Enrique Renteria Zavaleta

Expediente 822/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
822/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/01/2023

Partes del expediente

  • Enrique Renteria Zavaleta

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinte de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al que adjunta copia certificada de la resolución dictada en el toca 745/2022, de la que se advierte que el citado Tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto por el que se desechó la demanda origen de este asunto. En consecuencia, acúsese recibo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E), colóquese la etiqueta correspondiente en la carátula del expediente y archívese este asunto como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, se tiene a la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, informando que dicho Tribunal dio trámite al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós por el que se desechó la demanda de amparo origen del juicio en que se actúa; en consecuencia, estese en espera que el Tribunal Colegiado mencionado remita copia certificada de la resolución que dicte en el toca 745/2022 de su índice. En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022, 16/2022 y 21/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, doce de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en términos de los artículos 3, fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y el trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese en formato impreso. En atención a su contenido, se tiene al quejoso *** interponiendo recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda origen de este juicio. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, así como 38, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese trámite al recurso que interpone. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo ríndase el informe respectivo en el sentido que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO, cuya legalidad se sostiene. Remítanse vía electrónica el escrito aludido y las constancias digitalizadas de las actuaciones del presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, con sede en Boca del Río, Veracruz, para la substanciación de dicho medio de defensa. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En la inteligencia que para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. También, se ordena otorgar acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal de conozca del recurso, por lo que se instruye al oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) para que habilite dicha función. Por otra parte, hágase saber al Tribunal que conocerá del presente recurso, que todos los acuerdos que integran el expediente están firmados electrónicamente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito. Para el caso que la superioridad estime necesario contar con las constancias físicas, se le solicita atentamente lo haga saber a este órgano de control constitucional para acordar lo conducente. No es obstáculo que de la interpretación conjunta de los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, se concluya que cuando el recurso de queja se interponga en forma impresa, la parte recurrente debe señalar las constancias que en copia certificada se remitirán al órgano jurisdiccional que resolverá el recurso y que una vez notificadas las demás partes del medio de impugnación, se les otorgue el término de tres días para que, igualmente, indiquen las constancias que en copia certificada consideren para su remisión al Tribunal Colegiado correspondiente; sin embargo, atendiendo a que el auto que se combate por el recurso de queja corresponde al desechamiento de la demanda de amparo, atento al artículo 17 constitucional, se considera que tal tramitación resulta innecesaria. En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 ya invocado

