delegación de Veracruz del Instituto Federal de Defensoría Pública a efecto que dentro el plazo de tres días, designe a un asesor jurídico que asuma la defensa del quejoso en el presente juicio, remitiéndole copia de la demanda de amparo para que analice la viabilidad de tal petición. Sirve de apoyo lo anterior la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2020495 Instancia: Primera Sala Tipo de tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II Materia(s): Constitucional, Penal, Común Tesis: 1a./J. 43/2019 (10a.) Página: 1301 "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO" HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese"

  4. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, tres de agosto de dos mil veintitrés. En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ténganse por recibidos el oficio y anexo de cuenta. Ahora bien, visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 174/2023 (número de orden 430/2023) del índice de este órgano jurisdiccional; mediante el cual se le notificó personalmente a la Defensora Pública Federal ***********, el proveído de dieciocho de julio del año en curso. En consecuencia, dese de baja el exhorto de referencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por otra parte, de la diligencia de notificación se advierte que la Defensora Pública Federal ***********, manifestó que se reservaba protestar por escrito el cargo de defensora pública del aquí quejoso ***********, sin que hasta el momento lo haya hecho. Al respecto, debe indicarse que si bien es cierto que presentó la promoción electrónica registrada con el número 11349, la cual se reservó acordar en auto de veinte de julio del año en curso, lo cierto es que dicho documento tampoco aceptó ni protestó el cargo conferido. Ahora bien, atendiendo a las manifestaciones contenidas en dicho escrito, dígasele que el nombre correcto del quejoso en el presente asunto es *********** y que actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz; por tanto, notifíquesele el presente proveído y dígasele que una vez que acepte y proteste el cargo conferido se proveerá lo conducente en relación con las demás peticiones que realiza en el escrito registrado con el número de control interno 11349. Toda vez que el domicilio de la defensora se ubica fuera del lugar de residencia de este Juzgado, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 79 al 82 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede Boca del Río, para que en auxilio de las labores de este Juzgado notifique el presente proveído a *********** y realice lo siguiente: 1. La requiera para que en el momento de la diligencia manifieste si acepta el cargo conferido respecto del quejoso ***********. 2. En caso que no manifieste sobre la aceptación del cargo en el acto de la diligencia, deberá hacer de su conocimiento que cuenta con el plazo de tres días hábiles, legalmente computado, para manifestar la aceptación del cargo conferido por escrito con firma electrónica, la cual puede ser verificada por cuanto a su autenticidad y vigencia, sin que sea necesaria su ratificación; o bien proporcione un número telefónico en el que cuente con la aplicación denominada "whatsapp" a efecto de llevar a cabo la diligencia respectiva a través de "videollamada". Asimismo, se indica al Juez a quien se solicita el auxilio, que para la práctica de la diligencia encomendada el personal que comisione podrá constituirse en diversos horarios, incluso en días y horas inhábiles, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo. De igual forma, se solicita atentamente al homólogo exhortado que una vez diligenciada dicha comunicación, sea devuelta por la misma vía. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

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