  4. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Visto el escrito presentado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese en formato impreso. Atento a su contenido se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por derecho propio,, contra actos de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad; por lo que fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el libro de gobierno con el número de juicio 822/2022. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora bien, antes de emitir la determinación que en derecho corresponde, deben precisarse los actos que se reclaman en la demanda de amparo, de cuya lectura integral se obtiene que consisten en: - Del Titular de la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad: a) El auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio contencioso administrativo número *** en el que se admitieron las contestaciones de demanda formuladas por las autoridades demandas dentro de dicho controvertido, se ordenó hacer entrega de las mismas y sus anexos a la parte actora y se le indicó que no se le concedía el derecho de ampliar la demanda, por no actualizarse las hipótesis previstas en el artículo 298 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado. - Del Actuario adscrito a la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad: b) La diligencia de notificación realizada mediante instructivo de fecha dos de agosto de dos mil veintidós, respecto del acuerdo de diecinueve de mayo del propio año, a que se refiere el inciso a). Precisado ello, se advierte que respecto de los citados actos, se actualizan causas de improcedencia del juicio de amparo, como se explica a continuación. 1 ACTO CONSISTENTE EN EL ACUERDO DE DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO **** Propuesta demostrativa En el caso, respecto del acto descrito, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu. Hipótesis normativa Los artículos invocados, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" El primero de los artículos transcritos, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo artículo, en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio, procede limitativamente respecto de aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Lo anterior, implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material a derechos sustantivos. Como se ve, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente, revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus consecuencias pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo, por sus consideraciones, la tesis siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2006589 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39 Tipo: Jurisprudencia "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Hechos El acto reclamado objeto de estudio en este apartado, consiste en: - Del Titular de la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad:  El auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio contencioso administrativo número *****en el que se admitieron las contestaciones de demanda formuladas por las autoridades demandas dentro de dicho controvertido, se ordenó hacer entrega de las mismas y sus anexos a la parte actora y se le indicó que no se le concedía el derecho de ampliar la demanda, por no actualizarse las hipótesis previstas en el artículo 298 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado. Al respecto, en los antecedentes que narra el quejoso en su demanda, bajo protesta de decir verdad, refiere que tiene el carácter de parte actora dentro de dicho controvertido. Conclusión En atención a lo expuesto, se concluye que el acto aquí reclamado no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, porque el hecho que en la resolución reclamada se haya confirmado el auto en el que se dio trámite a la demanda en reconvención interpuesta contra el ahora quejoso, no constituye un acto que cause un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, ni tiene una ejecución de igual naturaleza que deba ser enmendada desde luego mediante el amparo indirecto. Lo anterior, porque en el proveído descrito, que constituye el acto reclamado, la autoridad señalada como responsable determinó admitir la contestación de la demanda presentada por las autoridades demandadas, ordenó entregar copia de dichas contestaciones a la parte actora- aquí quejosa-, pero no le otorgó el derecho para ampliar su demanda, debido a que no se encontraba en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 298 del Código de Procedimientos Administrativos de Veracruz. Por lo tanto, es inconcuso que contra dicha determinación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, debido a que únicamente incide en derechos adjetivos dentro del procedimiento, que conlleva a formalidades que no afectan de manera irreparable los derechos públicos subjetivos del promovente, ya que no tiene como consecuencia directa y necesaria la obtención de una resolución desfavorable a sus intereses. En efecto, si de acuerdo con la nueva legislación es requisito que la afectación de los derechos sustantivos sea material, entonces tal afectación debe traducirse o reflejarse en una mutación o cambio en los derechos públicos subjetivos del impetrante de amparo, lo cual en la especie respecto del acto que se controvierte no acontece. En esa virtud, el acto en estudio no puede ser sujeto al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, puesto que la afectación alegada no es material como requiere la Ley, sino formal, legal o jurídica y el grado que tal afectación a las defensas del quejoso pueda darse o se dé, no puede servir ahora de argumento para determinar la procedencia del amparo indirecto; pues de acuerdo con lo expuesto con antelación, lo que ahora determina la procedencia del amparo indirecto contra autos en juicio, es la afectación material de los derechos sustantivos del quejoso. En esas condiciones, el acto reclamado, lejos de ocasionar una afectación a derechos sustantivos o materiales de la parte quejosa, solamente le acarrea una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, de tal manera que si los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen en el supuesto de que obtenga una sentencia favorable, entonces, debe concluirse que no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo, dado que las posibles afectaciones que pudiera sufrir el quejoso se materializarán, de ser el caso, al dictarse la sentencia en el procedimiento administrativo de origen, en caso que ésta no le sea favorable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2006338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: IV.2o.C. J/2 (10a.) Página: 1539 "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Resulta pertinente destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 189/- SS, determinó que la omisión de otorgar a la parte actora el término para ampliar la demanda de nulidad constituye una violación al procedimiento cuya trascendencia al resultado del fallo, debe examinarse en el amparo directo. Lo anterior, se encuentra establecido en la tesis de rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 167270 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 70/2009 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 139 Tipo: Jurisprudencia "DEMANDA DE NULIDAD. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE RESPETAR EL PLAZO DE 20 DÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA AMPLIARLA, ES UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO CUYA TRASCENDENCIA AL RESULTADO DEL FALLO DEBE EXAMINARSE EN EL AMPARO DIRECTO. Si bien es cierto que el indicado precepto establece el derecho del actor en el juicio de nulidad para ampliar su demanda una vez contestada, y que tal ampliación constituye una formalidad esencial del procedimiento cuyo ejercicio no debe negarse de plano, también lo es que el Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver en el juicio de amparo directo la legalidad del respeto a dicho plazo por parte del Magistrado instructor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, debe analizar si la violación al procedimiento impugnada trasciende o no al resultado del fallo, en términos de los supuestos de excepción al derecho de la parte actora para ampliar su demanda a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo". Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA origen de este juicio, en relación con el acto objeto de estudio en este apartado. 2. ACTO CONSISTENTE EN LA DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN REALIZADA MEDIANTE INSTRUCTIVO DE FECHA DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, RESPECTO DEL ACUERDO DE DIECINUEVE DE MAYO DEL PROPIO AÑO, DICTADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO *** Propuesta demostrativa Respecto del acto descrito, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo Hipótesis normativas El artículo y fracción invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Lo anterior, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, relativo a que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de derechos fundamentales. Este principio es indicativo que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa para la protección de los derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente, los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Para lo cual, tales recursos deben estar previstos en la normativa que rige el acto o los actos que se impugnen; y, para que la parte quejosa tenga obligación de agotarlos previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe existir entre el acto que lo agravie y el recurso ordinario una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatirlo y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. Ahora bien, a efecto de demostrar la causa de improcedencia a que se hace referencia, dada la naturaleza administrativa del asunto del que deriva el acto reclamado, es necesario traer a contexto lo establecido en los artículos 312, fracción III y 315 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, los cuales disponen: "DE LOS INCIDENTES Artículo 312. En el juicio contencioso serán de previo y especial pronunciamiento, los incidentes de: (.) III. Nulidad de notificaciones; (.) Artículo 315. Las notificaciones dentro del juicio contencioso que no fueren practicadas conforme a lo dispuesto en este Código, serán anulables. En este caso la parte perjudicada podrá pedir que se declare su nulidad dentro de los tres días siguientes a aquél en que tenga conocimiento del acto, ofreciendo las pruebas pertinentes en el mismo escrito en que se promueva el incidente respectivo. Si se admite el incidente de nulidad de notificaciones, la Sala resolverá lo procedente en un plazo de tres días. En el caso de que se declare la nulidad, la Sala ordenará la reposición del procedimiento a partir de la notificación anulada. (.)" De los artículos transcritos, se advierte que para efectos del juicio contencioso administrativo, las notificaciones podrán declarase nulas cuando no fueren practicadas conforme a lo indicado en el citado código; asimismo, se prevé que la nulidad de una notificación, da lugar a la reposición del procedimiento a partir de la notificación anulada. Hechos El acto reclamado por la parte quejosa, objeto de estudio en este apartado, consiste en: - Del Actuario adscrito a la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad:  La diligencia de notificación realizada mediante instructivo de fecha dos de agosto de dos mil veintidós, respecto del acuerdo de diecinueve de mayo del propio año, dictado en el juico contencioso administrativo ***** Al respecto en los antecedentes que narra bajo protesta de decir verdad, el quejoso refiere que es parte actora en el referido controvertido. Conclusión En atención a lo expuesto, se concluye que este juicio de amparo indirecto es improcedente en relación con el acto destacado, porque la parte quejosa antes de acudir a la instancia de amparo debió solicitar la nulidad de la notificación que se le realizó respecto del auto de diecinueve de mayo del propio año, dictado en el juico contencioso administrativo **** conforme a lo previsto en los artículos 312, fracción III y 315 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, a través del cual podría obtener la nulidad de la misma. Tienen aplicación al caso la tesis siguientes: Novena Época Registro: 171803 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Común Tesis: I.3o.C. J/39 Página: 1214 "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE." Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2023534 Instancia: Plenos de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: PC.I.C.1 C (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 2865 Tipo: Aislada "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES UNO DE LOS PILARES FUNDAMENTALES SOBRE LOS QUE DESCANSA EL JUICIO DE AMPARO, A EFECTO DE RESPETAR EL SISTEMA DE RECURSOS PREVISTO POR LAS LEGISLACIONES PROCESALES DE TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, FORTALECIENDO CON ELLO EL SISTEMA FEDERAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si cuando se reclama en amparo indirecto la resolución que decreta un régimen provisional de visitas y convivencias entre un menor de edad y su progenitor, se actualiza una excepción al principio de definitividad a partir de la idoneidad y eficacia del medio ordinario de defensa. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito determina que el principio de definitividad es uno de los principios rectores del juicio de amparo porque, mediante su observancia, se permite que el Juez Constitucional analice la regularidad constitucional solamente de actos definitivos suficientemente analizados por la judicatura ordinaria y, por ello, con la observancia de esta regla, se armonizan las jurisdicciones locales con la federal, ya que así se reconoce la autonomía y la coextensión de las judicaturas locales que forman parte del Pacto de la Unión, con lo que se fortalece el sistema federal. Justificación: El juicio de amparo se ha consolidado históricamente como un modelo sólido de protección de derechos fundamentales, ya que su implementación ha permitido a lo largo del tiempo defender a los particulares de las arbitrariedades en que llegan a incurrir las autoridades de todos los órdenes. En épocas recientes ha sido notable el incremento de los casos de excepción al principio de definitividad, pero es importante hacer notar que las causas que originaron la creación del principio de definitividad no han cambiado mucho, pues todavía está vigente la exigencia de un federalismo sólido que reconozca y fortalezca la autoridad de las judicaturas locales en lugar de debilitarlas o menospreciarlas y, precisamente, esa situación obliga a ponderar cuidadosamente los méritos de cada excepción al principio de definitividad para no debilitar el federalismo a través del precedente judicial y no terminar haciendo general lo que debe ser una regla de excepción". Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA origen de este juicio, respecto del acto objeto de estudio en este apartado. AUTORIZADOS Se autorizan en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a **** debido a que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a **** virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública para ejercer la profesión en derecho. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia consultable con el registro electrónico 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO" Además, se autoriza en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **** debido a que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y de la consulta realizada al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública para ejercer la profesión en derecho, no se obtuvo coincidencia con el número de cédula proporcionado en el proemio de la demanda. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en los artículo 3 de la Ley de Amparo, así como los preceptos 14, 16 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los cuales establecen los mecanismos para acceder de manera eficiente a la información disponible para el logro de los fines referidos a través de la tecnología, específicamente el uso de una firma electrónica y la integración del expediente electrónico, se autoriza a **** quienes cuentan con los usuarios **** respectivamente, el ingreso a dicho sistema electrónico para efectos de consulta del juicio de amparo, así como la recepción de notificaciones; con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas; lo anterior, sin perjuicio que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles, para su consulta, en el entendido para esto último, deberá programar una cita en el programa "Agenda OJ", acorde con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Atento a lo anterior, se instruye al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.IS.E.), para que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. Adicionalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios de la adscripción para que en lo subsecuente dentro del plazo legal impriman, digitalicen y agreguen tanto al expediente impreso, como al electrónico, las constancias que se generen con motivo de las notificaciones que se practiquen a la parte quejosa durante la tramitación del presente juicio. En virtud de lo anterior, no ha lugar a tener como domicilio para notificaciones el particular que se menciona en el proemio de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: Registro: 2017924 "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO". UTILIZACION DE MEDIOS ELECTRONICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. FIRMAS ELECTRÓNICAS En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

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